El PSOE ha dejado pasar el plazo de 48 horas que le dio el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para entregarle la información sobre los abogados, despachos y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025. Ferraz no ha aportado la documentación reclamada dentro del plazo, pero sí ha remitido un escrito al magistrado en el que pide que tenga en cuenta el secreto profesional y la confidencialidad entre abogados y clientes antes de facilitarla. La formación solicita más tiempo y plantea distintas fórmulas para responder al requerimiento sin revelar información protegida. “Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados”, ha explicado este jueves la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, en una entrevista en la Cadena SER.

La dirigente ha defendido que el PSOE no puede entregar sin más la relación de profesionales y los expedientes solicitados por el instructor. En el escrito, presentado por el coordinador de la Asesoría Jurídica del partido, Alberto Cachinero Capitán, y al que ha tenido acceso Infobae, Ferraz sostiene que la identificación de los abogados y el objeto de sus encargos podría revelar asuntos encomendados a los letrados, estrategias de defensa y datos de terceros, entre ellos cargos orgánicos, representantes públicos y militantes. Para ilustrar su argumento, Torró ha comparado la petición judicial con una hipotética solicitud de historiales médicos. “Es como si al director de un centro de salud se le pide todos los expedientes de sus pacientes. No lo puede entregar porque estaría vulnerando el secreto profesional entre el médico y el paciente”, ha señalado.

Torró ha recordado que el pasado mayo el Consejo General de la Abogacía Española difundió una circular en la que, según ha expuesto, se subrayaba que “esa confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada y es un derecho fundamental”. El partido ha solicitado amparo a esta institución para que se pronuncie sobre la protección de la información reclamada y establezca criterios sobre cómo proceder. En su escrito a Pedraz, Ferraz explica que el pasado 20 de octubre remitió un burofax al Consejo para pedirle una respuesta urgente y que está a la espera de sus indicaciones sobre “cómo hacer” para atender la petición judicial sin vulnerar derechos de los profesionales.

La secretaria de Organización ha precisado, además, que el PSOE “no siempre” es el cliente de los abogados cuyos contratos reclama Pedraz, ya que en algunos asuntos lo son “directamente los militantes”. El partido sostiene que no dispone de autorizaciones individuales de todos los letrados y, cuando corresponde, de los clientes afectados, por lo que considera que no puede facilitar de forma indiscriminada los datos requeridos.

Ferraz propone, como alternativa, entregar primero información económica agregada y anonimizada, con importes, periodos y unidades de contratación, pero sin identificar a los profesionales ni revelar el objeto de los asesoramientos. También plantea que, si el juez considera imprescindible acceder a determinados contratos o expedientes, lo haga mediante una decisión individualizada y motivada, vinculada a los hechos investigados, en una pieza separada y reservada y con la participación de un representante de la Abogacía que vele por la protección de la información.

La respuesta de Ferraz llega después de que el magistrado reiterase el requerimiento el pasado 20 de octubre, al constatar que no había recibido contestación a la primera petición, cursada el día 6 y comunicada al partido el 7 a través de la UCO. Pedraz concedió entonces al PSOE 48 horas para aportar la información, un plazo que expiraba este jueves.

En sus alegaciones, el partido argumenta que la solicitud inicial no fijaba un plazo concreto y que entre su recepción y el nuevo requerimiento transcurrieron siete días hábiles. También justifica las dificultades para recopilar cinco años de documentación de los órganos centrales y territoriales, al asegurar que los expedientes no están centralizados y deben recabarse de las distintas federaciones. La formación alude, además, a las limitaciones de su asesoría jurídica durante la campaña electoral y a la presencia de información de terceros.

Ferraz asegura que el 19 de octubre ya comunicó a la UCO que estaba reuniendo los registros y niega que su intención sea obstaculizar la investigación. El escrito sostiene que el partido no pretende “ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado por ese Tribunal”, sino encontrar una fórmula que permita atender la petición judicial con las debidas garantías.

El juez reclama más que una relación de letrados

Pedraz no se ha limitado a pedir los nombres de los profesionales que han trabajado para el PSOE. El requerimiento incluye una relación completa de los letrados, despachos de abogacía y consultoras contratados entre 2021 y 2025 por cualquiera de los órganos centrales o territoriales de la formación, así como la documentación que permitió autorizar esas contrataciones. Entre los documentos solicitados figuran los contratos y las notas de encargo, además de los expedientes y justificantes relativos a los servicios prestados. La diligencia pretende arrojar luz sobre determinadas contrataciones profesionales y los pagos que aparecen bajo sospecha en la causa.

Torró ha defendido que los contratos requeridos responden a servicios “ordinarios” y ha vuelto a negar cualquier implicación del PSOE en la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez. “Se hicieron dos contratos de servicios jurídicos y ya está, no hay más”, ha afirmado. La dirigente también ha asegurado que el partido “no tiene constancia” de que se realizaran pagos a la supuesta trama a través de abogados contratados por la formación.

La secretaria de Organización ha reconocido que los jueces deben indagar sobre los hechos, pero ha pedido que la investigación se dirija hacia quienes formaron parte del partido en el pasado, entre ellos el exsecretario de Organización Santos Cerdán, al insistir en que el PSOE como organización no está implicado.

La dirigente ha negado asimismo que se haya hecho nada “en nombre del PSOE” contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. También ha explicado que el partido aún no se ha querellado contra Leire Díez porque considera que la investigación debe avanzar y que los informes de la UCO contienen “tesis” e “hipótesis que no tienen por qué ser verdad”.

