Renfe ha dado a conocer este martes su nuevo plan estratégico para los próximos años en el que, entre otros elementos, pide a sus empleados "elevar su compromiso" y "reforzar la excelencia del servicio" ante clientes "más exigentes".

El presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, ha dado a conocer internamente la que será la "hoja de ruta" de la compañía hasta 2028, con planes y acciones destinadas a adaptarla a un entorno determinado por elementos como la liberalización del sector ferroviario, la revolución tecnológica, exigencias de descarbonización o nuevas formas de movilidad, pero que también contempla aspectos mucho más directamente dirigidos a los empleados de Renfe y a sus clientes, de los que el documento al que ha tenido acceso este periódico dice que son "más exigentes", porque tienen "nuevas expectativas de movilidad, calidad e información".

La Estrategia consta de cuatro ejes estratégicos y diez planes directores y el primero de los ejes tiene que ver con "el cliente", con el objetivo de "reforzar la orientación" hacia él y también la "excelencia en el servicio". Esto se debe traducir, indica el documento, en "más puntualidad, más información", una "mayor calidad" y "una experiencia de viaje diferencial".

Esto entronca con el primer plan director, de "experiencia de Cliente y Calidad del Servicio", para "impulsar una visión 360º de la atención al cliente en todos los negocios, mejorar los estándares de calidad operativa y reforzar la experiencia de viaje en todos los modos y canales". La estrategia pide "asegurar niveles homogéneos de servicio, anticipar necesidades del cliente y consolidar un modelo centrado en la calidad, la información y la satisfacción" del pasajero.

"Elevar el compromiso" de los trabajadores de Renfe

En buena medida, de eso deberán encargarse los empleados de Renfe, a los que apela directamente el cuarto eje estratégico. Bajo el epígrafe "Personas y cultura", lo que pretende la dirección de la operadora es "impulsar la transformación cultural, el compromiso del empleado y la excelencia organizativa".

Para ello, es necesario "talento y formación, liderazgo, colaboración y compromiso", según una Estrategia que fuentes de la compañía critican que llega con un año de retraso y que Renfe dará a conocer y abrirá a debate entre sus trabajadores por medio de un diálogo más directo con ellos. El primero, mediante un webinar "abierto a toda la plantilla" que tendrá lugar el lunes que viene. Después, la Dirección de Estrategia de Renfe se embarcará en una gira por distintas ciudades para informar de los objetivos del plan, escuchar ideas, recoger propuestas y conocer de primera mano la visión de las personas que formamos Renfe", según ha informado este martes en una primera comunicación interna el equipo de Fernández Heredia.

Los trabajadores de Renfe tienen también su propio plan director "de personas" dentro de la Estrategia, que busca "consolidar una cultura común y un modelo organizativo más ágil, reforzando el liderazgo, talento y experiencia del empleado mediante procesos de co-creación y acciones de impacto rápido, con el fin de elevar el compromiso interno".

"Eficiencia y seguridad"

Otro de los aspectos en lo que también enfatiza la nuestra Estrategia de Renfe tiene que ver con combinar la "eficiencia" y la "seguridad", para "amentar" la primera "en un marco de seguridad integral" mediante "procesos más ágiles", una "mayor productividad", un "mantenimiento inteligente" y teniendo "la seguridad como base".

En concreto, lo que la dirección de Renfe busca aquí es "maximizar el rendimiento de los recursos disponibles sin comprometer la calidad, la seguridad ni la sostenibilidad del servicio ferroviario". Esto, añade, tiene que ver con desde la planificación y las rotaciones hasta la digitalización y la modernización del mantenimiento.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez instructor, Antonio Viejo, que amplíe la investigación sobre Alberto González Amador, antes pareja de Isabel Díaz Ayuso, y permita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a información económica que hasta ahora había quedado fuera de las pesquisas. Los agentes podrán recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al empresario desde 2014 hasta la actualidad, además de examinar sus cuentas bancarias.

La resolución estima el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión del magistrado de limitar las diligencias al análisis de los movimientos bancarios. El Ministerio Público defendía que los investigadores necesitaban contrastar esa documentación con la información tributaria y laboral para reconstruir la actividad económica de González Amador y esclarecer si se produjo un incremento patrimonial injustificado.

