En los próximos días se realizará el sorteo para determinar a los miembros de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, los ayuntamientos designarán mediante sorteo a quienes serán presidentes y vocales de las mesas y deberán comunicarles su designación en un plazo máximo de tres días.
A partir de ese momento, los elegidos tendrán siete días para presentar alegaciones si no están en condiciones de participar en la jornada electoral. Uno de los motivos para quedar eximido de esta responsabilidad, recogido en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, es encontrarse en situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica.
Por tanto, si estás de baja laboral puedes solicitar quedar eximido de formar parte de una mesa electoral durante el 29N, siempre que acredites debidamente esta situación.
Si el impedimento aparece posteriormente, también puede comunicarse. Cuando falten al menos 72 horas para las elecciones, el ciudadano deberá informar a la Junta Electoral de Zona y presentar la documentación que justifique la imposibilidad de acudir. En situaciones sobrevenidas y de última hora, cuando ya no sea posible cumplir ese plazo, será necesario comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral y, en todo caso, antes de la constitución de la mesa.
Eso sí, la Junta Electoral dispone de un plazo de cinco días para resolver las alegaciones presentadas. Solo la Junta Electoral de Zona tiene la potestad de aceptar o rechazar las excusas para no formar parte de la mesa electoral.
Otros motivos que permiten quedar eximido de una mesa electoral
Ser mayor de 65 años y menor de 70.
Estar en situación de discapacidad.
Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Estar embarazada de seis meses o más o encontrarse en el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor.
Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.
Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años.
Ser víctima de un delito cuando exista una resolución judicial en vigor que imponga al condenado o investigado una prohibición de aproximación y este figure inscrito en alguna de las mesas del mismo colegio electoral.
También debes recordar que no presentarse sin una causa justificada o abandonar las funciones asignadas puede tener consecuencias penales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para presidentes, vocales y suplentes que incumplan determinadas obligaciones relacionadas con el desempeño de estos cargos.
El Ministerio del Interior ha tomado la decisión de retirar las placas de matrícula reservadas que, con fines de seguridad personal y de sus familias, tenían los miembros de la Guardia Civil de las comandancias del País Vasco y Navarra, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se mantienen las que usan los grupos operativos, lo que no resta gravedad a la resolución adoptada. Esta nueva situación coincide con la entrada en la cárcel de dos miembros del movimiento disidente proetarra Jardun, que tenían en su poder información relevante sobre agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los fines por los que habían acumulado los datos sólo los conocen los ahora encarcelados, ya que se negaron a declarar ante el juez, pero resulta preocupante que estuvieran en manos de unos individuos, uno de los cuales fue el encargado de leer el manifiesto del «Gudari Eguna» (Día del Soldado Vasco), que se celebró en una localidad fronteriza francesa al día siguiente de que fueran interceptados por una patrulla de Tráfico de la Ertzaintza que, inexplicablemente, no procedió a su detención para que se pusieran en marcha los protocolos habituales en estos casos, entre ellos el registro de sus domicilios. Además, lo ocurrido el 26 de septiembre se mantuvo oculto a la opinión pública hasta que el Gobierno del PNV-PSE decidió darlos a conocer días pasados.
El manejo de la información que se incautó, fuera por razones políticas u otras, no resta gravedad al asunto, por lo que no se entiende la medida adoptada por el Ministerio del Interior que afecta a la seguridad de los agentes y sus familias.
Las placas reservadas de matrícula es una medida de seguridad destinada a que los individuos, por las razones que sean, quieran controlar los movimientos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco y Navarra. Se trata de algo absolutamente necesario cuando ETA estaba operativa. Es verdad que la banda terrorista ha dejado de matar lo que no significa que su siniestra presencia no se mantenga en las provincias del norte, bien sea con pintadas, homenajes y una omnipresencia de determinados elementos que estuvieron vinculados a su entorno y que ejercen una presión sobre los sectores considerados como españolistas.
Las fuentes que ha consultado este periódico no se explican por qué se ha adoptado esta medida y qué necesidad había de hacerlo ahora. En las dos últimas legislaturas, la opinión pública ha asistido, singularmente las víctimas del terrorismo, al blanqueamiento de ETA y sus crímenes, como si la banda no hubiera existido, tal vez para justificar unos pactos políticos necesarios para el mantenimiento del poder.
Es responsabilidad de quien lo ha hecho que deberá someterse al veredicto de las urnas el 29N, pero retirar una medida de seguridad necesaria no va a contribuir a cambiar una historia que está ahí, para dolor de tantos españoles.
Las placas reservadas de matrícula es una de tantas medidas para evitar que determinados individuos, como al parecer ocurría con los encarcelados de Jardun, pudieran identificar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad.
Al retirar la medida a los vehículos particulares se expone no sólo a los agentes sino también a sus familias, que pueden viajar con ellos para cualquier desplazamiento, como ir al colegio, compras, vacaciones, etcétera.
Se dirá que ya no hay peligro, los últimos acontecimientos parecen indicar lo contrario; en cualquier caso, como medida preventiva no costaba tanto mantenerla porque a ningún agente que trabaje en el País Vasco y a sus familiares les gusta ser identificados por los señalamientos existen con fines claramente intimidatorios.
“Normalización” es una palabra que durante décadas utilizó el entorno de la banda terrorista dentro de su estrategia de poner en el mismo fiel de la balanza a víctimas y verdugos.
Las referidas fuentes señalaron que los agentes no entran en asuntos políticos sino a los que pueden afectar a su seguridad personal y familiar y, sobre todo, al derecho que tiene todo español a disfrutar de una vida tranquila sin tener que poner en marcha medidas suplementarias en lo que afecta a sus vehículos.
Se supone que, al igual que en los vehículos operativos, las placas reservadas se mantienen para su uso en los vehículos oficiales camuflados de instituciones oficiales dado la amenaza terrorista de carácter global que sufre Occidente.
Uno de los programas más ambiciosos de modernización de las Fuerzas Armadas españolas ha quedado temporalmente bloqueado.
Se trata del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), un proyecto valorado en cerca de 2.000 millones de euros que debía renovar una parte importante de los medios acorazados del Ejército de Tierra y sustituir a los veteranos TOA que llevan décadas en servicio.
Según informa El País, el Ministerio de Defensa ha decidido paralizar el inicio del programa después de las diferencias surgidas con el consorcio adjudicatario, Tess Defence, liderado por Indra. La propuesta económica planteada por las empresas habría superado ampliamente las previsiones iniciales del departamento.
El proyecto estaba considerado estratégico por el Ejército de Tierra debido a la antigüedad de muchos de los vehículos que actualmente siguen operativos y que fueron diseñados hace varias décadas.
El blindado llamado a sustituir a los históricos TOA
El objetivo principal del programa VAC era sustituir a los conocidos TOA M-113, vehículos blindados de transporte de tropas que comenzaron a incorporarse hace más de medio siglo y que todavía continúan prestando servicio en numerosas unidades.
Aunque estos vehículos han sido actualizados en varias ocasiones, sus capacidades se encuentran muy alejadas de las exigencias operativas actuales. Por ello, Defensa apostó por una nueva plataforma capaz de ofrecer mayor protección, más movilidad, mejores comunicaciones y una integración completa en los sistemas digitales de combate.
El programa contemplaba distintas versiones especializadas destinadas al transporte de tropas, evacuación sanitaria, apoyo logístico, mando y control o recuperación de vehículos dañados.
No se trataba de una compra menor. Con casi 2.000 millones de euros de presupuesto, el VAC se había convertido en uno de los mayores contratos para la industria militar terrestre española.
