La Xunta de Galicia ha endurecido las medidas disciplinarias en los centros educativos para mejorar la convivencia, combatir el acoso y el ciberacoso y reforzar la autoridad del profesorado. Entre ellas, se encuentran las sanciones por utilizar teléfono móvil, que podrán conllevar desde tareas educativas a una expulsión de las aulas de seis a 20 días lectivos.

Hasta este momento la Consellería de Educación establecía dos niveles dentro del régimen sancionador: las conductas leves y las gravemente perjudiciales. Ahora, las modificaciones, que se materializan a través de la Lei de acompañamento de los Presupuestos 2027, establecen tres niveles: las conductas gravemente perjudiciales, las graves y las leves. Dentro de ellas, se considerará una conducta grave contraria a la convivencia la utilización del móvil o otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, incluida la entrada y salida del centro, los tiempos de recreo y comedor o las actividades extraescolares.

En el caso de cometer esta falta, el alumno podrá ser sancionado con la realización de tareas educativas o de actividades de carácter académico, dentro o fuera del horario lectivo, o la expulsión del centro entre seis y 20 días lectivos, en los que realizará las actividades correspondientes desde casa para garantizar la continuidad de su proceso de aprendizaje.

Así, el Gobierno gallego dará un nuevo paso para vigilar y mantener la prohibición del uso de los dispositivos móviles en los centros educativos excepto para ciertos usos pedagógicos, medida que entró en vigor en enero de 2024. Además, la Xunta también restringirá el uso académico de estos dispositivos, limitándolo a partir de 3 ESO.

"Ojalá que no haya que expulsar a nadie"

Al ser preguntado al respecto de la dureza de las sanciones, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha recordado que la utilización del móvil en los centros está prohibido desde hace "mucho tiempo", salvo para algunas cuestiones pedagógicas, y que fue una medida "tremendamente bien acogida" por las familias, y también por las propias instituciones educativas.

"Favorece la socialización del alumnado, reduce la desconcentración, y reduce también el riesgo de ciberacoso", ha asegurado el conselleiro, defendiendo que la Comunidad fue "pionera" en establecer esta prohibición. En este sentido, ha indicado que "ojalá no haya que expulsar a nadie", pero la realidad es que si un alumno realiza una actividad de acoso o ciberacoso a otro "algo habrá que hacer".

Con este objetivo, se ha decidido reforzar y profundizar en las medidas disciplinarias al respecto. Román Rodríguez ha señalado que las modificaciones en la tipificación de las conductas y sus respectivas sanciones se plantearon con "criterio, objetividad, metodología y seguridad jurídica".

"Si en un centro educativo donde conviven muchas personas muy diferentes no existe un buen clima de convivencia, pues es difícil que el proceso de aprendizaje funcione. Es necesario diseñar una serie de medidas que favorezcan que aquellas personas que infringen las normas de convivencia tengan algún tipo de sanción, porque si no entraríamos en un buenismo que realmente tiene poca eficacia", ha defendido.

Igualmente, será el centro educativo el que decida la sanción a imponer, dependiendo de la reincidencia del alumno y la gravedad de la misma, excepto en los casos de ciberacoso -tipificada como gravemente perjudicial para la convivencia-, en los que el estudiante tendrá que ser cambiado de centro. "Se hizo esta hoja de ruta para evitar, en este caso, que el abusador o aquella persona que acosa a otro, piense que eso es gratis. No puede ser gratis. Si pensamos eso, pues difícilmente construiremos una sociedad sana en el futuro", ha remarcado Rodríguez.

No entregar los deberes será falta leve

Entre otros comportamientos que pueden desembocar en castigos e incluso la expulsión también figura la no entrega de deberes o tareas educativas propuestas por el profesorado o asistir al aula de forma reiterada e injustificada sin los materiales o recursos necesarios. En este caso, el estudiante se podrá enfrentar a la imposición de tareas educativas o actividades académicas dentro o fuera del aula, o, en los casos más graves, a la expulsión del centro durante cinco días.