La ampliación de las pesquisas se produce en la causa que investiga el presunto pago de una comisión encubierta de 500.000 euros a Fernando Camino, alto directivo de Quirón Prevención y principal cliente del empresario. La Fiscalía sospecha que la operación societaria que dio origen al procedimiento pudo servir para compensar a Camino por su intervención en una operación comercial anterior relacionada con la compraventa de material sanitario durante la pandemia.

La UCO podrá cruzar los datos bancarios con los de Hacienda

El juez Antonio Viejo había autorizado en junio el rastreo de las cuentas bancarias de González Amador y de las sociedades vinculadas a los investigados, pero dejó para una fase posterior la petición de información a Hacienda y a la Seguridad Social. La decisión suponía aceptar solo una parte de las diligencias reclamadas por la Guardia Civil, que consideraba necesario analizar conjuntamente las distintas fuentes de información para completar el informe patrimonial.

La Fiscalía recurrió esa limitación al entender que no había motivos para aplazar el acceso a unos datos que resultaban necesarios para avanzar en la investigación. Las acusaciones populares, ejercidas por el PSOE y Más Madrid, también respaldaron la ampliación de las diligencias.

La defensa de González Amador se sumó a esa petición. El empresario solicitó que se autorizasen cuanto antes las medidas reclamadas por los investigadores con el argumento de que quería poner fin al procedimiento lo antes posible. La esposa de Camino, Gloria Carrasco, también había manifestado su interés en que se practicasen las diligencias pendientes para esclarecer los hechos.

La Audiencia considera necesario que la UCO disponga de información complementaria para realizar su análisis. El objetivo es cotejar los movimientos bancarios con los datos fiscales y de la Seguridad Social, comprobar si existen discrepancias y determinar si se produjeron flujos económicos que no se correspondan con la actividad declarada.

La decisión llega, además, después de que el informe patrimonial encargado a la Guardia Civil acumulase más de un año de retraso. La anterior titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, había encomendado las pesquisas a la UCO el 27 de junio de 2025, antes de jubilarse. Su sucesor, Antonio Viejo, asumió la causa en octubre de ese año.

Una compra de 500.000 euros bajo sospecha

La investigación se centra en la adquisición, en diciembre de 2020, de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador. El empresario pagó 500.000 euros por la sociedad a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino. La compañía pasó posteriormente a denominarse Masterman SL.

La Fiscalía sospecha que la compraventa pudo encubrir el pago de una comisión a Camino, en un momento en el que González Amador mantenía una relación comercial con el grupo sanitario. La sociedad adquirida tenía un valor contable reducido, un elemento que ha alimentado las dudas sobre la justificación económica de la operación.

El trasfondo se remonta a los meses anteriores, cuando González Amador intervino como intermediario en una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia y obtuvo una comisión cercana a los dos millones de euros. Camino formaba parte del equipo de la empresa compradora, Mape, vinculada a la operación.

Los investigadores tratan de determinar si la adquisición de la sociedad a la esposa del directivo pudo servir para devolver o compensar aquella intervención comercial. La relación entre ambas operaciones constituye una de las hipótesis que la instrucción debe esclarecer y no un hecho probado.

La causa investiga posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Camino está citado a declarar como investigado el próximo 3 de diciembre, una comparecencia que se enmarca en las diligencias destinadas a aclarar su posible participación en los hechos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un ultimátum de 48 horas al PSOE para que entregue la relación completa de los abogados, despachos profesionales y consultoras contratados por la formación entre 2021 y 2025. El magistrado reclama también los expedientes internos que permitieron autorizar esos encargos y la documentación que justifique los servicios prestados, después de que el partido no haya respondido a su primer requerimiento.

La providencia, fechada este martes y a la que ha tenido acceso Infobae, vuelve a dirigirse al servicio jurídico socialista y le exige que cumpla la petición formulada el pasado día 6 de octubre. “Visto el tiempo transcurrido” desde aquel requerimiento sin que el juzgado haya recibido contestación, Pedraz ordena reiterar la solicitud y fija un plazo de dos días para aportar la información.

