La Habana, 22 oct (Prensa Latina) Las Avispas de Santiago de Cuba recuperaron hoy el liderazgo en solitario de la Zona Oriental de la 65 Serie Nacional de Béisbol, tras vencer a Guantánamo y aprovechar el tropiezo de Granma.
The post Avispas vuelan solas en la cima oriental del béisbol cubano first appeared on Noticias Prensa Latina.
Está por ver si lo de calentar las calles tiene algún rédito electoral y si el posible beneficiado final de algo relacionado directamente con la inseguridad no es precisamente un partido de izquierdas, sino todo lo contrario, a mayor regocijo de quienes siguen contemplando futuras plusvalías en eso de potenciar a la derecha contigua del PP. No es necesario asomarse a Francia para colegir que, como en el país vecino, aquí en España y con la piel irritada por la precampaña electoral más frentista de nuestra historia reciente, bajo la punta del iceberg de legítimas reivindicaciones sociales se esconde la repugnante ponzoña, no solo de la utilización partidista de esas reivindicaciones, sino algo mucho más inquietante, como es la instauración de una violencia claramente organizada y encaminada a poner en jaque al propio sistema, minando la clave de bóveda que supone el imperio de la ley. Los fundadores de Comisiones Obreras no sabían lo que eran las redes sociales; de hecho, sus convocatorias llegaban desde el boca a boca y el cartel clandestino en la lucha contra una dictadura, pero de haber levantado la cabeza, solo se habrían vuelto hacia su tumba tras haber corrido a gorrazos a quienes desde este sindicato de «clase» sumido ya en el verticalismo adocenado por la subvención animaron esta semana a participar en un escrache contra la presidenta de la comunidad madrileña. El gobierno de Díaz Ayuso, además de primerísima piedra desde hace años en el zapato sanchista, es hoy el principal objetivo de una izquierda indigente de ideas que pretende la toma de las calles como quien asalta los cuarteles de invierno, arrogándose una supuesta «mayoría social» que en términos reales solo cosecha descalabros en las urnas.
El amenazante «no habrá paz para Madrid» esgrimido por la portavoz de Más Madrid en la asamblea regional lleva días sonando a algo más que mera alharaca parlamentaria; más bien se brinda como toda una tarjeta de visita para el periodo que aguarda entre el 29 de noviembre y los comicios municipales de mayo. El ejemplo francés es meridiano: la extrema izquierda asaltando las calles ante el vaticinio de un posible éxito electoral de la extrema derecha en los comicios de 2027; si a ello se suma la bomba de relojería (estallando ya en Francia) de la inmigración, obligada reválida para el próximo gobierno de España.
© EFE
La Habana, 21 oct (Prensa Latina) Santiago de Cuba desató hoy una ofensiva de cinco jonrones para vencer 12-6 a Guantánamo y recuperar, junto a Granma, el mando de la Zona Oriental del campeonato cubano de béisbol.
The post Avispas reconquistan la cima en béisbol cubano first appeared on Noticias Prensa Latina.
Almaty, Kazajistán, 21 oct (Prensa Latina) El kazajo Mikhail Kukushkin puso hoy punto final a su carrera profesional a los 38 años, tras caer ante el griego Stefanos Tsitsipas en los octavos de final del torneo ATP 250 de Almaty.
The post Kukushkin se despide del tenis en Almaty first appeared on Noticias Prensa Latina.
Washington, 21 oct (Prensa Latina) Golden State Valkyries y Atlanta Dream buscarán hoy romper el equilibrio de la final del baloncesto femenino estadounidense (WNBA), en una batalla que promete encender la cruzada por la supremacía.
The post WNBA: Valkyries y Dream, tercer asalto hacia una corona inédita first appeared on Noticias Prensa Latina.
"Se ha perdido tiempo, pero bienvenido sea", dice el catedrático de Derecho Penal Juan Antonio Lascuraín respecto al cambio de idea de la Fiscalía, que ahora opina que España sí tiene jurisdicción para investigar la querella de Rebeca y Laura contra el cantante
Julio Iglesias está hoy más cerca de ser juzgado en España
En un principio, eran solo dos mujeres que venían de países y pasados muy distintos, y que habían coincidido encerradas durante la pandemia en la lujosa villa de Julio Iglesias en Punta Cana, trabajando en condiciones muy duras. Dos entre muchas. Ahora las conocemos como Rebeca y Laura, dos nombres ficticios para proteger a las extrabajadoras que se han querellado contra el cantante por delitos de violencia sexual y abuso laboral.
El relato de lo que vivieron en ese tiempo lo hemos dado a conocer en elDiario.es: acoso, abuso, agresiones sexuales y humillaciones, así lo han contado ellas. “No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos”, dijeron.
