La jueza María Tardón ha pedido al Ministerio de Defensa que confirme si buques militares marroquíes entraron en aguas españolas próximas a Ceuta durante la crisis migratoria del pasado julio y que aporte las grabaciones que puedan documentar esos movimientos. La magistrada quiere conocer también las fechas y los horarios de las posibles incursiones, si hubo interacciones con unidades españolas y si se han producido nuevos episodios desde entonces.

En un auto fechado este miércoles, 21 de octubre, la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia requiere esta información a través del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). La comprobación abarca el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 10 de agosto, coincidiendo con los días previos y posteriores a la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

La jueza descarta investigar por ahora las comunicaciones militares y diplomáticas

La decisión llega después de que Iustitia Europa, que ejerce la acusación popular en la causa, solicitara investigar la posible presencia de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas. Sin embargo, Tardón rechaza la mayor parte de las diligencias propuestas y limita por ahora las pesquisas a comprobar si se produjeron las incursiones y en qué circunstancias. Entre otras medidas, la acusación pidió registros de radar y vigilancia marítima, documentación operativa de la Armada, comunicaciones entre ambos países e informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. También solicitó información a organismos europeos, como Frontex y el Centro de Satélites de la Unión Europea.

La magistrada considera que estas peticiones son desproporcionadas y carecen, en el estado actual de la causa, de suficiente utilidad procesal. El auto subraya que no consta ningún elemento objetivo que permita afirmar que la eventual presencia de buques marroquíes tuviera relación con la organización o ejecución de la entrada masiva de migrantes.

La jueza advierte, además, de que parte de la documentación solicitada afecta a información militar operativa, inteligencia y comunicaciones diplomáticas que podrían estar clasificadas. Por ello, sostiene que su obtención exigiría una justificación reforzada y, cuando corresponda, la previa desclasificación.

Tardón considera, en cambio, que sí resulta pertinente una comprobación concreta sobre la existencia de las incursiones. La respuesta de Defensa permitirá valorar si hay una base suficiente para acordar nuevas diligencias, sin que el auto descarte una futura ampliación de la investigación.

El Gobierno reconoció los incidentes navales

La presencia de buques militares marroquíes en aguas próximas a Ceuta trascendió públicamente el 12 de octubre, cuando El País informó de que una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos habían navegado por aguas bajo soberanía española durante los días de la entrada masiva de migrantes. Según las fuentes consultadas por el diario, las incursiones se prolongaron durante los primeros días de agosto y las maniobras estuvieron a punto de provocar una colisión entre embarcaciones de ambos países.

Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que se habían producido incidentes entre las dos armadas y aseguró que la situación se había resuelto mediante contactos “al máximo nivel”. El jefe del Ejecutivo evitó establecer una relación entre los movimientos navales y la llegada de migrantes.

Según la información publicada por El País, España desplegó el buque de acción marítima Rayo y las fragatas Santa María y Navarra para reforzar la vigilancia de la zona. Iustitia Europa pidió posteriormente que se investigara qué unidades intervinieron, qué autoridades españolas conocieron los movimientos y qué decisiones se adoptaron.

En su auto, Tardón reconoce que tanto el presidente como miembros del Gobierno admitieron públicamente la existencia de incursiones, aunque sin ofrecer todos los detalles. Esa circunstancia justifica, a su juicio, comprobar los hechos, pero no permite dar por acreditado que los movimientos de la Armada marroquí formaran parte de la organización de la entrada masiva de migrantes.

El Tribunal Constitucional ha rechazado por diez votos frente a dos el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo para restituir el derecho al voto de 163.020 españoles nacionalizados por la conocida como ‘ley de nietos’. El pleno ha inadmitido la petición de Ángel Gabilondo al considerar que es prematura, puesto que el procedimiento continúa abierto en el Tribunal Supremo, que mantiene suspendido cautelarmente el sufragio de los afectados. La decisión deja sin efecto el intento de que el tribunal de garantías interviniera de urgencia para permitirles votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El recurso de Gabilondo pretendía que el Constitucional adoptara medidas cautelarísimas para dejar sin efecto la suspensión acordada por el Supremo y permitir que los afectados ejercieran su derecho al sufragio en los próximos comicios. El Defensor del Pueblo sostenía que la medida planteaba problemas desde el punto de vista de la igualdad y del derecho de participación política, recogidos en los artículos 14 y 23 de la Constitución.

Uno de los argumentos centrales es que la suspensión afecta a los españoles que residen en el extranjero, inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), mientras que quienes obtuvieron la nacionalidad por la misma vía y viven en España sí pueden votar. Algunos de los afectados ya participaron en las elecciones generales de 2023 y no podrán hacerlo en las del próximo 29 de noviembre si se mantiene la medida cautelar.

