Faltan todavía tres semanas para el comienzo legal de la campaña de las próximas elecciones y cada día que pasa aumenta la tensión. Unos de los últimos sucesos como ejemplo han sido las concentraciones de centenares de jóvenes de la ultra izquierda en la Plaza de María Pita en La Coruña al mediodía y en Avilés por la tarde. Convocados para intentar boicotear unos mítines con Santiago Abascal de protagonista, y que obligó a drásticas intervenciones de la Policía para disolverlos. Y por si no fuera suficiente la polarización nacional existente, ha venido el presidente argentino Javier Milei para aumentarla. Efectuando declaraciones con un contenido que no es el momento más oportuno para efectuarlas. Junto a esos ejemplos, la mera actividad ordinaria introduce novedades que mantienen el clima del debate político en grado elevado. Como ha sido la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Defensor del Pueblo en relación al eventual voto de los “nietos”. Que ha significado -de momento- un acusado revés para la progresía sanchista. El que hasta Conde-Pumpido se haya opuesto a admitir a trámite el recurso, provocando un inaudito 10 a 2 contrario a su admisión, lo demuestra claramente. Si bien ello “todavía” no significa que esos “nuevos” españoles, no puedan votar el 29 N, como desea Sánchez. Aunque obviamente se aleja esa posibilidad, que estimula su celo por conseguirlo. Ya es lamentable, por decirlo suavemente, que la condición de español se adquiera por una disposición adicional 8ª de la ley de memoria democrática. Por parte de gran cantidad de miles de personas que nunca han estado en España, y que lo agrava la Instrucción de una fiscal “progresista” que lo generaliza. Interpretando a su voluntad lo que dice la ley y diluyendo la dignidad de la condición de ser natural español. Este debate ha abierto otro: el de si tener la condición legal de ciudadano español debe exigir tener derecho a votar en las elecciones. La experiencia avala al sentido común que niega esa afirmación con numerosas localidades españolas que tienen registrados más votantes en el extranjero que residentes en ellas. Lo que se puede extender a circunstancias como no tener actividad ninguna ni pagar impuestos, y desconocer de hecho la problemática española en todos sus ámbitos. Es decir, en el económico, cultural, social y político. De tal manera que pueden elegir al alcalde de esas localidades personas que las desconocen absolutamente. E incluso decidir el gobierno en igualdad de condiciones que cualquier auténtico ciudadano español: que en España vive, trabaja y paga sus impuestos.

Es noticia política significativa que el PP y Vox estén abiertos a un pacto electoral para mantener el control de la Cámara Alta, que actualmente está en manos del PP. En una primera aproximación a la misma, parecería innecesario dada la mayoría absoluta de que disponían los populares y las expectativas que señalan las encuestas. Pero el citado acuerdo trae causa directa del pacto alcanzado por las izquierdas, precisamente para impedirlo. A diferencia del Congreso, las izquierdas han alcanzado en el Senado un significativo pacto para comparecer a las urnas con una sola candidatura en todas las provincias; las islas del archipiélago balear y la isla canaria de La Gomera. Es decir, en todas las circunscripciones salvo en las cuatro catalanas, y en las restantes islas del archipiélago canario que son circunscripciones únicas. Candidaturas que se presentan como «Senado de progreso». La Cámara de representación territorial se compone de 208 senadores elegidos directamente en las urnas por los ciudadanos, además de 58 elegidos por los parlamentos de las comunidades autónomas. A razón de 1 por cada comunidad, más 1 por cada millón de habitantes, elegibles por sus Parlamentos. En tanto que en las urnas se eligen 4 por cada provincia, además de 3 en las circunscripciones insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y 1 por cada una de las restantes islas o agrupaciones de ellas. Y en las ciudades de Ceuta y Melilla se eligen a 2 en cada una. Ese pacto de las izquierdas alcanzado entre el PSOE y el Frente Amplio incluye en una lista única a los socialistas y al movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid. Además de otros regionalistas como Compromís, Chunta y Ceuta Ya. Una idea de la trascendencia de este pacto la muestra el hecho de que con él, en las elecciones de 2023, hubieran obtenido la mayoría las izquierdas. Cuando entonces de los 208 elegidos en las urnas, el PP obtuvo 120 y 73 el PSOE, por ninguno Vox y Sumar. Esa alianza entre las izquierdas ha abierto la negociación de una lista única entre las derechas, lo que ofrece diversas posibilidades de concreción. Una de ellas la ofrecen los populares mediante la elección de senadores de Vox entre los autonómicos, a cambio de que no presenten candidaturas a las urnas. Otra sería la de candidaturas únicas como las de las izquierdas, pero no en coalición, cuyo plazo para anunciarlas ya está cerrado. Este escenario ha abierto también un relevante debate, como el de la posibilidad de alcanzar los 3/5 del Senado, que permite designar a sus 4 magistrados del Tribunal Constitucional, además de los del CGPJ, entre otras relevantes instituciones del Estado. Importante competencia electoral para el Senado.