Defensa mantiene abiertas las negociaciones
Pese a la paralización, el proyecto no se considera cancelado. Según explica El País, las conversaciones entre el Ministerio de Defensa y el consorcio industrial continúan abiertas y ambas partes siguen trabajando sobre una nueva propuesta presentada durante el pasado mes de septiembre.
Fuentes gubernamentales citadas por el diario aseguran que el objetivo es desbloquear una iniciativa considerada esencial para el futuro de las capacidades terrestres españolas.
El interés de Defensa es evidente. La sustitución de los TOA forma parte de un proceso mucho más amplio que incluye programas como el 8x8 Dragón, nuevos sistemas de defensa aérea y diversos proyectos de digitalización y modernización militar.
Mientras continúan las negociaciones, el futuro del VAC permanece en suspenso. Sin embargo, una cosa parece clara: el Ejército de Tierra necesitará reemplazar tarde o temprano unos vehículos que, pese a su fiabilidad y trayectoria, se acercan al final de su vida operativa.
Pese a que se vaticinaba lo contrario, el Tribunal Constitucional ha inadmitido, por una amplia mayoría, el recurso presentado por el Defensor del Pueblo. Si la credibilidad de Ángel Gabilondo estaba deteriorada, la decisión del Constitucional le ha dado la estocada final.
En las distintas e importantes responsabilidades que ha ostentado, nunca ha sido una característica de Gabilondo un nivel elevado de actividad. Ha sido su sello personal en su etapa como rector, en la de portavoz en la Asamblea y en la actual como defensor del pueblo.
Según las memorias del Tribunal Constitucional, Gabilondo solo ha interpuesto un recurso de amparo en los casi cinco años que lleva al frente de la institución, precisamente contra la decisión del Tribunal Supremo en relación con la denominada Ley de Nietos.
En lo único que se ha mostrado siempre raudo es en atender las peticiones que se le han realizado desde la calle Ferraz. Así fue cuando se le sondeó sobre la disponibilidad para ser candidato a la alcaldía de Madrid en el año 2010, aunque finalmente la decisión de la dirección socialista fue otra.
De igual manera, aceptó, en menos de 24 horas, ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 y fue líder de la oposición hasta que Pedro Sánchez decidió que había que relevarlo y exigió alguna contrapartida. Se consideró que sería útil como defensor del pueblo.
La ironía es que quien invoca la Constitución ha recibido una respuesta basada precisamente en el respeto al procedimiento constitucional. La inadmisión de su recurso lleva a preguntarse si el Defensor del Pueblo está ejerciendo toda su función constitucional o si está concentrando su actuación en una sola dimensión del problema.
La Instrucción de octubre de 2022 estableció una presunción de exilio para los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa interpretación administrativa es una de las cuestiones controvertidas del caso. La segunda pregunta incómoda es ¿qué investigaciones administrativas ha promovido el Defensor para comprobar la aplicación de esa instrucción y las garantías del censo?
No es una cuestión ajena al Defensor del Pueblo, el 12 de diciembre de 2024, Gabilondo dirigió un recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento de Gijón por un error administrativo que había impedido votar a un ciudadano en las elecciones europeas.
Si el Defensor consideró necesario exigir rigor administrativo para proteger el voto de una persona en Gijón, ¿qué grado de supervisión administrativa corresponde cuando están afectados más de 163.000 electores residentes en el extranjero?
Nadie debería olvidar que la memoria de los exiliados merece respeto, pero el censo electoral, además, exige garantías y seguridad jurídica.
La batalla judicial por el derecho al voto de miles de españoles nacionalizados a través de la conocida como ‘ley de nietos’ continúa creciendo. Tres de los afectados por la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo han decidido presentar alegaciones ante el alto tribunal con el respaldo del despacho ILOCAD, liderado por el exjuez Baltasar Garzón.
Según ha informado Europa Press, la defensa considera que la medida adoptada por el Supremo no solo perjudica a los tres recurrentes, sino también a miles de ciudadanos españoles que podrían quedarse sin ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
El despacho ha presentado un escrito en el que solicita acceder de forma completa al procedimiento judicial y que los afectados sean reconocidos formalmente como parte del mismo.
Los abogados sostienen que el tribunal ha acordado una limitación que carece de respaldo legal suficiente y que afecta a un derecho considerado fundamental dentro del sistema democrático español.
La controversia gira en torno a ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, una norma que permitió acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles residentes en el extranjero.
La defensa denuncia la vulneración de tres derechos fundamentales
El despacho de Garzón sostiene que la medida cautelar acordada por el Supremo vulnera en primer lugar el derecho de sufragio activo, es decir, el derecho a participar en unas elecciones mediante el voto.
A juicio de los abogados, el sistema jurídico español no contempla actualmente la suspensión de este derecho mediante una decisión cautelar de la naturaleza adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Además, las alegaciones presentadas denuncian una vulneración del principio de igualdad.
Según la defensa, la medida afecta exclusivamente a parte de los ciudadanos inscritos en el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes, mientras que no se aplica a otros nacionalizados que adquirieron la ciudadanía española exactamente por la misma vía.
Los abogados explican que tampoco se ha impedido votar a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática y están inscritos como residentes en España, una diferencia de trato que consideran injustificada.
El tercer derecho supuestamente vulnerado sería el de la tutela judicial efectiva.
El despacho argumenta que la decisión judicial provoca una situación de indefensión porque sus efectos son prácticamente irreversibles.
La celebración de las elecciones convierte la medida en un perjuicio difícilmente reparable, ya que, una vez celebrados los comicios, los afectados no podrán recuperar la posibilidad de participar en esa convocatoria concreta.
Reclaman la nulidad de la medida y una posible indemnización
Las alegaciones también cuestionan los motivos que justificaron la adopción de las medidas cautelares. Según la defensa, la resolución no cumple requisitos esenciales como la proporcionalidad, la existencia de un riesgo derivado de la demora procesal o la apariencia de buen derecho.
Por ese motivo, el despacho solicita al Tribunal Supremo la nulidad de las medidas cautelares y plantea incluso la posibilidad de reclamar una compensación por los daños sufridos por quienes han visto restringido su derecho al voto.
El abogado Pedro J. Díaz, integrante de ILOCAD, considera que la situación se ha agravado después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo.
Esa decisión fue adoptada este miércoles al considerar prematuro el recurso de amparo presentado por la institución. A dicho recurso se había sumado además el despacho de Garzón en representación de un ciudadano español de origen argentino.
Los recurrentes sostienen que la consecuencia práctica de esta cadena de resoluciones es que miles de ciudadanos españoles podrían quedarse sin votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre pese a contar con la nacionalidad española plenamente reconocida.
A medida que avanza el calendario electoral, el conflicto jurídico adquiere una mayor relevancia política y social. La resolución que adopte el Supremo podría afectar directamente a un colectivo que reclama participar en las urnas en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos españoles.
Rahal El Makkaoui, jefe del grupo parlamentario del Istiqlal, partido que forma parte de la coalición de Gobierno de Al Mansouri, ha manifestado que las relaciones con España están supeditadas al "expediente de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla y las islas Jaafari (islas ypeñones de soberançia) se basa en la adhesión a la soberanía nacional y la defensa de la integridad territorial del Reino".
Subrayó que el respeto a los principios de coexistencia y cooperación que unen a ambos países, en virtud de la proximidad geográfica y los lazos históricos, no puede ir en detrimento de la soberanía territorial de Marruecos, que consideró vinculada a la recuperación de las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas Jaafari.
