El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este miércoles que su plan de vivienda no solucionará el primer y principal problema de los españoles en el corto plazo. “Es evidente que vamos a pasar algunos años difíciles”, ha sostenido en un acto de precampaña en Sevilla ante el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Feijóo ha anunciado un “plan nacional” que incumba a “todas las administraciones públicas” que se fijará en una conferencia de presidentes “con un punto del orden del día, que será el plan de vivienda nacional de nuestro país”, ha apuntado. “Los presidentes autonómicos, la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, la alcaldesa de Jerez, y el Gobierno, en su primera reunión, van a establecer ese plan de forma concreta”, ha añadido, para advertir: “Asumiendo las responsabilidades competenciales de cada uno”.

Pese a sus propias palabras, el candidato del PP ha reconocido implícitamente que el problema de la vivienda no es exclusivo del Gobierno. “Los únicos muros que debemos construir son los de las viviendas que necesita nuestro país”, ha afirmado, para sostener que invitará “a todas las administraciones públicas, aunque haya pocas del PSOE, a sumarse a este plan, y por supuesto a escuchar todo lo que nos quieran decir para mejorarlo”.

“Y hasta que este objetivo se consiga”, ha explicado, “pues es evidente que vamos a pasar algunos años difíciles”. “Mientras ponemos el suelo, hacemos los edificios, construimos, ejecutamos, finalizamos y entregamos, va a haber años difíciles”, ha insistido. “Soy consciente de ello”, ha remachado.

Los 'okupas' y las “pizzas”

Feijóo se comprometió este mismo lunes “a que se construirán un millón de viviendas nuevas” si llega al Gobierno. Un plan que no puede llevar a cabo el Ejecutivo central por sí mismo, ya que las competencias en materia de suelo y ordenación urbana son de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Para ello, el candidato del PP ha prometido “que en los 100 primeros días el Consejo de Ministros aprobará tres leyes”, la ley del suelo, la ley contra la ocupación y la ley de reforma de la propiedad horizontal.

Pero su implementación será lenta, según ha dicho el líder del PP, y precisará de la colaboración de todas las administraciones del Estado.

Feijóo ha lamentado que estas tres leyes no estén ya en vigor, y ha acusado al Gobierno de torpedear su tramitación en el Congreso después de haber sido aprobadas por el Senado, donde ha tenido mayoría absoluta durante toda la legislatura.

Las tres leyes “cambiarán, sin ninguna duda, la seguridad jurídica que empiezan a advertir las personas que viven en nuestro país”, ha sostenido Feijóo, quien ha asegurado en su intervención que “si un 'okupa' entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”.

“No puede ser que la ley ampara al que ocupe y deje desprotegido al que ha ahorrado toda su vida y paga su hipoteca”, ha afirmado. “Hay personas que pagan los recibos de una casa en la que no pueden entrar”, ha dicho.

Son medidas, ha afirmado, que “benefician también al inquilino, sobre todo al inquilino vulnerable, porque hay miedo y eso conlleva a disminuir el número de viviendas en oferta de alquiler y, por lo tanto, a incrementar los precios de alquiler”. Feijóo ha añadido: Y, al final, el inquilino honrado paga la desconfianza que generan otros cuando el propietario se siente seguro alquila y se fía del inquilino“.

“Lo demás, queridos amigos, son pancartas”, ha zanjado.

“Deducciones fiscales” a los caseros

El plan de vivienda del PP incluye “deducciones fiscales” para los alquileres que se renueven “hasta tres años” y “por debajo del IPC”.

“Esto va a ser un contrato fiscal”, ha dicho Feijóo. “Usted, propietario de una vivienda que vence el plazo, si la alquila hasta tres años más e incrementa la renta por debajo del IPC, yo le voy a dar una deducción fiscal para que le merezca la pena”, ha explicado.

El inquilino solo se beneficiará indirectamente, y siempre que el rentista así lo quiera: “Y esa deducción fiscal que usted tiene va a ser una deducción fiscal en la que el inquilino se va a beneficiar en el precio de la renta y además, en función de la renta del inquilino, también podrá desgravar esa renta de alquiler”.

Gobernar en solitario. Fue la promesa que hizo Alberto Núñez Feijóo a los suyos para ser reelegido presidente del PP en julio de 2025. 15 meses después, a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre, Feijóo no solo reconoce que solo podrá gobernar en coalición con la ultraderecha, sino que abre la puerta de sus propias listas electorales a Vox. Del “no habrá coalición, es un compromiso” de 2025 al “si Vox está a la altura, el PP también estará a la altura” de 2026.

