La guerra con drones está dejando de depender exclusivamente de aeronaves que despegan desde tierra firme. Australia está explorando una nueva vía al incorporar capacidades de lanzamiento de drones a sus submarinos autónomos Ghost Shark, una plataforma diseñada para operar bajo el agua sin tripulación. La iniciativa combina robótica submarina, vigilancia y armamento, y refleja cómo las fuerzas armadas buscan ampliar el alcance de sus operaciones reduciendo la exposición de sus efectivos.

El proyecto ha dado un paso importante con la presentación de nuevas funciones que hasta ahora no se habían hecho públicas. Según anunció el ministro australiano de Industria de Defensa, Pat Conroy, desde el 19 de octubre, los vehículos pueden transportar minas navales, desplegar drones aéreos y dejar suministros en puntos submarinos para recuperarlos más adelante. Estas opciones convierten al Ghost Shark en algo más que un vehículo de exploración: una plataforma capaz de apoyar diferentes tipos de misiones en zonas marítimas potencialmente peligrosas.

El futuro de los drones también se encuentra bajo el agua

Entre las capacidades más relevantes está la posibilidad de liberar hasta doce minas durante una misión. A ello se suma el empleo de municiones merodeadoras Altius, desarrolladas por la compañía estadounidense Anduril, que pueden lanzarse desde el entorno submarino para realizar labores de reconocimiento o atacar objetivos. Las autoridades no han detallado cuántos de estos drones llevará cada Ghost Shark, pero su integración introduce un concepto muy interesante: utilizar un vehículo autónomo como medio de transporte y despliegue de otros sistemas no tripulados.

Esta combinación de tecnologías puede cambiar la forma en que se planifican determinadas operaciones. Mientras el submarino se desplaza discretamente, los drones aéreos pueden ampliar la capacidad de observación y actuar en áreas alejadas del punto de lanzamiento. La cooperación entre plataformas también plantea nuevos retos tecnológicos, desde la comunicación y la coordinación hasta la gestión de sensores y sistemas de control en condiciones operativas exigentes.

• El Reino Unido impulsa un colosal submarino autónomo de 21 toneladas para dominar la guerra naval

El Ghost Shark está siendo fabricado en Sídney gracias a un contrato valorado en 1.700 millones de dólares australianos con Anduril. Una de las ventajas del diseño es su flexibilidad logística: puede desplegarse desde contenedores situados en instalaciones portuarias o utilizar embarcaciones de dimensiones relativamente reducidas. Australia ya cuenta con la primera unidad de producción y está aumentando el ritmo de fabricación, después de pasar del desarrollo inicial a la producción en serie en aproximadamente tres años. Más de cuarenta empresas nacionales participan en la cadena de suministro.

Además de las funciones ofensivas, el submarino permite guardar equipos y materiales bajo el agua para que otras unidades los recojan posteriormente. Esta capacidad puede ser muy interesante para ciertas misiones en las que mantener las rutas de suministro ocultas y reducir los desplazamientos de personal resulta imprescindible. Anduril también contempla futuras versiones con torpedos ligeros y pesados, aunque estas capacidades forman parte de sus planes de desarrollo.

El programa se integra en una estrategia de defensa respaldada por una inversión de 5.800 millones de dólares australianos en guerra submarina autónoma durante la próxima década. Australia también está desarrollando sistemas para detectar submarinos mediante embarcaciones de superficie no tripuladas BluetBottle, que utilizarán un sonar remolcado para identificar amenazas sumergidas. Estas tecnologías se mostrarán durante el ejercicio Maritime Big Play Pacific, en San Diego, con participación australiana, estadounidense y británica.

Los cinco grupos interesados en la compra de Tubos Reunidos comenzarán a reunirse con los sindicatos a partir de la próxima semana para exponerles sus planes respecto de la empresa. De momento, lo que ha trascendido es que tres de las ofertas incluyen los centros de Amurrio y de Trápaga, pero todas ellas suponen reducción de plantilla y modificaciones de las condiciones laborales. El administrador concursal se ha reunido este miércoles con los diferentes comités de las plantas y les ha trasladado que este mes de octubre cobrarán las nóminas, pese a la tensa situación de liquidez de la empresa, pero que habrá que ver “día a día” hasta cuando pueden garantizarse el abono de los salarios. De hecho, aunque la empresa dice que ha habido una mejora de la entrada de pedidos en octubre, vinculada principalmente al mercado estadounidense, han trasladado a los sindicatos que la falta de financiación limita incluso la capacidad de fabricar los pedidos captados. Es decir, este mes hay caja, el que viene, ya se verá.

Los sindicatos no han recibido de momento muchas novedades respecto a lo que se conoció de las ofertas el pasado 16 de octubre, y nada que les adelante los recortes que plantean cada una de las empresas interesadas. De momento, tendrán que esperar a si los posibles compradores quieren concretar más sus propuestas en los encuentros que mantengan con la parte sindical. Sólo se sabe que todos contemplan recortes de plantilla. Lo que no se comunicó nada el pasado viernes, y sigue sin conocerse a día de hoy, es lo que plantean los potenciales compradores para solucionar la deuda que supera los 300 millones de euros, y cuya parte más abultada corresponde a la SEPI.