Al-Makawi criticó lo que describió como la explotación política y mediática del tema por parte de algunos partidos españoles, considerando que tales posturas van más allá de los límites de la convivencia positiva que debería enmarcar las relaciones entre los dos países, y no son compatibles con los requisitos para construir una asociación basada en el respeto y la confianza mutuos.
El portavoz afirmó que Marruecos, basándose en su compromiso con la justicia de sus causas nacionales, no aceptará que su asociación con España se convierta en un medio de presión, chantaje o amenazas, e hizo hincapié en que las relaciones bilaterales no pueden mantenerse ignorando los asuntos pendientes, sino que requieren abordarlos con espíritu de responsabilidad y claridad
España perdió capacidad operativa de artillería de cohetes en 2011, cuando retiró los lanzacohetes Teruel tras más de tres décadas en servicio. Quince años después, el relevo sigue pendiente. El programa Silam (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad), puesto en marcha para cubrir esa carencia, atraviesa una etapa de incertidumbre tras la cancelación de los contratos iniciales.
"Una situación incierta". Así definió Antonio Mongío Bergua, jefe del Mando de Artillería de Campaña, el estado en que se encuentra el futuro sistema del Ejército de Tierra. Según publicó Infodefensa el 7 de octubre de 2026, todavía continúa la búsqueda de un socio tecnológico que dé a España la autoridad de diseño.
Marruecos refuerza su artillería
La comparativa entre ambos países queda reflejada en el ranking Global Firepower 2026 y recogida por Euronews. Según sus estimaciones, Marruecos dispone de 185 lanzacohetes múltiples móviles, frente a ninguno de España desde la retirada de los Teruel.
Las Fuerzas Armadas marroquíes poseen, entre otros, sistemas chinos y el sistema israelí PULS, que ya está en servicio, según informa bladi.net. Un equipamiento que les permite lanzar salvas de cohetes contra objetivos terrestres a diferentes distancias, dependiendo de la munición utilizada.
Además, Estados Unidos autorizó en abril de 2023 la posible venta a Marruecos de 18 lanzadores HIMARS, junto con misiles ATACMS y cohetes guiados, por un importe estimado de 524,2 millones de dólares. Así consta en el comunicado oficial de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa estadounidense.
El calendario de 2028 ya no está asegurado
Según explicó el departamento que dirige Margarita Robles en abril de 2023, "la previsión es alcanzar la plena operatividad del Silam en el año 2028". Tal y como destacó el Ejército por aquel entonces, los lanzacohetes tendrán un papel clave en los escenarios futuros: "Gracias a ellos, se mantendrá una gran capacidad de respuesta con elevada profundidad y precisión para apoyar a cualquiera de sus unidades subordinadas".
Sin embargo, la cancelación de los contratos en septiembre de 2025 obligó a replantear el proyecto. La búsqueda de un socio tecnológico que permita a España asumir la autoridad de diseño sigue siendo uno de los obstáculos. Por eso, el plazo que se estimó hace cinco años no debe presentarse, ni por asomo, como una fecha confirmada.
Con todo, el Ejército de Tierra continúa pendiente de recuperar una capacidad que se perdió tras la retirada del Teruel, y que responde a una de las grandes carencias actuales de la artillería española.
El expresidente del Gobierno Felipe González ha entrado en la precampaña, pero no para apoyar al PSOE, el partido del que fue secretario general durante 23 años. Preguntado durante un acto en el Círculo Empresarial de Málaga sobre cuál va a ser su preferencia electoral en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha justificado por qué va a votar en blanco: “Si me siento representado, voto por alguien que me represente. Si no, voto en blanco. Es un voto positivo, no es una abstención. Explica lo que siento, la carencia de representación”.
El cabeza de lista de Vox por Tarragona, Jordi de la Fuente, debe sentarse en julio del año próximo en el banquillo para ser juzgado por el asalto al centro de menores de El Masnou (Barcelona), en julio de 2019, que se saldó con cuatro heridos. El fiscal imputa al candidato de Vox y secretario general del sindicato ultra Solidaridad un delito de “incitación al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional” y le pide dos años y dos meses de cárcel, con la accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo (presentarse a cargos de elección popular), cinco años de inhabilitación especial para oficios relacionados con menores, nueve meses de multa y prohibición de acercarse a menos de 300 metros del albergue. De haber sido condenado a esta pena, De la Fuente no podría presentarse a las elecciones del 29 de noviembre, pero la disputa sobre el órgano competente para juzgar el caso ha hecho que, siete años después de sucedidos los hechos, aún esté pendiente de juicio.
El expresidente del Gobierno Felipe González ha reafirmado que votará en blanco en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre; "no oigo nada que me represente de verdad", ha dicho, al tiempo que se ha referido a la visita del...
El PSOE ha aceptado la propuesta del Partido Popular de celebrar un debate sectorial sobre vivienda como parte de la campaña electoral del 29-N. Más allá de las palabras, el presidente del comité de campaña de Génova, Miguel Tellado, le propuso por carta a su 'homóloga' de Ferraz, María Jesús Montero, dicho debate. Pero no ha sido esta mañana, durante una entrevista en la Ser con la nueva portavoz socialista, Rebeca Torró, cuando el PSOE ha recogido ese guante con la condición de que se celebre en esta cadena de radio. "Aceptamos, quedamos a la espera de la concreción de los detalles", han respondido fuentes de Génova.
La estrategia socialista pasaba por querer convertir el problema de la vivienda en uno de los ejes de su estrategia tras ocho años de gobierno de coalición en los que este asunto ha empeorado exponencialmente. Pero el polémico y mediático desahucio de Maricarmen Abascal, la acampada posrterior en la Puerta del Sol y la convocatoria de una huelga general, a la que se han sumado CC.OO. y UGT, animó a Moncloa a intentar rentabilizar electoralmente ese malestar social. En la sede nacional de Génova están convencidos de que, como dice el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, "este asunto es el que se va a llevar por delante a los socialistas".
Ferraz no ha respondido aún a las propuestas de debates electorales
Se queja el PP de que "transcurridas casi dos semanas, no consta aceptación por parte del candidato socialista. Instamos al equipo de campaña del PSOE a que confirme la asistencia de Pedro Sánchez para poder entablar ya las pertinentes conversaciones con los grupos de comunicación y empezar a trabajar en la organización de los espacios".
La diputada y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y referente de Catalunya en Común en la Cámara, Aina Vidal, no repetirá en la lista por Barcelona en las próximas generales del 29 de noviembre. Es una de las últimas novedades electorales de la nueva marca heredera de Sumar, Frente Amplio, que integra a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns. Este miércoles, el Consejo Nacional del partido catalán determinó las listas –66% a favor, 34% en contra y 20 papeletas en blanco– de las cuatro provincias en las que se presentan, con la decisión de no incluir a Vidal, de larga trayectoria política, en las mismas. No sería por voluntad de la diputada –desde 2016–, sino de la formación, que se ha enfrentado a tensiones –se refleja en el resultado– en la confección en los últimos días. La política, en todo caso, seguirá ejerciendo de portavoz del partido y "participará activamente" en la campaña electoral, indican en un comunicado los Comuns.