El instructor quiere conocer qué profesionales y empresas fueron contratados por los órganos centrales y territoriales del PSOE durante esos cuatro años, así como disponer de las notas de encargo, los contratos y los expedientes que permitieron autorizar las contrataciones. También reclama la documentación presentada para dar por justificados los trabajos realizados.

La petición tiene, no obstante, dos límites expresos: la entrega de los documentos debe respetar el secreto profesional de los abogados y el derecho del partido a no aportar información que considere que pueda incriminarle.

La investigación sobre los pagos a Leire Díez

El requerimiento se produce en el marco de la causa que dirige Pedraz sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez, la exmilitante socialista investigada por supuestas maniobras para obtener información comprometedora de jueces, fiscales y agentes policiales y desacreditar investigaciones que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Las pesquisas han puesto el foco en el circuito de pagos que habría permitido sufragar parte de esas actividades mediante contratos con profesionales externos y facturas por servicios cuya realidad está bajo sospecha. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado al partido como origen de al menos 43.225 euros que habrían llegado a Díez a través de sociedades vinculadas al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver.

Según el informe policial, una de las vías investigadas fue el despacho de Oliver, que recibió 27.225 euros del PSOE y transfirió posteriormente esa misma cantidad a Díez desde otra sociedad. La otra vía identificada fue la consultora Zaño, vinculada a Zarrías, desde la que se realizaron cuatro transferencias de 4.000 euros a la exmilitante socialista.

Los investigadores sospechan que esas contrataciones y sus correspondientes facturas pudieron servir para ocultar el destino real del dinero. El juez trata de esclarecer las circunstancias de los encargos, quién los autorizó y qué servicios se prestaron efectivamente.

La gerente del PSOE señaló a Santos Cerdán

En sus declaraciones ante Pedraz, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, situó en el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, la decisión de contratar a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Fuentes compareció como investigada y aseguró que no conocía a Leire Díez.

La UCO, por su parte, atribuye a la gerente un papel en la tramitación de las notas de encargo profesional y en la emisión de facturas que los investigadores consideran presuntamente mendaces. Cerdán, que dejó su cargo en junio de 2025, también está investigado en la causa.

La documentación que ahora reclama el magistrado puede permitir contrastar las versiones de los implicados con los expedientes de contratación, las autorizaciones internas y la justificación económica de los servicios.

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por la malversación vinculada al proceso independentista catalán y ha declarado extinguida su responsabilidad criminal. La Sala de lo Penal archiva definitivamente la ejecutoria que mantenía las consecuencias penales de sus condenas de 2019, después de que el Tribunal Constitucional anulase su rechazo a la medida de gracia y le ordenase declarar amnistiado el delito.

La resolución, fechada el 19 de octubre y de la que ha sido ponente Manuel Marchena, extiende a los cuatro exdirigentes los efectos del recurso de amparo que el Constitucional estimó el pasado 6 de octubre en favor de Bassa. Aunque aquella sentencia se refería únicamente a la exconsejera, el Supremo considera que la situación jurídica de los otros tres condenados es coincidente y que el criterio del tribunal de garantías debe alcanzarles también.

La decisión supone un giro en la aplicación de una de las principales exclusiones que el Alto Tribunal había apreciado en la ley de amnistía, aprobada en junio de 2024. El Supremo había sostenido que la malversación atribuida a los dirigentes independentistas no podía quedar amparada por la norma, al considerar que concurrían las excepciones relativas al enriquecimiento personal y a la afectación de los intereses financieros de la Unión Europea. El Constitucional rechazó esa interpretación y concluyó que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva.

La amnistía deja ahora sin efecto las penas de inhabilitación que todavía pesaban sobre los cuatro, por lo que podrán volver a concurrir a unas elecciones y ocupar cargos públicos. El Supremo también ha ordenado comunicar su decisión al Ministerio de Justicia para que proceda a eliminar los antecedentes penales derivados de las condenas.