Esos hechos fueron puestos en conocimiento de la justicia ya dos veces. La primera, en forma de denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sucedió en los primeros días de enero. Los propios fiscales cerraron la vía, decidieron no querellarse. Ni siquiera valoraron los hechos, se quedaron en el paso previo: ¿puede España tener conocimiento de unos hechos ocurridos en el extranjero?
Había “cuatro puertas independientes” para acceder a la jurisdicción española, como las representa el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín. “Si ya entras por una, no necesitas ni llamar ni que te abran otra. Ya estás dentro”. Y cada una tiene sus requisitos. Los portales son, en su orden legal: la territorialidad, la personalidad activa —que el autor del delito sea español—, la protección —intereses básicos españoles— y justicia universal (delitos considerados internacionalmente como graves).
Para decir que no, la Fiscalía aplicó el principio de territorialidad: como no hay los suficientes “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley, los hechos deben ser perseguidos por los Estados donde ocurrieron los hechos. Se plantó en la primera puerta e intentó abrir la segunda, el de la personalidad activa.
Para esa vía, había tres requisitos: ¿es español la persona señalada? Sí. ¿Los hechos también son delitos en el país en el que fueron cometidos? Sí. ¿Sería España el primer país que juzgue estos hechos? Sí. Triple positivo. Y, a pesar de eso, la Fiscalía dijo no y el caso fue archivado.
Catedráticos especializados en derecho penal y justicia universal criticaron abiertamente la interpretación del Ministerio Público. “Esta decisión era clara y sorprendentemente errónea”, explica Juan Antonio Lascuraín, señalando que el caso cumple los tres requisitos citados. Incluso “doblemente errónea” pues a su juicio se podía haber abierto también la puerta de la justicia universal, la cual “no exige la doble incriminación” en los dos países y “lo que se denuncia son delitos de trata de seres humanos y de agresión sexual”, crímenes reconocidos en los tratados internacionales.
A pesar de las grandes restricciones que tiene la justicia universal desde el año 2014, que la hacen “ya casi irreconocible” para la catedrática de Derecho Penal en la Universitat de València Lucía Martínez Garay este caso también cumple los requisitos. “Puede ser fuente de conflictos políticos y diplomáticos internacionales, y por ello los Estados tienden a recortarla a veces aunque se pague el precio de dejar impunes algunos delitos graves”, señala. La jueza Victoria Rosell, quien también explicó de manera rotunda por qué hay competencia, analizó que los tratados internacionales firmados por España incluyen las delitos de trata y violencia contra las mujeres entre aquellos perseguibles fuera del territorio.
“En contra de lo que afirma la Fiscalía, los tribunales españoles sí son competentes para conocer de las acusaciones que van dirigidas contra el señor Iglesias”, escribió con rotundidad a los pocos días del archivo Martínez Garay en este periódico. “De lo que sí estoy seguro, con la seguridad que da la ley en la mano y la obligación de los jueces y fiscales de aplicarla, es que España sí tiene jurisdicción”, fue igualmente tajante Lascuraín en El País. O Ramón Soria, el catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que escribió en Público que los argumentos para el carpetazo eran “extraordinariamente endebles”.
La Fiscalía archivó tan sumamente rápido el caso que le ardía entre las manos, en tan solo 18 días, que dejó a las abogadas que representan a Rebeca y Laura con tres preguntas clave sin responder. Y esa no fue su única consecuencia: a pesar del archivo, el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, peleó para conseguir una copia de la denuncia y del expediente completo, incluidas las declaraciones de las denunciantes que se habían tomado otorgándoles la condición de testigos protegidas.
Al negarse la Fiscalía a proporcionarle acceso, el cantante decidió denunciarla. Así, se inició un contencioso que ha estado abierto varios meses y que ganó Julio Iglesias. Pocos días después, todo el mundo pudo leer, ver y escuchar las declaraciones de las denunciantes, que fueron publicadas por la web Okdiario.
No ha sido el único frente judicial que el cantante ha abierto en España en el intervalo de tiempo entre la denuncia de enero y la querella de octubre. Mientras tanto, Iglesias ha puesto una querella por los supuestos delitos de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral a cinco periodistas de elDiario.es por la investigación periodística publicada en exclusiva por este medio y por el canal de noticias estadounidense Univision, pidiendo hasta penas de cárcel por los presuntos delitos de injurias y calumnias.
También arremetió contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus opiniones sobre los testimonios de Laura y Rebeca. La demandó pidiéndole una indemnización de 500.000 euros, pero el caso ha sido archivado por el Tribunal Supremo, que no se encontró competente. Si Iglesias quiere volver a demandar a Díaz, tendrá que recurrir a un juzgado ordinario.