La formación consiguió cinco escaños catalanes en 2023. Tres de ellos fueron en Barcelona, y uno respectivamente en Tarragona y Girona. En Barcelona no repiten ni Vidal ni Gerardo Pisarello, que será candidato a la alcaldía de Barcelona en mayo. En su lugar, entran Ada Colau como candidata a la presidencia del Gobierno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que no concurrió y fue un fichaje posterior, y la politóloga y miembro de los Comuns, Júlia Miralles. Le siguen el actual diputado regional Andrés García Berrio, y la exdiputada y concejal en Barcelona, Lucía Martín. La decisión respecto a Vidal no es nueva, ya generó controversia su elección en 2023 para Sumar, entre las dos almas del partido catalán, especialmente Esquerra Verda, su partido. Se quiso entonces promocionar a Jaume Asens, ahora eurodiputado. De esa lista solo repite Viviane Ogou, de número siete.
Además de Barcelona, la diputada Júlia Boada vuelve a encabezar la lista por Girona. No será así en Tarragona, con Ester Roca, funcionaria de carrera del ayuntamiento de la capital. Es descendiente de fundadores del PSUC. En Lleida, también entra como novedad Montse Cortassa, química que ejerce como concejal de los Comuns en Almacelles. Las encuestas acotan las opciones de representación solo a Barcelona en estos comicios.
Madrid, cuatro nuevos puestos de salida
La decisión de Barcelona se da tras la confirmarse en las últimas horas la composición de la lista madrileña, que ha pasado de contemplarse como un fortín de representación exclusivo a Más Madrid, a dar espacio a los otros dos socios estatales clave tras las renuncias de figuras como la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. Emilio Delgado, el diputado en la Asamblea de Madrid y portavoz adjunto, será cabeza de lista. Tesh Sidi, de las siglas madrileñas, escala del tercer al segundo puesto. Su vacante la ocupa por primera vez el candidato electo en las primarias de IU, Toni Valero, que es coordinador de IU Andalucía. En cuarto lugar, la colíder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero entra dejando libre la cabeza de lista por Pontevedra que lideró el 23-J.
El próximo lunes concluye el registro de listas electorales y se conocerán todos los nombres elegidos por la coalición de izquierdas. Además de las bajas por Barcelona, a la de García en Madrid se unen la mayoría de cargos elegidos por Yolanda Díaz para las últimas generales. Desde ella misma a Íñigo Errejón, que dejó paso tras un escándalo de acoso sexual en 2024, el diplomático Agustín Santos Maraver o el economista vinculado a CC.OO. Carlos Martín. También Ione Belarra. Podemos concurre al margen de Frente Amplio, con una lista por Madrid liderada por Irene Montero, seguida de Tito Morano y Dina Bousselham en los puestos de salida.
Un mensaje que parece proceder de tu banco, una llamada de un supuesto empleado de seguridad o una web clonada pueden bastar para que un estafador acceda a tu cuenta y vacíe tus ahorros en cuestión de minutos. Los ciberengaños son cada vez más sofisticados. Los delincuentes imitan el diseño de las entidades, utilizan enlaces convincentes y, en algunos casos, consiguen que sus SMS aparezcan en el mismo hilo que los mensajes legítimos del banco.
Hasta ahora, muchas víctimas se encontraban con una segunda frustración. Tras descubrir el robo, la entidad se negaba a devolver el dinero alegando que el cliente había facilitado sus claves o confirmado la operación. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 15 de octubre de 2026, en el asunto C-70/25, ha reforzado la protección del consumidor y ha cambiado el orden de las cosas.
Cuándo debe devolverte el dinero
La normativa española de servicios de pago, contenida en el Real Decreto-ley 19/2018, obliga a la entidad a reembolsar de inmediato una operación no autorizada y, como máximo, al final del día hábil siguiente a aquel en que conoció la operación o se le comunicó. Esta regla traspone el artículo 73 de la directiva europea PSD2.
El TJUE ha precisado que una posible negligencia grave del cliente no es motivo suficiente para suspender ese reembolso. Si el banco cree que hubo fraude o culpa del usuario, deberá devolver el importe y reclamar después por las vías legales, aportando pruebas de esa negligencia.
La única excepción prevista es que la entidad tenga motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio cliente. En ese caso, puede retrasar la devolución, pero debe comunicar formalmente esos motivos por escrito a la autoridad competente; una simple "investigación interna" no basta.
Qué cuenta como operación no autorizada
Que hayas introducido tu contraseña en una web falsa o hayas facilitado un código recibido por SMS no significa, por sí solo, que autorizaras la operación. La ley considera autorizada una operación cuando existe consentimiento real del titular; si ese consentimiento se obtiene mediante engaño, el pago puede considerarse no autorizado.
Además, el registro de que se utilizaron las credenciales correctas no libera al banco. La normativa establece que la entidad debe demostrar que el mensaje y la operación fue autenticada, registrada correctamente y que no estuvo afectada por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio.
Qué hacer en las primeras horas
La rapidez es decisiva. En cuanto detectes cargos, transferencias o compras que no reconoces, llama de inmediato al teléfono de emergencias de tu banco y solicita el bloqueo de tarjetas, accesos digitales y operaciones. Cambia también las contraseñas comprometidas y, si sospechas un duplicado de SIM, contacta con tu operadora.
Después, conserva todas las pruebas. Entre ellos, mensajes, correos, capturas de pantalla, números de teléfono, extractos bancarios y justificantes de las operaciones. No borres nada del móvil y guarda el enlace fraudulento, si es posible.
Presenta una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y comunícalo al banco por escrito, pidiendo expresamente la devolución del importe como operación no autorizada. Este escrito debe identificar los movimientos fraudulentos, la fecha en que los detectaste y el hecho de que no diste tu consentimiento.
Si el banco se niega
Si la entidad rechaza la reclamación o no responde, puedes elevar el caso al Servicio de Reclamaciones del Banco de España. La reclamación al banco debe resolverse, como norma general, en un plazo máximo de 15 días hábiles, ampliable a un mes si la entidad lo justifica.
Ten en cuenta que el informe del Banco de España no es vinculante. La entidad puede no aceptarlo. Por eso, si el importe es relevante o el banco mantiene su negativa, la vía judicial puede ser necesaria. La sentencia europea puede invocarse en la reclamación y en un eventual proceso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado este jueves a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo como 'número dos' del PP en la lista de Madrid al Congreso para las generales del próximo 29 de noviembre.
"Felicidades", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X' después de que el PP haya confirmado en el segundo puesto de salida de la lista por Madrid a la Cámara Alta a actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso.
De esta forma, ha indicado, acompañará al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, "en esta apasionante aventura" que culminará en la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre. Ha señalado que, pese a las diferencias con Alberto Núñez Feijóo -"No somos idénticos, nadie en este partido lo es", ha dicho textualmente-, es "el presidente que España necesita" frente a "una izquierda que no sabe gobernar y no acepta perder".
En declaraciones a 'esRadio', Álvarez de Toledo ha defendido al PP como "el instrumento más poderoso al servicio de lo más importante, que son España y la libertad", poniendo en valor a Feijóo como un "hombre solvente, valiente y bueno", pero "sobre todo decente". "Es antítesis de la egolatría corrupta que estamos sufriendo", ha añadido.
La diputada del PP ha defendido que España no quiere ser "la Venezuela de Maduro" pero tampoco "la Francia de Jean-Luc Mélenchon", en referencia a la violencia extrema de los últimos días en el país galo y a una izquierda "que utiliza siempre las mismas estrategias, el fraude, el miedo, el odio y la violencia".
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha confirmado también que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, repetirá en el tercer puesto de esa misma candidatura, como en las elecciones de 2023.
Los gobiernos de España e Italia han acordado poner fin a los controles recíprocos en las fronteras interiores que estaban en vigor desde que el Ejecutivo de Georgia Meloni decidió imponer esta medida como respuesta a la crisis en Ceuta por la entrada irregular de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.
