La campaña del Black Friday y el Cyber Monday generará este año en España alrededor de 124.300 contrataciones, lo que supone un crecimiento del 5,3% en comparación con la campaña anterior, según las previsiones publicadas por Randstad, la empresa de talento líder en España. Este incremento del 5,3% viene impulsado fundamentalmente por el dinamismo continuado del comercio y el crecimiento sostenido del sector logístico, que consolida las buenas cifras registradas en la edición anterior.

En el comercio, la evolución de los hábitos de compra confirma que el auge del comercio electrónico no frena la contratación en el punto de venta. Las marcas refuerzan sus equipos en tienda con dependientes, promotores y asesores comerciales, perfiles en los que el trato cercano, la comunicación y el asesoramiento experto son determinantes en categorías como tecnología, belleza o alimentación. "Dado que las campañas son cada vez más amplias y exigentes, las empresas priorizan incorporar a los profesionales con la antelación suficiente para formarlos en producto, argumentarios y procedimientos, garantizando además su fidelización y disponibilidad para los días de mayor intensidad", indican desde Randstad.

Por su parte, las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán promotores, empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico. De forma transversal a ambas ramas, "las compañías valoran cada vez más el manejo de herramientas digitales y soluciones de apoyo para la gestión operativa en el puesto de trabajo, facilitando que el profesional resuelva consultas sobre producto y procedimientos con rapidez y autonomía en un entorno que todavía es omnicanal, combinando la visita a tienda con la compra online".

"El dinamismo de esta campaña confirma el buen momento del consumo, con un comercio físico que sigue tirando con fuerza de la contratación y un sector logístico que mantiene sus tasas de crecimiento positivas, mejorando los buenos resultados del año pasado. Asistimos a un modelo más equilibrado, donde las empresas combinan el refuerzo de la tienda de calle con una logística optimizada y planificada para dar respuesta a una demanda que sigue siendo omnicanal", explica Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal de Randstad.

Si se analiza el peso por sectores, el transporte y la logística continuarán concentrando el mayor volumen de contratación, con el 63,7% del total y cerca de 79.170 firmas. El sector se mantiene en tasas positivas con un crecimiento del 3,6% respecto a los 76.417 contratos alcanzados en 2025. Por su parte, el comercio representará el 36,3% restante con alrededor de 45.130 empleos, lo que supone un aumento del 8,5% interanual y consolida la buena marcha observada en los últimos años.

Madrid, Cataluña y Andalucía lideran el volumen nacional

En términos de volumen absoluto, la Comunidad de Madrid encabeza las contrataciones con 22.350 firmas, seguida muy de cerca por Cataluña (21.380) y Andalucía (21.020). Entre las tres autonomías aglutinan más de la mitad de las oportunidades laborales del periodo. El comportamiento territorial destaca por su evolución positiva, ya que prácticamente todas las comunidades autónomas incrementan sus contrataciones de cara a esta campaña. Las únicas excepciones son Castilla-La Mancha, que registra cerca de 6.115 contratos (-0,2%), y Extremadura, que se mantiene estable al alcanzar más de 1.450 firmas (+1%).

En el resto del mapa autonómico los incrementos son generalizados. Dentro de las regiones con mayor peso en el empleo destacan la Comunidad Valenciana, que alcanzará las 14.425 firmas con una subida del 5,7%, y Canarias y Galicia, que registrarán 6.560 (+6,2%) y 6.330 contratos (+5,9%) respectivamente. Euskadi, por su parte, rozará los 5.930 contratos (+4,8%), mientras que Castilla y León alcanzará las 4.200 firmas (+8,0%), la Región de Murcia llegará a los 3.960 contratos (+8,0%), Aragón sumará 3.330 (+5,5%) e Islas Baleares alcanzará las 2.405 contrataciones (+4,1%).

Asimismo, las autonomías que experimentan los mayores crecimientos porcentuales del país son Cantabria, que lidera el ranking con una subida del 13,9% (hasta los 1.190 contratos), La Rioja (+11,8%) con 570 firmas, el Principado de Asturias (+8,9%) con 1.732 contratos y la Comunidad Foral de Navarra (+8,0%) con 1.350 contratos.

El Gobierno apura muchas de las medidas de protección social que se habían quedado estancadas antes de que lleguen las elecciones del 29 de noviembre. Entre ellas, la ampliación de la pensión de viudedad que permitirá a las parejas con hijos que no están en ningún registro acceder a dicha prestación.

Así lo ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros del pasado martes. También se han aprobado otras medidas que benefician a las víctimas de violencia de género, las mujeres con menopausia incapacitante, entre otras subvenciones.

Con esta ampliación, no solo muchas familias podrán acceder a la pensión de viudedad, sino que también se podrán revisar solicitudes que fueron rechazadas anteriormente, precisamente por carecer de un registro oficial que demuestre el vínculo.

Requisitos para acceder a la pensión de viudedad

El Gobierno ha confirmado que los requisitos habituales siguen en pie. Es decir, haber cotizado al menos 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, o 15 años a lo largo de toda su vida laboral si ya no estaba de alta. Sin embargo, la condición de un año de matrimonio, o haber estado inscritos formalmente con 2 años de antelación, ya no será necesaria si existen hijos en común.

Ahora, para acreditar la convivencia (en caso de tener hijos), bastará con demostrar dos años de empadronamiento continuado en la misma residencia inmediatamente anteriores al fallecimiento. Cabe recordar que el periodo mínimo de cotización no se exige cuando la muerte se produce por accidente, sea o no laboral, o por enfermedad profesional.

El acceso a la pensión de viudedad se amplía a todas las personas que hayan perdido a su pareja antes de la aprobación del real decreto ley. Por lo que las personas que cumplen con estos nuevos requisitos podrán solicitar nuevamente la prestación.

Plazos para solicitar nuevamente la pensión de viudedad

Las personas cuyas pensiones fueron rechazadas dispondrán de un plazo de doce meses para solicitar la prestación si cumplen con las nuevas condiciones. El mismo plazo permitirá revisar las solicitudes por la falta de inscripción o formalización de la pareja, siempre que se acrediten los requisitos. No obstante, será necesario presentar la solicitud y documentación correspondiente, pues no se trata de un proceso automático.

El Consejo de Ministros ha aprobado la medida mediante un real decreto-ley. Su aplicación es efectiva a partir del pasado miércoles, cuando se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales. Aun así, deberá someterse al procedimiento parlamentario de convalidación correspondiente.

Los ahorradores españoles acumulan cerca de 1,1 billones de euros en depósitos bancarios tradicionales y cuentas corrientes que apenas ofrecen remuneración, según los datos más recientes del Banco de España (BE). Esta situación provoca una pérdida enorme de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.

Para movilizar ese dinero, el Consejo de Ministros aprobó a principios de mes la creación de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa (CAIFE), un nuevo vehículo pensado para fomentar la inversión a largo plazo en empresas y fondos europeos.

Esta herramienta de ahorro, que todavía no está disponible en los bancos -falta que se apruebe aún la orden ministerial que la desarrolla y que la CNMV abra el registro de fondos-, se incluyó en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, conocido como decreto Maricarmen.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido firmemente la creación de la cuenta y ha destacado que uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo con esta medida es "ofrecer alternativas para que el ahorro de los españoles tenga salida a otros destinos que no sean exclusivamente la vivienda".

El principal atractivo de este producto financiero es fiscal, ya que permitirá comprar y vender determinados activos sin tener que pagar impuestos por las ganancias mientras el dinero permanezca dentro de la cuenta. Es decir: el pequeño inversor podrá reinvertir todo el dinero obtenido de sus operaciones sin tener que rendir cuentas ante Hacienda, algo que actualmente no ocurre con una cuenta de valores.

"Dentro de ella se puede vender una acción y comprar otra, pasar de un ETF a otro o reorganizar toda la cartera tantas veces como se quiera sin pagar nada. Hacienda deja de mirar cada operación y solo calcula la ganancia cuando el dinero sale de la cuenta hacia el banco. Se pasa de tributar por cada movimiento a tributar solo al retirar", explican desde TaxDown, compañía líder en España en fiscalidad digital.