De las condenas de 2019 a la amnistía

Los cuatro dirigentes fueron condenados por el Supremo en octubre de 2019, tras el juicio por el proceso independentista y el referéndum del 1 de octubre de 2017. Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat, recibió una pena de 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta. Romeva, Turull y Bassa fueron condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación.

En junio de 2021, el Gobierno les concedió indultos parciales que perdonaron las penas de prisión pendientes de cumplimiento, pero no eliminaron las inhabilitaciones. Estas seguían vigentes hasta 2030 para Romeva y Turull y hasta 2031 para Junqueras y Bassa.

La situación volvió a cambiar tras la reforma del Código Penal de diciembre de 2022, que derogó el delito de sedición. El Supremo revisó entonces las condenas y sustituyó esa calificación por delitos de desobediencia y malversación, pero mantuvo las penas de inhabilitación absoluta. La posterior entrada en vigor de la ley de amnistía abrió una nueva batalla judicial sobre si los hechos relacionados con el uso de fondos públicos para financiar el referéndum podían beneficiarse de la medida.

En julio de 2024, la Sala de lo Penal rechazó amnistiar la malversación. Consideró que los condenados habían obtenido un beneficio personal de naturaleza patrimonial al utilizar fondos públicos para sufragar los gastos del proceso independentista y apreció también una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Los recursos de las defensas fueron desestimados en septiembre de ese año.

El Constitucional obliga a cambiar el criterio

La respuesta llegó con el recurso de amparo de Dolors Bassa. En su sentencia del 6 de octubre, el pleno del Constitucional anuló los autos del Supremo que habían denegado la amnistía y ordenó dictar una nueva resolución que declarase amnistiado el delito de malversación.

La mayoría de siete magistrados consideró que el Supremo había interpretado de forma extensiva las excepciones previstas en la ley y se había apartado de su finalidad. También apreció contradicciones en los argumentos empleados para sostener que la malversación afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que concluyó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de Bassa, en conexión con los derechos a ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad y a la legalidad penal.

Tras recibir la sentencia, el Supremo dio cinco días a las partes para presentar alegaciones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron el archivo de la ejecutoria y la extensión de sus efectos a los demás condenados. Las defensas reclamaron que se declarase extinguida la responsabilidad criminal y que la decisión se adoptase con carácter urgente.

El Alto Tribunal ha terminado asumiendo el fallo constitucional, aunque no comparte los argumentos con los que se revocó su interpretación de la ley. En el auto sostiene que la resolución del Constitucional es vinculante y que la coincidencia de las situaciones jurídicas de los cuatro condenados justifica aplicarles el mismo criterio.

Un acatamiento acompañado de duras críticas

El Supremo aprovecha la resolución para cuestionar el alcance de la intervención del Constitucional en la interpretación de la legalidad ordinaria. La Sala recuerda que la Constitución atribuye al Alto Tribunal la condición de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales, y advierte de que la evolución de la jurisprudencia constitucional puede desdibujar el reparto de funciones establecido en 1978.

Los magistrados también reprochan al Constitucional el tono de su sentencia, que consideran innecesariamente severo al calificar de contradictoria, impredecible y contraria al sentido común la interpretación defendida por el Supremo. A su juicio, esas expresiones exceden lo necesario para resolver el recurso de amparo y suponen una injerencia en el ámbito jurisdiccional que corresponde a la Sala de lo Penal.

El auto precisa, sin embargo, que la decisión no se interpreta como una declaración de conflicto institucional con el Constitucional, sino como una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica. Pese a las críticas, el Supremo cumple el mandato y cierra definitivamente la ejecutoria.

Começo a nossa conversa desta quinzena pedindo licença para tomar um caminho um pouco mais informal que o habitual. Essa coluna se torna em parte um pedido, em parte um desabafo de uma economista cansada, mas ainda em pé.

Desde os resultados do 1º turno das eleições, no início do mês, está difícil pensar, falar ou postar sobre qualquer outra coisa. Em meio a tentativas de vira-voto, vídeos caseiros, ligações para familiares distantes e algumas conversas nas ruas, vi um post no Instagram de um apoiador de Flávio Bolsonaro que dizia algo na linha de “essa semana, alguém virá conversar com você sobre política. Pergunte para ele se ele sabe o que é taxa Selic, inflação, curva de juros e como isso impacta a economia e o bolso dela.”