Los contratos bajo sospecha en el ‘caso Leire Díez’

La petición de Pedraz se enmarca en la investigación sobre las presuntas maniobras atribuidas a Leire Díez y el posible uso de contrataciones profesionales para canalizar pagos. La UCO ha puesto el foco en varios encargos a despachos de abogados y una consultora que, según la hipótesis de los investigadores, podrían haber servido para encubrir fondos del PSOE destinados a sufragar actividades de la exmilitante.

Entre los profesionales que aparecen en las actuaciones figuran Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, y Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán, también investigado. Los investigadores examinan las notas de encargo y determinados pagos relacionados con esos servicios para determinar si respondían a trabajos reales o si pudieron utilizarse como cobertura de otras operaciones.

La UCO ha señalado, entre otros extremos, pagos por valor de 53.000 euros al despacho de Teijelo que no constarían en la documentación aportada por el PSOE. El partido, por su parte, sostiene que las facturas cuestionadas no fueron abonadas y defiende que sus contrataciones respondían a servicios jurídicos ordinarios.

El nuevo requerimiento busca ampliar la información sobre el conjunto de profesionales contratados por la formación durante esos años, no únicamente sobre los nombres que ya aparecen en las pesquisas.

Inmaculada Lova Ruiz ha decidido abrir una nueva vía judicial en torno a la instrucción de la ‘ley de nietos’. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente Santiago por presunta prevaricación administrativa, pese a que la Fiscalía se opuso al considerar que los hechos ya habían sido examinados por los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en 2024 el archivo de una querella anterior sobre la misma actuación.

La decisión ha devuelto a la actualidad el nombre de una magistrada cuya trayectoria pública se conoce, sobre todo, a través de los procedimientos que ha instruido. Pero antes de llegar a los juzgados penales de Madrid, Lova Ruiz desarrolló buena parte de su carrera en la jurisdicción social, una etapa que quedó interrumpida en 2006.

Entonces era titular del Juzgado de lo Social número 4 de Valencia. En febrero de aquel año, el Boletín Oficial del Estado publicó el real decreto que formalizaba su jubilación forzosa por incapacidad permanente para ejercer funciones judiciales, acordada por el Consejo General del Poder Judicial. El documento acredita la decisión administrativa, pero no detalla las circunstancias médicas que la motivaron.

Su salida de la carrera judicial no fue definitiva. En 2012, seis años después, el CGPJ acordó su rehabilitación tras considerar acreditada la desaparición de la causa que había motivado la jubilación y su aptitud para regresar al servicio activo. La magistrada volvió entonces a los tribunales, primero en el Juzgado de lo Social número 3 de Granollers y posteriormente en Guadalajara. Fue una vuelta progresiva a la actividad judicial antes de dar el salto a la jurisdicción penal.

El cambio de destino la llevó a Madrid, donde estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 17. En noviembre de 2020 se formalizó su traslado al número 35, cuya titularidad asumió el 15 de diciembre de ese año. Allí comenzó una etapa profesional en la que sus resoluciones la situaron en asuntos con repercusión pública, desde investigaciones económicas hasta denuncias relacionadas con instituciones y cargos políticos.

Uno de los casos más conocidos fue la investigación por presunto fraude fiscal de Carlo Ancelotti durante su primera etapa como entrenador del Real Madrid. El procedimiento examinó la tributación de los ingresos del técnico italiano por sus derechos de imagen y desembocó en la apertura de juicio oral por el ejercicio fiscal de 2014. La causa tuvo un recorrido procesal más complejo respecto a 2015, con decisiones que fueron revisadas en instancias superiores. El expediente situó a la magistrada en una investigación de gran repercusión mediática, aunque su desenlace debe analizarse a partir de las resoluciones dictadas durante todo el procedimiento.

Años después, otra de sus decisiones adquirió relevancia política. En 2025 archivó la denuncia del Senado contra Patricia Úriz, expareja de Koldo García, por no comparecer ante una comisión de investigación. La jueza fundamentó el archivo en que la citación no se había notificado personalmente. El asunto había generado interés por los vínculos de Úriz con el entorno de Koldo García, pero la decisión se centró en una cuestión procesal concreta.

Estos procedimientos permiten reconstruir parte de la actividad de Lova Ruiz, aunque no bastan por sí solos para atribuirle una determinada orientación judicial. Cada causa tiene sus circunstancias y sus recursos, y una decisión de archivo o de admisión no equivale a un pronunciamiento definitivo sobre los hechos investigados.

La querella contra Sofía Puente añade ahora un nuevo capítulo a ese recorrido. Hazte Oír cuestiona la instrucción que la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública firmó en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que regula el acceso a la nacionalidad española de determinados descendientes de españoles. La asociación sostiene que la interpretación administrativa amplió indebidamente los supuestos previstos en la norma.

La Fiscalía pidió que la nueva querella no fuera admitida, al considerar que los hechos ya habían sido examinados judicialmente. Lova Ruiz ha optado por abrir diligencias previas para esclarecerlos. En el auto, fechado el 19 de octubre, considera que los hechos denunciados presentan características que podrían apuntar a un delito de prevaricación administrativa.

La decisión coloca de nuevo a la magistrada en el centro de un procedimiento de repercusión política. Su trayectoria, sin embargo, no se reduce a este caso ni a los asuntos que han ocupado titulares: empezó en la jurisdicción social, quedó interrumpida durante seis años y continuó después en distintos juzgados hasta llegar a Madrid. Es ese recorrido, más que una sucesión de causas aisladas, el que permite situar a la jueza que ahora debe decidir si la instrucción de la ‘ley de nietos’ merece una investigación penal.