"Nuestros centros educativos miden perfectamente qué alumno y en qué circunstancias es merecedor de una sanción. No se trata de que un alumno, si un día no trae una libreta, vaya a tener automáticamente una expulsión de unos días, sino que se trata de casos reincidentes, y cada centro gradúa perfectamente a aplicación de estas medidas", ha expuesto la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido revocar de nuevo el tercer grado al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, condenado por delitos de asesinato, lesiones, estragos y otros relacionados con su pertenencia a la banda terrorista, dada la "escasa reparación del daño" y "los graves delitos cometidos". Olarra ordenó el asesinato del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, que tuvo lugar el 9 octubre del año 2000 en Granada.

Juan Antonio Olarra Guridi fue condenado a más de 1.000 años de cárcel por el atentado con coche-bomba contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera en la calle de Corazón de María (Madrid), el 6 de noviembre de 2001, que causó 95 heridos. En la citada sentencia se le condenaba también a pagar cuantiosas sumas a los heridos para reparar el daño.

En 2008, la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión por ordenar a los miembros del comando Andalucía Harriet Iragi y Jon Igor Solana asesinar en el año 2000 a Luis Portero en el portal de su residencia de Granada. Además, cuenta con otra condena a 28 años de prisión por el asesinato en 1993 del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez Burillo en San Sebastián, cuando el etarra formaba parte del Comando Donosti.

Según ha comunicado el Ministerio Público, la Fiscalía ha interpuesto un recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, después de que el pasado miércoles la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco le otorgara el tercer grado. Esta es la segunda vez que el Gobierno vasco le otorga el régimen de semilibertad al exdirigente de ETA, ya que la primera fue revocada por la Audiencia Nacional el pasado mes de julio.

El Ministerio Público argumenta una "escasa reparación del daño", dado lo "exiguo de las cantidades con las que está haciendo frente al pago de la responsabilidad derivada de los graves delitos cometidos" y ve prematuro el tercer grado, ya que hasta la libertad definitiva en 2032 existe un periodo de tiempo excesivamente largo". "Esta tipología delictiva hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, incardinados dentro del ámbito terrorista, ya que este ha sido condenado por delitos de asesinato y otros que han causado múltiples lesionados", razona.

Asimismo, ha indicado que "el escaso tiempo transcurrido desde la revocación" del beneficio penitenciario por la Audiencia Nacional "no permite hacer un estudio ponderado de la evolución del interno, para para lo cual se requiere un mayor lapso temporal".

Por su parte, el Ejecutivo Vasco señaló que "los profesionales del centro, juristas, psicólogos, educadores y trabajadores sociales que están en contacto permanente con los interno han propuesto esta progresión". Y apuntó a que el objetivo que impone la legislación penitenciaria es "que la reintegración a la sociedad de los internos en condiciones distintas a las que ingresaron en prisión" y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos se acoge a él "con convicción".

Un conato de incendio en un restaurante de la céntrica calle Albareda ha sorprendido este martes tanto a los clientes que se hallaban en ese momento en el local, como a quienes transitaban por esta vía plagada de locales de hostelería.

El fuego se ha originado por la tarde en la cocina de un establecimiento, situado en esta calle del Casco Antiguo, a escasos metros de la Plaza Nueva y perpendicular a Tetuán, una de las calles más comerciales de la ciudad.

En el suceso han participado efectivos de Bomberos de Sevilla y el incendio ha quedado controlado, sin que haya que lamentar daños personales.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox, ha vetado las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Así lo recoge en sus requisitos la orden de la línea de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión para 2026, tal y como ha adelantado elDiario.es este martes, 20 de octubre, y ha consultado Europa Press en la web de la Junta.

Se trata de una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 9 de octubre y que establece los requisitos y condiciones de estas ayudas que se pueden solicitar hasta el próximo 3 de noviembre.

