La normativa modifica sustancialmente las reglas de actuación de la Fuerza Pública y contiene vacíos que podrían autorizar el uso de la fuerza y disolver manifestaciones de manera discrecional.
Según detalló el jefe de Estado, el financiamiento para implementar esta gratuidad provendrá de la reasignación de los fondos presupuestarios que manejan directamente los legisladores para proyectos en sus distritos.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia Francés, el 85 por ciento de las personas detenidas son menores de edad, mientras más de 2.700 enfrentan procedimientos judiciales.
El Ejecutivo prometió previamente que las familias no sufrirían afectaciones, sin embargo, desde el último fin de semana varias ciudades registran cortes no programados de hasta 18 horas diarias.