Diez niños con cardiopatías congénitas forman parte de la décima Brigada de Cirugía Cardiovascular Pediátrica que comenzó en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula.

Las intervenciones están dirigidas a menores provenientes de diferentes partes de Honduras que requieren atención especializada por afecciones cardíacas presentes desde el nacimiento.

La jornada reúne a personal médico y organizaciones colaboradoras para realizar los procedimientos y ofrecer a los pacientes la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

La primera menor en ingresar al quirófano fue Noha Ainara Sabillón, de un año, diagnosticada con una cardiopatía congénita desde su nacimiento. Su operación marcó el inicio de una jornada en la que otros nueve niños también serán atendidos por el equipo médico.

La brigada contempla la atención de diez menores con cardiopatías congénitas, un grupo de afecciones que comprende alteraciones en la estructura del corazón o en los grandes vasos sanguíneos presentes desde el nacimiento.

Pacientes con atención especializada

La gravedad y el tratamiento de estas condiciones varían según el diagnóstico de cada paciente. En determinados casos, la cirugía cardiovascular permite corregir o mejorar el funcionamiento del corazón y reducir las complicaciones asociadas con la enfermedad.

Para las familias, la jornada representa la posibilidad de que sus hijos accedan a procedimientos especializados y tengan mejores condiciones para su crecimiento y desarrollo. No obstante, la evolución y los resultados dependerán del tipo de cardiopatía, de la intervención realizada y de la recuperación individual de cada niño.

La información disponible no detalla cuáles son los procedimientos previstos para cada paciente ni los tiempos estimados de recuperación.

La décima brigada se desarrolla mediante la colaboración del personal del Hospital Regional del Norte del IHSS con las organizaciones Gift of Life y HeartGift, el Hospital Benjamín Bloom de El Salvador y el Club Rotario Ulúa.

La participación conjunta permite reunir recursos y experiencia para atender a los menores que requieren cirugía cardiovascular pediátrica. Este tipo de jornadas busca facilitar el acceso a procedimientos especializados que demandan equipos médicos capacitados, infraestructura hospitalaria y seguimiento clínico.

Además de las intervenciones quirúrgicas, la atención de niños con cardiopatías congénitas requiere vigilancia médica posterior para evaluar la recuperación y determinar si necesitan tratamientos adicionales o controles periódicos.

Respaldan la iniciativa

La jornada también cuenta con el apoyo de varias dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Salud (Sesal), la Secretaría General, la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos (UCEMR), la Gerencia Administrativa y la Oficina Sanitaria Internacional de San Pedro Sula.

Participan además la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración Aduanera de Honduras, instituciones que forman parte de la coordinación necesaria para el desarrollo de la iniciativa.

Mientras avanzan las intervenciones, las diez familias esperan la evolución de sus hijos, con la expectativa de que la atención recibida contribuya a mejorar su salud y sus posibilidades de desarrollo.

La brigada continuará con las intervenciones programadas para completar la atención de los diez pacientes. Al cierre de la jornada, los resultados médicos y la evolución de cada menor permitirán conocer el alcance de los procedimientos realizados en el Hospital Regional del Norte del IHSS, así como los pasos necesarios para garantizar el seguimiento de los niños después de las cirugías.

El Gobierno de Honduras y una misión técnica del Fondo Monetario Internacional comenzaron este martes las reuniones para evaluar los avances del programa económico vigente, en una etapa clave para determinar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó la llegada de los representantes del organismo y señaló que las reuniones se desarrollarán junto con el Gabinete Económico. La agenda está prevista del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2026, según informó el Banco Central de Honduras.

La evaluación busca revisar los resultados macroeconómicos, verificar el cumplimiento de las metas pactadas y examinar las medidas que todavía requieren atención.

El resultado de este proceso será determinante para establecer si Honduras cumple las condiciones necesarias para completar el acuerdo vigente.

