Tres ciudadanos españoles residentes en el extranjero se han personado ante el Tribunal Supremo para pedir que anule las medidas cautelares que mantienen suspendidos los efectos electorales de la inscripción en el censo de parte de los nacionalizados por la llamada ley de nietos. Lo han hecho representados por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo y antes de que expirara el plazo dado por el alto tribunal para que los afectados comparecieran y formularan alegaciones en el procedimiento.

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Es muy difícil demostrar que eres descendiente de exiliados del franquismo. Y si tu bisabuelo se marchó de España a finales del siglo XIX a Uruguay, sería casi imposible demostrar que puedes optar a la nacionalidad española según una vía pensada para descendientes de exiliados del franquismo sin la instrucción de Sofía Puente, que modificaba ilegalmente lo que habían decidido los representantes de la soberanía nacional. La ciudadanía, la jerarquía normativa y el censo son cuestiones serias en una democracia. Pero nuestro Estado se respeta poco a sí mismo y quienes lo dirigen no respetan casi nada a los demás.

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Imaginemos una ley que concede derechos a un grupo de personas que antes no los tenían. Imaginemos que esa ley entra en vigor y, a los pocos meses, se incorpora como disposición adicional una circular administrativa que aclara y concreta los criterios para aplicar la ley. Imaginemos que las previsiones originales sobre la cantidad de gente con derecho a solicitar los beneficios desbordan las capacidades de los funcionarios, por lo que se amplía el plazo inicial de dos años para presentar los papeles.

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