El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha acordado dar un plazo de 15 días al PSOE para entregar "sin más demora" la documentación que le había requerido relativa a la contratación de abogados, despachos de letrados y consultores en cualquiera de sus órganos, tanto centrales como territoriales, entre 2021 y 2025.

En una providencia recogida por Europa Press, el instructor de la causa, Santiago Pedraz, reclama a la formación socialista que aporte la información "sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa".

Pedraz pidió la documentación al PSOE el pasado 6 de octubre. Al no obtener respuesta, reiteró su requerimiento hace tres días, dando un plazo de 48 horas para que el partido se lo hiciera llegar.

La formación socialista pidió más margen para reunir la documentación requerida por Pedraz, alegando que había consultado al Consejo General de la Abogacía Española para que se pronunciara sobre si esa información afectaba de alguna manera al secreto profesional.

Ahora, Pedraz indica que cuando el PSOE "entienda concurrente algún supuesto concreto de secreto profesional, identifique de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión".

"Iniciativa unilateral"

El juez acuerda esta diligencia en el marco del caso en la que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Gobierno, que habría sido dirigida por el exdirigente del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

Para el juez, "la presentación por el PSOE de una consulta ante el Consejo General de la Abogacía Española carece de todo efecto suspensivo respecto del requerimiento acordado por este órgano judicial".

"Ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial ni de diferir el cumplimiento de una resolución jurisdiccional firme. El obligado al requerimiento no puede sustraerse a su cumplimiento mediante la promoción de actuaciones extraprocesales de naturaleza corporativa", aduce.

Según Pedraz, "la resolución de 6 de octubre delimitó expresamente el alcance de la obligación de aportar documentación, excluyendo aquella información que pudiera resultar afectada por el secreto profesional".

Además, "la cuestión cuya aclaración dice perseguir la representación del PSOE ya fue objeto de ponderación por este instructor sin que proceda reabrir artificialmente un debate previamente resuelto en sede jurisdiccional", añade.

"La contestación del PSOE no identifica documentos concretos ni extremos determinados respecto de los cuales concurra una efectiva afectación del secreto profesional. Se limita, por el contrario, a sostener una invocación genérica e indiscriminada respecto de la totalidad de la documentación requerida", señala.

La dispersión no es excusa

Para el juez, la contestación del PSOE "no identifica documentos concretos ni extremos determinados respecto de los cuales concurra una efectiva afectación del secreto profesional", sino que se limita "a sostener una invocación genérica e indiscriminada respecto de la totalidad de la documentación requerida".

"Tal planteamiento resulta incompatible con la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que exige una justificación específica, individualizada y verificable de la concreta lesión que pudiera producir la entrega de determinada información", manifiesta.

Aduce Pedraz que el límite se encuentra "en la penetración innecesaria en el contenido material de la relación abogado-cliente: comunicaciones confidenciales, hechos revelados para obtener asesoramiento, estrategia de defensa, consejo jurídico proporcionado, documentos confidenciales o información relativa a otros clientes ajenos a la investigación".

Y rebate otro de los argumentos del PSOE para justificar la tardanza en el envío de la documentación solicitada, esto es, que se encuentra dispersa en distintos órganos territoriales. "Su no centralización o las cargas derivadas de la actividad política del partido constituyen circunstancias internas exclusivamente imputables al propio requerido", subraya.

"Tales razones no pueden prevalecer frente al deber constitucional de colaborar ni justificar el incumplimiento de una resolución judicial", concluye el magistrado.

Acciona Construcción ha remitido al juez que investiga el presunto amaño de contratos de obra pública en el caso Koldo, Ismael Moreno, todas las facturas, por un importe total de 1.957.000 euros, emitidas por Servinabar, presuntamente vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la obra de la ronda de Logroño.

La adjudicación de esta obra a la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras se produjo el 11 de septiembre de 2019.

El juez había solicitado a Acciona que remitiera un pendrive con esas facturas emitidas por Servinabar a la UTE Variante de Logroño, lo que ha hecho la empresa, que en el documento entregado a la Audiencia Nacional cifra en casi 2 millones de euros, IVA, incluido, el importe total de las mismas.

Unos documentos que se han adjuntado a la causa y que incluye, como pedía el magistrado, albaranes y partes de trabajo del personal de Servinabar, con los controles de trabajo y las horas realizadas, entre otros, según la providencia del juez a la que ha tenido acceso EFE.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, el 19 de diciembre de 2018, Acciona Construcción y Servinabar firmaron un memorándum de entendimiento sobre la obra de la ronda sur de Logroño, antes de su adjudicación el 11 de septiembre de 2019.

En concreto, se refería a la obra en la autovía A-68 en el tramo riojano entre Arrúbal y Navarrete.

Este memorándum de entendimiento para "trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio" de la construcción de esta obra en Logroño se suscribió cuatro días después de que se conociera la autorización del Ministerio de Transportes para la licitación.

Según la UCO, en ese documento se denomina a Acciona como contratista y a Servinabar como consultora y se incluía una propuesta de presupuesto en materia de prevención de riesgos laborales por importe de 2,02 millones de euros.

Entre el 4 y 9 de abril de 2019 se produjeron conversaciones entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y entre éste y Cerdán sobre la licitación de esta obra, de las que se desprendía la insistencia del ex secretario de Organización del PSOE para que saliera adelante, según la UCO.

El 22 de ese mes se abrieron las proposiciones económicas y, unos minutos después, Koldo García recibió un mensaje del ex director general de Carreteras del Ministerio de Transportes Javier Herreros con el texto ''Bingo!!! en Logroño", que luego el exasesor de Ábalos comunicó a Cerdán.

La adjudicación de esta obra a la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras se produjo el 11 de septiembre de 2019, por 92,4 millones de euros.

Después, el 22 de octubre de ese año, la UTE Variante Logroño, formada por Acciona y Aquaterra, firmó un contrato de prestación de servicios con Servinabar, que ascendía a 2,02 millones de euros, un importe que supone el 2,19 % del valor total adjudicado por la Dirección General de Carreteras, recalcaba el informe de la UCO.