Además de revisar los indicadores económicos, las conversaciones abordarán asuntos relacionados con las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria, las reservas internacionales y las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

Hernández Hércules señaló que el Gobierno también debe evaluar compromisos relacionados con el sector energético, particularmente las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los pagos pendientes a las empresas generadoras de electricidad.

Situación de país y la ENEE

Esos asuntos forman parte de los desafíos financieros del Estado, por sus implicaciones sobre las cuentas públicas y las necesidades de recursos para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico.

El ministro también mencionó la aprobación de reformas a la Ley de Lavado de Activos y la implementación de la Ley de Beneficiario Final, dos asuntos vinculados con el marco regulatorio y la transparencia financiera.

La misión del FMI deberá examinar los avances en las medidas acordadas dentro del programa económico y valorar si las autoridades han cumplido los compromisos sujetos a evaluación.

La sexta revisión corresponde a la etapa final del programa económico vigente con el FMI. Completarla satisfactoriamente permitiría al país cerrar el ciclo de revisiones y acceder a los recursos asociados, sujetos a la aprobación correspondiente.

El acuerdo con el organismo contempla apoyo financiero y medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica. La revisión examina tanto el desempeño de los indicadores económicos como el avance de las reformas incluidas en el programa.

Entre los aspectos bajo análisis están la sostenibilidad de las finanzas públicas, la evolución de los ingresos y gastos del Estado, la administración de la deuda y las condiciones externas que inciden en la economía hondureña.

La conclusión de las reuniones no implica automáticamente la autorización de nuevos desembolsos: cualquier liberación de recursos dependerá de los resultados de la evaluación y de los procedimientos de aprobación del FMI.

Negociar un nuevo programa

Durante las reuniones, las autoridades hondureñas también buscan avanzar en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo económico para el período 2027-2030, según informó Proceso Digital al reportar el inicio de la misión.

El desarrollo de las conversaciones permitirá conocer qué medidas económicas pretende mantener el Gobierno, qué reformas buscará profundizar y qué condiciones podrían incorporarse al próximo programa.Los resultados también orientarán las discusiones sobre la cooperación económica posterior.

La agenda de trabajo continuará durante las próximas dos semanas con reuniones entre los representantes del FMI, el Gabinete Económico y otras autoridades hondureñas. Al cierre del proceso se espera contar con una evaluación de los avances alcanzados y de los compromisos que continúan pendientes.

La revisión concluirá el 2 de noviembre, fecha prevista para el cierre de la agenda de trabajo en Honduras.

En junio de 2025, en plena ola de peticiones de la prohibición de móviles en los institutos, Cataluña optó por ir a la vanguardia con una normativa que restringía teléfonos, relojes e incluso pedía retirar las pantallas en educación infantil. Unas flamantes pantallas que no hacía ni un año que se habían colgado en las clases de todas las escuelas catalanas –se compraron 32.000 pantallas interactivas de última generación, con un coste de 88 millones de euros, que pagaron los fondos Next Generation-, incluso en la etapa de infantil. Finalmente, Educación da marcha atrás y admite que estas pantallas no se pueden retirar, porque se perdería esta financiación europea, pero sí apuesta por limitar su uso y que tengan un acceso restringido a internet.

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La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras entró en una fase de planificación luego de que el Congreso Nacional aprobara una moción para que varias instituciones del Estado busquen los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.

La aprobación de la moción no significa que el presupuesto de construcción ya esté definido ni que las obras hayan comenzado. Por ahora, el proceso se concentra en cuantificar la inversión, identificar posibles fuentes de financiamiento y determinar el terreno donde se levantará el establecimiento.

Entre las alternativas planteadas figura el financiamiento nacional, la colocación de bonos y la contratación de préstamos internacionales. Sin embargo, las autoridades todavía no han divulgado un monto oficial para el proyecto ni han precisado cuánto aportaría cada fuente.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que se iniciarán los estudios correspondientes para determinar cuánto costaría la obra, mientras que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que la gestión de fondos involucrará al Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad y otras dependencias gubernamentales.

