Europa está que arde. El encarecimiento de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y el deterioro de los servicios públicos han llevado a miles de personas a manifestarse en Francia, Italia, Portugal y Albania. Aunque las reivindicaciones cambian de un país a otro, el descontento con sus respectivos gobiernos es el denominador común de unas protestas que, en algunos lugares, han terminado por prender la mecha de la violencia, con enfrentamientos entre manifestantes y policías, saqueos y numerosas detenciones.

Francia concentra los episodios más graves de esta ola de protestas, con cerca de 2.400 arrestos y varias ciudades bajo toque de queda desde el lunes después de un fin de semana marcado por saqueos, incendios y enfrentamientos que han desbordado a las fuerzas de seguridad. Al otro lado de los Alpes, Italia también ha vivido jornadas convulsas, y el Gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado el despliegue de 500 militares adicionales en Milán tras los disturbios registrados en varias ciudades del norte del país. En Albania, donde las movilizaciones contra el Gobierno llevan una semana sacudiendo las calles, la violencia ha dejado ya más de 300 heridos.

En Portugal, el pulso por la vivienda ha llegado hasta las plazas de Lisboa y Oporto. La Policía ha desalojado este martes las acampadas de manifestantes en ambas ciudades, en una operación que se ha saldado con 55 detenidos. No obstante, miles de personas se reunieron por la tarde en el centro de la capital en una asamblea popular en la que decidieron volver a montar las tiendas de campaña este miércoles. "La propuesta es la siguiente: ¿existe voluntad popular en esta plaza para volver a la acampada con tiendas a partir de mañana?", preguntó una de las portavoces del movimiento por la vivienda, antes de dar paso a todos los que quisieran intervenir para plantear sus reivindicaciones. Tras los alegatos, los asistentes votaron "sí" a volver a montar las tiendas.

Las causas son distintas, pero el trasfondo es similar: una creciente frustración ante unas condiciones de vida que muchos ciudadanos consideran cada vez más difíciles de sostener. Jóvenes, trabajadores y sindicatos han encontrado en las calles una forma de hacerse escuchar, mientras los episodios violentos ponen en jaque a varios gobiernos europeos, desbordados por la magnitud de unas movilizaciones que no dan señales de remitir.

Francia anuncia un dispositivo "masivo" para el sábado

Francia afronta su tercera semana de protestas con las calles algo más tranquilas tras los graves disturbios del fin de semana. Sin embargo, la tensión sigue lejos de desaparecer y el Gobierno de Emmanuel Macron mantiene este martes los toques de queda selectivos en varias ciudades. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha advertido este martes de que las restricciones podrán repetirse durante la próxima noche "allí donde la situación lo requiera".

Las medidas ya están en vigor en Lille, Lyon y Niza, además de determinadas zonas de París. Marsella también impondrá desde las 22.00 horas de este martes un toque de queda para menores en algunos barrios, especialmente en el centro, que se mantendrá al menos hasta el viernes. Por el momento, Macron ha descartado declarar el estado de emergencia, aunque ha reclamado reforzar la seguridad y prohibir determinadas manifestaciones.

Además, Lecornu reconoció este martes errores de seguridad en el control de los disturbios que asolaron el país el pasado fin de semana y anunció un dispositivo policial "masivo" para el próximo sábado, cuando están convocadas nuevas manifestaciones de los 'chalecos amarillos' y de los estudiantes. "Hemos aprendido la lección", dijo Lecornu ante la Asamblea Nacional, donde reconoció que el dispositivo policial del pasado fin de semana fue "demasiado estático" y que no movilizaron suficientes agentes.

El jefe del Ejecutivo aseguró que la prioridad es "recuperar el orden de forma inmediata" y aseguró que los toques de queda parciales impuestos desde el lunes por la noche en algunas grandes ciudades "han permitido devolver la calma".

La escalada de tensión alcanzó su punto álgido el pasado sábado, cuando 550.000 personas, según el Ministro del Interior, y hasta 800.000, según los organizadores, salieron a las calles para protestar contra la gestión del Gobierno. Las movilizaciones desembocaron en saqueos, incendios y enfrentamientos con la Policía, con un balance de cerca de 2.400 arrestos, más de 500 agentes heridos y 123 personas que ya han ingresado en prisión. Uno de los episodios más graves se produjo en Limoges, donde el Ayuntamiento quedó gravemente dañado por un incendio. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha reconocido este martes que "efectivamente, el Estado ha fallado", mientras la Asamblea Nacional ha acordado impulsar una comisión de investigación sobre los disturbios y la actuación policial.

Los saqueos también han dejado unos 3.000 comercios afectados por robos o destrozos, lo que ha llevado al Ejecutivo a reunirse con empresarios, comerciantes y aseguradoras para abordar las consecuencias económicas. Además, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con plataformas como Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok para impedir que los productos robados durante los disturbios terminen vendiéndose por internet.

