El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un caso de hantavirus en una mujer de 40 años, residente de la comunidad de Montero, en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos.

La paciente permanece hospitalizada en cuidados intensivos, donde recibe tratamiento para recuperar su función pulmonar, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante esta enfermedad transmitida por roedores.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, según informó el Minsa el 19 de octubre. La institución señaló que la mujer presenta una evolución favorable en su función respiratoria, aunque continúa bajo atención especializada debido a las complicaciones que puede provocar la infección en los pulmones.

Las autoridades también aclararon que el caso no está relacionado con el terremoto ocurrido el 9 de octubre en Panamá. La paciente comenzó a presentar síntomas el día 10, apenas 24 horas después del movimiento sísmico, mientras que la enfermedad tiene un período de incubación de una a ocho semanas después del contacto con el virus.

El hantavirus es una infección viral que se transmite principalmente por roedores infectados, especialmente mediante la inhalación de partículas contaminadas con su orina, heces o saliva. La exposición puede ocurrir al limpiar espacios cerrados, depósitos o lugares donde habitan estos animales, particularmente cuando el polvo contaminado se dispersa en el ambiente.

Los primeros síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. La fiebre, el cansancio, los dolores musculares y el dolor de cabeza suelen aparecer durante la fase inicial. Algunas personas también presentan escalofríos, mareos, náuseas, vómitos o molestias abdominales, antes de que la infección evolucione hacia complicaciones respiratorias de mayor gravedad.

La enfermedad se vuelve especialmente peligrosa cuando aparecen tos, dificultad para respirar y sensación de presión en el pecho. En los casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, los pulmones pueden acumular líquido y disminuir su capacidad para oxigenar la sangre, lo que puede provocar insuficiencia respiratoria, alteraciones circulatorias y necesidad de cuidados intensivos.

El deterioro puede producirse pocos días después de los primeros síntomas, por lo que la dificultad respiratoria constituye una señal de alarma que requiere atención médica inmediata.

Los especialistas recomiendan informar al personal sanitario sobre posibles contactos con roedores o sus excrementos, ya que ese antecedente puede facilitar la identificación temprana de la enfermedad.

En Panamá, el informe epidemiológico correspondiente a la semana 38 de 2026 registraba 21 casos acumulados de fiebre por hantavirus, además de 18 casos de síndrome cardiopulmonar.

Las cifras corresponden a dos formas clínicas que el sistema nacional de vigilancia registra por separado. La fiebre por hantavirus puede manifestarse sin desarrollar el cuadro pulmonar grave, mientras que el síndrome cardiopulmonar constituye la presentación más peligrosa. El informe refleja 39 registros acumulados entre ambas categorías hasta finales de septiembre.

La presencia del virus en Panamá tiene antecedentes de más de dos décadas. Los primeros casos se registraron a finales de 1999 y comienzos de 2000 en Los Santos, principalmente en comunidades de Las Tablas, Guararé y Tonosí. Las investigaciones identificaron al virus Choclo como agente causante de la enfermedad, convirtiendo aquel brote en el primero documentado en Centroamérica.

Desde entonces, la provincia de Los Santos ha sido una de las zonas históricamente vinculadas con la circulación del hantavirus. Las investigaciones epidemiológicas han relacionado el riesgo con la presencia de roedores en viviendas, áreas agrícolas y espacios utilizados para almacenar alimentos, especialmente cuando existen condiciones que facilitan el contacto con materiales contaminados.

Para reducir el riesgo, las autoridades recomiendan mantener limpios los alrededores de las viviendas y controlar la presencia de roedores. También aconsejan guardar los alimentos y granos en recipientes cerrados, sellar posibles entradas y evitar barrer en seco los excrementos, porque esa práctica puede levantar partículas contaminadas que posteriormente sean inhaladas.

El Minsa reiteró que mantiene la vigilancia epidemiológica del caso confirmado en Guararé y pidió a la población seguir las recomendaciones preventivas. La identificación oportuna de los síntomas, especialmente cuando aparecen dificultades respiratorias, resulta fundamental para que los pacientes reciban atención médica antes de desarrollar complicaciones potencialmente mortales.