Uno de los primeros pasos será establecer el costo de construcción y las necesidades técnicas del nuevo centro penitenciario. Para ello, según lo anunciado por Hércules, se iniciarán los estudios que permitan cuantificar la obra.

El cálculo deberá servir de base para evaluar las opciones de financiamiento y definir cómo se cubrirá la inversión. Además del costo de construcción, el proyecto requerirá precisar las necesidades de equipamiento, seguridad, personal y operación del establecimiento, aspectos que incidirán en el gasto público a largo plazo.

Para este día se sostendrá una reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el INP, Finanzas y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.

Las posibles ubicaciones

La selección del terreno es otro de los asuntos pendientes. El INP deberá designar el lugar donde se construirá el establecimiento, destinado principalmente a personas privadas de libertad identificadas como integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales sujetas al régimen especial de reclusión.

En las discusiones previas sobre el proyecto se ha mencionado a Naco, Santa Bárbara, como una posible ubicación. No obstante, la información divulgada hasta ahora no confirma que ese lugar haya sido seleccionado de manera definitiva.

La decisión sobre el terreno deberá integrarse a la planificación técnica, junto con la evaluación de las condiciones necesarias para construir y operar una instalación de máxima seguridad.

Las autoridades tampoco han detallado públicamente la capacidad que tendría el nuevo centro, el plazo definitivo de construcción ni el modelo de administración que se utilizaría.

Zambrano justificó la iniciativa al señalar que las reformas penales pendientes de aprobación podrían aumentar la cantidad de personas enviadas a prisión, lo que, según advirtió, presionaría la capacidad operativa de los centros penitenciarios existentes.

El proyecto se plantea en el contexto de las medidas aprobadas en septiembre para endurecer las condiciones de reclusión de personas identificadas como integrantes de grupos declarados terroristas.

Las reformas contemplan un régimen especial de máxima seguridad, restricciones de comunicación y visitas, vigilancia reforzada y otras medidas de control penitenciario. La normativa correspondiente fue publicada en La Gaceta, diario oficial de Honduras, el 26 de septiembre de 2026.

Influencia del modelo Salvadoreño

La iniciativa tomó impulso después de una visita de diputados hondureños al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conocieron aspectos del modelo penitenciario aplicado por ese país para recluir a integrantes de organizaciones criminales.

La eventual adopción de un modelo similar al salvadoreño requeriría definir qué elementos se incorporarían al sistema hondureño y cómo se aplicarían dentro del marco jurídico nacional.

El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, respaldó la construcción de la nueva cárcel y sostuvo que el Estado debe aplicar medidas estrictas contra quienes sean responsables de delitos graves.

Con la moción aprobada, las siguientes etapas consisten en cuantificar la inversión, definir el terreno, establecer las fuentes de financiamiento y precisar las condiciones técnicas para construir y operar el centro penitenciario.

Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue detenido en el sector de Pavana, en la zona sur de Honduras, luego de que las autoridades informaran que transportaba dólares estadounidenses y euros en efectivo sin haberlos declarado al ingresar al territorio hondureño.

El detenido fue identificado como Ever Alberto Sánchez Pérez, de 35 años. Durante el procedimiento, la Policía Nacional le encontró USD 10.935 y 3.145 euros no declarados ante las autoridades migratorias, según el reporte del caso.

El monto total supera un estimado de USD 14.000 al convertir ambas monedas, El caso será trasladado a las instancias judiciales correspondientes, donde se determinará si existen elementos para iniciar un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos o si corresponde aplicar una sanción administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de declaración de divisas.

Los decomisos representan la mayor parte del dinero incautado. A esa cantidad se suman 3.145 euros, Las autoridades no han detallado el origen del dinero, su destino ni el propósito por el cual el ciudadano transportaba esas cantidades.

Tampoco se han divulgado datos que permitan establecer si el efectivo estaba relacionado con alguna actividad ilícita.

