Otro juzgado de Madrid, el de Instrucción número 3, ha decidido inadmitir la querella en que Vox pedía investigar a Sofía Puente por un delito de prevaricación administrativa en relación a la instrucción con la que amplió los supuestos para acogerse a la "ley de nietos", según consta en un auto conocido por LA RAZÓN.

Por lo tanto, existe en la Justicia de la capital una clara disparidad de criterios, al haber aceptado recientemente la titular del Juzgado de Instrucción número 35 la querella que Hazte Oír interpuso contra la alto cargo de Félix Bolaños por hechos similares, en contra del criterio mostrado por la Fiscalía.

Ahora, la magistrada Isabel Durántez coincide con los argumentos expuestos por Puente y resuelve que no puede indagar en su actuación al concurrir "la excepción de cosa juzgada", en alusión al sobreseimiento libre (definitivo y no provisional) en 2024 que, más tarde, fue confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid.

Vox atribuía a la hermana del ministro de Transportes otro ilícito penal de usurpación de atribuciones legislativas por la elaboración de la instrucción que desarrolló la "ley de nietos". Respecto a este extremo, la jueza Durántez señala que "resulta indiscutible que el dictado de una instrucción por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública estaba dentro de sus atribuciones y competencias".

Esta magistrada alude, por otro lado, a que, "con independencia de las pretensiones que contra la citada instrucción pudieran hacerse valer en vía administrativa y ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no puede obviarse que la jurisdicción penal no sustituye a esa otra vía en su labor de controlar la legalidad de la actuación de la administración pública, sino sancionar tan solo aquellos supuestos límite en los que la actuación administrativa reúna todos los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para la existencia de infracción penal".

La querella de la formación de Santiago Abascal se dirigía también por prevaricación contra María Esther Pérez Jerez, que sustituyó a Puente en la mencionada dirección general del Ministerio de Justicia. La instructora hace "extensivos también a ella todos los argumentos" sobre los que apoya el carpetazo a la acción legal de Vox.

En este sentido, aprovecha para recordar que la legislación y la doctrina consolidada fija que "para considerar prevaricadora la actuación de una autoridad o funcionario hemos de encontrarnos ante una actuación ilegal, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas más esenciales de procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente, o bien porque suponga una desviación de poder".

Y, además, -continúa explicando en la resolución- "esa contradicción con el derecho ha de ser de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnica-jurídica mínimamente razonable".

En definitiva, resume Durántez, "la ilegalidad ha de ser evidente, patente, flagrante, clamorosa, ha de contradecir la norma de forma grosera y con el conocimiento de actuar en contra del derecho a sabiendas de su injusticia".

Basándose en lo que se resolvió ya por la Audiencia de Madrid en 2025 para la alto cargo de Justicia, dicta que "nada de lo anteriormente expuesto ocurre en el presente supuesto y por eso la querella ha de ser inadmitida también respecto a Pérez Jerez que tenía plena atribución y competencia para el dictado de la Instrucción a la que se refiere la querella, lo cual excluye la atribución del delito de usurpación de atribuciones".

Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama, se prepara para declarar voluntariamente y en calidad de imputado en la Audiencia Nacional (AN) como uno de los líderes del presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos cometido con Villafuel.

Aunque no comparecerá exactamente en las condiciones que solicitó: será el 3 de diciembre y no en la misma semana de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Además de su declaración, el empresario ha solicitado al magistrado instructor del caso, Santiago Pedraz, la práctica de una serie de diligencias de investigación para intentar desligarse de la responsabilidad penal en la defraudación de más de 182 millones de euros a la Agencia Tributaria y de su implicación en la compra del chalé de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción) para el disfrute de José Luis Ábalos después de que mediase vía Koldo García para intentar facilitar que Villafuel obtuviese la licencia estatal de operadora, indispensable para operar en el sector del fuel.

Su estrategia de defensa, adelantada por LA RAZÓN, pasa por trasladar toda la culpa a Carmen Pano, la mujer que asegura haber llevado en bolsas de plástico 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

Para ello, en el escrito en que solicita las pesquisas a la AN conocido en primicia por este periódico, quiere que Hacienda certifique si «figura o ha figurado como «obligado tributario, responsable, administrador de hecho, representante apoderado o compareciente» en los expedientes de comprobación» de la compañía o en «algunas de las siete sociedades a las que Villafuel facturó», entre 2022 y 2024.

Es la manera con la que, con documentos oficiales en la mano, Rivas pretende desmontar los indicios señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que era el que ostentaba «el dominio real», de Villafuel, sin constar formalmente.

En esta misma línea, el socio del conseguidor del «caso Koldo» insta a que el juez Pedraz pida «la identidad del titular del certificado electrónico con el que presentaron las autoliquidaciones de IVA de Villafuel» de los mencionados ejercicios anuales y «la identidad de quienes comparecieron por la sociedad ante la Inspección desde el 18 de mayo de 2023».

Por otro lado, a través del último abogado que ha personado en su defensa, reclama que la Tesorería General de la Seguridad Social certifique si él «ha estado de alta por cuenta de Villafuel en algún momento, con expresión de fechas».

Asimismo, quiere que se incorpore al procedimiento información en que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico «certifique, respecto a todos los asientos del expediente de habilitación de Villafuel como operadora al por mayor, el titular del certificado electrónico con que se presentó cada escrito y el destinatario de cada notificación».

Expone también su pretensión al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN de que Exolum Corporation (que controla la mayor parte de los depósitos fiscales de España y de la que dos trabajadores ya han acudido a testificar) que «informe de las personas dadas de alta por Villafuel como usuarios de su sistema de pedidos entre el 15 de septiembre de 2022 y el 7 de octubre de 2024», y «de las personas designadas como interlocutores en el contrato de servicios logísticos y sus adendas».

Por último, pide que las «entidades de crédito» en las que Villafuel «mantuvo cuentas de 2022 a 2024 (periodo bajo investigación en que se habría desarrollado el fraude fiscal), según la información bancaria que ya obra en la causa» a fin de que den cuenta de «la relación de titulares, autorizados, apoderados y usuarios de banca electrónica de esas cuentas, con sus fechas de alta y baja».

El socio de Aldama en los negocios de hidrocarburos justifica la pertinencia de que se acceda por parte del magistrado instructor a estas indagaciones afirmando que «se limitan a preguntar quién firmó, quién presentó y quién estaba autorizado», y alude a que «no abren en caso alguno línea de investigación nueva ni indagan sobre terceros». «Las cinco son certificaciones de emisión inmediata y se refieren a expedientes y contratos ya identificados en la causa», insiste, al respecto.

En la última providencia con que le citó a declarar, Pedraz dio por recibido este escrito de Rivas y consultó a la Fiscalía Anticorrupción su opinión, antes de resolver si accede a su ejecución o, por contra, las deniega.

La representación letrada de Rivas, que lidera Francisco Miguel Galiana Botella, recordaba al juez que tenía aún pendiente resolver el oficio al Consejo General del Notariado que interesó el pasado 14 de septiembre y al que –destaca– no se opuso el Ministerio Público en un informe que emitió el día 25 de septiembre.

El sentido de esta diligencia era intentar demostrar que si desde el 21 de noviembre de 2022 en que Rivas firmó un poder notarial en Madrid para que Aldama pudiese actuar sobre la estructura societaria Still Growing SL.

Al ser –según el abogado de Rivas– este «el único acto» con el que la investigación le vincula a la supuesta organización criminal del fuel, intenta desbaratarlo asegurando que en esa fecha ya le había transferido a un tercero el control de la mercantil e instando a rastrear si Aldama usó realmente el poder para algo.