La Seguridad del Estado amenazó con enviar a prisión y mantener bajo arresto domiciliario al comunicador Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, si continúa trabajando para ese medio independiente, según denunció el periodista tras comparecer este martes ante agentes policiales en La Habana.

Bonne Gamboa relató, en un audio enviado directamente a CubaNet, que los funcionarios vincularon las amenazas con su decisión de continuar ejerciendo el periodismo independiente. “Yo les dije que no iba a salir de CubaNet y me respondieron que eso era mercenarismo y que estaba cometiendo un delito gravísimo”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, publicado por Cubanet, los agentes le mencionaron una posible condena de entre dos y diez años de prisión por un supuesto delito relacionado con la “propaganda contra el orden constitucional”. También le comunicaron que recibiría una nueva notificación en su domicilio y que posteriormente sería citado oficialmente a otra unidad policial. El propósito, según Bonne Gamboa, sería mantenerlo confinado en su vivienda.

“Me dijeron que me fuera buscando a alguien que me hiciera mis mandados y mis cosas porque de mi casa no iba a poder salir”, contó el comunicador.

El interrogatorio tuvo lugar en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Aguilera, en el municipio habanero de Diez de Octubre. La citación, entregada por el Ministerio del Interior (MININT), indicaba que debía presentarse el 20 de octubre a las 9:00 de la mañana, con el objetivo de participar en una “entrevista”. El documento advertía que no asistir podía constituir un delito de desobediencia o derivar en una multa de entre 100 y 300 cuotas.

Bonne Gamboa explicó que durante la comparecencia participaron un agente identificado como “Rodrigo”, un hombre presentado como psicólogo y un funcionario uniformado cuya identidad no pudo reconocer. Según su relato, los funcionarios le mostraron varios documentos, aunque él no firmó ninguno.

La víspera, el comunicador había denunciado en Facebook que “Rodrigo” intentó citarlo primero mediante una llamada telefónica y luego acudió a su vivienda. Bonne Gamboa rechazó las convocatorias verbales y exigió una citación formal. Finalmente, el agente regresó con el documento oficial.

Antes de dirigirse a la estación policial, alrededor de las 8:30, el periodista publicó un video en el que anunció que asistiría a un “interrogatorio, no entrevista”, y pidió a sus seguidores y a CubaNet que permanecieran atentos. También responsabilizó a la Seguridad del Estado y al Gobierno cubano por cualquier situación que pudiera ocurrirle.

En una segunda grabación, realizada a las 9:16, explicó que se había retrasado debido a problemas con el transporte. “No estoy cometiendo ningún delito, ni soy ningún delincuente”, sostuvo. Antes de ingresar a la unidad, pidió a sus seguidores que denunciaran el caso si era detenido.

El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alerta sobre la situación del comunicador, formado como instructor de arte, y llamó a proteger su integridad física y su libertad.

Tras abandonar la estación, Bonne Gamboa informó en Facebook que se encontraba libre y describió la comparecencia como un interrogatorio marcado por amenazas y un apagón en la zona. En el audio enviado a CubaNet, señaló además que se encontraba físicamente indispuesto y que la falta de electricidad y de conexión a internet dificultaba el envío de sus materiales periodísticos.

La advertencia de la Seguridad del Estado no coincide, según la información publicada por CubaNet, con las penas previstas en el artículo 124 de la Ley 151/2022, Código Penal. Esa norma establece sanciones de tres a ocho años de prisión por el delito de “propaganda contra el orden constitucional” y eleva la pena de cuatro a diez años cuando se emplean redes sociales u otros medios de comunicación para cometerlo.

El Centro de Información Legal Cubalex advirtió que la amplitud de ese delito permite perseguir expresiones críticas y publicaciones en redes sociales. El hostigamiento contra Bonne Gamboa también había sido mencionado en informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que los subsidios a los combustibles podrían llegar a RD$ 40,000 millones (USD 650,968.400) al finalizar 2026, dentro de una política destinada a contener el traslado de los aumentos internacionales a los precios internos.

Durante el espacio denominado La Agenda Semanal, el mandatario señaló que el Gobierno también proyecta un subsidio eléctrico de RD$ 100,000 millones (USD 1,627,421,000) este año.

La cifra supone un incremento de RD$ 14,000 millones (USD 227,838,940) frente a la previsión anterior, situada en RD$ 86,000 millones (USD 1,399,582,060), según informó Listín Diario.

Abinader sostuvo que su administración aplicó ajustes y ahorros desde el inicio del año para respetar las metas fiscales previstas. Esos recursos, explicó, permitieron financiar ayudas para los combustibles, la energía eléctrica, los fertilizantes y el trigo.

El presidente indicó que el objetivo es evitar que el costo de esos productos recaiga de forma completa sobre los hogares y las actividades productivas. “Son subsidios coyunturales”, expresó Abinader, al diferenciar estas medidas de los programas permanentes de asistencia estatal.

El jefe de Estado clasificó los subsidios oficiales en dos grupos. El primero comprende programas dirigidos a alimentos, electricidad, gas y familias que tienen niños con discapacidades. El segundo reúne medidas temporales para amortiguar los efectos de conflictos internacionales sobre la economía local.

