Dos estudios internacionales publicados en revistas científicas de referencia avalan la utilidad del índice INCS, una herramienta desarrollada por el investigador Ángel Arévalo Martín en el Laboratorio de Neuroinflamación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

El INCS reúne en un único indicador los cambios motores y sensitivos que experimenta una persona con lesión medular entre dos evaluaciones, y los nuevos trabajos amplían la evidencia sobre su utilidad tanto para evaluar ensayos clínicos como para estudiar los patrones de recuperación a lo largo del tiempo.

El primero de los estudios, publicado en Journal of Neurotrauma, aplicó el INCS al ensayo clínico europeo de fase II NISCI, diseñado para probar si el anticuerpo NG101 ayuda a la reparación axonal tras una lesión medular cervical aguda.

Los resultados mostraron que el índice detecta cambios neurológicos con mayor precisión que otras escalas habituales, entre otras razones porque evita el efecto techo: el problema que surge cuando una escala no puede reflejar mejoras porque el paciente ya se acerca a su valor máximo. El índice también mostró una mejor correlación con la escala SCIM, utilizada internacionalmente para medir la independencia funcional de los pacientes.

El índice INCS permite detectar con mayor precisión los cambios neurológicos tras una lesión medular

El segundo estudio, publicado en Journal of Neurology, analizó la evolución de 4.407 personas con lesión medular traumática a partir de los datos del estudio europeo EMSCI, una de las mayores bases de datos de este ámbito en Europa. Los resultados identificaron cuatro perfiles de recuperación: uno con mejoría marcada, otro con recuperación insignificante y dos intermedios.

Pese a esas diferencias en el resultado final, el momento en el que se producen los cambios neurológicos más relevantes sigue una cronología similar en todos los grupos, concentrándose principalmente en las primeras diez semanas tras la lesión, un periodo asociado a una mayor neuroplasticidad del sistema nervioso.

Ambos trabajos forman parte de la línea de investigación del Laboratorio de Neuroinflamación financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y han contado con la participación de instituciones europeas de referencia en lesión medular. Los autores principales son Ángel Arévalo Martín y Daniel García Ovejero, ambos integrantes del laboratorio del HNP y miembros del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

Conciliar el trabajo con el cuidado de un hijo que padece una enfermedad grave puede convertirse en una situación especialmente complicada para muchas familias. La necesidad de reducir la jornada laboral para atender sus necesidades médicas y personales plantea dudas sobre cuánto tiempo pueden mantener ese derecho los progenitores y qué ocurre cuando el familiar requiere cuidados intensivos durante más años de lo previsto.

Ahora, una nueva norma introduce cambios en esta materia. El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo ha explicado las principales novedades de la Ley 4/2026, que entra en vigor este viernes, 23 de octubre, y amplía la protección en determinados supuestos de discapacidad y dependencia.

Uno de los cambios más relevantes afecta a quienes necesitan reducir su jornada para cuidar de hijos u otros familiares que requieren atención continuada. Es entonces cuando hay que resaltar que la reforma contempla que este derecho pueda prolongarse más allá de los límites de edad ordinarios cuando concurran situaciones de gran discapacidad o gran dependencia y se mantenga la necesidad de cuidados directos, continuos y permanentes.

La nueva ley amplía la reducción de jornada para quienes cuidan de familiares con gran discapacidad o dependencia

Hasta ahora, los límites de edad podían convertirse en un obstáculo para las familias que seguían necesitando atender a un hijo con una enfermedad grave. La reforma incorpora una excepción para determinados casos en los que el familiar presenta una gran discapacidad o gran dependencia y requiere cuidados continuados.

En esas circunstancias, la reducción de jornada podrá mantenerse más allá de los límites de edad previstos, siempre que se acredite que persiste la necesidad de atención y se cumplan los requisitos legales.

La modificación también busca favorecer la corresponsabilidad familiar. En los supuestos de especial intensidad asistencial, ambos progenitores podrán compartir la reducción de jornada, de forma simultánea y proporcional, sin que la suma de sus reducciones supere el 100 % de la jornada. La medida pretende que el cuidado no recaiga necesariamente sobre una sola persona y que ambos puedan organizar su actividad laboral de acuerdo con las necesidades familiares.