A ironia é que existem várias e vários economistas que sabem bastante sobre tudo isso e, ao contrário da sugestão do Instagram, continuam defendendo uma agenda progressista. Inclusive, fica a dica para você ler minha coluna: (Quase) tudo o que você precisa saber sobre o Copom e a Taxa Selic, divulgada aqui na Agência Pública em 11 de agosto.

Além da ironia, a verdade é que essa mensagem implica que, quem entende de verdade de economia não vota na esquerda — ou em Lula. Como se as pautas progressistas fossem inerentemente prejudiciais ao desempenho econômico do país.

Existe um mito bastante difundido de que uma gestão econômica responsável imediatamente se traduz em escolhas amargas: ajustes fiscais, arrochos e escalas de trabalho ultrapassadas — superadas por propostas como a de Rick Azevedo, Erika Hilton e dos movimentos de trabalhadores que conquistaram semana passada o fim da Escala 6×1 no Brasil (longa vida!) Em síntese, a ideia é de que quem estudou Ciências Econômicas, que são “inquestionáveis, técnicas e objetivas”, sabe que o verdadeiro preço das políticas sociais é o afundo econômico do país.

O que eles não contam é que toda história tem um lado. E que quem normalmente assume o personagem técnico, isento e portador das más notícias tem um. E não é o nosso.

Sob a gestão econômica de Paulo Guedes, o grande guru dos economistas “sem lado”, o Brasil cresceu uma média de 1,5% ao ano, excluindo os anos atípicos da pandemia da conta. Nos três primeiros anos do terceiro mandato de Lula, o crescimento foi de 2,98%. O cálculo é feito a partir da série de variação real do Produto Interno Bruto, do IpeaData.

O mesmo discurso tecnocrata foi utilizado para atacar quem propunha a viabilidade da redução da jornada de trabalho. Fazendo cálculos, alguns economistas afirmaram que a redução da jornada custaria até 11% do PIB brasileiro. Usando o mesmo método, mas premissas diferentes, a professora Marilane Teixeira, do CESIT Unicamp, chegou num crescimento de produtividade em 4%, na manutenção do PIB e em 3,62 milhões de novos empregos.

Isso não quer dizer que uma conta esteja mais certa do que a outra, mas que conta nenhuma, como raciocínio econômico nenhum, é imparcial ou apolítica.

Quando se veste de técnica e isenta, a economia ganha autoridade para defender argumentos às vezes classistas, às vezes racistas, misóginos ou xenofóbicos. Em geral, impopulares, no sentido mais cru da palavra: antipovo.

Quem se lembra da frase famosa do economista Delfim Netto, ministro da Fazenda durante a Ditadura Militar, que dizia em fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo? A defesa era pelo crescimento econômico primeiro, e a distribuição depois, às custas de um arrocho salarial forte e de intensa concentração da renda nas mãos de poucos.  

Para citar a ilustre professora Maria da Conceição Tavares, no programa Roda Viva de 1995:

“Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui.”

É por isso que peço, leitoras e leitores, que não se deixem enganar por esse discurso dos “tecnocratas alucinados”, como dizia a professora. 

Um economista que quer te vender um plano econômico que promete crescimento às custas da sua qualidade de vida, na definição da jornada de trabalho, ou na condução do Ministério da Fazenda, não o faz porque é isento e não enxerga alternativas. Faz porque sabe que é difícil argumentar contra um conhecimento elitizado.

A economia é política tanto quanto é técnica, e toda técnica, vale lembrar, é também um instrumento político potente.

Finalizo citando mais uma vez a professora, que foi capaz de reunir Dilma Rousseff e José Serra na mesma sala, à véspera das eleições presidenciais de 2010. Dois de seus alunos mais famosos e rivais declarados, inclusive no projeto econômico. Na ocasião, para celebrar os 80 anos de Conceição, esquerda e direita se uniram e brindaram a democracia acima da técnica.