La orden recoge, en concreto, que "el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

No obstante, no precisa qué criterios determinan si las producciones audiovisuales implican un "adoctrinamiento ideológico" ni incluye este concepto en los baremos. Desde su toma de posesión el pasado mes de junio como consejero del área, Díaz Pico ha asegurado que introduciría cambios en la Consejería de Cultura para alejarla de la "ideologización" y de la "progresía".

"Frente a la censura y el control ideológico"

Asimismo, ha marcado distancias con la política de su predecesor, Gonzalo Santonja - quien fue designado inicialmente por Vox en 2022 y luego se mantuvo en el cargo con el PP hasta este 2026-. Para Díaz Pico la línea seguida por Santonja no se adaptaba a los planteamientos de Vox.

Tras conocer este veto en las ayudas al cine en Castilla y León, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido que "esta es la política cultural de Vox": "Más censura". "Hoy lo hacen en Castilla y León y mañana querrán hacerlo desde el Gobierno de España", ha continuado. "Frente a la censura y el control ideológico, vamos a defender la libertad de creación. También en las urnas", ha aseverado el ministro en una publicación en su perfil de la red social Bluesky.

La Policía Nacional ha detenido al menos a dos personas y localizado a unos 100 extranjeros en situación irregular en el marco de una operación contra la inmigración ilegal desarrollada en la mañana de este martes en la barriada del Príncipe, en Ceuta. Los agentes han desmantelado varios pisos patera en la zona periférica, según han confirmado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía, sin especificar el número de viviendas en las que han intervenido.

La investigación y el despliegue se ha llevado a cabo por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), con sede en Madrid, en el marco de una investigación destinada a identificar a personas que permanecen en la ciudad autónoma en situación administrativa irregular y esclarecer las posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones en las que se alojan.

Según la información facilitada por fuentes policiales, la operación ha permitido contabilizar hasta el momento a cerca de un centenar de personas en las viviendas inspeccionadas. Como resultado de las actuaciones, se han practicado dos detenciones, aunque no se descarta que puedan producirse nuevos arrestos a medida que avance la investigación. Entre el centenar de personas halladas en los pisos patera se encuentran también menores de edad.

La investigación permanece abierta y los agentes continúan trabajando para esclarecer los hechos. Por el momento, no se ha concretado el alcance definitivo de la operación, ni se ha descartado la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones. Las fuentes policiales han asegurado que la intervención no será la última y han apuntado a la intención de continuar desarrollando actuaciones en diferentes zonas de Ceuta. El objetivo es localizar a personas que permanecen en situación irregular y conocer las circunstancias en las que se encuentran.

Las lluvias y tormentas de las últimas horas han provocado el derrumbe parcial del techo de los locales anexos al antiguo Cine Iris, en Palma, y han obligado a cerrar un aula de la 'escoleta' Son Roca y otras dos de la de Es Molinar. El incidente ha ocurrido este martes y no se han tenido que lamentar daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa en la que ha hecho balance de los efectos de la DANA Adam en la capital balear.

Los Bomberos de Palma y técnicos de Urbanismo se han desplazado hasta el lugar para evaluar la situación. Según la inspección inicial, no existe riesgo para el entorno ni para el centro educativo situado en las proximidades. Asimismo, se ha balizado el perímetro para garantizar la seguridad de la zona, a la espera de la nueva visita que realizarán los Bomberos y los servicios de Inspección Urbanística este miércoles.

Por otra parte, en la 'escoleta' de Son Roca, los servicios municipales de Infraestructuras se han desplazado este martes para evaluar los daños ocasionados por la caída de un árbol, que ha obligado a cerrar un aula. Las lluvias también han obligado a cerrar dos aulas de la 'escoleta' de Es Molinar. Ambos centros educativos han podido abrir este martes y mantener el resto de actividad lectiva con normalidad, si bien las clases afectadas permanecen cerradas hasta que se solventen los desperfectos.