Sin embargo, el origen de las protestas va mucho más allá de los episodios violentos. Las movilizaciones comenzaron a finales de septiembre con estudiantes que denunciaban la falta de profesores, el deterioro de los centros educativos y los recortes presupuestarios. Con el paso de las semanas, el movimiento ha ido incorporando a sindicatos, trabajadores públicos, agricultores y transportistas, que reclaman mejores salarios, servicios públicos de calidad y medidas frente al encarecimiento de la vida. Entre estas demandas destaca la de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), que este martes ha pedido una subida salarial generalizada de 100 euros mensuales para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Italia despliega 500 militares adicionales en Milán

La chispa revolucionaria también ha prendido en el norte de Italia, donde las protestas contra la carestía de la vida acabaron el domingo en enfrentamientos con la Policía, barricadas y destrozos en Milán, Turín y Bolonia. Los incidentes más graves se registraron en Milán, donde más de 5.000 personas se manifestaron contra la inflación, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos. La marcha, que comenzó en la plaza del Duomo, terminó con grupos de encapuchados lanzando piedras, petardos y botellas contra los agentes. Unas 160 personas fueron detenidas o identificadas, muchas de ellas menores de edad.

La respuesta del Gobierno de Meloni llegó este lunes, cuando el vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, anunció el despliegue de 500 militares adicionales en Milán para reforzar la seguridad. La medida, aprobada este martes en Consejo de Ministros, establece que los soldados permanecerán desplegados hasta el 31 de diciembre y estarán a disposición de las autoridades para colaborar en el mantenimiento de la seguridad pública. El decreto-ley, que ya ha entrado e vigor, también ha extendido a los menores la detención preventiva y ha creado el delito de "participación violenta en manifestaciones". A partir de ahora, los que participen en acciones violentas en grupo se enfrentarán a penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.

En el sur, una huelga de transportistas contra el elevado precio de los combustibles, iniciada el pasado viernes, ha provocado cortes de carreteras y bloqueos en puntos estratégicos, como la refinería de Eni en Taranto, dificultando el suministro de mercancías. Ante esta situación, el Gobierno italiano ha anunciado este martes el desembolso de unos 480 millones de euros en ayudas pendientes para los transportistas. La oposición, por su parte, ha criticado que el Gobierno apueste por reforzar la presencia policial sin abordar las causas económicas que alimentan las protestas.

Portugal desaloja las acampadas: 55 detenidos y una huelga ibérica

La crisis de la vivienda ha sacado a los portugueses a la calle y ha convertido las plazas de Lisboa y Oporto en improvisados campamentos de protesta. Sin embargo, este martes de madrugada, la Policía ha puesto fin a las acampadas con un operativo que se ha saldado con 55 detenidos y al menos dos heridos leves en la capital. Los desalojos, llevados a cabo en la plaza del Rossio de Lisboa y en la de Dom João I de Oporto, han supuesto la retirada de 228 estructuras, mientras algunos manifestantes trataban de impedir que los agentes desmontaran sus tiendas.

La intervención ha provocado un cruce de acusaciones. Los manifestantes denuncian golpes, empujones y la retirada de tiendas con personas todavía dentro, mientras la Policía asegura que intentó negociar una salida voluntaria y que solo recurrió a la fuerza ante la resistencia de algunos acampados. El Gobierno portugués ha respaldado la actuación policial, pero el desalojo no ha frenado las movilizaciones: los participantes han anunciado que regresarán este mismo martes a las plazas para decidir sus próximos pasos.

Lejos de dar por terminada la protesta, los acampados quieren llevarla más allá de las fronteras portuguesas. Su objetivo es impulsar una huelga general ibérica por la vivienda el próximo 11 de noviembre, para la que ya han iniciado contactos entre Lisboa, Oporto y Madrid y buscan el apoyo de la central sindical CGTP. "Vamos a seguir acampando, vamos a seguir resistiendo", ha advertido a EFE Ana Luiza, una de las participantes en la movilización de Lisboa.

El precio de la vivienda ayuda a explicar la magnitud del descontento. En Portugal, los inmuebles se encarecieron un 16,5% interanual en el segundo trimestre de 2026, frente al 4,7% de media en la Unión Europea, según Eurostat. Ante esta situación, los manifestantes exigen limitar los alquileres, ampliar el parque público de viviendas y retirar la reforma de los arrendamientos del Gobierno de Luís Montenegro. A la crisis habitacional se suma el malestar por los salarios, que también ha llevado a los sindicatos a movilizarse contra la pérdida de poder adquisitivo.

Más de 300 heridos en Albania y recompensas para los policías

Albania lleva una semana con las calles encendidas. Lo que comenzó el pasado 13 de octubre como una movilización estudiantil contra el Gobierno de Edi Rama ha terminado extendiéndose a reivindicaciones por el coste de la vida, la corrupción y la falta de oportunidades. En Tirana, las manifestaciones han desembocado en graves enfrentamientos con la Policía, con lanzamientos de piedras y cócteles molotov, incendios y ataques a edificios públicos. La violencia ha dejado ya 303 heridos, entre ellos 190 policías, 87 manifestantes y 26 transeúntes.