El sistema portuario de Panamá movilizó 7.6 millones de TEU entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 3.2% frente al mismo período del año anterior, según las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El resultado refleja un desempeño desigual entre las principales terminales del país, en momentos en que el sector atraviesa cambios administrativos y prepara nuevas inversiones para ampliar su capacidad de manejo de carga.

El movimiento acumulado alcanzó 7,605,946 TEU, frente a los 7,368,837 registrados durante los primeros nueve meses de 2025. Un TEU equivale a un contenedor de 20 pies y constituye la unidad utilizada para medir la actividad portuaria.

Del total movilizado, 5,353,100 TEU correspondieron a contenedores llenos y 2,252,846 a vacíos, de acuerdo con el informe actualizado al 14 de octubre.

Por terminales, Manzanillo International Terminal (MIT) encabezó las operaciones con 2,445,560 TEU, un incremento de 18.7% respecto al año anterior.

Le siguió Balboa, en el Pacífico, con 1,769,804 TEU, aunque registró una caída de 10.8%. Mientras tanto, Colón Container Terminal movilizó 1,465,465 TEU, equivalente a un crecimiento de 14.8% durante el período analizado.

La terminal de PSA Panama International Terminal alcanzó 1,133,181 TEU, con un aumento de 9.8%, mientras Cristóbal contabilizó 751,558 TEU, una reducción de 20.4%.

Bocas Fruit Company completó el movimiento con 40,378 TEU, cifra inferior en 43.4% a la registrada en 2025. Las diferencias evidencian que el crecimiento portuario no se distribuyó uniformemente entre las instalaciones.

El trasbordo continuó siendo la principal actividad del sistema, con 6,741,757 TEU movilizados, aproximadamente el 88.6% del volumen total. Las operaciones locales sumaron 816,809 TEU y el movimiento vinculado a la Zona Libre de Colón alcanzó 47,380 TEU. Además, el traslado de vehículos aumentó 20.7%, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades.

El comportamiento de Balboa y Cristóbal ocurre después de uno de los cambios más importantes en la administración portuaria panameña. El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobó la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, así como sus adendas y la prórroga contractual aprobada en 2021.

Tras la publicación del fallo en febrero, el Gobierno estableció un esquema de administración transitoria para garantizar la continuidad operativa. APMT Panamá asumió Balboa y TIL Panamá quedó a cargo de Cristóbal, mediante contratos de hasta 18 meses.

La decisión también generó una controversia internacional, debido a que Panama Ports Company cuestionó las actuaciones estatales e inició un arbitraje.

La transición registró otro episodio durante octubre, cuando Serviestiba anunció el cese de sus operaciones en ambas terminales, después de 11 años prestando servicios portuarios.

La decisión generó incertidumbre entre 1,386 trabajadores y llevó al Ministerio de Trabajo a ordenar el secuestro de las cuentas por cobrar de la compañía, con el objetivo de proteger los recursos destinados al cumplimiento de sus obligaciones laborales.

La empresa aseguró que el proceso de cierre se desarrollaría de manera ordenada y coordinada con los operadores portuarios, mientras las autoridades laborales iniciaron conversaciones para facilitar la contratación de los trabajadores afectados. El episodio añadió un nuevo desafío a la reorganización de Balboa y Cristóbal, cuyas operaciones deben mantenerse activas mientras se define su futuro concesionario.

El movimiento de vehículos por los puertos panameños aumentó 20.7% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades, según la Autoridad Marítima de Panamá.

Manzanillo International Terminal concentró 88,527 vehículos, mientras Balboa movilizó 44,361 unidades. En contraste, Cristóbal no registró operaciones de este tipodurante el período, frente a las 20 unidades contabilizadas un año antes.

Paralelamente, Panamá prepara una expansión de su infraestructura portuaria mediante dos nuevas terminales promovidas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Los proyectos estarán ubicados en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con una inversión preliminar conjunta de 2,600 millones de dólares y capacidad para incorporar entre cinco y seis millones de TEU adicionales por año.

La ACP desarrolla el proceso de precalificación de empresas interesadas en las concesiones, cuya adjudicación se proyecta hacia finales de 2027.