La decisión de no prorrogar los controles fronterizos, "tomada tras un minucioso análisis de la situación", según ha informado el Ministerio del Interior, "irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen".
El acuerdo ha venido precedido de una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.
Durante la última cumbre de líderes europeos en Bruselas, Sánchez y Meloni acercaron posturas para la supresión de los controles Schengen que Italia introdujo a principios de agosto, días después de la entrada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma.
Ambos jefes de Gobierno encargaron el pasado viernes, 16 de octubre, a sus ministros que materializaran este encargo durante los próximos siete días. Mientras esto ocurría, Italia decidió prorrogar por una semana más los controles en puertos y aeropuertos a los pasajeros procedentes de España, con la correspondiente contramedida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los pasajeros procedentes de Italia.
En respuesta a Italia, el Gobierno español venía de forma periódica prorrogando el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas con respecto a los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de la República Italiana.
Fuentes italianas consultadas por Europa Press explicaron que los ministros del Interior de los dos países iban a trabajar para "valorar juntos medidas de cooperación sustitutivas", mientras que por parte española se precisó que se trabajaría para "proceder a la eliminación" de los controles.
Aunque la reintroducción de controles fronterizos ente Estados miembro es una medida prevista por el Código Schengen, la Comisión Europea siempre ha defendido que debe ser una opción "de último recurso" e instado a los gobiernos a buscar medidas alternativas para reforzar la vigilancia sin suspender la libre circulación.
Entre las medidas sustitutivas que Bruselas ha planteado en el pasado a otros países que mantienen de manera sistemática controles que deberían ser puntuales, como Alemania, Austria o Francia, figuran el refuerzo de la actuación policial conjunta para controles no sistemáticos, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, por ejemplo con sistemas móviles de identificación biométrica o el seguimiento de vehículos.
Los hechos históricos son los que legitiman las reclamaciones territoriales de los países. Por ello, la pugna entre Madrid y Rabat por la soberanía de Ceuta y Melilla ya no se libra en la diplomacia, el pulso entra en el terreno de la historia. Un extenso ensayo publicado en el diario marroquí le360 bajo la firma del urbanista e historiador Mohamed Métalsi, ha abierto el debate al calificar a Melilla de "ciudad olvidada" y resume su estatus político a un enclave puramente rifeño, islámico y amazigh (bereber) que fue amputado de su territorio natural.
La "urbe olvidada" del Rif
La tesis de Métalsi sostiene que la historiografía española ha recurrido al término "ocupación" de forma interesada para obviar ocho siglos de presencia islámica y justificar la toma de una ciudad presuntamente vacía. En su artículo, reconstruye la cronología de Melilla desde las primeras comunidades neolíticas y el puerto fenicio de Rusadir, pasando por el reino mauro y la posterior etapa islámica (Malila), vinculada a las tribus de los Guelaya (Iqer'iyen). A su juicio, el "relato colonial" español transformó un puerto mercantil en un presidio militar en guerra permanente con su entorno.
Sin embargo, historiadores como Alberto Bolaños mantienen una postura distinta. Para Bolaños, este lamento responde a una clara intencionalidad política: "Es una forma torticera de utilizar la historia que no tiene base documental". Frente a la pretensión de englobar el pasado medieval de la plaza bajo la soberanía de un Marruecos histórico, el historiador puntualiza la realidad política del Magreb a finales del siglo XV. En aquel momento gobernaban los sultanes watasíes desde Fez, no los alahuitas que ocupan el trono actual de Rabat. El historiador recuerda que Marruecos, como Estado-nación con fronteras delimitadas y control efectivo sobre todo su territorio y sus cabilas, no surge hasta su independencia en 1956.
Intentar atribuirle al Marruecos contemporáneo la herencia de los reinos bereberes es como pretender que el Egipto actual reclame derechos territoriales invocando a los faraones
Seguridad, piratería y la doctrina de frontera
La expedición de 1497 tampoco respondió a un afán de conquista colonial ultramarina, sino a una estricta necesidad defensiva. Con la toma del Reino Nazarí de Granada en 1492, la Corona de Castilla culminaba la Reconquista peninsular, pero la memoria de las sucesivas invasiones norteafricanas que habían alterado el curso peninsular (almorávides, almohades y benimerines) seguía muy viva.
"Castilla y los reinos peninsulares entendían que en el norte de África había un problema crónico de seguridad", explica Bolaños. Y es que la amenaza de nuevas incursiones se sumaba una piratería endémica en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, que asfixiaba el comercio marítimo. Tras conquistar Granada, Isabel la Católica y más tarde el cardenal Cisneros impulsan la política norteafricana con un fin muy concreto: neutralizar las bases de piratería corsaria y asegurar el flanco sur peninsular.
Parte de la Corona, no colonia
Uno de los aspectos medulares donde choca la narrativa marroquí con la posición española es la naturaleza jurídica de Melilla. Desde Rabat se insiste en asimilar las ciudades autónomas a colonias o vestigios imperialistas pendientes de descolonización, equiparándolas en ocasiones al contencioso de Gibraltar, pero existe una diferencia abismal. Gibraltar es una posesión británica cedida por el Tratado de Utrecht (1713), pero nunca ha formado parte del territorio metropolitano del Reino Unido. Ceuta y Melilla, en cambio, se integran desde el primer instante en la Corona de Castilla. "Son tan españolas como pueda serlo Asturias" explica Bolaños.
En el caso de Melilla, el salto de plaza fuerte a ciudad moderna quedó sellado tras la Guerra de África (1859-1860) mediante los tratados bilaterales hispano-marroquíes de 1859, 1860 y el posterior deslinde de 1862, rubricado mediante el célebre disparo de cañón desde el fuerte de Victoria Grande que fijó el territorio de la ciudad.
La frontera del Protectorado
El estatus no colonial de ambas ciudades quedó manifiesto en el siglo XX, durante la vigencia del Protectorado español en Marruecos (1912-1956). Ni Ceuta ni Melilla formaron jamás parte del protectorado.
Eran comandancias generales y territorio español de pleno derecho con siglos de anterioridad. Por eso la capital del protectorado se estableció en Tetuán y no en Ceuta ni en Melilla. "Ambas plazas estaban formalmente fuera del territorio protegido porque eran suelo español soberano", recuerda Bolaños. De hecho, el historiador apunta una anécdota poco conocida sobre la delimitación decimonónica: "El propio Francisco Franco se lamentaba décadas después de que en los tratados de 1860 no se hubiera aprovechado la victoria militar para extender el perímetro de Melilla hasta el monte Gurugú, lo que habría otorgado una mayor profundidad estratégica y defensiva a la plaza".
Frente a los intentos recurrentes de la diplomacia y los medios marroquíes por transformar la historia de Melilla, los archivos y el derecho internacional continúan arrojando el mismo testimonio: Melilla no fue segregada de ningún Estado marroquí preexistente, sino configurada a lo largo de más de cinco siglos como un componente indisociable de la soberanía hispana en el Mediterráneo.
Julio Martínez Martínez, amigo y socio empresarial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero explicó ante el juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, cómo utilizaba los contactos del expresidente en Venezuela para gestionar asuntos de sus "clientes", según consta en su declaración, a la que ha tenido acceso El Independiente. Durante el interrogatorio, Martínez Martínez reconoció que su acceso a las autoridades del país se apoyaba en su relación con el expresidente y situó a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta venezolana, como su principal interlocutora en el país. Entre los encargos que describió figuran la gestión de permisos para vuelos, la búsqueda de mejores precios de combustible con la petrolera estatal PDVSA y los trámites vinculados a una concesión minera.