Los progenitores de hijos con cáncer u otras enfermedades graves podrán mantener la protección en determinados supuestos

Otro de los aspectos que destaca Barrionuevo está relacionado con la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La normativa contempla cambios para ampliar la protección cuando persiste la necesidad de cuidados y concurren situaciones de gran discapacidad o gran dependencia.

El abogado señala, además, que la asistencia parcial del menor al colegio no debería implicar por sí sola que la familia pierda esta protección. En cualquier caso, el reconocimiento y mantenimiento de la prestación dependen de que se cumplan las condiciones exigidas y de que continúe acreditándose la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Por ello, cada situación deberá analizarse atendiendo a las circunstancias médicas y familiares.

Las comunidades de vecinos tendrán que prestar especial atención a una reforma legal que afecta a las obras de accesibilidad de sus edificios. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que entra en vigor este viernes 23 de octubre, refuerza las obligaciones de las comunidades cuando un propietario solicita adaptaciones para una persona con discapacidad o mayor de 70 años.

La notaria María Cristina Clemente ha explicado las principales novedades y ha advertido de que las juntas de propietarios no podrán desentenderse de determinados trámites relacionados con las ayudas públicas.

Entre las actuaciones que pueden verse afectadas figuran la instalación de ascensores, la construcción de rampas y otras adaptaciones necesarias para facilitar el acceso y la movilidad dentro del inmueble. La reforma establece que, cuando las subvenciones públicas efectivamente concedidas alcancen el 70 % del coste de las obras, su ejecución será obligatoria para la comunidad si se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Las comunidades deberán solicitar las ayudas públicas cuando un vecino les informe de las convocatorias disponibles

Una de las principales novedades que destaca Clemente es que el propietario que solicite las obras podrá aportar información sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones disponibles en materia de vivienda. En ese supuesto, la comunidad estará obligada a solicitar las ayudas correspondientes, por lo que la junta no podrá limitarse a rechazar la petición o dejar de tramitar las subvenciones que se le hayan señalado.

La notaria recuerda que esta obligación cobra especial importancia cuando las adaptaciones son necesarias para que una persona con discapacidad o mayor de 70 años pueda utilizar adecuadamente los elementos comunes del edificio. "No puede la junta desentenderse de este trámite", advierte.

Por otro lado, el porcentaje de las subvenciones es otro de los puntos clave de la reforma. Hasta ahora, la Ley de Propiedad Horizontal establecía que las obras de accesibilidad debían realizarse cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pudiera acceder alcanzaran el 75 % de su importe. Con la nueva redacción, el umbral pasa al 70 % de las ayudas efectivamente concedidas.

Esto significa que no basta con que exista una convocatoria abierta o con que la comunidad tenga la posibilidad de solicitar una subvención: para que opere esta obligación específica, las ayudas deben haber sido concedidas y alcanzar el porcentaje establecido. Cuando se cumple ese requisito, la ejecución de las obras resulta obligatoria y no se aplican los límites económicos ordinarios previstos para estas actuaciones.

El vecino podrá acudir a los tribunales si la comunidad se niega a ejecutar las obras de accesibilidad

La reforma también contempla qué puede ocurrir si, pese a cumplirse las condiciones legales, la comunidad no lleva a cabo las adaptaciones solicitadas. En ese caso, el propietario interesado podrá acudir a la autoridad judicial competente para solicitar que se ordene la ejecución de las obras.

Clemente subraya así que la obligación de la comunidad no se limita a estudiar la petición. Si concurren los requisitos establecidos y las obras siguen sin realizarse, el afectado podrá recurrir a la Justicia para reclamar que se cumpla la ley. La norma también mantiene la posibilidad de ejecutar las actuaciones cuando las ayudas no alcancen el 70 % o se supere el límite económico ordinario, siempre que quienes las hayan solicitado asuman el coste que exceda de esos límites.

