El Partido Socialista ha confirmado este jueves que participará en un cara a cara con el principal líder de la oposición el próximo 16 de noviembre, primer lunes de campaña electoral. De esta forma, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se volverán a encontrar en un debate organizado por una cadena privada, tal y como ocurrió el 10 de julio de 2023 en Antena 3 (Atresmedia), 13 días antes de las elecciones generales. Desde principios de octubre, el Partido Popular ya había confirmado su disposición para celebrar el cara a cara con el líder socialista en esa misma fecha. Los populares quieren que tenga lugar en la cadena privada Mediaset, aunque el PSOE no lo ha confirmado.

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha entrado en la precampaña, pero no para apoyar al PSOE, el partido del que fue secretario general durante 23 años. Preguntado durante un acto en el Círculo Empresarial de Málaga sobre cuál va a ser su preferencia electoral en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha justificado por qué va a votar en blanco: “Si me siento representado, voto por alguien que me represente. Si no, voto en blanco. Es un voto positivo, no es una abstención. Explica lo que siento, la carencia de representación”.

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No solo hay 10 horas de diferencia entre los dos vídeos. El primero, del PSOE, se publicó en la cuenta oficial de Pedro Sánchez a las 8.29 de la mañana de este miércoles, justo antes de la ponencia de Javier Milei en el Casino de Madrid. Y el segundo, del PP, pasadas las diez de la noche. Pero uno es real: grabado con cámaras, micrófonos y editado por un equipo de comunicadores audiovisuales. Y el otro, no: está generado por una aplicación de inteligencia artificial. Es más, es la primera vez que un partido político en España usa esta estrategia para suplantar la identidad y la voz de dirigentes y figuras políticas, como José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez, la exportavoz socialista Montse Mínguez y hasta José Luis Ábalos, entre otros. En el caso de este último, quizá sea el más realista y parece que habla él mismo de verdad. Dice así:

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Tres ciudadanos españoles residentes en el extranjero se han personado ante el Tribunal Supremo para pedir que anule las medidas cautelares que mantienen suspendidos los efectos electorales de la inscripción en el censo de parte de los nacionalizados por la llamada ley de nietos. Lo han hecho representados por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo y antes de que expirara el plazo dado por el alto tribunal para que los afectados comparecieran y formularan alegaciones en el procedimiento.

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Antes de que su abogado, Pedro J. Díaz, pudiera darle la noticia, el único ciudadano español nacionalizado al amparo de la ley de nietos que acudió al Tribunal Constitucional para adherirse al recurso de amparo del Defensor del Pueblo ya le había enviado el enlace de la información con el fallo. El pleno del tribunal de garantías había inadmitido, por diez votos a dos, el recurso que reclamaba restablecer el derecho al voto de más de 160.000 nacionalizados, entre ellos el suyo. Junto al enlace, el hombre, español de origen argentino, escribió una pregunta tan breve como cargada de desazón: “¿Y ahora qué se puede hacer?”. El portazo judicial lo dejó triste y desmoralizado, aunque no ha conseguido apagar del todo su esperanza. Su abogado, sin embargo, mira al futuro con mucho menos optimismo. Las posibilidades de que los afectados puedan votar el próximo 29 de noviembre son, a su juicio, “pocas o ninguna”.

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La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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Este octubre se cumplen seis meses desde que el PP inaugurase la segunda ronda de Gobiernos autonómicos con Vox. María Guardiola, baronesa extremeña, cedía de nuevo ante la extrema derecha incluyéndola en su Ejecutivo y desataba la caída del resto de fichas del dominó: Aragón, Castilla y León y Andalucía. En todas los pactos, los populares dieron cancha a la formación de Santiago Abascal, cuya agenda ultra ha ido avanzando en los boletines territoriales desde entonces hasta hoy. Medidas que se han acelerado con el inicio del curso político, así como con la paulatina aprobación de los Presupuestos autonómicos en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre en la que, según las encuestas, la alianza de PP y Vox puede alcanzar una mayoría de gobierno.

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Pasado el folletín del intento frustrado para una única papeleta en la izquierda, Frente Amplio empieza a despejar las incógnitas sobre la configuración de sus listas. La coalición que aúna a una quincena de partidos por todo el país y que tiene como principales referentes a Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar (MS) ha cerrado ya los primeros puestos de la candidatura en Madrid, donde, tras un pulso intenso que mantuvo bloqueado el acuerdo durante días, finalmente estarán todas las fuerzas de Sumar en el Gobierno excepto la catalana Comuns, que acaparará la papeleta por Barcelona, encabezada por la aspirante a la presidencia, Ada Colau. Aunque las encuestas dibujan en este momento una representación de la izquierda muy a la baja respecto a los comicios de 2023, cuando el grupo de Yolanda Díaz obtuvo 31 escaños, el reparto final otorga a la organización de la ministra Mónica García las dos primeras posiciones y la quinta, mientras que la tercera será para IU y la cuarta para MS.