Dentro de esa segunda categoría figuran las compensaciones a combustibles y fertilizantes. Abinader afirmó que el Estado interviene cuando las variaciones de las materias primas amenazan con afectar la inflación, los ingresos de la población y los indicadores de pobreza.

El presidente también se refirió a los recursos destinados al sector agropecuario. De acuerdo con los datos publicados por Listín Diario, el Gobierno invirtió RD$ 2,200 millones (USD 35,743,298.14) en financiamiento directo para productores, ante el encarecimiento de la urea, uno de los componentes principales de los fertilizantes.

Abinader estimó que, sin esa intervención, el precio de los fertilizantes habría aumentado entre 30% y 40% en determinados momentos. A su juicio, esa suba habría limitado el acceso de pequeños productores a esos insumos, reducido la siembra y presionado al alza los precios de los alimentos.

Las tarifas eléctricas no cambiaron desde 2022, según Energía y Minas

En la misma actividad, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que las tarifas eléctricas en el país no registran modificaciones desde 2022. El funcionario atribuyó los aumentos que algunos usuarios perciben en sus facturas a un mayor nivel de consumo y al cambio de tramo dentro de la estructura tarifaria.

Santos explicó que los clientes que consumen entre cero y 200 kilovatios pagan una tarifa de RD$ 6.90 (USD 0.11 dólares). Cuando el consumo llega hasta los 300 kilovatios, el valor asciende a RD$ 8.59 (USD 0.14) por kilovatio.

Para los usuarios ubicados entre 300 y 700 kilovatios, la tarifa indicada es de RD$ 12,89 por kilovatio. Si el consumo supera los 700 kilovatios, el costo pasa a RD$ 13.09 (USD 0.21 dólares), sin un sistema escalonado para el excedente, explicó el ministro.

El funcionario precisó que las tarifas pueden variar entre las empresas distribuidoras de electricidad, aunque señaló que los valores son similares. La explicación oficial se produjo mientras el Gobierno proyecta destinar RD$ 100,000 millones (USD 1,624,695,370) al subsidio eléctrico durante 2026.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un nuevo paso en la organización de las Elecciones 2027 al realizar la distribución de cargos y el sorteo de la quinta posición para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM).

El procedimiento definió la asignación de responsabilidades dentro de estos organismos, piezas clave para la administración electoral en los territorios durante el próximo proceso nacional.

La jornada contó con la presencia de representantes de la Fiscalía Electoral, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Junta de Vigilancia Electoral y los partidos políticos.

También participaron personal técnico y operativo del Tribunal, medios de comunicación y generadores de contenido, en un acto cuyos resultados fueron expuestos públicamente ante quienes asistieron.

La magistrada presidenta, Roxana Soriano, señaló que la divulgación de estos mecanismos contribuye a fortalecer la confianza pública. “La democracia se fortalece cuando la ciudadanía puede conocer cómo se toman las decisiones que hacen posible un proceso electoral”, afirmó. Según la funcionaria, cada fase de la preparación electoral implica una responsabilidad institucional con el derecho de la población a participar y decidir mediante el voto.

El TSE indicó que el acto se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Estas disposiciones establecen que las JED y JEM pueden tener hasta cinco integrantes propietarios, junto con sus respectivos suplentes. Cuatro cargos son asignados a partir de las propuestas de los partidos contendientes que obtuvieron mayor votación en la última elección legislativa; la quinta posición, en cambio, se determina por sorteo entre las alternativas contempladas en la normativa.

Las posiciones de derecho propio (por haber obtenido la votación más alta en las elecciones legislativas de 2024) fueron otorgadas a Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN.

En tanto, participaron en el sorteo Fraternidad Patriota Salvadoreña, Fuerza Solidaria, GANA, PDC y VAMOS. Para definir el orden de extracción, la Secretaría General mezcló cinco sobres sellados, cada uno identificado con un número del uno al cinco, que determinaron el turno de cada representante para tomar una esfera.

Después, el mecanismo relacionó a las agrupaciones participantes con las claves 5A, 5B, 5C, 5D y 5E. Esas referencias se incorporaron en las matrices de distribución de las juntas departamentales y municipales para establecer los cargos asignados a cada posición.

La metodología contempló que el puesto definido mediante sorteo pudiera asumir la presidencia de una junta o cualquiera de las demás responsabilidades previstas para su integración.

Los resultados fueron proyectados durante la actividad y asentados en un acta que fue firmada por representantes de los institutos políticos, el fiscal electoral, las magistraturas y la Secretaría General del TSE. Con ese documento concluyó formalmente la distribución de cargos y el sorteo.

El Tribunal precisó que en las semanas siguientes podrá efectuar sustituciones o ajustes, de ser necesarios, según las propuestas disponibles y la inscripción definitiva de los contendientes.

Soriano sostuvo que completar cada etapa supone una responsabilidad con la democracia y el derecho ciudadano al sufragio. El desarrollo de este acto, añadió el comunicado, reafirma el compromiso de la autoridad electoral con la aplicación de la ley y la transparencia. La integración de las JED y JEM continuará con las actuaciones administrativas que correspondan antes de los comicios programados para febrero de 2027.