Limite máximo de 150.000 euros en aportaciones

Esta cuenta -cada ciudadano solo puede tener una y sin cotitulares-tiene un límite máximo de 150.000 euros en aportaciones y para beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece el dinero debe mantenerse en ella un mínimo de cinco años. Pasado este tiempo, si decides sacar el dinero, los primeros 10.000 euros de ganancia no pagan impuestos ante la Agencia Tributaria. Luego, de la ganancia que pase de 10.000 euros, el 20% tampoco tributa, y por el 80% restante se paga lo normal en el IRPF, entre el 19% y el 30%.

"La rebaja fiscal es más generosa en proporción para el pequeño ahorrador, porque los primeros 10.000 euros de ganancia quedan libres", destacan desde TaxDown. "Quien empieza con poco y deja crecer su ahorro durante años es quien más partido le va a sacar", añaden.

Así, por ejemplo, una ahorradora que aporta 20.000 euros y seis años después retira 32.000 obtiene una ganancia de 12.000 euros: 10.000 no pagan y de los otros 2.000 queda libre el 20%. Paga 304 euros, frente a 2.400 con una inversión normal: se ahorra el 87% del impuesto.

Sin garantía de capital: "Si la bolsa cae, se pierde dinero"

No obstante, antes de invertir en este productos hay que tener en cuenta que con este instrumento solo se puede invertir en acciones cotizadas de empresas de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, salvo SOCIMI, y en fondos y fondos cotizados (ETF) inscritos en un registro especial de la CNMV, que tendrán que invertir al menos el 70% en Europa y la mitad en bolsa.

Además, advierten desde TaxDown, que "los dividendos no entran en la cuenta: se cobran en la cuenta bancaria y tributan cada año como hasta ahora. Tampoco hay garantía del capital, porque es un producto de inversión y no un depósito: si la bolsa cae, se pierde dinero". "Si se incumple alguna regla, por ejemplo comprando un activo no permitido o superando el límite de aportaciones, se considera que se ha retirado todo ese día y se pierde la ventaja de los cinco años",

Desde la plataforma señalan también lo que puede suceder en el caso de una herencia o un cambio de residencia: "Si el titular fallece, en su última declaración se pagan las ganancias generadas dentro de la cuenta que todavía no habían tributado. Si se va a vivir fuera de España, también, aunque quien se muda a otro país europeo puede retrasar el pago hasta que se vendan los activos".

El sector del Gran Consumo, que se reúne este miércoles y jueves en el 41º Congreso del Gran Consumo en Sevilla organizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), no oculta su preocupación por el fenómeno del absentismo laboral. El presidente de esta patronal, Ignacio González, espera "un diagnóstico sereno" de este fenómeno tras las elecciones y aporta algunos datos como que es la tercera partida de gasto público tras las pensiones y la sanidad con unos 36.000 millones de euros.

"No es un problema de salud, sino de gestión", ha asegurado sobre un fenómeno que estiman desde AECOC que se ha triplicado entre 2018 y 2023. Lo que está sucediendo con especial incidencia en el tramo de edad entre 20 y 29 años, donde más están aumentando el número de bajas. Además, según datos aportados por esta patronal, el 17% del absentismo se repite varias veces al año especialmente de 15 a 44 años. Hasta un 9% del mismo lo hace con distintos diagnósticos dentro del mismo año.

Un mercado laboral con muchas paradojas

El mercado laboral español está repleto de ironías: Hay unos 160.000 puestos de trabajo vacantes. Sin embargo, la tasa de actividad apenas es del 59%, con 20 millones de trabajadores para una población que ya ronda los 50 millones. La tasa de paro se sitúa en el 9,9%, aunque entre los inmigrantes se eleva al 14%. Tampoco se está ganando la batalla de la productividad, ya que entre 1995 y 2025 apenas ha aumentado un promedio del 0,6% por empleado en España. Lo que contrasta con el 1,1% a nivel europeo y el 1,7% de Estados Unidos.

"El ambiente de trabajo, si es agradable o no trabajar aquí, así como la motivación se tienen en cuenta a la hora de pillar baja o no", Ignacio González (AECOC)

La responsabilidad de las empresas

Para González "hay definir el campo de juego" y aclara que no están en contra de la incapacidad temporal ni de la baja por enfermedad sino del fraude y la ineficiencia. Tampoco cree que haya medidas fáciles y reivindica la responsabilidad de las empresa en este contexto: "El ambiente de trabajo, si es agradable o no trabajar aquí, así como la motivación se tienen en cuenta a la hora de pillar baja o no", señala reivindicando el rol de las compañías de sectores como el suyo para abordar este fenómeno.

"Sentido de Estado" y la IA

Pero, ¿qué proponen desde AECOC? Al próximo Gobierno, el que salga de las urnas del 29 de noviembre, le piden "sentido de Estado" en temas como este y, aunque en pocos días, especificarán sus 'recetas", en la gran cita anual del Gran Consumo ya han circulado algunas propuestas como una mejor asistencia sanitaria ampliando progresivamente el rol de las mutuas.

Desde la patronal del Gran Consumo añaden otras propuestas como la necesidad de modernizar la regulación existente en esta materia y la de trabajar para que la Seguridad Social y los servicio autonómicos de Salud se comuniquen mejor. Aquí la inteligencia artificial (IA), apuntan, pueden cumplir un rol muy importante "acortando los periodos de bajas".

Diferencias entre España y Europa

Representantes del sector como la presidenta de Persán, Concha Yoldi, creen que debe buscarse en el acuerdo entre empleados y trabajadores. El fabricante de detergentes, que concluirá el año que viene la absorción de la compañía suiza Mibelle, constata que "el tema de la productividad y el absentismo son diferentes en el resto de Europa respecto a España y Andalucía".

Yoldi cuenta como ejemplo una jugosa anécdota: cuando visitó, por primera vez, la factoría que posee este grupo andaluz en Saint Vulbas, una localidad en las cercanías de Lyon (Francia), le preguntaron los trabajadores galos si ya tenían previsto quien se haría cargo de las instalaciones tras la jubilación de la nueva generación. "La factoría esta situada en una zona donde hay pleno empleo", señala la empresaria sobre la diferente cultura de trabajo.

"Hay que abordarlo de forma conjunta, hay que hacer un acuerdo importante entre trabajadores y empresa para darle solución", Concha Yoldi (Persán)

Para la presidenta de Persan, que llega a facturar por encima de los 1.200 millones de euros anuales, "hay que abordarlo de forma conjunta, hay que hacer un acuerdo importante entre trabajadores y empresas para darle solución". A su juicio, España se está quedando atrasada en este ámbito. Yoldi recuerda que "hoy a la empresa no solo se le exige ser rentable, sino cuidar de todos". Lo que incluye también otros aspectos como la sostenibilidad.

El Gobierno ha aprobado una subida salarial del 1,5% para el año 2026 para el personal laboral que trabaja en el exterior para la Administración del Estado, según ha anunciado el sindicato CSIF, que ha reclamado la aprobación de la subida del 4,5% para este colectivo de unos 5.000 trabajadores en todo el mundo de cara a 2027 antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El sindicato mayoritario entre los funcionarios ha firmado este miércoles el acuerdo de Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior (PLEX) por el que el Gobierno se compromete "con diez meses de retraso" a una subida del 1,5% en las retribuciones durante el año 2026, al que se sumará un 0,5% adicional vinculado a la inflación en el primer trimestre de 2027.

Asimismo, CSIF ha exigido al Gobierno que se apruebe la subida del 4,5% que el Gobierno garantizó este martes a nivel general para los funcionarios para el personal laboral en el exterior antes de las elecciones "para evitar que se produzca de nuevo un retraso en el colectivo del exterior".

Por otra parte, el sindicato ha informado que en la reunión de este jueves se acordado la creación antes del 31 de enero de 2027 de un grupo de trabajo para el estudio y análisis de un nuevo mecanismo de actualización de las retribuciones del PLEX.

Además, CSIF ha reclamado el desarrollo del acuerdo de 2008 que incluye cuestiones como la carrera profesional y la actualización salarial teniendo en cuenta las situaciones económicas de cada país y otras cuestiones fundamentales.