“Estamos hablando y vamos a seguir hablando”, reconoció Feijóo este martes en una entrevista. Se refería a Vox y al “acuerdo” que unas horas antes había avanzado en público el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal. Como la coalición ya no es posible por los plazos legales, el PP se plantea dos opciones (o la combinación de ambas): que Vox se retire en algunas provincias y/o que se integre en las listas del PP. Así lo ha hecho el PP en Navarra con UPN y en Asturias con Foro, según expuso Feijóo, quien comparó expresamente a Vox con estos dos partidos autonómicos minoritarios. 

Feijóo explicó que “hace falta una mayoría muy sólida que debe respaldar al [próximo] presidente del Gobierno”. “Esa mayoría hay que completarla”, añadió, lo que implica que el líder del PP reconoce la imposibilidad de que su partido gobierne en solitario tras el 29N. 

Pero el PP y Vox van más allá y tienen un objetivo claro: dominar las tres quintas partes del Senado para controlar el Tribunal Constitucional durante la próxima década. Así lo expuso el propio Feijóo: “Tenemos el compromiso de no entregar el Senado al 'sanchismo', no solo para optar a la mayoría absoluta, sino para poder conseguir los 3/5” del Senado. “Trabajaré para ello y que la otra parte esté a la altura”, zanjó.

Las palabras de Feijóo fueron inmediatamente ratificadas por sus portavoces. Incluido Borja Sémper, quien en 2020 abandonó la política y se pasó a la empresa privada tras renegar de la estrategia de su entonces jefe de filas, Pablo Casado. “Si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás a las trincheras yo no pinto nada en política. No me sentiré útil”, dijo entonces. “Hay que hacer cosas para garantizar el cambio en España”, sostiene ahora para justificar el giro de su líder, y el suyo propio.

Aquel PP de Casado del que renegaban quienes hoy lideran el partido optó también por una portavoz muy dura en el Congreso. Cayetana Álvarez de Toledo lideró un reducido grupo parlamentario durante unos meses, hasta que cayó en desgracia y fue sustituida por Cuca Gamarra.

La diputada hispanoargentina pasó al ostracismo y se sacudió el rencor en unas memorias vengativas. Pero hoy está de regreso y su nombre suena con fuerza para ser la ‘número dos’ de Feijóo en Madrid. Aunque no lo fuera, es portavoz adjunta en el Congreso y cuenta con el máximo respaldo del todopoderoso Miguel Tellado, el secretario general del PP. Su rol es claro y lo dijo ella misma: que Vox “deje de existir”.

Pero el PP no solo quiere controlar el Constitucional. También quiere sacar del censo electoral a un número indeterminado de españoles que han logrado la nacionalidad gracias a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. 

La conocida como ‘ley de nietos’ se ha convertido en uno de los caballos de batalla del PP. El Tribunal Supremo ha ordenado detener la inscripción de los nacionalizados hasta verificar si cumplen unos requisitos que hasta ahora nunca se habían reclamado. “Una cosa es tener un pasaporte y otra cosa es tener derecho a voto”, dijo Feijóo en su entrevista, muy en consonancia con las posiciones que mantiene Vox, que también rechaza la norma. 

Según el PP, no tiene sentido que voten personas que nunca han residido en España. Pero ninguno de ellos se quejó cuando el Gobierno de Mariano Rajoy dio la nacionalidad (y el derecho al voto) a los descendientes de los judíos expulsados de España por Isabel la Católica hace más de medio milenio.

La “experiencia” de las comunidades autónomas

El auge de las figuras más derechizadas del PP ha ido acompañado de la reedición de los gobiernos autonómicos de coalición con Vox. Y Feijóo se ha parapetado tras ellos para justificar su giro estratégico. 

El líder del PP dijo el martes que su partido tiene “experiencia” y un “marco de negociación con Vox” que ya funciona “en cuatro comunidades autónomas”: Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. “Tenemos ya una experiencia de lo que ha funcionado y una de la que no ha funcionado”, aseguró, en referencia a los gobiernos fallidos del bienio 2023-2024. “Tenemos un marco de mayor confianza, de mayor lealtad y de mayor responsabilidad. Aquí todo el mundo tiene responsabilidad. Tiene la responsabilidad de la lealtad y de la firmeza en el gobierno”, remachó.

Este mismo martes, el PP y Vox anunciaron su intención de mutilar la Ley de la Cámara de Cuentas andaluza para retener el control del órgano que fiscaliza los fondos públicos. En Aragón se han eliminado ayudas a menores migrantes por valor de 17 euros semanales y ha limitado las asistencias postparto a las mujeres extranjeras. En la Comunitat Valenciana (donde el acuerdo es parlamentario) la “prioridad nacional” se ha extendido el doble de lo permitido por la UE. En Castilla y León se ha impuesto la censura previa ideológica. En Extremadura, el Gobierno de María Guardiola ha bajado los impuestos a la empresa dueña de Almaraz.

Son solo algunos ejemplos de medidas que ya son reales y que las derechas planean extender al resto de España si logran sumar 176 diputados en las elecciones del 29 de noviembre.