Entre el sábado y este martes, los Bomberos de Palma han realizado 23 intervenciones relacionadas con el temporal, mientras que los distintos servicios municipales continúan trabajando de forma coordinada para atender las incidencias, evaluar los daños y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Este episodio meteorológico motivó la activación del Plan Territorial Municipal de Emergencias de Palma (PlaterPalma) en fase roja, como consecuencia del aviso por peligro extraordinario de lluvias emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras la evolución favorable de las condiciones meteorológicas, el plan pasó a alerta cero este lunes.

El Ayuntamiento mantiene el seguimiento de la situación de los daños ocasionados por el temporal durante los últimos días, y de las actuaciones necesarias para evaluar y reparar los daños ocasionados por el temporal. Entre las incidencias registradas figuran caídas de árboles en distintos puntos de la ciudad, como Sa Teulera y Son Cladera, el contramuelle del Mollet y las calles de Joan Crespí, de Cala Llombards, de Fra Joan Llabrés y de Sevilla.

La DANA provocó interrupciones puntuales de los semáforos en distintos puntos de Palma, entre ellos la avenida de Alexandre Rosselló, la calle Aragón, la avenida de Adolfo Suárez, la plaza del Pont y el paseo de Andrea Doria. La mayor parte de estas incidencias ya se han resuelto, aunque los servicios municipales continúan trabajando en algunos puntos para restablecer completamente el funcionamiento de la red semafórica.

La mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido recuperar progresivamente la actividad habitual en la mayor parte de los espacios municipales que habían permanecido cerrados de forma preventiva durante el episodio de lluvias.

Desde la mañana de este martes, los parques, jardines, instalaciones deportivas, bibliotecas y 'casals de barri' han reabierto al público, a excepción de Can Terrers y el parque de Sa Ribera, que mantienen el cierre preventivo mientras se evalúan las condiciones de seguridad. Por otro lado, el polideportivo municipal de Germans Escalas acogió durante la noche del domingo al lunes a 36 personas procedentes de asentamientos situados en zonas inundables de Palma.

El alcalde, Jaime Martínez, realizó un seguimiento continuado de la evolución de la dana durante el domingo y el lunes, mediante reuniones de la Comisión Municipal de Protección Civil y del Comité Técnico Asesor. Cort ha resaltado que la coordinación entre los servicios de emergencia y las distintas áreas municipales está permitiendo atender las incidencias ocasionadas por el temporal y resolver progresivamente las situaciones detectadas.

Los bomberos de Santander han cortado el acceso a una pasarela de la zona del Puente del Diablo, ubicado en los acantilados de Cueto, tras determinar después de una revisión que precisa ser reparada. El cierre se produjo este lunes por la tarde.

Los efectivos municipales se desplazaran este lunes al lugar para revisar la infraestructura tras el aviso de un vecino que alertó del mal estado de uno de sus elementos, han indicado fuentes municipales. Al concluirse que necesita ser reparada, fue balizada como medida preventiva y se ha cortado el acceso hasta su posterior arreglo.

Según han señalado dichas fuentes, los bomberos afianzaron los elementos que se encontraban sueltos y se dará traslado de la actuación a la Demarcación de Costas, el organismo competente, para que proceda a realizar una reparación definitiva.

El Puente del Diablo se encuentra no muy lejano de la playa de El Bocal, donde en marzo fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida grave tras colapsar la pasarela sobre la que se encontraban.

Los Bomberos de Menorca rescataron la tarde de este lunes el cadáver de un hombre que estaba flotando en el mar en Cala en Brut (Ciutadella) durante la DANA Adam, que azotó Baleares y otras partes de España. El aviso llegó a los servicios de emergencias alrededor de las 18.00 horas, en una jornada en la que el 112 activó la alerta tanto amarilla como naranja por lluvias y tormentas en la isla.

Según han informado fuentes conocedoras de la intervención, fueron los agentes de la Policía Local quienes dieron el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Menorca, que se desplazaron hasta Cala en Brut. Los bomberos, a bordo de una embarcación semirrígida, navegaron hasta el cadáver, que se encontraba a entre 20 y 30 metros de distancia de la costa. Lo rescataron y lo trasladaron al puerto antiguo de Ciutadella.