Reforzar los consulados por la 'ley de nietos'

Por último, el sindicato ha defendido la necesidad de reforzar los consulados, especialmente los que se encuentran en Iberoamérica, "ante la situación de colapso que afrontan por las decenas de miles de solicitudes registradas para obtener la nacionalidad española" en relación con la llamada 'ley de nietos'.

En este sentido, CSIF ha exigido que "se respete la independencia profesional y se deje de presionar políticamente al personal de los consulados generales y que se reconozca económicamente el esfuerzo extraordinario que están realizando los trabajadores en este proceso".

La Comisión Europea ha abierto este miércoles un expediente para determinar si Booking ha infringido el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) al no haber detectado ni frenado los anuncios fraudulentos y las estafas de phishing. La plataforma también podría haber infringido el DSA en materia de transparencia, al no identificar claramente como anuncios "aquellos alojamientos cuyos proveedores pagaron para obtener una posición más destacada en los resultados de búsqueda mostrados a los usuarios", añade el comunicado de Bruselas.

"Los europeos deberían poder reservar sus vacaciones sin temor a ser víctimas de una estafa. La Ley de Servicios Digitales establece responsabilidades claras para las plataformas a la hora de hacer frente a estos riesgos, y debemos asegurarnos de que la principal plataforma de reservas de Europa se tome en serio dichas responsabilidades", ha reaccionado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la soberanía digital, Henna Virkkunen.

La Comisión examinará si el proveedor de Booking ha identificado y evaluado adecuadamente los riesgos sistémicos vinculados a la difusión de contenidos ilícitos. "Los anuncios falsos, como los de alojamientos inexistentes, los fraudes por suplantación de identidad y las ofertas de alojamiento que no cumplen la normativa, pueden tener efectos negativos en la protección de los consumidores", sostiene la decisión. La investigación también evaluará si la plataforma ha adoptado medidas eficaces para mitigar estos riesgos, incluida la eliminación de anuncios fraudulentos y que no cumplen la normativa.

En ese contexto, la entidad ha reaccionado alegando en un comunicado que está "colaborando plenamente" con las autoridades comunitarias. "Estamos comprometidos a trabajar con los gobiernos, organismos reguladores, fuerzas de seguridad y socios del sector pertinentes para combatir la ciberdelincuencia y el fraude online y proteger tanto a viajeros como a colaboradores", añaden desde Booking.

Por otro lado, Bruselas también determinará si la compañía ha frenado de manera adecuada los intentos de phishing. En particular, la investigación se centrará en los riesgos relacionados "con la forma en que se comparten los datos de las reservas y de los huéspedes con los proveedores de alojamiento, así como con el diseño y el funcionamiento del servicio de mensajería" de la plataforma, explican. La Comisión también comprobará, dicen, si la empresa !ha establecido salvaguardias suficientes para impedir que los datos se utilicen indebidamente para solicitar pagos fraudulentos".

En la investigación, por último, el Ejecutivo comunitario examinará que la compañía cumple las obligaciones de transparencia publicitaria establecidas en el DSA. "Los proveedores de alojamiento pueden aumentar la visibilidad de sus anuncios en los resultados de búsqueda de Booking pagando una comisión más elevada", explica la Comisión Europea. En ese escenario, alega, los usuarios deberían poder reconocer claramente que estos "anuncios promocionados" son, en realidad, publicidad. La Comisión se centrará en si, para cada anuncio que se muestre en Booking, los usuarios "pueden ver fácilmente quién está detrás de él, quién ha pagado por él, por qué lo están viendo y cómo pueden modificar los ajustes que determinan qué anuncios ven".

Los conocidos como 'gastos hormiga' son pequeños desembolsos cotidianos, automáticos o impulsivos - el café fuera de casa o la compra de snacks o una botella de agua- que parecen insignificantes al momento, pero que al acumularse dañan notablemente la economía doméstica. Al igual que ellos existen las 'gestiones hormiga', una serie de trámites que realizamos habitualmente y que nos hacen perder parte de nuestro tiempo y, como consecuencia de ello, también de nuestro dinero.

Ir al supermercado a hacer la compra, desplazarse para cualquier trámite con la administración o ir al centro de salud a solicitar una cita médica son gestiones de nuestro día a día que nos restan tiempo. Sin embargo, en la actualidad, estos quehaceres podemos resolver en mucho menos tiempo a través de canales digitales.

Según el I Barómetro de la Digitalización, elaborado por Línea Directa Aseguradora junto a la consultora Neovantas tras entrevistar a cerca de 1.600 personas, los españoles estiman que realizar sus gestiones cotidianas de forma online les permiten ahorrar cada año 177 horas, el equivalente a más de una semana completa, lo que se traduce en alrededor de 2.140 euros. Para estimar el valor económico del tiempo ahorrado se ha aplicado la referencia de 12,1 euros por hora del Handbook on the External Costs of Transport de la Comisión Europea.

El estudio de Línea Directa refleja la alta penetración que el canal digital tiene en la ciudadanía española. Así, el documento asegura que el 95% de los ciudadanos realiza ya algún tipo de gestión online cada semana y que el 70% perciben ventajas claras en el uso de este canal, principalmente el ahorro de tiempo.

Para la realización de estos trámites, el informe señala el smartphone es el dispositivo preferido para realizar gestiones digitales: lo usa el 91% frente al 70 que utiliza el ordenador. Entre los trámites más habituales se encuentran la búsqueda de información antes de comprar (87%), la realización de trámites específicos en la banca online (85%) y el seguimiento a un pedido (84%).

En cuanto a los atributos más valorados en las gestiones digitales, el estudio indica que los españoles señalan los relacionados con la seguridad: fiabilidad de las claves personales, recibir avisos ante un problema y la confidencialidad de la información. Por el contrario, el informe demuestra que las principales barreras para su uso están relacionadas con la respuesta ante una incidencia, ya que solo la mitad de los encuestados sabe cómo resolver un problema.

Ahorro de casi 40 minutos con los bancos y los seguros

El barómetro de Línea Directa también explora la relación con la digitalización de cuatro sectores concretos: el comercio, la banca, los seguros y la Administración Pública. Los españoles afirman realizar una media de 5,4 gestiones digitales a la semana en estos cuatro ámbitos, lo que sitúa el ahorro promedio por gestión se sitúa en 38 minutos.

El sector bancario (39,4 minutos) y el asegurador (38,7) son los sectores en los que los ciudadanos perciben más ahorro de tiempo al digitalizar las gestiones más habituales, mientras que en la administración y el comercio ese ahorro de tiempo es de 38 y 32,6 minutos respectivamente.

Al trasladar ese ahorro de tiempo al dinero que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar por él, se perciben también diferencias de un sector a otro. La banca lidera el análisis con un ahorro medio de 88,5 euros al mes, seguido por los seguros (33), el retail (29,6) y la administración (27,2).

El perfil del homo digitalis es el de un ciudadano entre 35 y 54 años, que vive en una gran ciudad y busca el ahorro de tiempo, la comodidad y el control de sus operaciones

Por tipología de gestión, en la banca, un sector profundamente transaccional, predominan las consultas de movimientos y saldo (94%); en la administración destacan los trámites específicos, como la gestión de citas previas o la declaración de la Renta, mientras que en el sector retail el uso está íntimamente ligado a la compra (86%).

En lo que respecta al sector asegurador, tres de cada cuatro españoles (77%) ya realizan gestiones digitales con su aseguradora. Las más habituales son consultar la póliza (48%), dar un parte (38%) y hacer el seguimiento de un siniestro (36%). Por ramos, el seguro de salud alcanza un 17,7% de uso habitual, casi el doble que hogar (9,8%) y automóvil (9,3%).

Según este análisis, "el perfil del homo digitalis es el de un ciudadano entre 35 y 54 años (68% de preferencia digital), que vive en una gran ciudad (más de 250.000 habitantes) y busca el ahorro de tiempo, la comodidad y el control de sus operaciones". Esta realidad "contrasta con la de jóvenes de entre 18 y 24 años que perciben un ahorro menor que el resto, al ser nativos digitales y contar con menos experiencia comparativa con el canal presencial".

El presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), Ignacio González, ha pedido este miércoles al Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre que impulse una fuerte rebaja de impuestos. "Se puede bajar el IVA o los impuestos energéticos", ha asegurado justificándolo en la fuerte recaudación fiscal de los últimos años. González, que ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del 41º Congreso del Gran Consumo en Sevilla, también ha instado al futuro presidente del Gobierno a invertir en productividad para mantener el actual modelo de bienestar, así como en evitar la regulación excesiva. "Las leyes deben proteger a los consumidores y ser previsibles", ha especificado.

González ha apostado, en concreto, por "un IVA reducido o cero para los alimentos básicos" con el objetivo de ayudar al segmento de población más impactado por la subida de precios. No son las únicas peticiones que han realizado a Ejecutivo que salga del 29-N desde el Gran Consumo. También han instando a que "las leyes protejan a los consumidores" y evitar "la regulación excesiva".

El presidente de AECOC ha añadido que en España "necesitamos un Gobierno que apruebe un nuevo presupuesto y desbloquee el Parlamento, alcance consensos y tenga sentido de Estado". El presidente de AECOC se ha mostrado también muy crítico con la polarización política y la corrupción sobre la que dice que "mina la confianza y mancha la imagen del país: no lo podemos normalizar".

En su opinión, la polarización también está dañando mucho al país e insta "a discutir las cosas como siempre se ha hecho". Además se ha mostrado partidario de "cerrar el gap de productividad con Europa" e incrementar las inversiones para la digitalización de las empresas.

Preocupación por la evolución del consumo

El presidente de AECOC también se ha referido al consumo y advertido que "hay indicadores preocupantes" y mencionado el último dato de inflación del mes de septiembre (4,9%) contraponiéndolo al 2,7% del alza de los precios de la alimentación y del 4,9% de la hostelería. "Es el peor dato de lo que llevamos de año y de los últimos 12 meses", ha sostenido. Para González hay "una cierta degradación del consumo" y recuerda que "llueve sobre mojado" ya que los precios se han disparado un 29% desde 2021.

González ha abundado en que "los panelistas de gran consumo hablan ya del último mes como el peor de la curva en 9 y 12 meses" y no ha dudado en hablar de "un cierto frenazo". El representante del Gran Consumo habla de episodios inflacionarios que van impactando en un consumo, que ya no ven tan robusto. El presidente de AECOC también se ha referido a otros indicadores como el índice de Comercio Minorista y lo que ha descrito como "un castigo a la clase media" en forma de subida de impuestos al no adaptarse el IRPF a la inflación.

El máximo responsable de la patronal del Gran Consumo ha advertido que "las empresas ya están notando en sus cuentas de resultados el incremento de costes, igual que los consumidores". Lo que, en estas situaciones, conduce a dos tipos de decisiones: "sacrificar márgenes hasta que la situación se normalice" y a lanzar planes de reducción de costes " para no traspasar ese incremento al consumidor". Lo que, en su opinión, se vuelve muy difícil si la crisis se prolonga en el tiempo. "Se está aguantando (los márgenes), pero veremos si somos capaces de hacerlo mucho más tiempo ", ha concluido.

El coste de la deuda francesa se dispara aún más este miércoles ante la preocupación de los inversores que ven al país sumido en una crisis fiscal, política y social de la que tiene difícil salir, al menos en el corto plazo. El mercado ha llegado a exigir un interés de más del 5% al Gobierno galo por su bono a 10 años, el más elevado desde 2002, el año en que entró en funcionamiento el euro. Sin embargo, cerca de la apertura de Wall Street ha aflojado ligeramente la tensión para situarse justo por debajo de esta barrera.

Este movimiento de su bono de referencia eleva a la vez la prima de riesgo, el sobrecoste que los inversores le exigen con respecto a Alemania por adquirir su papel, por encima de los 156 puntos básicos, una cota que no se veía desde la crisis financiera y de deuda de 2011. El rendimiento del bono germano a diez años se sitúa en el 3,4% al mismo tiempo que el francés tocaba el 4,963%.

La preocupación es evidente, dado que la segunda mayor economía del euro cerrará este año con un déficit en el entorno del 5,4%, una deuda pública próxima al 120% del PIB, incertidumbre política, disturbios en las calles y serias dificultades para aprobar unos presupuestos creíbles.

Las perspectivas en Francia parecen bastante sombrías, en opinión de Benoit Anne, responsable de la gestora MFS Investment Management. Desde la firma apuntan a un contexto político complicado, escaso margen de maniobra fiscal y una escasa voluntad de llevar a cabo reformas que se deberían haber realizado hace mucho tiempo.

El experto considera, sin embargo, que los riesgos sistémicos han disminuido, gracias, en particular, a unos fundamentos macroeconómicos más sólidos en la zona euro y a un sistema bancario europeo más resiliente. "El BCE dispone de herramientas y podría intervenir mediante declaraciones, compras selectivas de deuda soberana o ralentizando la reducción de su cartera de bonos", sostienen desde la gestora del grupo Lazard en Francia.

En la firma inciden en que las medidas más contundentes son también las más delicadas desde el punto de vista político e implicarían, en la práctica, recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). No obstante, "la ausencia de un contagio visible en los bancos o en los mercados de valores ofrece al BCE la posibilidad de esperar antes de actuar", señalan. Los mercados han revisado recientemente a la baja sus expectativas de endurecimiento monetario, pero la persistencia de los riesgos inflacionistas limita la posibilidad de un ajuste adicional.

Las monedas de dos euros parecen insignificantes para muchos. Nos desprendemos de ellas con facilidad, en parquímetros, supermercados, panaderías, máquinas expendedoras..., pero ¿sabías que hay ejemplares que superan los 3.000 euros? Los aficionados de la numismática, el estudio y coleccionismo de monedas, billetes, medallas y títulos valor, buscan monedas de dos euros todo el tiempo. Eso sí, no todas valen.

El Banco Central Europeo confirma que hay miles de millones de monedas de dos euros en circulación en la zona del euro. De hecho, el valor neto de todas ellas supera los 16.000 millones de euros. Ahora bien, los coleccionistas buscan entre estas las ediciones más raras, pero también curiosos errores de acuñación; es decir, fallas mecánicas o accidentales que ocurren durante la fabricación de una moneda en la Casa de la Moneda.

¿Cómo podemos identificar estas valiosas piezas? Todas las monedas conmemorativas que están destinadas a la circulación y son de curso legal en la eurozona tienen obligatoriamente un valor facial de 2 euros. Estos ejemplares tienen tiradas más cortas que los habituales y, por ende, son más escasas y valiosas. Aun así, son de uso común y es probable que alguna de ellas haya pasado por tus manos.

Modelo de Grace Kelly emitido por Mónaco en 2007

Esta moneda recuerda el 25.º aniversario de la muerte de la princesa Gracia Patricia, la antigua actriz de Hollywood Grace Kelly. El Banco Central Europeo señala que se tiraron tan solo 20.001 ejemplares y, por tanto, según la estimación de los expertos, puede valer hasta 3.100 euros. Cabe aclarar que esta pieza no salió en circulación de forma ordinaria, aunque sigue siendo un ejemplar válido y legal en cualquier tienda.

Para reconocerla, basta con mirar la cara donde aparecen el retrato de Grace Kelly y el año de acuñación; conviene revisar también el canto de la moneda, que debe presentar una secuencia de seis números 2 y 12 estrellas intercaladas.

Moneda de la Roca de Mónaco 2015

Esta moneda, emitida por el Principado en 2015, puede alcanzar precios de entre 1.500 y 2.000 euros, aunque su cotización depende de factores como el estado de conservación y el vendedor. Su elevado valor se explica por su limitada tirada: solo se acuñaron 10.000 unidades, una cifra que la convierte en una pieza poco común entre los coleccionistas.

Para identificarla, hay que fijarse en la cara nacional, donde aparece una vista panorámica de la Roca de Mónaco, en referencia a la fundación de la ciudad. En la parte superior del círculo dorado figura la inscripción "Monaco", mientras que en la inferior se lee "1215 · Fondation de la forteresse · 2015".