Hace al menos diez años que Xavier Nueno (Barcelona, 1990), el reciente ganador del premio Anagrama de Ensayo, se convence de que el conocimiento ha perdido el juicio. No solo en un sentido metafórico, sino que, también, judicial, pues parece perder fuerza en los últimos litigios que enfrentan a autores y editoriales con gigantes de la inteligencia artificial. En el libro que le ha valido el galardón, La revuelta de los copistas, el investigador anima a sus futuros lectores a abrir los ojos, demostrando que las tecnológicas han robado el inmenso acervo intelectual y creativo que custodiaban las bibliotecas y que ahora se pretende vender mediante suscripciones, con la promesa de que se trata de un conocimiento nuevo.

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Renfe debe abrir tres de sus talleres a Ouigo para que haga en ellos el mantenimiento de sus trenes, algo que negaba la operadora española al considerar que se trata de trabajos pesados que quedan fuera de sus acuerdos marco con la compañía francesa. Sin embargo, la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera que se trate de mantenimiento pesado y, en todo caso, acaba de determinar que si Renfe puede realizar estas tareas en las instalaciones que, dentro del grupo, pertenecen a Renfe Mantenimiento, también Ouigo puede hacerlas.

La CNMC ha publicado este martes su resolución acerca de un contencioso entre Renfe y Ouigo que se inició cuando la operadora española negó el acceso a sus talleres a la francesa, al considerar que las tareas de mantenimiento de sus trenes que pretendía hacer en ellos excedían los términos del acuerdo marco firmado entre ambas.

En su resolución, Competencia le quita la razón a Renfe por dos motivos. El primero, porque frente a lo que argumentaba española, considera que "las operaciones de desmontaje y montaje de componentes no constituyen mantenimiento pesado", de modo que "deben prestarse a todas las empresas ferroviarias en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias" en los talleres de Renfe Mantenimiento, que deberá "facilitar el acceso a Ouigo a los talleres de Cerro Negro/Santa Catalina, Can Tunis y Fuencarral".

Por otra parte, subraya que Renfe Viajeros hace tareas de mantenimiento en los talleres de Renfe Mantenimiento "intervenciones técnicamente equivalentes" a las que quiere prohibir a Ouigo, de modo que "denegarle" el acceso es "contrario a la normativa vigente".

(habrá más información en breve)

A insurreição e a anarquia seguem de perto a queda dos impérios personalizados

• Apple roiled the ad industry with an unexpected new crackdown on web trackers.
• The tech giant has now issued a rationale for why it's stamping out "identity resolution."
• The ad industry has concerns Apple's latest privacy move may hamper targeting and measurement.

Apple's latest privacy crackdown left the online ad industry scrambling for answers. Now, the tech giant has finally offered some.

Late on Monday, Apple published a blog post laying out its rationale for new restrictions that block technology used to identify and track consumers across websites. The changes are implemented through WebKit, the browser engine that powers Safari and other browsers on iPhones and iPads.

Apple said the change was designed to target "identity resolution," a method adtech companies use to connect separate data points about users — such as email addresses, phone numbers, IP addresses, browsing history, or information about the device they're using — to identify and track them across devices.

The method grew in popularity as many web browsers, including Apple's Safari, began phasing out third-party tracking cookies, the small files dropped on a user's device that were traditionally used for web tracking. The ad industry deploys tracking to precisely target specific audiences and measure whether their campaigns are working.

In its blog post, Apple said that while users might readily offer their email address to log in to a website or sign up for a newsletter, most wouldn't expect it to also be shared with other companies for invisible tracking purposes.

"It's not enough to block cross-site cookies to prevent cross-site tracking today because the tracking industry has not stopped trying to track users on the web," Apple said. "They have ushered into what they call the post cookie era and in our latest releases we have put strong protection in place."

The blog post explains that Apple is implementing "domain-level" blocking, a broad intervention designed to ensure that identity providers can't circumvent the restriction by changing how they send data.

Apple took the adtech industry by surprise earlier this month when it came to light that it had begun blocking the domains operated by several companies that offer alternative identifiers, without warning. The blocked domains included those operated by The Trade Desk, LiveRamp, ID5, Permutive, and Audigent.

