El balance técnico detalla que, «de la totalidad de agresiones contabilizadas, 243 casos corresponden a feminicidios vinculados con dinámicas de la delincuencia organizada y sistemas criminales».

La normativa modifica sustancialmente las reglas de actuación de la Fuerza Pública y contiene vacíos que podrían autorizar el uso de la fuerza y disolver manifestaciones de manera discrecional.