Monedas con errores de acuñación

Lituania emitió una moneda conmemorativa de dos euros dedicada a la Reserva de la Biosfera de 'Žuvintas', un espacio natural reconocido por la UNESCO. Pero, aunque se acuñaron 50.000 unidades, solo 500 presentan un error en la inscripción del canto que las distingue del resto y aumenta su interés para los coleccionistas. En algunas subastas, estas piezas han alcanzado los 2.000 euros.

Ahora bien, en las monedas defectuosas hay que observar la cara nacional, en la que aparecen siete aves, y comprobar después el borde. Las monedas habituales llevan la inscripción 'Laisvė, Vienybė, Gerovė' ("Libertad, Unidad, Bienestar"), mientras que los ejemplares con el error incluyen la frase 'Dievs svētī Latviju' ("Dios bendiga a Letonia").

Otro ejemplo que llama la atención es la moneda 'Spiegeleiprägung': en ella, el interior de la moneda no encaja bien, de modo que el material queda desplazado hacia el exterior. La revista 'WirtschaftsWoche', en información recogida por Euro News, menciona valores de hasta 100 euros para las "Spiegeleiprägungen", hasta 200 euros para monedas con el cuño girado y 650 euros para piezas acuñadas sobre cospeles erróneos.

Muchas familias pueden descubrir poco después del arranque del curso que se les ha pasado el plazo ordinario para solicitar las ayudas de comedor o transporte escolar. Aunque la mayoría de las convocatorias autonómicas cierran sus plazos ordinarios en la primavera o a comienzos del verano, la normativa contempla vías extraordinarias para no dejar desamparados a los alumnos que lo necesitan.

Dos opciones tras el cierre ordinario

Para conseguir plaza bonificada o transporte gratuito una vez iniciado el curso existen dos caminos administrativos diferenciados, según cuál sea la causa por la que la familia no dispone de la ayuda.

Puede tratarse de plazos extraordinarios por una causa sobrevenida. Las consejerías de educación de las comunidades autónomas mantienen abiertas ventanas extraordinarias a partir de septiembre para alumnos que se incorporan tarde al centro, familias que han cambiado de municipio o aquellos hogares donde se ha producido una alteración grave de la situación económica como pérdida de empleo, divorcio, entrada en ERTE o caída drástica de ingresos.

La otra opción responde a las listas de espera y plazas de reserva. En el caso del transporte escolar o el comedor gestionado directamente por los centros públicos, las vacantes que no se ocupan tras la resolución definitiva de julio o septiembre pasan automáticamente a una lista de reserva. Los colegios pueden asignar estas plazas remanentes a lo largo de las primeras semanas del trimestre siguiendo los baremos de renta e idoneidad social.

Cómo recurrir una denegación

Si la ayuda fue solicitada dentro de plazo pero resultó denegada, las familias no deben dar el proceso por perdido. Tras la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos al inicio del curso, la administración abre un periodo de recurso de reposición, habitualmente de un mes de duración.

Para que la reclamación sea fructífera, es imprescindible aportar la documentación que subsane el motivo explícito de la denegación. Si se debe a una falta de datos de renta, habrá que adjuntar el certificado expedido por la Agencia Tributaria del último ejercicio disponible o justificantes de ingresos actualizados si ha habido una pérdida de empleo. En caso de que lo que haya fallado haya sido la acreditación de unidad familiar, se puede adjuntar un libro de familia actualizado, sentencia de divorcio con convenio regulador o certificados de empadronamiento colectivo que prueben los miembros que conviven en el domicilio.

Paso a paso para tramitar la solicitud fuera de plazo

El procedimiento para acceder a los cupos extraordinarios requiere una actuación rápida en el propio centro escolar, que en estas circunstancias sirve como ventanilla de enlace con las delegaciones territoriales de educación. En el propio centro habrá que informarse sobre si el colegio dispone de vacantes en el servicio de comedor o en las rutas de transporte escolar con plazas subvencionadas de reserva.

Una vez conocido ese dato, habrá que rellenar la solicitud específica para la incorporación tardía o el recurso de reposición, adjuntando la documentación justificativa del cambio de situación económica o del traslado de domicilio. Si se trata de un caso de vulnerabilidad sobrevenida, se adjuntará un informe del trabajador social del ayuntamiento o del departamento de orientación del colegio acelera considerablemente la resolución del expediente por parte de la comisión de escolarización. Cuando se haya reunido este material, se podrá entregar la documentación en la secretaría del centro o a través de la sede electrónica de la consejería de educación, y aguardar a una resolución favorable.

Cuando todos venden, ellos buscan razones para comprar. Los inversores bajistas sacan rédito de la crisis en Francia y aprovechan para hacer caja. Para los inversores de Barclays, el riesgo político ha aumentado tanto en el país galo que este mercado bursátil ya se ha convertido en la mayor posición para los shorts sellers -como se conoce en la jerga- en Europa, pero también en Estados Unidos. El clima de tensión que se respira en las calles de París tras las protestas del fin de semana se ha trasladado a las bolsas y la deuda.

Tanto los fondos sistemáticos como los discrecionales evitan cada vez más el CAC40 francés -el índice de referencia del parqué parisino-. Una menor exposición a la renta variable que viene liderada por los fondos que siguen tendencias, denominados Commodity Trading Advisors (CTA), y que toman posiciones largas o cortas en futuros sobre los índices en función de las señales de mercado. "Los CTA mantienen una posición prácticamente neutral a la renta variable de la Unión Europea, con una posición corta máxima en el CAC40. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la mayoría de los mercados se enfrentan a entradas de capital a corto plazo", indican desde Barclays.

El mercado financiero francés se ha visto lastrado por la inestabilidad política desde que el presidente del país, Emmanuel Macron, convocó elecciones legislativas anticipadas en junio de 2024. Desde entonces, el país ha tenido hasta cuatro primeros ministros mientras el déficit y la deuda iban en aumento, incrementando los costes de refinanciación. Francia presenta una de las ratios de deuda pública más altas de toda Europa, con un 119% del PIB. La previsión de cerrar con un déficit para el conjunto del ejercicio del 5,4% del PIB tampoco ayuda.

Las últimas protestas contra el aumento del coste de la vida han desembocado en una oleada de violencia y disturbios que se están atajando con medidas de seguridad como toques de queda. La situación no ha pasado desapercibida para los inversores bajo la amenaza de que desate una crisis de deuda en toda Europa. La prima de riesgo del país -que mide el diferencial de los bonos de un país con respecto a la renferencia, en este caso, Alemania- se ha disparado por encima de la barrera de los 150 puntos, aunque hace unas semanas llegó a colocarse en los 159, máximos desde la crisis del euro de 2011. En este sentido, la rentabilidad del bono a diez años ronda el 5% de rentabilidad a la espera de conocer avances en las negociaciones para sacar adelante los presupuestos del próximo año.

Patrick Barbe, gestor de Neuberger, ve en la perspectiva de un acuerdo presupuestario un posible catalizador para la reducción parcial de la prima. "Aunque en el pasado la necesidad de reducir el déficit presupuestario pasaba desapercibida para la mayoría de los ciudadanos -puesto que Francia podía financiarse fácilmente a tipos bajos-, la subida generalizada de los tipos de interés y el repunte de la prima ha provocado un cambio en la opinión pública. Ahora la mayoría de franceses reconoce la necesidad de recortar el gasto", especifica.

En un mercado de bonos global tensionado, Francia se ha convertido en el eslabón más débil de la cadena. "El aumento del diferencial respecto a los bonos soberanos alemanes demuestra que los inversores también exigen una compensación adicional por los riesgos fiscales y políticos de Francia", comentan los analistas de BlackRock. La mayor gestora de activos hace un llamamiento a la calma y asegura que la eurozona se encuentra mucho más preparada que hace quince años para afrontar cualquier turbulencia en la renta fija, si bien matizan que una intervención por parte del Banco Central Europeo (BCE) no está garantizada. "Siguen siendo posibles nuevas turbulencias y efectos contagio", agregan.