Julio Martínez conoció a Zapatero en 2011, cuando compró una vivienda al expresidente en Almería. A finales de 2019, ambos quedaron vinculados a la consultora Análisis Relevante, ahora también investigada por Calama, de la que Martínez era socio mayoritario, ya que el expresidente Zapatero figuraba como consultor principal. La relación entre ambos fue también, según el propio Martínez, la clave para abrirle puertas en Venezuela.
"Yo en Venezuela tengo ese acceso a todo por el señor Zapatero", declaró al explicar cómo podía realizar gestiones en el país. Y fue aún más explícito al referirse al peso que atribuía al expresidente: "Sin el señor Zapatero no podría hacer nada en Venezuela". Martínez sostuvo que ese acceso no significaba que Zapatero tuviera que intervenir personalmente en cada operación, pero sí que su relación con él le permitía desenvolverse en el entorno de las autoridades venezolanas.
Delcy como contacto en Venezuela
Fue a través de esa conexión, según explicó, como conoció a Delcy Rodríguez. El empresario resumió que el origen de su contacto fue "a través del presidente Zapatero" En ese momento, según confirmó, Delcy Rodríguez terminó convirtiéndose en la persona a la que acudía habitualmente para trasladar los asuntos que necesitaba resolver. "Mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta", afirmó durante el interrogatorio.
Martínez describió un procedimiento concreto en el que planteaba la cuestión a Delcy Rodríguez y, a partir de ahí, ella le dirigía al ministro o al responsable público que correspondiera. Cuando el instructor le preguntó si primero contactaba con la vicepresidenta y después trataba con el departamento competente, respondió: "Sí, siempre". Esa interlocución, según su relato, abarcaba asuntos de naturaleza muy distinta, desde operaciones aéreas hasta proyectos empresariales.
Uno de ellos estaba relacionado con el suministro de combustible. Martínez explicó que Plus Ultra arrastraba una dificultad con PDVSA por el precio que se le aplicaba al combustible y que él intervino para intentar resolverla, siempre con la ayuda de la actual presidenta de Venezuela. El socio de Zapatero también relató el caso de los vuelos chárter a la isla venezolana de Margarita vinculados a un operador polaco. Martínez Martínez explicó que el precio del combustible hacía inviable la operación, por lo que se encargó de buscar una tarifa de "cliente internacional".
Al detallar esas gestiones, Martínez volvió a situar a Delcy como su contacto inicial. A partir de ella, explicó, podía intervenir el responsable correspondiente. En función del asunto, explicó, se hablaba al Ministerio de Transportes o a PDVSA entre otros. Su declaración vincula así la interlocución política con gestiones empresariales concretas, aunque no implica que la vicepresidenta fijara personalmente los precios ni que decidiera cada trámite.
Los hermanos Amaro Chacón
La actividad que describió no se limitaba al sector aéreo. Martínez también explicó que trabajó para los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón en relación con una importante concesión minera en Venezuela. Como ellos no podían desplazarse al país en aquel momento, asumió, según sus palabras, "toda interlocución con la parte pública".
En ese proyecto tuvo que tratar con el Ministerio de Minas y con la Corporación Venezolana de Minería (CBM). Martínez habló de numerosos trámites administrativos, permisos y gestiones ante los responsables públicos. Durante la relación, señaló, cambiaron varios ministros y presidentes de la corporación, por lo que fue necesario retomar determinadas gestiones con los nuevos responsables. También en este caso situó a la actual presidenta de Venezuela como la persona a la que acudía para abrir la interlocución con la Administración.
Otro ejemplo que aportó fue el de Turboven, una compañía vinculada a la producción de electricidad en Venezuela. Martínez explicó que le encargaron gestionar la situación de una planta que había sido ocupada por las autoridades venezolanas y tratar de que se reconociera como una expropiación. Al preguntarle ante quién había realizado esas gestiones, contestó: "Yo hago esa gestión, como siempre, ante la vicepresidenta". También relató una reunión en Caracas con ella y el propietario de la empresa.
Peticiones de inversores
Durante el interrogatorio, Martínez explicó asimismo que muchas de las anotaciones de su agenda correspondían a peticiones de inversores que trasladaba a sus contactos en Venezuela. Citó a interesados de distintas nacionalidades y puso como ejemplo una empresa canadiense interesada en una gran concesión minera. Según declaró, su papel consistía en hacer llegar esas solicitudes y ayudar a encauzarlas ante las autoridades competentes.
La declaración dibuja así el papel que Martínez atribuía a sus contactos. Siendo Zapatero, según su versión, la vía que le permitió acceder al entorno de las autoridades venezolanas; Delcy se convirtió en su interlocutora habitual, y desde ella canalizaba gestiones que afectaban a clientes y proyectos empresariales. No todos los asuntos eran iguales ni dependían del mismo organismo, pero el empresario describió el mismo esquema para llegar a los responsables públicos.
La diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el portavoz del PP Borja Sémper serán los números 2 y 3 al Congreso por Madrid, ha informado el partido de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado.
"El Partido Popular es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades", afirma el texto, en el que se define al PP como "una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos". Álvarez de Toledo y Sémper, añade, "representan formas distintas de entender España" y ambos han atravesado por diferentes etapas en el PP.
"Yo tengo pensada la mujer que va a acompañarme. Le aseguro que esa mujer votó en contra de la amnistía. Margarita Robles votó a favor. Esa mujer ha pedido la comparecencia de la directora del CNI. La señora Margarita Robles no la dejó comparecer" en la Comisión de Secretos Oficiales a cuenta de la crisis ceutí. Estas fueron las no muy enigmáticas palabras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunció este martes en la cadena Cope sobre su número dos de la lista madrileña para las elecciones del 29-N. Y aunque no quiso ponerle nombre y apellidos, días más tarde la balanza queda clarísimamente del lado de Cayetana Álvarez de Toledo.
En los últimos días se venía hablando de dos nombres, el de esta diputada por Madrid que en las elecciones de 2023 fue de número 6, y el de Alma Ezcurra, eurodiputada, número tres del organigrama genovés, coordinadora del programa electoral. Pero Ezcurra no votó en el Congreso en contra de la amnistía puesto que no tiene escaño en la Cámara Baja ni tuvo ocasión, por tanto, de reclamar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños- con el que Álvarez de Toledo confrontaba en las sesiones de control de la legislatura finiquitada- la comparecencia de la jefa de los espías, Esperanza Casteleiro.
Alma Ezcurra tiene muchos menos conocimiento público que Álvarez de Toledo
Además, en detrimento de Ezcurra pesa su escaso conocimiento público. Muy valorada por Feijóo, hasta el punto de convertirla en uno de los 'pesos pesados' de Génova, esta mujer proveniente de la cantera FAES y directa responsable de la nueva política de inmigración del PP, tiene el inconveniente de que "no la conoce nadie", según admite un miembro de la dirección popular.