La construcción de ambas terminales tomaría aproximadamente tres años, aunque el calendario dependerá del desarrollo de los procedimientos correspondientes. La iniciativa busca fortalecer la conectividad marítima y ampliar las posibilidades de trasbordo alrededor de la vía interoceánica.

Los proyectos forman parte de una estrategia para aprovechar la posición geográfica de Panamá y aumentar su participación en el comercio internacional. El desafío será integrar las nuevas instalaciones con los puertos existentes, mejorar la eficiencia operativa y resolver las incertidumbres administrativas, mientras el país busca consolidar su competitividad como centro logístico regional.

La violencia extrema contra las mujeres registra un incremento en Panamá, donde los femicidios aumentaron 46% y las tentativas 62% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Las cifras del Ministerio Público muestran que 19 mujeres fueron víctimas de femicidio y otras 21 sobrevivieron a intentos de asesinato, mientras continúan las investigaciones y los procesos judiciales.

El informe estadístico, publicado en octubre, revela que los femicidios pasaron de 13 a 19 casos, mientras las tentativas aumentaron de 13 a 21. Adicionalmente, se contabilizaron 17 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios, frente a 13 durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un incremento del 31% en esta categoría.

La distribución mensual evidencia que marzo fue el período con mayor número de femicidios, con cuatro víctimas, seguido de junio, agosto y septiembre, con tres casos cada uno. En cuanto a las tentativas, enero concentró siete hechos, mientras septiembre cerró con tres femicidios, tres intentos y otras tres muertes violentas de mujeres.

En la distribución geográfica, San Miguelito encabeza las estadísticas con cuatro víctimas de femicidio, frente a una registrada durante el mismo período de 2025.

Panamá, Panamá Oeste y Coclé contabilizaron tres casos cada uno, mientras Chiriquí reportó dos. Las cifras muestran que la violencia mortal contra las mujeres afecta tanto a sectores urbanos como a provincias del interior.

Uno de los casos recientes ocurrió el 10 de octubre en la barriada La Siesta, en Tocumen, donde una adulta mayor fue víctima de un crimen investigado como femicidio. Un adolescente de 17 años quedó detenido provisionalmente después de que la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes le formulara cargos por este delito y por posesión ilícita de arma de fuego.

Otro expediente corresponde a una tentativa de femicidio registrada el 6 de septiembre en Puerto Caimito, La Chorrera, cuando un hombre de 46 años ingresó a la residencia de su expareja. El sospechoso fue imputado y quedó detenido provisionalmente, luego de que un juez considerara los riesgos para la víctima y el desarrollo de la investigación.

Las decisiones judiciales también incluyen una condena de 30 años de prisión impuesta en septiembre por el femicidio de una joven de 21 años en Pocrí, distrito de Aguadulce. El crimen ocurrió en octubre de 2025, cuando la víctima fue atacada con un cuchillo por su expareja, quien posteriormente aceptó su responsabilidad penal.

En Colón, un tribunal condenó a 25 años de prisión a un hombre por el femicidio de una mujer de 20 años, ocurrido en febrero de 2023 en Altos de Los Lagos. También en septiembre, un tribunal de Coclé impuso cinco años de cárcel a un hombre por femicidio agravado en grado de tentativa, relacionado con una agresión contra su pareja en Penonomé.

Las estadísticas permiten identificar diferencias en los métodos empleados. Nueve de los 19 femicidios fueron cometidos con armas de fuego, cuatro con armas blancas y otros cuatro mediante asfixia mecánica. En las tentativas predominaron los ataques con armas blancas, presentes en 12 casos, seguidos de cinco hechos con armas de fuego.

Por edades, las mujeres de 18 a 24 años concentraron cinco víctimas de femicidio y cinco de tentativa, convirtiéndose en el grupo con mayor incidencia en ambas categorías. El registro también incluye dos víctimas menores de edad, una de entre 10 y 14 años y otra de entre 15 y 17, además de una mujer de 80 años o más.

El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La clasificación distingue los femicidios de otras muertes violentas de mujeres, según la valoración fiscal y la aplicación de la Ley 82, mientras los expedientes judiciales continúan determinando responsabilidades penales en cada caso.