La última encuesta de gestores de fondos de Bank of America señalan a Francia como la plaza bursátil menos atractiva para invertir. Un 56% de los encuestados prevé infraponderar el país durante el próximo año, el porcentaje más elevado desde que se tienen registros. Más de seis de cada diez cita la sostenibilidad fiscal y el ciclo electoral para suceder a Macron la próxima primavera como el mayor riesgo político para la renta variable europea.

Francia se ha convertido en el principal foco de tensión, pero no es el único. El shock energético provocado por la guerra en Irán y la subida de los tipos de interés con la que el Banco Central Europeo (BCE) pretende evitar una crisis de precios han hecho saltar las alarmas en la Eurozona. Las piezas del puzle son difíciles de encajar porque los gobiernos deben hacer frente a unos costes de financiación mucho más altos -tanto para emitir nuevos bonos como para refinanciarlos- con un crecimiento débil en la mayoría de los casos y un nivel de deuda muy elevado.

Más aún cuando se ven obligados a elevar el gasto público para hacer frente a las consecuencias de la crisis, de los fenómenos meteorológicos extremos, a los compromisos en materia de Defensa o a desembolsos estructurales como el gasto en pensiones. De ahí que hayan reaparecido fantasmas del pasado como el de la crisis de deuda pública que azotó a la zona euro (y se cebó con los países del Sur) entre 2011 y 2012.

La situación es especialmente delicada en Francia. La segunda mayor economía del euro cerrará este año con un déficit en el entorno del 5,4%, una deuda pública próxima al 120% del PIB, incertidumbre política, disturbios en las calles y seria dificultades para aprobar unos presupuestos creíbles. Este martes la prima de riesgo gala, el sobrecoste que los mercados le exigen por emitir deuda con respecto a lo que paga Alemania, superó los 150 puntos básicos por primera vez desde 2011 y la rentabilidad de su bono a 10 años rozó el 5%. Los mercados desconfían de que en estos momentos el país siga siendo uno de los emisores más seguros de Europa.

"Desde el punto de vista fiscal, la situación de algunos países es incluso más delicada que durante la anterior crisis". Francia es un claro ejemplo "pese a no encontrarse en una recesión profunda", sostiene a La Información Económica Salvador Jiménez, socio de Afi, Analistas Financieros Internacionales. A esto se suma, según el experto, el coste de financiación más elevado y que el margen para que el Ejecutivo incremente los ingresos públicos es muy reducido.

Sin embargo, Jiménez cree que desde el punto de vista financiero Europa está mejor preparada que entonces. "La arquitectura institucional del euro se ha reforzado, el BCE dispone de nuevos instrumentos y el sistema bancario presenta una posición de capital y liquidez más sólida", explica. Por todo ello, considera que si bien algunos desequilibrios fiscales son mayores, también lo es la capacidad institucional para evitar que una crisis nacional se convierta en sistémica.

Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano, recuerda que los bancos están saneados, hay supervisión única y un mecanismo único de resolución, existe el MEDE y el BCE tiene instrumentos con los que no contaba en la crisis financiera. Arnal reconoce, eso sí, que la deuda pública sobre PIB es hoy más alta que entonces en muchos países, en particular en Francia, Italia y España. Otra gran diferencia está en que en 2010 sobraba ahorro en el mundo. "Hoy los bancos centrales ya no compran deuda y los Estados compiten por el capital con las grandes tecnológicas, que tienen mejor rating que muchos soberanos", añade.

El riesgo de una reacción en cadena con la deuda

En Afi descartan que Europa esté a las puertas de una crisis de deuda comparable a la de hace quince años, aunque sí aprecian señales preocupantes de fragmentación financiera. Pese a que las tensiones en Francia han comenzado a transmitirse a otros países, especialmente a Italia, y pese a la intensidad de los movimientos recientes, "los niveles agregados de fragmentación siguen lejos de los máximos históricos", asegura Salvador Jiménez. Además, los mercados de financiación permanecen abiertos y no se observa un deterioro generalizado del sistema bancario.

"El riesgo es que las dificultades fiscales francesas terminen provocando una pérdida de confianza más amplia en la deuda soberana europea", matiza. También Arnal descarta que la región esté en ese punto. En la crisis de deuda, Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre perdieron el acceso al mercado y tuvieron que financiarse íntegramente con programas europeos y del FMI y España necesitó asistencia europea para recapitalizar parte de su sistema financiero. "Hoy ningún país ha perdido el acceso al mercado. Francia paga más por su deuda, pero la sigue colocando. El problema es que la tendencia es mala y que Francia es demasiado grande para un rescate como aquellos", detalla la investigadora de Elcano.

En la misma línea, Alvise Lennkh-Yunus, responsable de calificaciones soberanas de la agencia de calificación europea Scope Ratings, asegura que el principal riesgo crediticio de Europa es la cohesión política, no la capacidad económica. "La región necesita una mayor unidad y medidas políticas más decisivas para hacer frente a sus retos", apunta. Desde su punto de vista Francia es el país a tener en cuenta durante los próximos doce meses.

Desde la firma entienden que las soluciones a los retos económicos y fiscales de Europa son, ante todo, políticas. Los disturbios que se han producido en toda Francia las últimas semanas ponen de manifiesto cómo "la fragmentación política, el crecimiento moderado y las presiones fiscales pueden combinarse para alimentar el malestar social" y este aviso tiene repercusiones más allá del país vecino.

Los seguros no se inventaron hace décadas en una oficina, sino que son más antiguos de lo que parece. Mucho antes de que existieran las compañías aseguradoras y el sistema financiero tal y como hoy lo conocemos, las personas ya buscaban la manera de protegerse frente a las pérdidas económicas y los accidentes. Hay que retroceder al año 3.000 antes de Cristo para encontrar la primera póliza de la que se tiene constancia.

En China, los comerciantes ya aseguraban la mercancía que transportaban por los ríos. Para mitigar el riesgo de perder la carga se les ocurrió distribuir la mercancía de cada vendedor en diferentes barcos. De este modo, si uno se hundía, se repartían las pérdidas y se evitaba una mayor para una única compañía. Funcionaban bajo el principio de la diversificación: divide y no perderás todo.

Otro ejemplo lo tenemos en la Antigua Babilonia. El famoso Código Hammurabi recoge que si un comerciante solicitaba un préstamo para enviar mercancía al barco y la nave naufragaba, la ley establecía que el crédito quedaba cancelado. Hay que avanzar un poco más en la historia para encontrar el contrato de aseguramiento que sentó las bases para el sistema actual. Concretamente al 1347.

Ese año se dejó constancia mediante escritura notarial del navío de Santa Bárbara, que realizaría un viaje entre Génova y la isla de Mallorca. Las cláusulas recogidas en este documento detallaban aspectos como el riesgo, la valoración de los elementos a los que se daba cobertura o el tiempo de duración.

La Información Económica lanza este nuevo episodio de 'Economía Indiscreta', una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que buscamos contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, explicaba el número de viviendas que se pagan al contado en España.

El gigante textil Inditex ha recuperado este martes el trono como la empresa del Ibex 35 con una mayor capitalización o valor en bolsa. Lo ha hecho tras superar a Banco Santander, casi cuatro meses después de que la entidad cántabra le arrebatase el liderazgo del selectivo español el pasado 22 de junio.

En concreto, los títulos del gigante textil gallego han cerrado la sesión de este martes en los 56,56 euros por acción, tras subir un 2,06% con respecto a la jornada previa. Con ello, su valoración bursátil supera los 176.277 millones de euros.

Por su parte, las acciones de Banco Santander han marcado un precio de cierre de 11,728 euros por título (-0,37%), por lo que su capitalización se sitúa en los 170.718,63 millones de euros.

De este modo, Inditex aventaja en algo más de 5.559 millones de euros a la entidad presidida por Ana Botín y vuelve a situarse en la cima de la cotización nacional.

Cambio de tendencia desde junio

El pasado 22 de junio, Banco Santander se encumbró como la firma más valiosa de la plaza española al registrar una valoración bursátil de 176.242 millones, sustentada en una cotización de 11,998 euros por título sobre una base accionarial que entonces contaba con 15.018,5 millones de títulos en el mercado. En aquella misma fecha, la compañía con sede en Arteixo quedaba relegada a la segunda posición del Ibex 35 con una capitalización de 171.915 millones de euros y sus títulos cotizando a 55,16 euros.