Se trata de un hombre de entre 60 y 70 años que iba vestido únicamente con un traje de baño y que aparentemente llevaba poco tiempo en el agua. En el momento en el que se introdujo en el agua, según las citadas fuentes, el mar estaba en malas condiciones.

Por el momento, se descarta que sea un migrante desaparecido durante su viaje en patera, ya que es un varón caucásico. La principal hipótesis apunta a que se trata de un bañista. Una comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver sobre las 20.45 horas y el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Menorca se hizo cargo del caso.

Con esta, se elevarían a siete las víctimas mortales registrada durante el paso de la DANA por el Mediterráneo que ha dejado un fallecido en Barcelona, otro en Sagunto (Valencia), tres en Oliva (Alicante) y otro en Málaga.

No hay denuncia de desaparición

Los investigadores están tratando de determinar las circunstancias en las que murió el hombre, que todavía no ha sido identificado porque se encontraba indocumentado. Una de las posibilidades que barajan es que se trate de un extranjero que o bien residía en la isla o bien se encontraba de vacaciones.

Para tratar de corroborar esta hipótesis, los agentes están recorriendo los establecimientos turísticos de la zona. Por el momento no se ha denunciado la desaparición de ninguna persona de estas características.

Otra vía para la posible identificación del cadáver será la autopsia, que según las previsiones que maneja la Guardia Civil se llevará a cabo a lo largo de la jornada del miércoles. Las pruebas forenses también podrían determinar las causas exactas de la muerte del hombre, ya que de momento los investigadores desconocen si sufrió un ahogamiento o una indisposición médica.

Nueve de cada diez consumidores en España (el 90% exacto) afirma que compara los precios de los productos antes de realizar la compra, una práctica que permite ahorrar entre un 5 y un 10%, según el estudio 'El valor de comparar: decisiones de compra y ahorro en los hogares en España', realizado por Ipsos para Amazon.

Esto deriva de que el 95% de los consumidores en el país percibe que el coste de la vida ha aumentado durante los últimos doce meses y que cuatro de cada diez (39%) consideran que esa subida está por encima del 15%, por lo que el 80% de los consumidores dice prestar más atención al precio de los productos que hace un año.

Así, el 44% considera que comprar por Internet les ayuda a ahorrar en sus compras habituales, con un foco especial en los jóvenes: en particular, lo cree la mitad de los consumidores de entre 18 y 25 años (el 53%) y de los de 26 a 45 años (el 48%).

Además del 90% de encuestados que compara antes de comprar un artículo, seis de cada diez lo hacen siempre o casi siempre. Esto se produce sobre todo entre los de 26 a 45 años (66%), seguidos de los jóvenes de 18 a 25 años (62%) y los de 46 a 64 años (60%), así como entre la mitad (49%) de los mayores de 65 años.

Según el análisis, la comparación de precios permite ahorrar entre un 5% y un 10% en cada compra, el consumidor en España consulta tres tiendas online antes de decidir dónde comprar (34%) y le puede llevar entre 5 y 20 minutos por compra (49%). Otros comparan entre cuatro y cinco establecimientos (el 17%) y dedican incluso más de 20 minutos a ello (25%).

Por otra parte, el hecho de que una tienda compare regularmente sus precios con los de otros establecimientos para ofrecer el precio más bajo facilitaría al consumidor tomar mejores decisiones de compra (44%), ahorrar tiempo (38%) y controlar mejor sus gastos y ahorrar (36%). En esa línea, el 93% afirma que conocer esta práctica aumentaría su confianza en que está encontrando un precio bajo.

La calidad del producto (57%) y el precio final (55%) son los dos aspectos más importantes para los consumidores a la hora de planificar sus compras, por delante de la confianza en la tienda (31%).

En el desglose de sectores para esa comparación, se observa que moda y tecnología lideran el ranking general (45%), seguidas de alimentación y supermercado (43%), electrodomésticos (32%) y cuidado personal (28%).

