El Palacio de la Moncloa desiste de revisar los expedientes relacionados con la conocida como "ley de nietos" para intentar que los más de 160.000 españoles afectados por la suspensión cautelar del derecho de voto puedan participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. El Gobierno no hace comentarios. Ni establece un compromiso para reforzar los consulados. Ni un calendario para revisar los expedientes pendientes. El Ejecutivo, que lleva días denunciando que se está impidiendo votar a ciudadanos españoles, no concreta qué medidas adicionales está dispuesto a adoptar para evitarlo.

El Tribunal Constitucional inadmitió ayer el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión acordada por el Tribunal Supremo, ya que considera que todavía no se ha agotado la vía judicial ordinaria. No entró en el fondo del asunto. Y eso permite a Moncloa mantener su discurso.

Fuentes gubernamentales consultadas insisten en que todos los españoles tienen derecho a votar y que no puede haber «ciudadanos de segunda categoría». El Gobierno considera inadmisible que una medida cautelar pueda dejar fuera del proceso electoral a miles de personas sin sentencia firme y sin haber escuchado individualmente a los afectados.

Pero una cosa es defender el derecho al voto y otra explicar cómo se pretende garantizar su ejercicio. Ahí es donde Moncloa ha dejado de dar respuestas. Porque mientras el Ejecutivo denuncia las consecuencias de la resolución judicial, el calendario sigue corriendo. Queda poco más de un mes para las elecciones. Los consulados deben comprobar la situación de los afectados y los servicios encargados del censo tienen que determinar quién puede conservar su inscripción electoral.

Albares ya advirtió de que sería imposible alcanzar todos. Esta controversia ya es una nueva batalla por el relato. Si finalmente los afectados no pueden votar, el PSOE dispondrá de un argumento para denunciar que decenas de miles de españoles se han quedado fuera de las urnas como consecuencia de una decisión judicial promovida por Vox e Iustitia Europa, es decir, por los ultras.

El Gobierno podría presentar lo ocurrido como una restricción de derechos fundamentales y trasladar a la oposición el coste político de la medida. Moncloa ha diseñado una campaña de confrontación entre dos modelos.

El Ejecutivo quiere discutir de vivienda, salarios, pensiones y derechos sociales. Y la polémica de la «ley de nietos» encaja en ese marco, porque permite al Ejecutivo situar el debate en uno de los terrenos que el presidente considera más favorables para movilizar a su electorado: la defensa de derechos frente a las iniciativas «y ataques» de la derecha. No se trata de que esos 163.020 españoles vayan a votar necesariamente al PSOE.

Nadie puede sostenerlo. Se trata de que su eventual exclusión del censo puede convertirse en un argumento político de enorme alcance para embarrar el ambiente postelectoral. Esa es la clave, porque en ese momento la polémica pasará a ser las consecuencias de que los afectados no hayan podido ejercer su derecho al voto. Los socialistas tendrán la tentación de denunciar que se ha celebrado una convocatoria electoral con miles de ciudadanos españoles privados cautelarmente del sufragio.

En el Gobierno conocen perfectamente la dimensión del asunto. Por eso endurecieron ayer su lenguaje. Las fuentes consultadas insisten en que no se puede suspender masivamente el derecho de voto sin sentencia firme y sin audiencia individual. También reclamaron que la resolución definitiva establezca que todos los españoles deben disfrutar de los mismos derechos. Pero esa defensa pública contrasta con la ausencia de explicaciones sobre los recursos que el Ejecutivo podría movilizar (o estar dispuesto a movilizar) para acelerar las comprobaciones pendientes.

Moncloa denuncia el problema, pero lo que no explica es cómo piensa contribuir a resolverlo antes de que se abran las urnas. Mientras tanto, el tiempo se agota. Y los españoles afectados por la suspensión siguen pendientes de una resolución que determine si podrán participar en las elecciones generales.