A diferencia de los socialistas, que han dado a conocer sus candidaturas electorales con la ministra de Defensa, Margarita Robles, de dos tras Pedro Sánchez, los populares optan por la técnica del goteo. La de Madrid es la lista más intervenida por la dirección nacional, aunque lo habitual es hacer hueco a algún nombre propuesto por la organización territorial. En la misma hay que situar en puestos de salida a Jaime de los Santos, Marta Varela, Mar Sánchez y Manuel Cobo. En las elecciones de 2023 Feijóo incorporó a Pablo Vázquez Vega, fallecido el pasado mes de agosto, y a Noelia Núñez, que dejó la primera línea política por mentir en su currículum. Entonces, de número dos fue la actual concejal de Cultura, Turismo y Deporte del ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Sus enfrentamientos con Pablo Casado y con Mariano Rajoy
Quedan superadas las reticencias que el propio Feijóo tuvo respecto a Álvarez de Toledo cuando Pablo Casado la nombró portavoz del Grupo Popular en el Congreso, cargo que ocupó entre 2019 y 2020, aunque aquella designación saliera mal y la sustituyera por Cuca Gamarra. No era un perfil que por aquel entonces le entusiasmara al presidente de la Xunta, determinante en la elección de Casado en contra de Soraya Sáenz de Santamaría para la sucesión de Mariano Rajoy. Pero cuando desembarcó en Génova supo aprovechar su potencial, ese mensaje enérgico, desacomplejado, que, en muy buena medida, le sirve también de antídoto a Vox. Porque esta madrileña de varias nacionalidades lo mismo confronta con el PSOE, que con el independentismo que con los de Santiago Abascal, a los que critica su "nacionalismo español".
Álvarez de Toledo no dudó en acusar a Casado de ser "incapaz de reconstruir el constitucionalismo". Y dentro de ese género literario del libro como venganza dijo de él que era "camaleón sentimental. Lo que se llama un bienquería o un veleta". Claro, que con Mariano Rajoy las cosas terminaron mucho peor. La madrileña escribió en las páginas de El Mundo, en un ya lejano 2015, un incendiario artículo contra él titulado 'Anoche escribí al presidente'. Y al tiempo que anunciaba que no repetiría en unas listas que tampoco le iban a ofrecer para las elecciones generales de ese año, dijo no encontrar "argumentos suficientes para defender la gestión del gobierno ni para pensar que el presidente Rajoy actuaría de forma distinta a como lo ha hecho hasta ahora".
Política "previsible" y "honesta", que "no dice una cosa y hace la contraria"
Con estos antecedentes está claro que la hoy portavoz adjunta del Grupo Popular es una indomable, ajena a los argumentarios y con ciertas dificultades para la disciplina de partido, pero eso no ha sido óbice para que Feijóo haya decidido hacer ticket electoral si son veraces las pistas que ofreció a la Cope. También dijo de ella como valores a tener en cuenta que es una política "previsible" y "honesta", que "no dice una cosa y hace la contraria".
El 12 de octubre Santiago Abascal se dejó ver en Ceuta directamente junto al presidente de la Reagrupación Nacional francesa y mano derecha de Marine Le Pen, Jordan Bardella, también líder del grupo Patriotas por Europa en la Eurocámara, la alianza entre homólogos de Vox a nivel continental. Al día siguiente, en el Casino Real de Madrid, lo presentó en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum como un aliado clave en materia de inmigración, de defensa de las fronteras y de soberanía, ejes clave de Vox en esta precampaña para las generales del 29 de noviembre. Prometió un reforzamiento de la alianza entre países si ambas formaciones llegan al poder, los segundos a mediados de 2027 tras las presidenciales.
Solo un día antes de su encuentro con el francés, Abascal protagonizaba en Estepona (Málaga) el primer mitin preelectoral de los comicios. Una semana y media después, en el mismo escenario que Bardella, en Madrid, apareció este miércoles el presidente de Argentina, Javier Milei, íntimo de Abascal y Vox. Cotidianamente, las visitas del mandatario han generado notable expectación entre la derecha dura española. Pero la llegada, a las puertas de esa campaña electoral de generales, ha llevado a darle un rango más privado al asunto por la posibilidad de que un mensaje contundente y polarizador alentado pueda perjudicar al orden con el que se está abordando el proceso, para sumar con el objetivo de desbancar a Pedro Sánchez de la presidencia. Dentro del PP saben que Milei polariza y puede movilizar a la izquierda si el PSOE lo usa.
Tras su llegada a la capital el martes por la tarde, Milei protagonizó el miercoles un desayuno informativo, pero sin presencia reseñable de la primera línea de Vox, desplegada por distintos territorios en esos actos de precampaña. Solo en ese evento ya dejó varios recados a Sánchez con unas formas que contrastan con las de Bardella, promocionado como el 'yerno ideal' en las últimas europeas en Francia, consiguiendo movilizar con herramientas como Tik Tok el voto de jóvenes o diversos sectores sociales que en el pasado hubieran rehuído del antiguo Frente Nacional. Milei, durante su intervención económicoa, volvió a cargar contra las políticas de izquierdas, llamó "impresentable dictador" a Sánchez, y clamó por que el "liberalismo" a "sacar a los socialistas a patadas" de Moncloa en las próximas elecciones.
Posteriormente, acudió a un acto de la Universidad Rey Juan Carlos relacionado con el Máster de Economía de la Escuela Austríaca, a la que está ligado. No sin protestas en su contra en los alrededores. Después, a las tres de la tarde se reunió en un "encuentro privado" con el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, al que acudieron tanto el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, como el portavoz económico, José María Figaredo, y el asesor de Abascal, Gabriel Ariza.
Por último, Milei se citó con Isabel Díaz Ayuso a puerta cerrada en las instalaciones del Canal de Isabel II. Se trasladaron imágenes oficiales de la cita con muestras de cariño, abrazos y mudos de las conversaciones, pero con un perfil más bajo que en otras ocasiones como cuando le entregó el máximo galardón de la Comunidad en 2024, y sin declaraciones a los medios. Las cuentas del PP nacional en redes sociales, a diferencia de las del partido en Madrid, no recogieron el evento. Tampoco se mencionó en mítines como el acto del PP en Leganés, con Ester Muñoz, portavoz parlamentaria, como protagonista. Un contraste claro con Ayuso; diferentes posiciones que cohabitan en el PP que decidió ahondar en la inadmisión del TC del recuerso del Defensor del Pueblo por la paralización de la ley de nietos.
Ha trascendido que en el encuentro con Ayuso esta le invitó a participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará a principios de noviembre en Madrid. Milei la invitó igualmente a visitar Argentina. La conversación se centró "en la situación interna de Argentina y de España, de la invasión de Ceuta, así como el papel de las clases medias y el peligro de su deterioro", indicaron fuentes de Presidencia. De aceptar, Milei volvería en la previa al inicio de la campaña.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al presidente argentino, Javier Milei, en la sede del Canal de Isabel II, este miércoles en Madrid | Comunidad de Madrid
Ese perfil bajo en las comunicaciones por parte de Vox y de PP de Madrid evoca una clara intención de minimizar en lo posible el impacto que Milei puediese generar en campaña, sobre todo por dar combustible y generar reacciones a la izquierda que no tardaron en llegar. La visita de Milei y el señalamiento constante a Sánchez y su Ejecutivo movilizó a los socialistas bajo el marco derechos-recortes.
Una visita que polariza con la izquierda
En la fachada de la sede de Ferraz, el PSOE desplegó una lona en la que recogían un 'Hola Milei, los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España'. Al mismo tiempo, antes de que el presidente argentino se dirigiese a Sánchez, este publicaba en sus redes un vídeo incidiendo en el debate de los derechos sociales, como el de las pensiones, que en los últimos días viene acompañando a la izquierda más allá de la vivienda. "A quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos y zurdas. Si subir las pensiones, dar más tiempo a los padres para disfrutar de sus hijos, subir el SMI todos los años, defender el derecho a abortar y defender el 'no a la guerra' es ser zurdo, soy zurdo. Así que sí, soy zurdo y a mucha honra", trasladó Sánchez, reforzando ese perfil electoral.