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Esperanza Aguirre estaba decidida. Como el resto de invitados, quería pasar por el arco de seguridad. Pero nada, que no. Un agente de seguridad le ha indicado con la mano hacia la imponente y limpia escalera de caracol —en un gesto más propio de un pase de toros que de hombre uniformado— que no hacía falta. Minutos después, un hombre altísimo, enfundado en una gabardina beige, gafas de sol y apoyado en un bastón, subía también para escuchar a todo un presidente como el argentino Javier Milei en el Casino de Madrid.

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La motosierra de Javier Milei ha irrumpido de lleno en la campaña electoral. El PSOE ha desplegado esta mañana una lona en la fachada en Ferraz aprovechando la visita del presidente argentino a España, mientras la derecha no se jacta de su relación con el mandatario ultraderechista a diferencia de en otras ocasiones, aunque en la agenda de Milei sí figura al menos una reunión con la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Frente a la incomodidad manifiesta del PP -la Comunidad de Madrid ha confirmado a las 10.51 el encuentro, que se celebrará a las 17.00, sin especificar dónde será-, pero también de Vox, porque les asocien con los recortes de Milei a cinco semanas de las elecciones generales del 29-N, los socialistas han aprovechado la oportunidad para reivindicarse como los defensores de temas tan sensibles como las pensiones. “Hola, Milei. Los zurdos y zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”, reza el mensaje en la lona.

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Óscar Puente está feliz. Es su turno. Se arremanga. Sube al escenario de un edificio con forma de caparazón de tortuga, la Cúpula del Milenio de Valladolid. Pedro Sánchez lo observa desde abajo. El ministro de Transportes no falla. Pone patas arriba a la militancia:

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PSOE y Frente Amplio irán juntos al Senado en casi toda España, con una lista llamada Senado de Progreso. Ese movimiento estratégico tiene ahora un eco en la derecha: Vox estudia no presentarse en varios territorios para no dividir el voto conservador. Tiene hasta el lunes 26, cuando se cierra el plazo de candidaturas. Son movimientos que pueden decidir quién controla la Cámara alta.

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Un total de 874 días ha tenido que esperar Oriol Junqueras para beneficiarse de la amnistía después de que el Congreso diera luz verde definitiva a la norma. La decisión del Tribunal Supremo, conocida este martes, de aplicarle la medida de olvido judicial a los líderes condenados por el procés deja sin efecto la pena de inhabilitación que aún pesaba sobre el presidente de Esquerra Republicana y otros dos compañeros de filas (Raül Romeva y Dolors Bassa), así como sobre el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. “Hoy la política vuelve al terreno de la política porque sale del terreno de la judicialización y de la represión”, dijo el exvicepresident en una atención a los medios en Barcelona.

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La conocida como ley de nietos promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y la correspondiente suspensión cautelar del Tribunal Supremo del derecho al voto para quienes hayan sido nacionalizados a través de esta vía han llevado a Génova a estudiar una propuesta normativa sin precedentes. El Partido Popular ya había anunciado que, si Alberto Núñez Feijóo es investido presidente tras el 29-N, el PP impulsará una nueva ley de nacionalidad que endurezca los requisitos para obtener el pasaporte español. Pero el líder del PP no se ha quedado ahí y este martes ha propuesto además exigir, para poder votar en las elecciones, a quienes hayan sido nacionalizados un “tiempo de residencia mínima” en el país. “Una cosa es tener un pasaporte y otra cosa es tener derecho a voto”, ha sentenciado Feijóo este martes en una entrevista en la Cadena Cope.

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El Partido Popular y Vox aproximan posiciones para concurrir con más fuerza al Senado en las elecciones del 29 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este martes que ambas formaciones negocian en estos momentos para encontrar una fórmula que les permita lograr una mayoría más holgada frente a la papeleta conjunta de PSOE y Frente Amplio. Una vez cerrado el plazo para presentar coaliciones, el viernes pasado, PP y ultras barajan otros planes. En una entrevista en Cope, Feijóo ha apuntado como escenario más plausible el de que los ultras no se presenten en determinadas circunscripciones y que el Partido Popular ceda senadores por designación autonómica como contrapartida. El líder del PP quiere un pacto, mete presión a Santiago Abascal y busca con ese planteamiento controlar los tres quintos de la Cámara alta, lo que le permitiría hacer nombramientos sin tener que pactar con el PSOE.

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Un ciudadano español de origen argentino nacionalizado por la llamada ley de nietos ha presentado un escrito de adhesión al recurso de amparo del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional para poder votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. El particular, representado por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, reclama que el tribunal de garantías suspenda de urgencia las medidas cautelares acordadas por el Supremo, que afectan a 163.020 votantes incorporados al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), al amparo de esa norma.

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Mónica García no irá en las listas del Frente Amplio al Congreso de los Diputados. La actual ministra de Sanidad ha renunciado a ir en la papeleta del Frente Amplio tras una “profunda reflexión” en los últimos días. García ha cedido el número dos ―el primero es para Emilio Delgado, también de Más Madrid― a Tesh Sidi, de 32 años, actual diputada del partido en la cámara baja y figura en auge dentro de la formación. García, eso sí, seguirá en la agrupación madrileña, donde acaba de ser reelegida candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid para las autonómicas de 2027.

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