Login
Diputadas eliminan anticoncepción de emergencia para víctimas de violación de un proyecto de ley en Costa Rica
Un grupo de diputadas de Costa Rica aprobó eliminar la anticoncepción de emergencia de un proyecto de ley que busca garantizar atención médica y apoyo a las personas que han sufrido una violación sexual.
La decisión fue tomada durante una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, donde seis legisladoras votaron a favor del cambio y una se manifestó en contra.
El medicamento, conocido popularmente como pastilla del día después, se utiliza para prevenir un embarazo luego de una relación sexual sin protección, incluida una agresión sexual.
La modificación fue respaldada por las diputadas oficialistas Kattia Calvo, Kattia Mora, Ana Ruth Esquivel y Mayuli Ortega, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), así como por Karen Alfaro y Andrea Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La única legisladora que votó en contra fue Vianey Mora, del Frente Amplio, quien cuestionó que se retirara el medicamento de una iniciativa destinada a proteger a las víctimas.
¿Qué estaban cambiando las diputadas?
El proyecto, identificado con el expediente 23.633, pretende convertir en ley el llamado Protocolo de las 72 Horas.
Este protocolo establece cómo deben actuar las autoridades para atender a una persona durante las primeras horas después de sufrir una violación sexual.
Incluye atención médica, apoyo psicológico, medicamentos para prevenir infecciones, protección y recolección de pruebas que puedan utilizarse en una investigación judicial.
La propuesta original también contemplaba entregar anticonceptivos de emergencia cuando la víctima los solicitara, después de recibir información sobre su uso.
Sin embargo, esa parte fue eliminada del nuevo texto aprobado en comisión.
Diputadas quieren exigir una prueba de embarazo
Tras las críticas, Kattia Calvo, presidenta de la Comisión de la Mujer, explicó que las diputadas oficialistas están dispuestas a volver a incluir el medicamento.
No obstante, plantearon una condición: que la víctima se realice una prueba de embarazo antes de recibirlo.
Calvo señaló que la preocupación de su fracción es que una mujer pudiera estar embarazada antes de sufrir la agresión.
“Estamos dispuestas a volver a incluir la pastilla contraceptiva en las mociones que correspondan cuando se retrotraiga a comisión”, afirmó.
La propuesta de exigir una prueba todavía no está aprobada y deberá discutirse durante las siguientes etapas del trámite legislativo.
¿La pastilla del día después provoca un aborto?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que las pastillas anticonceptivas de emergencia no provocan abortos ni interrumpen un embarazo existente.
Su función principal consiste en evitar o retrasar la liberación de un óvulo, con lo que se reduce la posibilidad de un embarazo.
Además, la organización señala que no es necesario realizar una prueba de embarazo antes de administrar estos medicamentos.
La anticoncepción de emergencia puede utilizarse hasta cinco días después de una relación sexual, dependiendo del método, aunque su eficacia suele ser mayor cuanto antes se utilice.
Por esa razón, especialistas han advertido que agregar requisitos innecesarios puede retrasar la atención.
Organizaciones médicas rechazan la decisión
La Fundación Paniamor, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Pediatría cuestionaron la modificación.
Las organizaciones consideran que las personas que sufren violencia sexual necesitan recibir atención rápida y que no deberían enfrentar trámites adicionales sin justificación médica.
También solicitaron que el proyecto vuelva a incluir expresamente la anticoncepción de emergencia, especialmente para proteger a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación.
¿Las víctimas ya no podrán recibir el medicamento?
No. La decisión no elimina el acceso actual a la pastilla del día después.
El medicamento continúa contemplado dentro de los procedimientos médicos vigentes para atender a víctimas de violación sexual.
Lo que hicieron las diputadas fue quitar del proyecto de ley la obligación expresa de garantizarlo.
Esto significa que todavía no existe una prohibición ni una modificación definitiva de la atención que ofrecen los centros de salud.
El proyecto deberá seguir su discusión en la Asamblea Legislativa, donde podría modificarse nuevamente antes de convertirse en ley.
Por ahora, las diputadas oficialistas mantienen su intención de reincorporar el medicamento con una prueba de embarazo previa, mientras organizaciones de salud insisten en que las víctimas deben recibir atención oportuna y sin requisitos que puedan retrasarla.