Los delitos de alto impacto registran comportamientos diferentes en Panamá durante 2026, con aumentos significativos en las lesiones personales y la violencia doméstica, mientras los robos presentan una disminución.

El Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC) clasifica estas conductas como delitos de alto impacto por sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana.

Según la institución, esta denominación responde al bien jurídico que afectan, las modalidades utilizadas para cometerlos y la conmoción social que generan, factores que contribuyen a profundizar la percepción de inseguridad entre la población.

Entre enero y agosto, las cinco categorías analizadas acumularon 39,037 registros, según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC), elaboradas con información del Ministerio Público.

El informe revela que las lesiones personales experimentaron el mayor crecimiento porcentual, con un incremento de 44.7%, al pasar de 6,035 casos durante los primeros ocho meses de 2025 a 8,737 en el mismo período de 2026. La diferencia representa 2,702 registros adicionales, en una categoría que mantuvo cifras superiores a las del año anterior durante todos los meses analizados.

La provincia de Panamá concentró 3,837 casos de lesiones personales, frente a los 2,560 registrados en 2025, seguida de Panamá Oeste, que pasó de 890 a 1,515. Chiriquí contabilizó 1,064 y Veraguas alcanzó 522. El informe también muestra que mayo fue el mes de mayor incidencia nacional, con 1,278 registros, mientras julio y agosto cerraron con 1,263 cada uno.

La violencia doméstica fue la categoría con mayor número de registros, al contabilizar 12,579 casos, frente a los 10,463 del año anterior, equivalente a un incremento de 20.22%. Esto significa que se reportaron 2,116 hechos adicionales en ocho meses, con cifras mensuales que oscilaron entre 1,423 en febrero y 1,654 en mayo.

En su distribución territorial, Panamá encabezó las estadísticas de violencia doméstica con 3,934 registros, seguida de Panamá Oeste, que aumentó de 1,969 a 2,968. Chiriquí reportó 1,670 casos y Colón contabilizó 928. También se observaron incrementos en Coclé y Veraguas, mientras Bocas del Toro presentó una reducción de 417 a 393 denuncias.

Los hurtos continuaron entre los delitos más frecuentes, con 11,816 casos acumulados, un aumento de 2.4% frente a los 11,538 del mismo período de 2025. Aunque el crecimiento fue moderado, la provincia de Panamá concentró 6,894 registros, seguida de Panamá Oeste con 1,431 y Chiriquí con 1,180, según el desglose geográfico del SIEC.

El comportamiento mensual de los hurtos muestra que julio fue el período de mayor incidencia, con 1,607 casos, seguido de agosto, cuando se contabilizaron 1,559. En contraste, algunas provincias registraron reducciones respecto al año anterior, entre ellas Chiriquí, Coclé, Colón y Bocas del Toro, mientras Panamá Oeste y Los Santos reportaron incrementos.

Los robos fueron la única categoría que presentó una disminución clara en el informe, al pasar de 3,741 hechos durante enero-agosto de 2025 a 3,606 en 2026.

La reducción fue de 3.6%, equivalente a 135 casos menos. Sin embargo, agosto registró 537 robos, la cifra mensual más elevada del período analizado.

En términos geográficos, Panamá concentró 2,331 robos, seguida de Panamá Oeste con 460 y Chiriquí con 319. Las tres jurisdicciones reunieron la mayor parte de los hechos registrados. Aunque hubo disminuciones en varios territorios, Coclé pasó de 105 a 109 casos y Veraguas de 36 a 49, mientras la comarca Ngäbe Buglé también presentó un aumento.

Las denuncias por violación alcanzaron 2,299 casos entre enero y agosto, frente a los 2,283 contabilizados un año antes, lo que representa un incremento de 0.7%. Chiriquí encabezó los registros con 515, seguida de Panamá con 480 y Panamá Oeste con 383. La comarca Ngäbe Buglé reportó 263 casos, la misma cantidad del período anterior.

El desglose mensual evidencia que mayo concentró la mayor cantidad de violaciones, con 355 registros, seguido de julio con 332 y agosto con 324. Las estadísticas también reflejan aumentos en Panamá y Chiriquí, mientras Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y Colón registraron reducciones en comparación con los primeros ocho meses de 2025.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en tres distritos de Panamá, ante las fuertes lluvias que afectan zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.