Bajo control de las autoridades

La detención y el decomiso deben distinguirse de una eventual acusación formal: el hallazgo de dinero no declarado puede dar lugar a verificaciones y actuaciones legales, pero no demuestra por sí solo que los fondos procedan de una actividad criminal.

La Policía Nacional informó que remitirá al ciudadano a los juzgados competentes para que determinen la vía legal aplicable.

Entre las posibilidades figura una investigación por el presunto delito de lavado de activos, hipótesis que las autoridades deberán examinar a partir de los indicios disponibles, la documentación que presente el detenido y las diligencias que se practiquen.

La otra posibilidad es la aplicación de una multa, aunque la decisión dependerá de la valoración jurídica de los hechos.

La información disponible deja varios aspectos sin resolver: la procedencia de los dólares y los euros, si el portador cuenta con documentos que respalden su origen, el destino del dinero y la disposición que adopten las autoridades judiciales.

Otros casos similares

En febrero de 2026, un ciudadano salvadoreño de 37 años fue detenido en el punto de control de La Corteza, en el municipio de El Triunfo, Choluteca, cuando transportaba US$89,000, equivalentes a más de L2.3 millones. Según la Policía Nacional, el dinero fue decomisado durante una inspección y el caso fue remitido a las autoridades competentes por la presunta comisión de lavado de activos.

Otro decomiso de mayor cuantía se registró el 21 de agosto de 2026, cuando las autoridades encontraron US$260,000, unos L6.8 millones, ocultos en compartimentos falsos de un vehículo interceptado en el sector de La Corteza, Choluteca.

De acuerdo con reportes policiales divulgados las investigaciones buscaban establecer la procedencia y el destino del efectivo, así como determinar si existía alguna relación con actividades ilícitas.

La reiteración de estos decomisos en Choluteca mantiene bajo atención los controles policiales en los principales corredores de la zona sur de Honduras, especialmente por el traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Las estadísticas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sitúan en 415 el número de menores de edad aprehendidos en Honduras durante lo que va de 2026, frente a los 174 registrados en 2025. La diferencia es de 241 casos, equivalente a un incremento del 138,5%, de acuerdo con las cifras divulgadas por la institución.

Los procedimientos incluyen aprehensiones ejecutadas mediante órdenes judiciales y detenciones en flagrancia. La variación también requiere una comparación cuidadosa: los 415 casos corresponden a una parte de 2026, mientras que los 174 abarcan todo 2025.

Las cifras muestran una diferencia entre ambos registros, pero no permiten establecer por sí solas cómo evolucionó la situación al comparar períodos de igual duración.

En un informe publicado por la Policía Nacional señaló que el tráfico de drogas, el robo, la portación ilegal de armas de fuego, los delitos contra la vida y los delitos sexuales figuraban entre las principales infracciones identificadas en los casos de menores aprehendidos.

La información policial también plantea que algunos adolescentes estarían siendo captados por estructuras criminales para participar en actividades ilícitas. No obstante, el informe no cuantifica cuántos casos estarían relacionados con ese fenómeno ni detalla las circunstancias individuales de las aprehensiones..

Vinculados a varios delitos

Un antecedente judicial corresponde al departamento de El Paraíso. El 6 de noviembre de 2025, el Ministerio Público informó que 91 menores en conflicto con la ley habían sido presentados ante los tribunales de Danlí durante los primeros once meses de ese año.

Según el reporte fiscal, el 71,43% de esos casos estaba relacionado con infracciones de tráfico de drogas. También se registraron expedientes por portación ilegal de armas de fuego, robo con fuerza, maltrato familiar, delitos sexuales, homicidio y asesinato.

El dato ofrece una referencia sobre las infracciones que llegaron a los tribunales en esa zona del país, pero no representa una estadística nacional ni puede compararse directamente con las aprehensiones contabilizadas por la DPI.

La diferencia entre ambas fuentes es relevante: mientras la Policía contabiliza actuaciones de aprehensión, el Ministerio Público informa sobre menores presentados ante los órganos judiciales.