Perder la capacidad para desempeñar el trabajo habitual ya supone un golpe importante para cualquier trabajador, pero la situación puede complicarse todavía más cuando, además de quedarse sin empleo, la Seguridad Social le deniega la pensión por incapacidad permanente.

Es lo que le ocurrió a un camionero con problemas de visión y pérdida de fuerza y movilidad en una mano, que se encontró sin poder ejercer su profesión y sin la prestación que había solicitado.

Sin embargo, la Seguridad Social ha rectificado su decisión y le reconocerá una incapacidad permanente total sin necesidad de llegar a juicio, como así ha explicado el abogado laboralista Víctor Arpa.

Los problemas de visión y la pérdida de movilidad en una mano impedían al camionero desempeñar su trabajo con seguridad

El caso llegó al despacho de Arpa después de que el trabajador recibiera una primera negativa de la Administración. Sus problemas de salud afectaban directamente a las tareas que debía realizar al volante de un vehículo de gran tonelaje, hasta el punto de que el servicio de prevención de su empresa lo declaró no apto.

La compañía terminó despidiéndolo, pero la denegación de la pensión dejó al trabajador en una situación especialmente delicada, con dificultades para volver a ejercer su profesión y los gastos cotidianos que seguían llegando cada mes.

La reclamación previa permitió que la Seguridad Social revisara la denegación de la incapacidad permanente

El trabajador desarrollaba su actividad profesional conduciendo camiones de gran tonelaje, una labor que exige mantener unas condiciones físicas y visuales adecuadas para circular con seguridad. En su caso, los problemas de visión y la pérdida de fuerza y movilidad en una mano comprometían su capacidad para realizar las funciones propias del puesto. El servicio de prevención valoró su situación y concluyó que no era apto para continuar desempeñando su trabajo.

La empresa acabó despidiéndolo, pero la Seguridad Social también rechazó inicialmente su solicitud de incapacidad permanente. De esta forma, el hombre se encontró sin su empleo y sin la prestación que esperaba recibir ante la imposibilidad de seguir trabajando como camionero.

Arpa resume el impacto de esa situación recordando que, mientras el afectado trataba de resolver su futuro laboral, las facturas seguían llegando y la posibilidad de tener que esperar a un juicio aumentaba la incertidumbre.

El camionero recibirá una incapacidad permanente total sin necesidad de esperar a una sentencia judicial

Ante la negativa inicial, el despacho de Víctor Arpa presentó una reclamación previa para solicitar que se revisara la decisión. La estrategia consistió en explicar cómo afectaban los problemas de salud del trabajador a las tareas concretas de su profesión y por qué esas limitaciones le impedían conducir un camión con las debidas condiciones de seguridad.

El abogado destaca que no basta con describir una enfermedad o una lesión de forma aislada: también es importante relacionar las limitaciones que provoca con las funciones esenciales del trabajo habitual. En este caso, la reclamación permitió que la Administración volviera a examinar la situación del camionero y modificara su criterio antes de que el conflicto llegara a los tribunales.

Un error de apenas unos céntimos puede complicar una gestión con Hacienda y acabar teniendo consecuencias económicas mucho mayores de lo esperado. Pagar una deuda fuera de plazo ya puede acarrear recargos, pero la situación se complica cuando el contribuyente intenta regularizarla por su cuenta y se equivoca al introducir el importe.

Dani, experto en IRPF, ha explicado el caso de una persona que abonó cuatro céntimos menos de lo que debía y terminó recibiendo una reclamación con un recargo del 20%.

El contribuyente tenía pendiente una deuda de 23.417,47 euros y, al no poder pagarla dentro del plazo establecido, decidió ingresarla voluntariamente antes de recibir un requerimiento de Hacienda. Sin embargo, al realizar el pago escribió 23.417,43 euros, por lo que dejó cuatro céntimos pendientes.

Según relata Dani, la Administración consideró que la deuda no se había abonado por completo y reclamó el importe pendiente junto con un recargo que podía elevar considerablemente la cantidad exigida.