Los dos magistrados discrepantes defenderán en sus votos particulares la protección del derecho fundamental al sufragio, restringido en este caso mediante una medida cautelar y sin una intervención específica del legislador. La decisión mayoritaria, por su parte, respalda la tesis del ponente, Enrique Arnaldo, que consideraba que el recurso no cumplía todavía el requisito de subsidiariedad, es decir, que no se habían agotado las vías disponibles ante la jurisdicción ordinaria.

La instrucción de Sofía Puente

El conflicto tiene su origen en la instrucción dictada el 25 de octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, entonces dirigida por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. El documento desarrolló la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que abrió una vía para obtener la nacionalidad española a descendientes de españoles, incluidos los hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas, de creencias o de orientación sexual.

La instrucción introdujo una presunción vinculada a quienes emigraron de España entre 1939 y 1955, que podían ser considerados exiliados políticos. La interpretación de ese criterio y su alcance se encuentran en el centro de la disputa judicial, al cuestionarse si permitió extender el acceso a la nacionalidad a personas que habían emigrado por motivos económicos y no por exilio político.

El Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente el voto de los afectados al considerar necesario preservar la regularidad del censo electoral. La medida afecta a 163.020 personas, según los datos trasladados por el Gobierno, aunque contempla una excepción para quienes acrediten mediante certificación consular que no obtuvieron la nacionalidad a partir de la presunción controvertida.

Tras la decisión del Constitucional, el procedimiento continúa en el Supremo. Los afectados pueden personarse con abogado y procurador y presentar alegaciones dentro del plazo fijado por el Alto Tribunal, aunque la proximidad de las elecciones dificulta que la controversia pueda resolverse antes del 29 de noviembre.

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente Santiago, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la instrucción que aprobó en 2022 para desarrollar la conocida como ‘ley de nietos’. La magistrada Inmaculada Lova Ruiz ha acordado incoar diligencias previas pese a la oposición de la Fiscalía Provincial de Madrid, que solicitó inadmitir la acción judicial al considerar que los mismos hechos ya habían sido examinados y archivados por otro juzgado.

En el auto, al que ha tenido acceso Infobae, la jueza sostiene que los hechos descritos en la querella “hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa” y considera necesario practicar las actuaciones esenciales para determinar su naturaleza y las circunstancias en las que se produjeron. La resolución acuerda expresamente “admitir a trámite la querella” y las cuatro ampliaciones presentadas por Hazte Oír.

La magistrada ha concedido diez días a la ex alto cargo de Justicia y a la asociación querellante para que respondan a los informes de la Fiscalía, que se opone a la apertura de la causa, y ha autorizado que se les facilite documentación procedente del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Una vez recibidos los escritos, la jueza decidirá si continúa con las pesquisas o archiva el procedimiento.

La Fiscalía invoca un archivo firme anterior

El principal obstáculo procesal para la querella es la existencia de una causa previa por los mismos hechos. La Fiscalía sostiene que en 2022 se presentó otra querella contra Sofía Puente ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que terminó archivándola mediante una resolución de sobreseimiento libre firme.

El Ministerio Público considera que existe “identidad subjetiva y objetiva” entre ambos procedimientos y que la firmeza del archivo impide volver a examinar los mismos hechos. Su argumento es que la cuestión no debe reabrirse ni siquiera para valorar de nuevo el fondo de la denuncia, al concurrir la excepción de cosa juzgada.

El antecedente no se limita a aquel archivo. En enero de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid consideró “ajustada a Derecho” la instrucción cuestionada al resolver otro procedimiento relacionado con ella. Los magistrados descartaron entonces que concurriera una “injusticia clara y manifiesta”, uno de los elementos relevantes para apreciar una posible prevaricación administrativa.

La nueva decisión del Juzgado de Instrucción número 35 abre ahora un trámite en el que las partes podrán pronunciarse sobre esos antecedentes. La admisión inicial de la querella no resuelve por sí misma la controversia sobre la cosa juzgada ni anticipa cuál será la decisión definitiva de la magistrada.

La instrucción que amplió los supuestos de acceso a la nacionalidad

El origen de la querella se encuentra en la instrucción de 25 de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente cuando dirigía la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia. El documento desarrollaba la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que abrió una vía para que determinados descendientes de españoles pudieran solicitar la nacionalidad.