Por generaciones, los jóvenes de 18 a 25 años comparan precios sobre todo en ropa (48%), juguetes y videojuegos (24%) y libros y entretenimiento (18%), mientras que las personas con 46 a 64 años se centran en tecnología y electrónica (50%) y los mayores de 65 años son quienes más comparan en alimentación (54%), electrodomésticos (41%) y productos de limpieza y hogar (27%).

Dos tendencias "destacadas"

Finalmente, el análisis detecta dos tendencias "destacadas". Por un lado, que el aumento del coste de la vida impulsa un consumo "más racional y planificado", con estrategias diferenciadas según la generación y entre las que destacan aprovechar promociones y cupones (40%), optar por marcas blancas o más económicas (36%), hacer la compra en diferentes establecimientos buscando mejores precios (30%) y comparar el precio de un mismo producto entre tiendas físicas y online (28%).

Por otro, los consumidores con entre 26 y 45 años serían los más sensibles a las subidas de precios -perciben un incremento del coste de la vida superior al 15% durante el último año- y quienes más comparan costes.

Estas conclusiones han sido presentadas este martes en una mesa redonda en la que han participado la directora de consumo en Amazon.es, Ana Sánchez-Jauregui; el presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz; la creadora de contenido Paloma Blanc y el consejero y profesor de escuela de negocios Pablo Foncillas.

Arquia Banca ha relanzado su 'Depósito Bienvenida' a 12 meses con una remuneración del 3% TAE -tasa anual equivalente-, con el objetivo de "seguir incrementando la captación de recursos", tal y como ha explicado la firma en un comunicado.

La oferta, que estará disponible hasta el 30 de octubre, está dirigida exclusivamente a nuevos fondos procedentes de otras entidades financieras. Para contratarlo, la compañía exige una inversión mínima de 10.000 euros y máxima de 200.000 euros, con la que se podrán obtener hasta 6.000 euros brutos en intereses en un año. En el caso de la inversión mínima, la remuneración ascenderá a 300 euros brutos.

Respecto a las condiciones, desde Arquia Banca han detallado que el 'Depósito Bienvenida' admite renovación y los intereses se abonan al vencimiento, al tiempo que ha adelantado que no permite cancelaciones parciales y en caso de cancelación total de la imposición, el cliente recuperará únicamente el nominal, puesto que la remuneración pasará a ser del 0% TAE (0% TIN), aunque se hayan devengado intereses durante el periodo transcurrido.

De este modo, si un cliente deposita 10.000 euros durante 12 meses al 3% TAE, podría ganar unos 300 euros brutos en intereses. Sin embargo, si cancela el depósito a los seis meses, recuperará únicamente los 10.000 euros iniciales y perderá todos los intereses generados (150 euros).

Arquia Banca está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que garantiza los depósitos en dinero hasta un importe máximo de 100.000 euros por titular. El Grupo Arquia cerró el ejercicio 2025 con un volumen de negocio gestionado de 4.863 millones de euros, un coeficiente de solvencia del 21,5% y una liquidez estructural del 253,7%.

"Desde hace más de cuatro décadas, la entidad bancaria desarrolla productos competitivos y adaptados a las necesidades concretas de sus clientes, a los que ofrece un trato personalizado y diferencial de calidad, con amplios horarios de atención en oficinas, sin la necesidad de cita previa, ni restricciones de operativa", ha concluido la entidad financiera.

Las entidades de protección animal y medioambiental Arde y Satya Animal han denunciado ante la Fiscalía de Baleares a una granja avícola ubicada en Manacor en la que han documentado la presencia de gallinas enfermas, cadáveres, huevos con ácaros y cucarachas.

Como ya hicieron meses atrás con una macrogranja de Llucmajor, las organizaciones desarrollaron el pasado julio una investigación en dos naves ubicadas en la finca de Maribó que agrupan a cerca de 40.000 gallinas y que gestionan la empresa Avícola Ballester.

Según han informado en un comunicado, han detectado una importante falta de higiene, con decenas de cucarachas y moscas, estiércol acumulado y telarañas sobre estructuras deterioradas.