En realidad, había un cuarto requisito para que España pudiera investigar a Julio Iglesias: interponer una querella. Era solo un formalismo, puesto que podría haberlo hecho la propia Fiscalía. La última condición se cumplió el 3 de septiembre: la querella contra Iglesias se selló en la Audiencia Nacional por las propias Rebeca y Laura.
Ahora es un juez, Antonio Piña, el que toma las decisiones. Lo primero que hace es consultar a la Fiscalía. Esta encarga a Vicente González Mota, un conocido fiscal experto en casos de terrorismo, que elabore un informe. A principios de octubre, ya se sabe que va a contradecir el que se emitió en enero.
La cúpula de la Fiscalía debe decidir después si respalda la opinión de González Mota. Si firma su informe, será como admitir que la primera vez se equivocó. Si no lo hace, se haría difícil justificar que lleva la contraria a uno de sus fiscales más respetados. Para no contaminar la decisión, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, que habían participado del primer informe, deciden abstenerse.
La sorpresa llega el pasado miércoles 14 de octubre: la Fiscalía avala a González Mota y entiende que sí hay competencia. Es eso lo que le dice al juez.
El razonamiento legal por el que la Fiscalía cambia de idea, 224 días después de que archive la denuncia, es porque decide mirar el caso con otro principio. Es el de la personalidad activa, “sobre el que se había pasado de puntillas” la vez anterior —señala la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán— “diciendo que no era aplicable porque la víctima no es española”.
Pero, como dice esta jurista, acompañada de otros como José Antonio Lascuraín o Lucía Martínez Garay, el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que España puede perseguir delitos cometidos por españoles en el extranjero, sin importar la nacionalidad de la víctima. En este caso tenemos una víctima dominicana, otra venezolana y un querellado que tiene doble nacionalidad, la española y la dominicana.
“Creo que el criterio anterior, el de entender que los tribunales españoles no son competentes para conocer de este caso, era jurídicamente insostenible”, analiza Lucía Martínez Garay.
José Antonio Lascurían escribió que sentía “dolor y rubor” al pensar qué le diría a sus alumnos de Derecho sobre el escrito de la Fiscalía de enero. Ahora, tiene algo diferente que decirles. “Que rectificar es de sabios y que es sabia y correcta la aplicación que hace ahora la Fiscalía del ámbito de la jurisdicción española. Se ha perdido tiempo, pero bienvenido sea el nuevo informe”, dice. “'¿Suspendería usted entonces a la fiscal (del primer caso)?', me preguntaban. 'Por ese decreto, sí, y os suspenderé a vosotros si resolvéis así un caso similar'. Ahora tengo un ejemplo de lo que es un informe correcto, acorde a la legalidad. Y de cómo tienen que interpretar la ley y aplicarla si quieren aprobar”, añade el profesor.
El juez Antonio Piña ha dado cinco días a las partes para que aleguen lo que consideren. Por tanto, a finales de la semana siguiente se sabrá si hay caso o no. El catedrático Lascuraín cree que no hay margen para que el juez vaya en contra del criterio de la Fiscalía. “Es que si no se hace no solo se vulnera la ley sino el derecho fundamental de las querellantes a la tutela judicial efectiva”. El profesor recuerda que el Tribunal Supremo había rechazado que la jurisdicción española fuera competente en el caso Rigoberta Menchú. Lo hizo invocando el incumplimiento de un requisito que no figuraba entonces en la ley —la conexión del delito con España—, y el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle.
“Podemos discutir si los criterios legales que delimitan la jurisdicción penal española deben cambiar. Pero ese es un debate político, de política criminal. Aquí se trata de aplicar la ley. Y es verdad que la interpretación de las leyes es discutible en muchos casos, entre otras cosas por la propia vaguedad del lenguaje. Pero aquí no. Aquí las reglas son claras: si se dan los requisitos, y se dan sin margen a la duda semántica o metodológica, la querella debe admitirse en cuanto a la competencia de los tribunales españoles para conocer de la causa”, añade.
Desde Amnistía Internacional celebran el cambio de criterio. “Es muy buena noticia que la Fiscalía considere que los tribunales españoles son competentes, en línea con la carta que enviamos hace unas semanas”, asegura Virginia Álvarez, responsable de investigación en la organización. En la misiva, enviada después de que las dos extrabajadoras presentaran su querella, Amnistía se dirigía a la Fiscalía General del Estado para pedirle que reconsiderara su postura e hiciera posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”.
Women’s Link elevó en septiembre el caso a diferentes organismos de la ONU, debido a la gravedad de los delitos, a la especial protección que requieren las denunciantes y la necesidad de aplicar perspectiva de género a este caso. Women’s Link ha valorado “positivamente” este viernes el informe de la Fiscalía.