The stakes are high for adtech companies that have invested heavily in building identity graphs and alternative tracking identifiers to mitigate the impact of the loss of third-party cookies. Apple's latest move threatens to undermine those efforts and put a dent in their businesses if targeting its users across the web becomes more difficult.

The initial rollout had also blocked The Trade Desk's ability to serve ads at all on Apple-operated browsers. Apple rolled out a fix a few days later that restored The Trade Desk's ad-serving domain from being blocked alongside its advertising identifier, Unified ID 2.0.

The ad industry braces for fallout

The ad industry is now bracing for impact as more users begin updating their devices to iOS 27. Ad pros previously told CMO Insider that the change will make it harder for advertisers to identify and reach people across the open web.

Industry insiders said that by effectively shrinking the pool of users they can target, advertisers are expecting less reach, higher prices to reach the audiences they can still identify, and more difficulty in controlling how often people see an ad and measuring whether their campaigns worked.

Identity resolution has become widespread across the open web. An academic paper published in September that analyzed 600,000 websites over 41 months found that 83.76% of those sites were using alternative identifiers by May 2025.

If advertising becomes less effective on the open web, marketers could funnel more of their budgets into so-called "walled garden" platforms like Meta and Google, which aren't as heavily reliant on alternative identifiers because they have reams of their own logged-in user data. Apple, too, has a growing advertising business within its App Store and apps, including News and Maps.

Apple isn't backing down

There are still unanswered questions about Apple's exact definition of an identity resolution provider, and the company has already demonstrated it can add domains to its block list without warning.

There's also an indication Apple is only getting started. First reported by AdExchanger, Apple has created a broader list that can dynamically block potentially hundreds of adtech, martech, and data companies. Affected companies may not realize they've been added to the list until they begin experiencing disruptions.

In Monday's blog post, Apple linked to its long-standing tracking-prevention policy, which acknowledges that its blocking rules may have unintended impacts. Those include disrupting the funding of websites that use targeted or personalized advertising, advertising measurement, and fraud prevention.

The policy states that while Apple will try to limit unintended impact, "when faced with a tradeoff, we will typically prioritize user benefits over preserving current website practices."

Ever since Apple launched its Intelligent Tracking Prevention feature in 2017, the tech giant has been locked in a cat-and-mouse game with the adtech industry, which has persistently developed workarounds to its privacy updates. Adtech companies have argued that these techniques were necessary to help publishers effectively monetize their websites with ads while still maintaining user privacy.

Apple, which has long held that "privacy is a fundamental human right," makes it clear in its policy that it won't allow workarounds to proceed on its watch.

"We treat circumvention of shipping anti-tracking measures with the same seriousness as exploitation of security vulnerabilities," the Apple policy states. "If a party attempts to circumvent our tracking prevention methods, we may add additional restrictions without prior notice."

La circulación de trenes de Alta Velocidad en el corredor entre Madrid y Barcelona, hasta la frontera francesa, quedará este martes prácticamente normalizada después de la alteración que provocó el incendio de la locomotora de un AVE a la altura de la localidad zaragozana de Ricla el 12 de octubre. Aunque todavía queda alguna medida excepcional -por ejemplo, Iryo no recuperará dos de sus trayectos suprimidos hasta el jueves-, Adif y Renfe han dado por clausurada la última incidencia en la línea de Alta Velocidad más importante del país en la que, sin embargo, están lejos de arreglarse todos los problemas en una vía jalonada de puntos donde los trenes tienen que frenar la marcha y una limitación generalizada hasta el próximo 13 de diciembre.

El incendio que se declaró en la locomotora de un AVE a su paso por la localidad de Ricla en la tarde del 12 de octubre fue el inicio de una semana en la que a varias horas de la circulación cortada totalmente en la línea Madrid-Barcelona, precisamente a la vuelta del Puente del Pilar, siguieron días en los que las operadoras suprimieron trenes y alteraron horarios, retrasando sus salidas, para adaptarse al 'embotellamiento' que hasta este lunes provocaba que entre Ricla y Plasencia de Jalón los trenes solo pudieran circular por una de las dos vías.