El enfrentamiento con Sánchez destacó en el VIVA24 de cara a las europeas, donde Milei, en su primera visita a España como presidente argentino –mantuvo encuentros con empresarios–, fue protagonista del cierre. Desde el Palacio de Vistalegre cargó contra Begoña Gómez tras el inicio de su periplo judicial y después de los cinco días de reflexión de Sánchez: "Tiene a su mujer corrupta y se toma cinco días para pensarlo", lanzó. En junio volvió a recibir la medalla de la Comunidad de Madrid y a recoger el premio del Instituto Juan de Mariana, apoyado directamente por Abascal. Se reunió un año después tras su paso por el Madrid Economic Forum 2025, un encuentro que volvió a producirse en junio de este año, antes de que Milei fuese galardonado por la CEU San Pablo.
Cada visita ha servido a la izquierda para marcar perfil. Después de ese vídeo, Sánchez compartió en sus redes una foto de la pantalla de su movil escuchando la canción 'Fanático' de la artista argentina Lali, que es muy combativa de Milei. Acompañó el asunto con un "Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!". La canción, de 2024, surge de un choque directo con Milei, al considerar de "peligrosa" y "triste" la victoria del líder de La Libertad Avanza. Él la minimizó y acusó de beneficiarse de contratos financiados con dinero público. La letra ironiza con alguien que finge no conocerla pero que vive obsesionado con ella. El vídeoclip lo retrata con patillas y chaqueta de cuero, look informal del argentino.
Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.
La visita de Milei quedó principalmente reducida a una promoción propia de sus políticas económicas y a los ataques al presidente. Vox optó por encapsular más el asunto priorizando la ruta de Abascal por distintos territorios. Hay una diferencia clara con otros encuentros en Disenso, no ha habido una recepción a pie de calle, si no que la llegada de Milei fue un visto y no visto. Contrasta con un encuentro privado similar en abril con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, que fue recibida por Abascal a la entrada. Tras un mitin en Ponferrada (León) este martes, Abascal se trasladó ayer a A Coruña. Allí respondió a la pregunta de por qué no ha habido encuentro, centrándose en la precampaña: "Veo que hay una preocupación por no reunirme. Es mi amigo y aliado político. He podido reunirme en cada ocasión que ha venido. Pero ahora tengo una prioridad, que es estar con los españoles".
Ante el ruido por ese perfil bajo del partido, Abascal reaccionó a media tarde de camino a un mitin a Avilés publicando en redes una videollamada mantenida con Milei tras su encuentro con Disenso y Garriga. "¡Cómo estás amigo, que dicen que no me quieres más!", ironizaba Milei sobre el revuelo armado. "Me habría encantado verte. En otra ocasión", le agradeció también Abascal el discurso contra Sánchez. "Parece que los zurdos están muy alterados", respondió. El aval de Abascal a las palabras de Milei, que como él mismo reconoce, en definitiva no se alejan de las apreciaciones cotidianas de Vox genera una incógnita: cómo será utilizado esto por el Gobierno en los próximos días.
Mientras que Vox optó por publicar las imágenes de Abascal en su vehículo camino a ese acto, la Oficina del Presidente de Argentina decidió ir más allá en contraste con Vox y Disenso, mostrando imágenes de Milei con la comitiva de Vox y Disenso en el despacho del de Amurrio.
En su visita a España, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con autoridades de VOX, y saludó por videollamada al Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal, quien se encuentra de gira por el país por la campaña electoral. pic.twitter.com/BqapyTIeRv
En parte la ausencia de intensidad con esta visita, que por parte de Vox podría haber sido utilizada para animar un gran mítin en Madrid, se debe a un intento claro de contención. De evitar en lo posible sobresaltos. La derecha afronta esa carrera electoral con una tregua de no agresión, de no echarse en cara cuestiones que puedan debilitar la suma, ni priorizar las llamadas al voto útil como en 2023. Simplemente, en frente queda la izquierda y el Gobierno de Sánchez. Eso no quita que cada partido busque despuntar frente al rival con propuestas o gestos. Es el caso del PP de Feijóo, con promociones del ala dura en cuestiones como inseguridad o inmigración, como Xavier García-Albiol como número uno por Barcelona, o de Cayetana Álvarez de Toledo como 'dos' del gallego por Madrid, donde el votante de derechas es más duro. Pero al dirigente popular no le interesa que le asocien con el discurso de Milei, sobre todo cuando intenta hacerse un hueco entre el votante más moderado.
Sin ataques directos, está destacando el tono de los de Abascal, que priorizó en una de las últimas reuniones de la Ejecutiva, la semana pasada, la contención y defender las políticas del partido sin caer en provocaciones. Para PP y Vox el Gobierno va a caer por su propio peso, y priorizan cuestiones como el entendimiento para una alianza de listas al Senado, con potenciales retiradas en puntos estratégicos por parte de Bambú, o de integración de candidatos a terceros puestos de las candidaturas de Génova.
No sé conoce si ambos partidos han abordado la cuestión de Milei, aunque la interlocución es permanente para cuestiones electorales. Es conocido que una defensa férrea a Milei, de promoción de sus recetas económicas este miércoles, azuza la contraofensiva de la izquierda, ya calentados con valoraciones sobre las pensiones mixtas hechas por Figaredo recientemente, o sobre la sostenibilidad del sistema, que está "a punto de petar" según Ester Muñoz. Estos días se ha hecho viral un vídeo de principios de 2025 en el que Figaredo y Jorge Buxadé, alababan las políticas argentinas pero matizaban que una vez llegasen al poder "la motosierra de Milei" se iba a quedar corta.
Anécdota con los anunciantes de Nueva Economía Fórum
No pasó por alto la discreción de los patrocinadores en ese desayuno informativo, minimizándose en la parte superior del fondo azul oscuro del evento en contraste con otros eventos cotidianos. Perfectamente situados para escapar del plano de las televisiones. Regularmente, tanto Asisa como Solaria aparecen con sus logos multiplicados. Estaban ahí en la jornada con Bardella. Igualmente, en desayunos como el de Mar Espinar, del PSOE de Madrid; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; uno con Ayuso; con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; con Muñoz, o con el líder de ERC, Oriol Junqueras, por ejemplo, en estas últimas semanas.
Santiago Abascal y Javier Milei
Preguntado por ello, fuentes de comunicación de Nueva Economía Forum indican que ambos patrocinadores han respaldado el acto. "Sus rótulos aparecían en otros lugares del salón" donde aconteció el evento. Restan importancia a un asunto que, dicen, ha provocado numerosas llamadas de distintos medios de comunicación durante las últimas horas.
Sin audiencia deseada con Felipe VI y criticado por Exteriores
Tampoco pudo verse Milei con el jefe del Estado. En 2024, coincidiendo con ese polémico Vistalegre, una petición desde el Gobierno argentino no prosperó por el rechazo de Exteriores, que es quien supervisa la agenda internacional de Casa Real. Según indica el diario argentino Clarín, una segunda petición para esta visita fue rechazada al no ir acompañada, conforme a las prácticas habituales, de una cita con el presidente del Gobierno. Desde el equipo de Gobierno argentino recalcan las buenas relaciones con la Corona.
Exteriores se mostró muy crítico con las palabras de Milei contra Sánchez. "Nuestra más enérgica condena ante los insultos y calumnias (...) contra el presidente y los españoles. Igualmente, condenamos el llamamiento al uso de la violencia que ha realizado esta mañana". "España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente y a sus instituciones elegidas, libre, democrática y soberanamente". Desde el departamento del ministro José Manuel Albares aseguraron que "es indigno que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina".
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