Hazte Oír sostiene que Puente carecía de competencias para ampliar mediante una instrucción administrativa los supuestos contemplados en la norma. La organización considera que el criterio adoptado desbordó el marco aprobado por el legislador al facilitar la acreditación de la condición de exiliado y extender determinados supuestos hasta 1955. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y no constituyen hechos declarados probados.

La interpretación de la norma ha adquirido una nueva dimensión tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la aplicación de la ‘ley de nietos’. En sus resoluciones de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo advirtió de que la instrucción “no parece ajustarse, tampoco, al contenido de la propia norma legal que interpreta”.

El Alto Tribunal mantuvo posteriormente la suspensión del derecho de voto para 163.020 personas nacionalizadas, según los datos aportados por el Gobierno, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La medida afecta a sus efectos electorales y censales, no supone la retirada de la nacionalidad española.

Después de 139 días de silencio, Leire Díez ha vuelto a hablar. Lo ha hecho cuando la investigación judicial sobre sus contactos ha situado bajo sospecha las maniobras contra Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En una entrevista emitida este martes en ‘Código 10′, de Cuatro, la exmilitante socialista ha ofrecido su versión de los hechos y ha cargado contra lo que considera una sucesión de acusaciones sin fundamento. “Este sainete ya hace tiempo que ha desbordado toda la capacidad imaginativa”, ha dicho para explicar por qué ha decidido romper su silencio.

La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz trata de esclarecer si Díez y otras personas participaron en una trama para obtener información comprometedora sobre agentes de la Guardia Civil y miembros de la Justicia, con el propósito de desacreditarlos y debilitar investigaciones que podían perjudicar al PSOE. Entre las líneas que examina la Unidad Central Operativa (UCO) figura la presunta campaña contra Biedma, que dirigió el procedimiento contra David Sánchez y acabó procesándolo.

El nombre de la magistrada apareció en las diligencias después de que los investigadores recabaran testimonios sobre posibles seguimientos y contactos con personas vinculadas al narcotráfico de Badajoz. Uno de esos testimonios, el de Cintia Rocho, conocida como “La Celsa” y relacionada con el clan de los Rocho, atribuye al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada comentarios hostiles contra Biedma y la intención de “eliminarla”. Sáenz de Tejada, investigado en la causa, niega haber mantenido esas conversaciones.

La jueza compareció el 8 de octubre ante Pedraz como perjudicada. Durante su declaración relató la angustia que había sentido al conocer distintos episodios que interpretó como intimidatorios, incluidos avisos sobre presuntas visitas al colegio de sus hijas. Biedma aseguró que desconocía si Díez estaba detrás de esos hechos. Días después, denunció ante la Policía un nuevo episodio que ha situado el enfrentamiento en otro terreno: el supuesto seguimiento en coche cuando regresaba a Badajoz.

La denuncia que ha reavivado el caso

Según la denuncia, presentada cinco días después de su declaración en la Audiencia Nacional, Biedma viajaba con sus dos hijas desde el aeropuerto de Talavera la Real hacia su domicilio cuando un coche blanco se colocó en paralelo al suyo. Una de las menores identificó al conductor como Sáenz de Tejada. La magistrada manifestó su temor a que alguien hubiera instalado un dispositivo de localización en su vehículo y denunció también amenazas en redes sociales y otros episodios que, a su juicio, ponían en riesgo su seguridad y la de su familia. Interior le asignó escolta.

Sáenz de Tejada ha negado haberla seguido. El lunes 19 de octubre aseguró que aquel día se encontraba en Uceda (Guadalajara), a unos 450 kilómetros de Badajoz, y que dispone de registros para acreditar dónde estaba. Ha sostenido que la denuncia es falsa y ha cuestionado las conclusiones de la UCO sobre su supuesta participación en las maniobras contra la jueza.

Díez ha respaldado esa versión durante la entrevista. “Si yo me entero de que un coche se ha puesto en paralelo al mío viniendo del aeropuerto y mi hija me dice que ha visto a Luis Sáenz de Tejada, lo primero que hago es ir a la comisaría. No espero cinco días más tarde hacerlo”, ha afirmado. También ha insistido en que la geolocalización del exmagistrado lo situaba lejos de Badajoz. “Que se asegure que se ha visto a Luis Sáenz de Tejada cuando Luis Sáenz de Tejada está a cuatrocientos cincuenta kilómetros geolocalizado...”, ha añadido.

La exmilitante socialista ha llegado a acusar a Biedma de mentir deliberadamente. “Esta señora es jueza, tiene que tener algo más que un instinto para acusar de según qué circunstancias”, ha dicho. Y ha resumido su posición con una frase: “Quien ha redactado este guion se le ha ido de las manos”.