Desde entonces, la evolución en los parqués ha permitido a Inditex elevar su valoración en más de 4.363 millones de euros, resultado del incremento de 1,40 euros en el precio de cada una de sus acciones (pasando de 55,16 a 56,56 euros) aplicado sobre su volumen de 3.116,7 millones de títulos.

Por su parte, el cambio en la valoración de mercado de Banco Santander refleja el impacto conjunto del comportamiento de su cotización y de sus operaciones sobre el capital social. Por un lado, afecta el hecho del descenso de 0,27 euros por título (al pasar de 11,998 a 11,728 euros).

A este ajuste en el precio se suma la reducción del volumen de títulos emitidos tras concluir el pasado 24 de agosto un programa de recompra de acciones por 5.030 millones de euros. La posterior amortización y retirada del mercado de más de 462 millones de títulos redujo la base accionarial del banco desde los 15.018,5 millones iniciales hasta los 14.556,5 millones actuales, que a 11,728 euros por título recorta en cerca de 5.500 millones de euros su capitalización global respecto a junio.

El Gobierno garantiza a los sindicatos que subirá el sueldo de los empleados públicos de España prevista para 2027, pero sigue sin concretar cuándo, para disgusto de las organizaciones sindicales. El departamento de Función Pública que encabeza Óscar López se ha reunido esta tarde con UGT, CCOO y CSIF a quienes ha garantizado que la mejora del 4,5% pactada en diciembre del año pasado se llevará a término, pero sin concretar en qué momento.

El año pasado, los tres sindicatos de la Función Pública acordaron una senda de subidas acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028 distribuida en un 2,5% en 2025; un 1,5% este año (con un 0,5% adicional si la inflación se comía esa mejora); un 4,5% en 2027 un 2% final en 2028. Aunque el acuerdo está rubricado, es necesario darle cobertura legal a cada incremento salarial, de ahí la urgencia de los sindicatos.

Desde UGT Servicios Públicos han emplazado al ministerio a que apruebe la mejor retributiva antes del 24 de noviembre, cuando está previsto el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, que se celebrarán el domingo de esa semana. La secretaria general del sindicato, Isabel Araque, ha destacado que la mejora retributiva del 4,5% se pactó el año pasado y ha señalado que el Congreso de los Diputados convalidó "sin dificultades" la subida del año 2025 incluso siendo retroactiva.

Además, ha añadido que la mejora está respaldada legalmente aunque se tenga que convalidar en la Diputación Permanente o con el Ejecutivo en funciones. Y ha recordado que también está pendiente una subida adicional del 0,5% vinculada a la inflación que se suma al 1,5% que ya se decretó para 2026.

Por su parte, desde Comisiones Obreras han reclamado al Ejecutivo "el cumplimiento efectivo de todos los compromisos adquiridos". El propio Óscar López prometió hacer "todo lo posible" para ejecutar el incremento salarial antes de las elecciones, pero todavía no lo materializa.

El sindicato ha señalado que hay otras reformas acordadas que todavía no se han desarrollado, como la eliminación de las tasas de reposición -que limitan el número de plazas que la administración puede sacar para reponer las salidas de funcionarios-, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio o la mejora del personal del Servicio Exterior.

Del lado de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), han reclamado también que la subida se apruebe antes de las elecciones "para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones". Algo que consideran de gran importancia porque el texto que recoja la subida "debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones puedan presupuestar y preparar nóminas".

La subida salarial afectará a los 3,5 millones de empleados públicos (funcionarios o no) que trabajan en las distintas administraciones. El impacto de la subida del 4,5% para un salario medio del sector público -que rondaba los 3.232 euros brutos al mes en 2024- sería de unos 151 euros adicionales (aplicadas ya las revalorizaciones de 2025 y de 2026). Lo que situaría esta renta en los 42.380 euros brutos.

Otras cuentas pendientes

Más allá de la cuestión salarial, los sindicatos han reclamado al Gobierno que cierre otros asuntos todavía pendientes de desarrollar del acuerdo salarial de 2021. Entre ellos, la implantación de la jubilación anticipada parcial para los funcionarios -la del personal laboral se desbloqueó recientemente en el Congreso- o que se tomen medidas para atajar la temporalidad abusiva que aqueja a la administración pública y que ha colocado a España al borde de una multa de la Comisión Europea.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de una trabajadora víctima de violencia machista que la empresa acordó una semana después de que uno de sus administradores tuviera que declarar como testigo en la causa penal abierta por la denuncia por la agresión.

En su sentencia, la sala de lo social del alto tribunal estima el recurso presentado por la trabajadora y revoca la resolución de un juzgado de Ávila -después confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- que declaraba su despido improcedente, y no nulo, como la empleada solicitaba.

La sentencia concluye que hay indicios de que la trabajadora, representada por la cooperativa de abogados Colectivo Ronda, fue despedida por su condición de mujer, puesto que la empresa percibió como "inconvenientes o complicaciones" las consecuencias judiciales de la denuncia por violencia machista que había presentado.

El tribunal apunta además como otro de los motivos del despido que la empresa asoció la condición de víctima de violencia de la trabajadora con una serie de circunstancias derivadas de la "presión, malestar, miedo e incertidumbre".

La empleada, responsable de 'marketing' de la empresa NAGAMI DESIGN SL dedicada a la impresión en 3D, denunció haber sido víctima de violencia de género el 2 de febrero de 2024 y estuvo de baja entre los días 5 y 23 de ese mes, con un diagnóstico de fiebre y malestar emocional y físico que la incapacitaban para trabajar.

El 2 de abril de ese año, el administrador mancomunado de la empresa acudió a declarar al juzgado tras ser citado como testigo en la causa penal abierta por la agresión machista. Una semana después, la empleada fue despedida por una "disminución continuada y voluntaria" del trabajo acordado.

"Discriminación laboral"

El Supremo, sin embargo, considera que no ha habido "la más mínima actividad probatoria" sobre esa supuesta disminución del rendimiento laboral, sin que la empresa haya dado "una explicación alternativa" sobre los motivos del despido.

Al declarar nulo el despido, la sentencia obliga a la empresa a reincorporar a la trabajadora a su puesto y a pagarle los salarios pendientes, además de pagar una indemnización de 10.000 euros por los daños derivados de la vulneración de sus derechos fundamentales.

En un comunicado, el Colectivo Ronda ha celebrado la sentencia porque supone "un avance significativo en la protección de las mujeres que sufren violencia machista ante la discriminación laboral" y establece un "criterio especialmente relevante para impedir que las consecuencias personales, médicas o judiciales de sufrir ese tipo de agresiones pueda ser motivo de despido.

El Tribunal Supremo ha rechazado que la Agencia Tributaria pueda tasar un inmueble atendiendo exclusivamente al catastro, imágenes de Google Maps o fotografías aéreas, y establece que es preciso visitarlo y examinarlo también por dentro, lo que implica una inspección física del perito. Las identificaciones sin visita al inmueble deben ser excepcionales, solo en casos muy concretos y de manera justificada.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso estima un recurso presentado contra un fallo de julio de 2024 del Tribunal superior de Justicia de Extremadura, que anula. Lo que ha aclarado el Supremo, en relación con el trabajo de los peritos de la Agencia Tributaria, es si la exigencia de visita al inmueble por parte del perito impone que se visite tanto el exterior como el interior de inmueble, o, por el contrario, es suficiente con la mera contemplación del exterior de éste o la toma de fotografías.

El caso es el de un inmueble cuya tasación fue revisada por Hacienda y en la que el perito aseguró que pudo examinar las características del bien inmueble al acceder, a través de la sede electrónica del Catastro, a las ortofotografías aéreas del Instituto Geográfico Nacional, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y de Google Maps España.

En su informe, el técnico aportó el plano de cartografía catastral, la ortofotografía catastral y la fotografía de Google Maps España, con lo que "se hizo innecesaria la visita personal al inmueble". El Supremo rechaza este sistema y entiende que la valoración de un inmueble debe ser individualizada y, como regla general, requiere que el perito realice una inspección personal, directa y presencial, tanto del exterior como del interior del inmueble.