Las imágenes captadas por los investigadores en tres días diferentes -que son verificables en lugar y fecha mediante geolocalización y periódicos- muestran a numerosos animales con pérdida parcial o total del plumaje, lesiones abiertas con pérdida de sustancia en cara y cuello, un animal con ausencia de globo ocular y numerosas gallinas con crestas pálidas.

El metraje, de casi una hora de duración, también muestra la presencia de varias gallinas en estado cadavérico y en proceso de descomposición siendo picoteadas por otras aves, lo que las entidades han calificado de "escenas de canibalismo".

De acuerdo con un peritaje veterinario elaborado por VetLexis y adjuntado en la denuncia, la coexistencia de diferentes patologías sugiere una exposición continuada a causas comunes, no situaciones puntuales, aisladas o accidentales.

Existe, además, una "infestación" de ácaros sobre los propios huevos y varias de las gallinas. De acuerdo con el informe pericial, la presencia de huevos en contacto directo con deyecciones y materia orgánica, su proximidad a animales muertos y la presencia de ácaros sobre la cáscara constituyen factores de riesgo en materia de seguridad alimentaria al facilitar la contaminación o penetración bacteriana, ya que los ácaros son reservorios de salmonella.

Una empresa con otras infracciones

Las organizaciones animalistas pusieron estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Baleares la mañana del lunes y pretende trasladarlos a primera hora de esta mañana a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

Su argumento es que las condiciones observadas en la granja resultan "incompatibles" con la normativa autonómica, nacional y europea relacionada con la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, especialmente de las gallinas ponedoras, y la sanidad y bienestar animal.

También han puesto de relieve que la empresa que gestiona la granja denunciada, Avícola Ballester, ha sido sancionada con anterioridad por infracciones en materia de sanidad animal y medioambiental pese a contar con el sello de bienestar animal Welfair.

En 2025, ponen por ejemplo, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural le impuso una sanción de 200.000 euros por la presencia de cadáveres de roedores y gallinas, la falta de registros en materia de sanidad animal y las condiciones de "deficiente" higiene en la macrogranja de Llucmajor.

Un año antes, han recordado Arde y Satya, ya se les había impuesto una multa de 150.000 euros por tener una granja sin la perceptiva autorización ambiental integrada desde 2017 y por un incorrecto manejo de los excrementos.

En esa época también propusieron construir una granja con capacidad para 739.000 gallinas en Sineu, a lo que se opusieron los ayuntamientos de la zona y que motivó, entre otras cosas, que el Govern aprobara un decreto que prohíbe las explotaciones de más de 160.000 animales.

Los vecinos, contra una nueva macrogranja

La investigación se llevó a cabo poco después de que, el pasado mes de junio, la empresa presentara un proyecto para construir una nueva macrogranja en Manacor, que plantean que tenga dos naves con capacidad para 80.000 gallinas.

Ante la preocupación por la afectación que este proyecto podría tener sobre su salud y el entorno natural, los vecinos de la zona se agruparon bajo la plataforma 'No Macrogranja' y presentaron alegaciones.

En ellas, argumentaron que el proyecto incumple las distancias mínimas sanitarias y respecto a los núcleos poblacionales y establecimientos turísticos. También advirtieron que la infraestructura se proyecta sobre masas de agua subterráneas que son vulnerables a la contaminación por nitratos.

La portavoz de Arde, Julia Elizalde, ha considerado que las imágenes que constan en la investigación "demuestran que el trato hacia los animales en esta empresa es absolutamente inaceptable y evidencian numerosas infracciones".

"Exigimos al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, que archive el proyecto de la nueva macrogranja y que ordene el cierre de la explotación investigada. Una empresa con este historial no debería poder seguir explotando animales y mucho menos ampliar su actividad", ha subrayado.

Arde está promoviendo una recogida de firmas para presentar las adhesiones ciudadanas contra el proyecto ante la Conselleria. Está previsto que este mismo martes (10.00 horas) ofrezcan una rueda de prensa junto a Satya para dar más detalles de la investigación.