En julio de 2026, la DPI divulgó información sobre investigaciones que apuntaban a la posible utilización de menores por parte de maras, pandillas y otras estructuras criminales. Según la institución, algunos adolescentes podrían ser incorporados a estas actividades mediante amenazas, intimidación o manipulación.

El fenómeno requiere examinar tanto la actuación de las estructuras que podrían involucrar a adolescentes como las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan niños y jóvenes.

Menores y estructuras criminales

El número de menores aprehendidos refleja la actividad policial, pero no permite concluir por sí solo que haya aumentado en la misma proporción la comisión de infracciones penales por parte de adolescentes.

Una aprehensión puede derivarse de una orden judicial pendiente, una detención en flagrancia o una investigación que debe continuar ante las autoridades competentes. La responsabilidad de cada menor y las medidas que correspondan deben determinarse conforme al procedimiento legal aplicable.

También es necesario conocer cuántos expedientes fueron remitidos a los órganos de justicia, cuáles continúan bajo investigación y cuántos concluyeron con una resolución. Sin esa información, no se puede establecer qué proporción de los procedimientos policiales terminó en una sanción.

El Boletín Estadístico Judicial 2025 del Poder Judicial ofrece registrá que los juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia reportaron 675 sanciones aplicadas a menores infractores durante ese año, entre medidas privativas y no privativas de libertad.

Los antecedentes del Ministerio Público y del Poder Judicial muestran que existen casos relacionados con distintas infracciones y que algunos llegan a los tribunales, pero los datos disponibles no bastan para atribuir el incremento a una causa única ni para medir por sí solos la evolución nacional de la delincuencia juvenil.

María José Campanario necesita tomarse un respiro. Después de unas semanas muy intensas en las que su familia ha vuelto a quedar atrapada en el enfrentamiento con Belén Esteban, la odontóloga ha decidido dar un paso atrás para protegerse. Tal y como ha podido saber 20minutos, la guerra mediática y el regreso de asuntos del pasado le han pasado factura. Y por eso necesita tiempo para recuperar la tranquilidad y el sosiego perdido por el camino. También para preservar una calma familiar que no quiere poner en peligro.

El desgaste es evidente y ha hecho que su prioridad sea recuperar su centro antes de seguir exponiéndose. Esta decisión no significa que haya cambiado de opinión ni que su silencio actual se traduzca en cobardía o miedo.

Por el momento, habrá que esperar hasta la emisión de Hasta el fin del mundo para que se conozca un poco más a la Campanario real y cercana. Son muchos los que tienen una imagen equivocada sobre ella y creen que disfruta de un enfrentamiento que puede proporcionar muchas horas de televisión, pero cuyas consecuencias pueden ser irreversibles.

La reaparición de Belén en ¡De viernes! ha devuelto a la actualidad una disputa que se prolonga desde hace casi tres décadas. La colaboradora recuperó sus reproches a Jesulín de Ubrique y volvió a cuestionar su papel como padre. Lo hizo con la soltura de quien conoce bien el terreno y con un considerable respaldo de los espectadores.

La de Paracuellos, además, se ha encontrado con la respuesta de Julia Janeiro. La hija del torero y la odontóloga ha defendido el buen nombre de sus padres y ha plantado cara a lo que considera mentiras repetidas durante 27 años. No se ha achicado ante la polémica ni ha evitado las preguntas incómodas de los reporteros asfálticos. Sus intervenciones han abierto un nuevo frente en una historia en la que, hasta ahora, eran sus padres quienes recibían buena parte de la embestida mediática.

A pesar de que por el momento María José ha decidido retirarse, Jesulín sigue reuniendo la documentación necesaria para responder a las acusaciones que Belén ha sostenido durante años. Tal y como contamos en este periódico, el diestro prepara una demanda para rebatir esa imagen de padre ausente y defender su versión con pruebas. Todo se resolverá en los tribunales.