Esta visita permite comprobar circunstancias relevantes para determinar su valor real, entre ellas la superficie y distribución; el estado de conservación y de construcción; la calidad de los materiales, las características concretas del inmueble y la existencia de servidumbres visibles u otras circunstancias relevantes. La finalidad es garantizar que la valoración se ajuste a las características efectivas del bien y esté suficientemente motivada, explica la sentencia.

Los magistrados admiten que, en circunstancias muy concretas, pueda prescindirse de la inspección presencial, pero Hacienda debe justificar expresamente en el propio informe pericial por qué resulta innecesaria la visita y la justificación debe ser individualizada, racional y suficiente, apoyada en datos objetivos, contrastados y debidamente documentados en el expediente.

Por ello, no basta con mencionar de forma genérica fuentes de información fiable y debe explicarse por qué permiten conocer las características relevantes del inmueble concreto que se está valorando. La Sala reitera que los datos catastrales y las fotografías no son suficientes por sí solos, ya que pueden aportar información útil, pero no garantizan necesariamente una valoración individualizada y, sobre todo, no permiten conocer de forma suficiente el estado interior de una vivienda.

Es Hacienda, añade la Sala, la que debe fundamentar adecuadamente el valor que utiliza para liquidar el impuesto y no corresponde al contribuyente aportar una tasación alternativa para paliar las deficiencias del informe de Hacienda.

Nueve de cada diez consumidores en España (el 90% exacto) afirma que compara los precios de los productos antes de realizar la compra, una práctica que permite ahorrar entre un 5 y un 10%, según el estudio 'El valor de comparar: decisiones de compra y ahorro en los hogares en España', realizado por Ipsos para Amazon.

Esto deriva de que el 95% de los consumidores en el país percibe que el coste de la vida ha aumentado durante los últimos doce meses y que cuatro de cada diez (39%) consideran que esa subida está por encima del 15%, por lo que el 80% de los consumidores dice prestar más atención al precio de los productos que hace un año.

Así, el 44% considera que comprar por Internet les ayuda a ahorrar en sus compras habituales, con un foco especial en los jóvenes: en particular, lo cree la mitad de los consumidores de entre 18 y 25 años (el 53%) y de los de 26 a 45 años (el 48%).

Además del 90% de encuestados que compara antes de comprar un artículo, seis de cada diez lo hacen siempre o casi siempre. Esto se produce sobre todo entre los de 26 a 45 años (66%), seguidos de los jóvenes de 18 a 25 años (62%) y los de 46 a 64 años (60%), así como entre la mitad (49%) de los mayores de 65 años.

Según el análisis, la comparación de precios permite ahorrar entre un 5% y un 10% en cada compra, el consumidor en España consulta tres tiendas online antes de decidir dónde comprar (34%) y le puede llevar entre 5 y 20 minutos por compra (49%). Otros comparan entre cuatro y cinco establecimientos (el 17%) y dedican incluso más de 20 minutos a ello (25%).

Por otra parte, el hecho de que una tienda compare regularmente sus precios con los de otros establecimientos para ofrecer el precio más bajo facilitaría al consumidor tomar mejores decisiones de compra (44%), ahorrar tiempo (38%) y controlar mejor sus gastos y ahorrar (36%). En esa línea, el 93% afirma que conocer esta práctica aumentaría su confianza en que está encontrando un precio bajo.

La calidad del producto (57%) y el precio final (55%) son los dos aspectos más importantes para los consumidores a la hora de planificar sus compras, por delante de la confianza en la tienda (31%).

En el desglose de sectores para esa comparación, se observa que moda y tecnología lideran el ranking general (45%), seguidas de alimentación y supermercado (43%), electrodomésticos (32%) y cuidado personal (28%).

Por generaciones, los jóvenes de 18 a 25 años comparan precios sobre todo en ropa (48%), juguetes y videojuegos (24%) y libros y entretenimiento (18%), mientras que las personas con 46 a 64 años se centran en tecnología y electrónica (50%) y los mayores de 65 años son quienes más comparan en alimentación (54%), electrodomésticos (41%) y productos de limpieza y hogar (27%).

Dos tendencias "destacadas"

Finalmente, el análisis detecta dos tendencias "destacadas". Por un lado, que el aumento del coste de la vida impulsa un consumo "más racional y planificado", con estrategias diferenciadas según la generación y entre las que destacan aprovechar promociones y cupones (40%), optar por marcas blancas o más económicas (36%), hacer la compra en diferentes establecimientos buscando mejores precios (30%) y comparar el precio de un mismo producto entre tiendas físicas y online (28%).

Por otro, los consumidores con entre 26 y 45 años serían los más sensibles a las subidas de precios -perciben un incremento del coste de la vida superior al 15% durante el último año- y quienes más comparan costes.

Estas conclusiones han sido presentadas este martes en una mesa redonda en la que han participado la directora de consumo en Amazon.es, Ana Sánchez-Jauregui; el presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz; la creadora de contenido Paloma Blanc y el consejero y profesor de escuela de negocios Pablo Foncillas.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos importantes medidas en el ámbito de la Seguridad Social. Por un lado, ampliará la pensión de viudedad a las parejas con hijos en común que hayan convivido al menos dos años antes del fallecimiento, aunque no estén casadas ni registradas como unión de hecho. Y, por el otro, mejorará la prestación que perciben los trabajadores de baja laboral provocada por catástrofes naturales.

Así lo ha confirmado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo ha aprobado otras medidas de componente social que benefician a las víctimas de violencia de género, las mujeres con menopausia incapacitante o a las familias con hijos con cáncer.

Saiz ha destacado que el real decreto ley que desarrolla estas medidas, que deberá ser convalidado más adelante en la Diputación Permanente, es el resultado de "meses de diálogo social" y que "amplía derechos", "refuerza la protección de las familias" y "da respuesta a situaciones que requieren una cobertura más adecuada".

En lo tocante a la ampliación de la pensión de viudedad, las parejas que hasta ahora estaban excluidas de la prestación al no estar registradas públicamente podrán solicitarla desde la entrada en vigor del decreto, previsiblemente el miércoles. Para acreditar la convivencia bastará con demostrar dos años de empadronamiento en la misma residencia.

Además, esta posibilidad se amplía a todas las personas que hayan perdido a su pareja antes de la aprobación del real decreto ley. El Gobierno ha habilitado un plazo de un año para que los afectados puedan solicitar la prestación siempre y cuando cumplan el resto de requisitos.

En España hay registradas un total de 1.461.769 personas que perciben pensiones contributivas de viudedad, de las cuales el 95,6% corresponden a mujeres. La gran mayoría, viudas mayores de 65 años para quienes esta renta a menudo es su único sustento.

La cuantía de la viudedad es modesta, apenas alcanza los 976,3 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.374 de la pensión media del sistema o los 1.576 que cobran los jubilados. Esto se debe a que la cuantía de la prestación oscila entre el 56 y el 70% de la base reguladora del fallecido (algo parecido al salario que cobró el fallecido). En cambio, en las pensiones de jubilación es frecuente cobrar el 100% de esa base reguladora

Mejores prestaciones para las víctimas de catástrofes

Además, la norma aprobada este martes introduce un cambio en la Ley General de Seguridad Social que habilita al Gobierno a aumentar la protección para los afectados de catástrofes como las danas, accidentes ferroviarios o pandemias. Así, los trabajadores que sufran una baja laboral debido a la catástrofe, o que se vean incapacitados permanentemente verán mejoradas sus prestaciones porque se asimilará la situación a la derivada de un accidente de trabajo.

En el caso de las bajas laborales ordinarias (incapacidad temporal), esta mejora se traduce en que cobrarán la prestación desde el primer día -no tendrán que esperar los tres días de carencia- y además lo harán en una cuantía mayor durante los 16 primeros días de prestación.

Interrogada por el coste fiscal y el margen presupuestario de que dispone el Gobierno para aprobar estas medidas, la ministra portavoz se ha limitado a señalar que el Ejecutivo "está demostrando que es perfectamente compatible extender la acción protectora con gobernar con responsabilidad y rigor fiscal".