En plena escalada de tensión, el Ejecutivo albanés ha aprobado 7,5 millones de euros para recompensar a 2.750 policías, que recibirán unos 2.500 euros por agente por su actuación durante las protestas. Mientras tanto, Rama se ha mostrado dispuesto a dialogar con los manifestantes, aunque ha excluido a quienes participen en actos violentos. Desde Bruselas, la Comisión Europea ha condenado los ataques contra edificios públicos y ha reclamado que la respuesta policial sea proporcionada.

Europa sigue así con varios frentes abiertos y unas calles que, lejos de recuperar la calma, reflejan un descontento cada vez más extendido. Los gobiernos buscan contener la tensión, pero las reivindicaciones que llevaron a miles de ciudadanos a manifestarse siguen, por ahora, sin respuesta.

Las calles de Albania llevan una semana convertidas en escenario de protestas, enfrentamientos y disturbios. Lo que comenzó el pasado 13 de octubre como una movilización de cientos de estudiantes frente al Ministerio de Educación ha terminado convirtiéndose en un movimiento de protesta contra el Gobierno, con ataques a edificios públicos, cientos de heridos y una creciente tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. En medio de este escenario, el Ejecutivo de Edi Rama ha aprobado una partida de 7,5 millones de euros para recompensar a 2.750 policías desplegados durante las protestas. La decisión llega mientras las movilizaciones continúan sacudiendo la capital, Tirana, y otras ciudades del país.

El Consejo de Ministros aprobó este lunes la asignación de 740,08 millones de leks albaneses, unos 7,5 millones de euros, para financiar estas gratificaciones, según informó la Albanian Telegraphic Agency (ATA). La medida contempla una recompensa individual de 269.120 leks, unos 2.500 euros por agente, como reconocimiento a su labor en el mantenimiento del orden público y la seguridad durante las protestas.

Los fondos procederán de la reserva de los presupuestos estatales de 2026 y se incorporarán a la partida del Ministerio del Interior destinada a la Policía. La Dirección General de la Policía Estatal será la encargada de elaborar la lista de beneficiarios y gestionar los pagos, mientras que los ministerios de Finanzas e Interior supervisarán la aplicación de la medida, que ha entrado en vigor de forma inmediata.

La recompensa ya había sido previamente anunciada por el primer ministro durante una intervención ante un grupo de policías, en la que destacó "la resistencia, el sacrificio, el coraje y, sobre todo, la dignidad" de los agentes frente a los ataques sufridos durante las protestas, según recoge el medio Reporteri. Rama también aprovechó su intervención para anunciar una subida salarial significativa a partir del próximo 1 de enero. "Con el nuevo presupuesto, sus salarios aumentarán considerablemente", aseguró, al tiempo que explicó que el Gobierno llevaba varias semanas estudiando esta mejora, según informa The Tirana Examiner.

Una semana de protestas contra el Gobierno

Las protestas, que inicialmente se centraban en reivindicaciones educativas, han ido sumando otras demandas relacionadas con el coste de la vida, la corrupción y la falta de oportunidades. Con el paso de los días, las movilizaciones han adquirido un carácter cada vez más crítico con el Ejecutivo de Rama, hasta llegar a exigir su dimisión. Estas protestas se enmarcan, además, en la llamada Revolución de los Flamencos, un movimiento surgido en mayo contra un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Tirana se ha convertido en el principal foco de los disturbios. Las protestas han dejado imágenes de contenedores en llamas, lanzamiento de piedras y cócteles molotov y ataques contra edificios públicos. El fuego ha alcanzado incluso las primeras plantas del Ministerio de Educación y la sede del Tribunal Supremo, mientras que otros grupos han irrumpido en distintas instituciones gubernamentales y judiciales. Ante esta escalada, la Policía ha recurrido a cargas, gases lacrimógenos, gas pimienta y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

Los enfrentamientos han dejado un balance de 303 personas heridas entre el 13 y el 18 de octubre, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad albanés. De ellas, 190 son policías, 87 manifestantes y 26 transeúntes. Además, la Fiscalía de Tirana ha abierto tres investigaciones sobre la actuación de agentes policiales durante los disturbios, en medio de las denuncias por un posible uso excesivo de la fuerza.

Rama ofrece diálogo en plena escalada de disturbios

En paralelo a los disturbios, Rama ha ofrecido abrir un diálogo "sin condiciones", aunque ha dejado fuera de esta oferta a quienes participen en actos violentos y a los partidos políticos que no se desvinculen de ellos. El primer ministro también ha acusado al opositor Partido Democrático de alentar los disturbios, que este lunes han vuelto a sacudir Tirana con nuevos enfrentamientos y ataques contra la sede del Tribunal de Apelación.

La situación ha llegado también a las instituciones europeas. La Comisión Europea ha condenado los ataques contra edificios públicos y ha pedido una respuesta policial proporcionada, mientras que representantes del Parlamento Europeo han reclamado investigar las denuncias por un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.