Precisamente el sindicato ELA ha señalado a través de un comunicado que ELA la SEPI debe ser parte de la solución, “buscando y desarrollando alternativas, para que las plantas de Tubos Reunidos, tengan viabilidad”. “La capitalización de la deuda de la SEPI en acciones, es y debe ser una posibilidad encima de la mesa, en la que las distintas instituciones deben de ser parte activa. Esta es una opción que se recogió en el contrato entre la SEPI y Tubos Reunidos para la realización del préstamo, y que fue ratificado por el Consejo de Ministros”, han señalado. En su opinión la empresa “no tendrá futuro alguno sin la implicación de la SEPI”, aunque “eso no supone ni mucho menos renunciar a la recuperación del dinero público que se puso a disposición de la dirección de la compañía, pero, si la empresa se liquida y no tiene viabilidad, los millones prestados por la SEPI se perderán irremediablemente”.

ELA considera además que el concurso al que se enfrenta la compañía “debe de determinar la culpabilidad de la dirección”. “La realidad es incuestionable. Tubos Reunidos no tendría problemas de viabilidad si la dirección no la hubiera endeudado ilegítimamente para repartirse 170 millones de euros a base de endeudar la empresa. Determinar la culpa de la dirección de Tubos Reunidos posibilitaría recuperar ese dinero y pagar con él las deudas del grupo, y, con ello, garantizar la viabilidad de la empresa”, han señalado. “Las próximas semanas serán claves para determinar el futuro de Tubos Reunidos. ELA va a trabajar para garantizar el futuro de las plantas de Amurrio, Trapagaran e Iruña de Oka”, han indicado desde el sindicato, llamado la atención sobre “el silencio respecto del futuro de esta última planta que emplea a alrededor de 60 personas”.

Por su parte, desde LAB han insistido en que deben conocer primero “qué proyecto industrial se plantea y después analizar qué medidas necesita y por qué. El sindicato no va a dar por buenos los recortes porque aparezcan en una oferta”, han advertido. “Si cualquiera de las ofertas presenta recortes, tendrá que explicar por qué, aportar datos y aclarar qué otras opciones ha valorado”. Por otra parte, han exigido al Gobierno vasco que “dé un paso adelante. En febrero dijo que estaba dispuesto a acompañar a inversores privados que garantizaran un proyecto industrial sólido para Tubos Reunidos. Ahora que hay cinco ofertas seleccionadas, es el momento de que concrete ese compromiso y explique qué está dispuesto a hacer para que salga adelante un proyecto con futuro”.

En este sentido han indicado que si el Gobierno vasco u otras instituciones van a poner dinero público o facilitar alguna de las operaciones, “ese apoyo tiene que ir acompañado de compromisos claros con la actividad industrial, el empleo, el futuro de todas las plantas y los y las trabajadoras. No vale poner dinero y dejar después que la plantilla pague las consecuencias. Las garantías tienen que ser concretas y se tiene que poder comprobar que se cumplen”.

Desde ESK han reclamado “medidas urgentes para sostener la actividad y los salarios, y una solución que preserve el conjunto del grupo”. Han destacado que la deuda con la SEPI “constituye otro punto crítico”, por lo que reclaman “al Gobierno central, a la SEPI y al Gobierno vasco una actuación coordinada que facilite la continuidad industrial y proteja el empleo y los recursos públicos”. Por otra parte, han pedido conocer el “soporte documental de las gestiones sobre una posible capitalización de la deuda de la SEPI”. En este sentido han defendido que “se estudien las vías de participación pública que permitan sostener un proyecto industrial viable” y han reclamado que se esclarezca “la gestión y el destino de los fondos públicos recibidos y las responsabilidades que correspondan”.

De las cinco ofertas por Tubos Reunidos, tres incluyen los centros de producción de Amurrio y de Trápaga. Una de ellas realiza su oferta principal por Trápaga, e incluye la oferta conjunta por los dos centros de forma subsidiaria, es decir, si se solventan determinantes condicionantes. La segunda de las ofertas tiene su oferta principal por las dos plantas, mientras que con carácter subsidiario las incluye, pero con la exclusión de inmuebles, con un régimen arrendamiento o régimen similar. La tercera propone como oferta principal la adquisición del 100% acciones y participaciones sociedades bajo la cotizada, es decir, es la oferta más amplia. Las dos ofertas restantes son por el centro de Trápaga, sin oferta subsidiaria.

En cuanto a las ofertas económicas, van desde 1 euro hasta los 27,5 millones de euros: La primera de las ofertas, por todo el perímetro de la empresa, ofrece sólo un euro; la segunda, solo por Trápaga, un millón de euros; la tercera ofrece 100.000 euros por Trápaga como oferta principal, añadiendo las dos a la oferta subsidiaria; la tercera es la más potente, por 27,5 millones de euros, sólo por la planta de Trápaga; mientras que la quinta, por los dos centros de producción, sólo ofrece un euro.