Las condiciones meteorológicas han complicado las labores de recuperación y distribución de ayuda humanitaria, especialmente en comunidades alejadas de los principales centros de acopio.

La medida comprende Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, donde existe riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y nuevas afectaciones. Estas localidades se encuentran entre las áreas que todavía enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la reorganización y activación de un sistema de baja presión en el sector marítimo favorece las precipitaciones en la región central del país. El Sinaproc advirtió que la combinación de lluvias y trabajos de recuperación aumenta los riesgos para la población, por lo que recomendó evitar cruzar ríos, quebradas y caminos inundados.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días también han dificultado el traslado de suministros hacia las comunidades afectadas, principalmente aquellas distantes de los centros de distribución. Esta situación añade presión a las operaciones de asistencia, que requieren movilizar alimentos, agua y otros artículos esenciales mientras continúan las evaluaciones de daños en distintas localidades.

El más reciente balance oficial, divulgado el 19 de octubre, revela que más de 9,500 viviendas han sido evaluadas mediante el procedimiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), correspondientes a una población de 31,643 personas.

Las inspecciones permiten determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas, mientras continúan las labores de recuperación en las comunidades impactadas por el terremoto.

El informe también identifica 27 personas lesionadas, 104 mujeres embarazadas y 1,265 personas con discapacidad entre la población registrada durante las evaluaciones. Estas cifras forman parte del seguimiento institucional a las consecuencias del terremoto, que provocó afectaciones en viviendas, instalaciones públicas, centros educativos y servicios de salud de varias provincias.

En materia humanitaria, el Gobierno informó que entre el 14 y el 19 de octubre se brindó asistencia en 204 comunidades, distribuidas en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé. Las entregas alcanzaron 32 distritos, con mayor concentración en Los Santos, donde fueron atendidas 74 comunidades, mientras que Veraguas contabilizó otras 54 localidades beneficiadas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reportó la distribución de 26,985 bolsas de alimentos durante siete días de operaciones, con un alcance estimado de 110,525 personas en 556 comunidades. Del total, 24,561 bolsas fueron entregadas directamente en las localidades y otras 2,424 mediante canales institucionales, como parte del abastecimiento destinado a las familias afectadas.

La emergencia también mantiene una importante demanda de alojamiento temporal. El Ministerio de Desarrollo Social reportó 55 albergues activos y 3,827 personas alojadas, según datos del 17 de octubre. Veraguas concentra 2,672 damnificados en estos espacios, equivalentes al 69.8% del total, mientras las instituciones continúan evaluando sus necesidades básicas y condiciones de permanencia.

Las operaciones de respuesta incluyen más de 194,887 libras de carga transportadas por vía aérea, 306.45 horas de vuelo y 37 evacuaciones. También se movilizaron más de 406 toneladas de suministros por carretera.

Panamá ha recibido asistencia internacional de Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, incluidos 39 expertos en infraestructura y geología, hospitales tipo carpa y 48 toneladas de ayuda humanitaria estadounidense.

En los servicios públicos, el Ministerio de Salud contabilizó 120 instalaciones afectadas, de las cuales 13 presentan daños totales, principalmente en Herrera y Los Santos. Paralelamente, el Ministerio de Educación informó que ha inspeccionado 721 centros educativos, mientras avanzan las evaluaciones para determinar las condiciones de seguridad y las necesidades de rehabilitación.

La respuesta institucional también contempla atención especializada para aproximadamente 100 personas sordas identificadas entre los afectados. Para facilitar el acceso a información y asistencia, las autoridades habilitaron la línea de videollamadas 6998-4776, mientras mantienen el seguimiento de las condiciones de las personas alojadas temporalmente en los albergues.

El Sinaproc mantiene activos los centros de operaciones de emergencia y solicita a la población seguir las recomendaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas inundaciones. Las autoridades enfrentan ahora el desafío de continuar la asistencia a miles de familias damnificadas sin que las condiciones climáticas agraven los daños existentes ni dificulten todavía más el acceso a las comunidades.

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