Un pago de 23.417,43 euros dejó cuatro céntimos pendientes y Hacienda reclamó la deuda con un recargo

El experto utiliza este ejemplo para explicar por qué es importante comprobar con precisión las cantidades al realizar pagos tributarios. La intención del contribuyente era saldar la deuda antes de que Hacienda se pusiera en contacto con él, pero el pequeño error en el importe impidió que el pago cubriera la totalidad de lo exigido.

Dani advierte de que, en estos procedimientos, pagar casi toda la deuda no equivale necesariamente a haberla satisfecho por completo. La diferencia entre el importe que se debía y el que finalmente se ingresó fue mínima, pero bastó para que la Administración reclamara el dinero pendiente y aplicara el recargo correspondiente, según explica en su vídeo.

Qué recargos puede aplicar Hacienda cuando una deuda tributaria no se paga dentro del plazo establecido

La normativa tributaria contempla distintos recargos en función del momento en el que se abona una deuda pendiente en periodo ejecutivo. De acuerdo con la Agencia Tributaria, el recargo puede ser del 5 % si se paga la totalidad de la deuda antes de recibir la providencia de apremio, del 10 % si se cumplen los requisitos para el recargo reducido tras esa notificación y del 20 % cuando no se cumplen las condiciones anteriores.

Por otro lado, Dani también relata el caso de un cliente que contactó con él en julio porque no se le había cargado el primer pago fraccionado de la declaración de la renta. A partir de ahí, le recomendó abonar el importe completo antes de recibir una notificación de Hacienda para evitar que la deuda entrara en una fase más avanzada del procedimiento de recaudación.

El cliente siguió su consejo, aunque posteriormente recibió una notificación con un recargo. El experto presentó entonces el correspondiente recurso y consiguió que el recargo quedara reducido al 5 %.

Empezó a trabajar con 16 años en su pueblo de Valladolid y hoy dirige su propia empresa de construcción. Gonzalo Flores Martín, albañil autónomo de 41 años, ha detallado cuánto ingresa cada mes y qué mensaje tiene para los jóvenes, en unas declaraciones que recogió originalmente El Español y que ha difundido en las últimas horas el medio argentino Todo Noticias.

Su historia arranca en Velascálvaro, un pequeño municipio vallisoletano, donde creció en lo que describe como una infancia de pueblo, jugando en la calle y siendo feliz. Su primer empleo fue en una máquina de patatas durante los veranos, y después pasó por una bodega, donde embotellaba vino. Mientras tanto, la albañilería se le fue cruzando en el camino: surgían encargos de fachadas y de enlucidos de yeso en viviendas.

Cuánto gana al mes este albañil autónomo y qué parte de sus ingresos destina a gastos e impuestos

Entre los 30 y los 38 años compaginó la bodega con trabajos de albañil y yesero, hasta que decidió dedicarse por completo a la construcción. En marzo de 2026 dio el paso definitivo y fundó su empresa. "Se cobra bien si trabajas, pero es una profesión dura", concreta.

Él mismo se define como un albañil autónomo que trabaja sobre todo en reformas pequeñas de viviendas, además de revestimientos de mortero monocapa y de yeso.

Sobre el dinero es directo. Asegura que ingresa entre 3.000 y 4.000 euros al mes y que sus gastos oscilan entre 800 y 1.000. Lo que más le pesa, dice, es la factura fiscal: cuando llega Hacienda, afirma, se queda con la mitad de lo que gana. Aun así, defiende que en el sector se cobra bien si se trabaja, aunque advierte de que es una profesión dura que exige constancia y esfuerzo. "El lío es cuando viene Hacienda y te quita la mitad de lo que ganas", expresa.

La advertencia de Gonzalo Flores a los jóvenes ante la falta de albañiles y el futuro del oficio

Su otra preocupación es el relevo generacional. Flores expresa que faltan profesionales y, si los jóvenes no se interesan por el oficio, la profesión corre el riesgo de desaparecer. Comenta que muchos veteranos del sector llevan tiempo alertando de la escasez de mano de obra.

Además, comenta que muchos veteranos del sector llevan tiempo alertando de la escasez de mano de obra. "Si trabajas, el futuro es bueno; si esperas a las ayudas, vas a malvivir", sostiene.