La denuncia de la magistrada y la versión del exjuez siguen enfrentadas. Los datos de localización que invoca Sáenz de Tejada forman parte de su defensa, pero no constituyen por sí solos una resolución judicial sobre lo ocurrido. La investigación deberá contrastar las circunstancias del episodio y determinar si guarda relación con las maniobras que se examinan en la Audiencia Nacional. Díez, por su parte, ha querido dejar claro que condena cualquier hostigamiento a Biedma y a sus hijas. “Me parece mal, peor, condenable, despreciable, que nadie acose a nadie, e infinitamente menos a los menores”, ha afirmado. “Si todo eso ha sucedido, mi más rotunda condena”, ha sentenciado.

Las agendas y la referencia a “La Celsa”

El supuesto seguimiento no es el único elemento que ha alimentado las sospechas sobre una posible actuación contra Biedma. La UCO ha relacionado una anotación encontrada en una agenda incautada a Díez con los contactos que investiga en Badajoz. La nota, fechada el 25 de marzo de 2025, recoge las expresiones “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”.

Los investigadores vinculan la referencia a “La Celsa” con Cintia Rocho. Según el testimonio que esta prestó, Sáenz de Tejada habría contactado con ella y se habría referido a Biedma como “un puto grano en el culo”, para después plantear que había que “eliminarla”. El exmagistrado niega esa conversación. La UCO examina si los contactos y las anotaciones responden a un intento de obtener información sobre la jueza o de intimidarla.

Díez ha rechazado que sus apuntes permitan extraer esa conclusión. “La anotación pone jueza Badajoz, no pone jueza Biedma. Debe ser que en Badajoz solo está esta jueza”, ha replicado en el programa de Cuatro. También ha negado conocer a Rocho y ha advertido de que no se puede interpretar cada apunte de sus agendas como una instrucción o una prueba de actuación. “Como periodista he apuntado muchas cosas y eso no significa absolutamente nada”, ha señalado.

La exmilitante socialista ha denunciado, además, el daño que le causa que se la vincule con un clan de narcotraficantes. “Imagínate a las mías, que alguien me vincule con un clan de narcotráfico cuando nada de todo esto es verdad”, ha dicho en referencia a sus hijas. La investigación, sin embargo, no se limita a esa anotación: también incluye testimonios sobre contactos y supuestos seguimientos, cuyo alcance deberá determinar el juez.

El encuentro con Sáenz de Tejada

En la entrevista, Díez ha explicado también por qué se reunió con el exmagistrado. Según su versión, fue el empresario Joaquín Parra quien propició el encuentro para que les facilitara información sobre la situación judicial en Badajoz. “Me reúno con él para que me cuente lo que tenía que contarme. ¿Para qué nos reunimos los periodistas con la gente? Para que nos cuenten cosas", ha argumentado.

Díez ha reprochado a la UCO que no haya recogido correctamente el origen de esa reunión. “Quien nos propone conocer a Sáenz de Tejada es el juez Joaquín Parra”, ha afirmado. Según su relato, el interés inicial no se centraba específicamente en Biedma, sino en conocer qué estaba ocurriendo en los juzgados de la ciudad.

La exmilitante socialista ha acusado a Parra de intentar distanciarse de la causa a costa de implicar a otras personas. “Está intentando salir de la causa metiéndonos a los demás”, ha asegurado. El empresario, por su parte, ha sostenido que no escuchó ninguna propuesta para agredir físicamente a la magistrada, aunque declaró que tuvo conocimiento, a través de un tercero, de que había sido objeto de seguimientos.

La investigación deberá aclarar qué se habló en aquellos encuentros y si los contactos respondían a una búsqueda de información o formaban parte de las maniobras que examina la Audiencia Nacional. Las versiones de los implicados son contradictorias y ninguna de ellas resuelve por sí sola los hechos.

La entrevista ha incluido asimismo una referencia al correo filtrado relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. “Yo en las casualidades no creo, en las causalidades muchísimo”, ha afirmado Díez, sin desarrollar en ese fragmento una acusación concreta sobre el origen o la finalidad de la filtración.

Después de meses sin pronunciarse, Díez ha decidido ofrecer su relato de los hechos y cuestionar el de quienes la señalan. La causa deberá determinar si las anotaciones, los contactos y los testimonios reunidos por la Guardia Civil permiten acreditar una actuación coordinada contra Biedma. Por ahora, la exmilitante socialista niega haber participado en ella y el supuesto seguimiento continúa pendiente de esclarecimiento judicial.