La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) propone un Acuerdo entre el Estado y las industrias culturales para proteger los derechos de autor y propiedad intelectual en el uso de obras protegidas para entrenar y crear modelos de inteligencia artificial (IA), así como el mantenimiento y la defensa del precio fijo de los libros en España y en los ámbitos europeo e internacional.

Estas son dos de las principales medidas incluidas en el Decálogo de Objetivos del Sector Editorial, que ha presentado este jueves la entidad. Con ella, la federación busca trasladar las prioridades de la industria del libro a las formaciones políticas para que se incorporen a sus programas de gobierno y se traduzcan en medidas concretas de apoyo al sector.

Así, en materia de propiedad intelectual, la FGEE reclama un Plan de Defensa de la Propiedad Intelectual y recuperar la tramitación del Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. El documento advierte de que el 50,7 por ciento de los libros digitales se descargan gratuitamente, una práctica que sitúa al sector editorial entre los principales afectados por la piratería. Asimismo, la federación defiende el precio fijo como una herramienta para garantizar la competencia libre y justa entre los agentes del libro y preservar la bibliodiversidad, al considerar que la diversidad editorial depende de la viabilidad comercial de todos los participantes de la cadena.

El decálogo también propone un programa de ayudas para las pequeñas y medianas editoriales, que representan el 95 por ciento de las editoriales agremiadas, y un plan de apoyo a las librerías. Entre las medidas planteadas figura mantener y mejorar las bonificaciones para los envíos postales de libros, con el fin de contrarrestar las ventajas de los grandes operadores que ofrecen envíos gratuitos. Asimismo, la FGEE solicita incrementar la dotación de los programas destinados a la adquisición de fondos bibliográficos para bibliotecas.

En el ámbito educativo, la organización plantea establecer una 'hora de lectura' en los centros escolares, como práctica paralela a la 'hora deportiva', reforzar las bibliotecas escolares y crear un programa de cheque-libro para materiales educativos, con criterios de renta y un modelo unificado en el conjunto del territorio. Además, reclama políticas de fomento de la lectura con partidas presupuestarias suficientes y acciones específicas para los distintos segmentos de población. También solicita un reconocimiento institucional del libro y la lectura y que esta última sea declarada Bien de Patrimonio Inmaterial.

La FGEE destaca que el sector editorial alcanzó en 2025 una cifra de negocio de 7.003 millones de euros, lo que lo sitúa como la principal industria cultural de España en términos de valor económico global. La actividad cuenta con más de 4.200 empresas y más de 43.000 personas ocupadas. "El libro y la lectura son la base de la cultura y la educación, dos pilares fundamentales de la cohesión social y la igualdad de oportunidades", ha señalado el presidente de la FGEE, Manuel González, quien ha defendido la necesidad de situar los retos de la industria editorial en la agenda política.

Encontrar un techo en España y, por ende, en la Comunidad de Madrid es una carrera de obstáculos donde el precio del metro cuadrado está desbocado. Sin embargo, el verdadero reto, especialmente en esta región, asoma en el horizonte demográfico. Las proyecciones oficiales anticipan un incremento sostenido de la población en los próximos años, impulsado por la atracción económica y social de la capital. Este crecimiento constante sumará más de un millón de habitantes a la comunidad en las próximas décadas, intensificando la presión sobre un parque de viviendas ya de por sí insuficiente.

Según los datos de Tinsa, el precio medio de la vivienda terminada (nueva y usada) en la Comunidad de Madrid experimentó un incremento anual del 13,31 % en el tercer trimestre de 2026, alcanzando un valor medio de 3.699 €/m². Esta evolución en el coste de la vivienda, supone que el precio medio de un piso de 90 m² en Comunidad de Madrid se sitúa en los 332.913 euros.

Mientras que Sánchez basa su política en la prórroga de los contratos de alquiler y el refuerzo del control sobre las rentas, el Ejecutivo de Ayuso apuesta por incentivos fiscales y nueva obra para dar solución a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente para los jóvenes. No en vano, el 83,2% de los jóvenes de entre 16 y 29 años no puede emanciparse en la Comunidad de Madrid a causa de los problemas de vivienda, según un estudio del sindicato Comisiones Obreras (CC OO).

Durante la presente legislatura, el Gobierno regional ha impulsado 70.000 viviendas protegidas, de las cuales 29.000 son de directiva autonómica y ha sentado las bases para desarrollar 300.000 en 15 años. Esta estrategia se apoya en la Ley de Medidas Urgentes –que aumenta la densidad de viviendas un 30% y la edificabilidad un 20% para sumar 18.000 inmuebles protegidos adicionales– y la tramitación de la ley LIDER para reducir la burocracia y dinamizar el suelo. En este sentido, en los últimos tres años, la estrategia autonómica se ha articulado mediante dos Planes de Choque compuestos por 25 medidas, la mayoría de las cuales se encuentran prácticamente cumplidas, según fuentes del gobierno regional.

En alquiler asequible, el Plan Vive prevé 16.500 inmuebles en 27 municipios (6.530 ya están entregados), destacando el Plan Vive Solución Joven con 8.000 viviendas destinadas a menores de 35 años. Por otro lado, la Agencia de la Vivienda Social para familia vulnerables proyecta 2.700 viviendas en 11 municipios. A fecha de 30 de septiembre de 2026, se han entregado 1.043 inmuebles. El parque público total alcanza las 50.000 propiedades, de los cuales más de 25.000 son casas, lo que representa un hogar para cerca de 100.000 madrileños.

En cuanto a las ayudas económicas y fiscales, el programa Mi Primera Vivienda, activo desde 2022 con 12 entidades bancarias, facilita financiación de hasta el 100% (para inmuebles de hasta 425.000 euros) a unos 8.500 beneficiarios de hasta 50 años, sin límite de edad para familias monoparentales o con menores. Paralelamente, el Plan Alquila acumula más de 960.000 asesoramientos y 111.000 contratos desde 2008. Por último, el Programa Rehabilitar Madrid destina 450 millones de euros a la conservación, accesibilidad y eficiencia energética de barrios, reservando 50 millones para la instalación de ascensores.

10.000 viviendas en la capital

En lo que se refiere a la capital, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) ha alcanzado ya un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible.

Desde 2019, año en el que Martínez-Almeida llegó a la alcaldía, el patrimonio se ha incrementado en casi 3.800 pisos (un 60%). «Nadie, nunca, en la historia de Madrid ha destinado tantos recursos al alquiler asequible», señalan desde Cibeles. No en vano, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, EMVS Madrid ha construido casi una de cada cinco de todas las viviendas de este tipo en España en los dos últimos años.

Hoy, EMVS Madrid está promoviendo la construcción de más de 7.700 pisos, a los que se suman los más de 3.000 que el Área de Urbanismo construye en colaboración público-privada en régimen de alquiler asequible: en total, más de 10.700 viviendas en camino.