Una vez que el domingo Adif anunció que había concluido la reparación del tramo de vía -de 1,2 kilómetros- que se vio afectado por el incendio y que la infraestructura quedaba ya a disposición de las operadoras, estas han tomado distintas decisiones que hacen que la "completa" normalización, como la llamó Renfe este lunes, sea más bien escalonada. Mientras que la operadora española se adelantó a las previsiones que apuntaban a la reanudación por las dos vías a partir de las 15 horas poniendo todos sus AVE Madrid-Barcelona a circular a partir de las 12.30 horas, Ouigo estabilizará sus frecuencias este martes, cuando volverá a hacer cinco servicios por sentido y volver a incorporar los dos trenes que suprimió en la última semana, el tren Barcelona-Madrid de las 10.40 horas y el Madrid-Barcelona de las 17.40.

Iryo decidió mantener las medidas extraordinarias que había anunciado días antes y extender hasta el jueves, 22 de octubre, la supresión de dos de sus trenes matinales -el Madrid-Barcelona de las 8.22 horas con salida desde Madrid y el de las 12.14 horas con salida desde Barcelona-. Será a partir del viernes, 23 de octubre, cuando retome su programación habitual, que en la línea Madrid-Barcelona oferta hasta 30 frecuencias diarias, 15 por sentido.

Limitaciones de velocidad y 25 minutos más de viaje

Una vez superado este último bache, que al final va a dejar notar sus efectos hasta casi dos semanas después del incendio del 12 de octubre, la normalización de la circulación seguirá sin estar completa en la línea Madrid-Barcelona, el corredor por el que viajan más pasajeros, 14,4 millones en 2025 según la CNMC, a pesar de que también es la única línea que el año pasado perdió viajeros por primera vez desde la entrada de la competencia de Renfe, con un 1,7% menos.

Por una parte, porque el trayecto entre Madrid y la frontera con Francia donde termina está jalonado por 32 limitaciones temporales de velocidad (LTV). Las fija Adif, en ocasiones atendiendo a las advertencias de los maquinistas, y se corresponden con otros tantos puntos o tramos de la vía en los que los trenes no pueden circular a 300 kilómetros por hora, la velocidad máxima que puede alcanzar en estos momentos la Alta Velocidad, sino que los maquinistas deben rebajarlas a 230, 160 o incluso a 80 para sortear defectos de la vía, adaptarse a obras en la infraestructuras o cuando hay condiciones meteorológicas adversas.

Aunque están llamadas a ser de carácter transitorio, lo cierto es que la red ferroviaria española -tanto convencional como de Alta Velocidad- registra cientos de limitaciones temporales de velocidad que en la mayoría de los casos llevan meses e incluso años ahí sin que se revise y solvente el motivo por el que un día se instauraron.

En el caso de la línea Madrid-Barcelona, las alertas sobre baches o vibraciones en los trenes se hicieron especialmente intensas en las semanas después del accidente de Adamuz, el pasado 18 de enero. En primer lugar, fueron los maquinistas los que durante días alertaron de anomalías en sus servicios por esta línea. A pesar de que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, las minimizó durante días y llegó a atribuirlas al "estado anímico" de los maquinistas después de los siniestros de Adamuz y de Gelida en el que resultaron muertos los dos conductores, poco después Adif terminó acordando con las tres operadoras una decisión salomónica que dura todavía hoy y que desde febrero ha contribuido también a alterar la marcha norma de la Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona.

Para permitir combinar el retraso de los trenes por las limitaciones temporales de velocidad, Renfe, Ouigo e Iryo acordaron en febrero con Adif suprimir sus últimos trenes de la jornada y establecer una duración de los trayectos entre Madrid y Barcelona 25 minutos superior a la de entonces, de manera que el viaje, ahora se hace en unas tres horas y media. De esta manera, daría tiempo respetar la llamada "banda de mantenimiento", las horas nocturnas en las que no hay circulación y son utilizados por Adif para recorrer las vías en busca de averías y otras imperfecciones.

Tal y como se acordó a principios de año, esta medida estará vigente hasta el 13 de diciembre, aunque fuentes ferroviarias ya empiezan a dudar que para entonces sea posible levantar las limitaciones temporales que obligan a prolongar el trayecto casi media hora.