Coincidiendo con los juristas consultados, Amnistía Internacional siempre consideró que el Ministerio Público había hecho en enero una interpretación “muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul”. “Le pedíamos que había que garantizar la no impunidad y, por otro lado, un enfoque interseccional y de género con este tipo de delitos en los que, además, cuando las mujeres son migrantes y racializadas suelen tener muy difícil el acceso a los sistemas de justicia”, apunta Álvarez.
Sin llamar la atención, cerca del eje financiero de Plaza Castilla, desde hace menos de un año se encuentra uno de los edificios más seguros de la capital. Este alberga millones de euros en patrimonio, entre joyas, obras de arte, vinos y artículos de coleccionista. Desde diciembre, este recinto en la calle Pedro Villar lleva atrayendo clientes que buscan entre sus puertas el máximo nivel de seguridad y, sobre todo, no guardar en sus casas artículos que puedan convertirlos en objetivo de robos o estafas. Así bajo, un contrato, cláusulas y un valor asegurado, Centro de Valores custodia los tesoros de los madrileños que buscaban un espacio donde guardarlos y poder acceder a ellos cuando quieran, durante las 24 horas del día. Por este motivo, el suizo Brian Lavio, presidente de Centro y con experiencia en seguridad en algunas de las relojeras más cotizadas del mundo, asegura que la ubicación del edificio era difícil de mejorar, ya que se encuentra bien comunicada con respecto a todas las zonas donde residen sus potenciales clientes. El edificio cuenta además con un acceso directo en coche, por lo que el cliente no tendría que estar en ningún momento con la mercancía de valor por la calle. «Nuestra prioridad principal es meter en protección a nuestros clientes desde que llegan a estas instalaciones», asegura Brian mientras apunta que se trata de un «concepto pionero en Europa».
«Hace tiempo que encontramos la necesidad de crear un edificio que pudiese dar la suficiente seguridad a los clientes para traernos nosotros el riesgo y liberarles de esa responsabilidad en su día a día. Para ello, hemos creado espacios acondicionados para los bienes que quieren proteger», explica. El centro surge a finales del pasado año, en un contexto en el que las soluciones tradicionales de custodia han reducido su disponibilidad y en el que coleccionistas y particulares demandan infraestructuras especializadas con acceso permanente y estándares reforzados de seguridad y conservación. «Los pocos bancos que siguen ofreciendo estos servicios parten de tarifas más elevadas y los seguros de hogar también están muy por encima de nuestros precios», garantiza Brian. En definitiva, resume que la misión de este depósito de patrimonio tangible reside en «reducir lo máximo posible los parámetros que puedan comprometer la seguridad». Por ello, no hay llaves para acceder al edificio, sino que «la llave es el cliente en sí».
El operativo de seguridad es de película. Un triple sistema biométrico combina reconocimiento dactilar, de pulso cardíaco y facial. Todo ello después de atravesar dos puertas de seguridad y haber facilitado la documentación al personal que custodia el edificio. Brian insiste en que es imprescindible combinar los tres niveles de seguridad, el humano, el físico y el digital. Esto significa integrar en un mismo sistema la vigilancia de los guardias, apoyados en toda la red de cámaras y sensores, así como llaves físicas y digitales, para que ni siquiera el sistema más complejo de «hackeo» sea suficiente para acceder. Incluso, cuentan con un protocolo anticoacción por el que para acceder a determinadas salas sea imprescindible la intervención de dos personas de distintas empresas. Por si fuera poco, todas las salas cuentan con sistemas antiincendios de última generación e incluso sensores de vibración, lo que hace imposible incluso acceder por algún tipo de túnel. De hecho, se acercioraron de que debajo del edificio no pasase el Metro –ni ningún túnel– y contase con cierta pendiente para no ser susceptible a posibles inundaciones. Todo ello permite alcanzar a Centro de Valores certificación de «nivel 8 EX», siendo el 7 el habitual en el sector. En este edificio está todo calculado y previsto hasta el último detalle. Sin embargo, existen limitaciones explícitas con diferentes bienes, pues no se contempla el almacenamiento de sustancias químicas, así como productos perecederos o armamento.
Otro de los objetivos de Centro de Valores es crear un espacio para comunidades de coleccionistas. En la sala dedicada al vino, los miembros pueden intercambiar o pujar por ciertas botellas. También el Centro ofrece salas de máxima seguridad para que los clientes puedan cerrar allí transacciones o adquisiciones bajo las máximas garantías. El complejo, conformado por dos edificios y más de 1.000 metros cuadrados, tiene una capacidad para albergar más de 10.000 cajas de seguridad, más de 100.000 botellas de vino y hasta 1.200 obras de arte, integrando en un mismo entorno soluciones específicas para cada tipo de objeto y contando siempre con espacio libre para alguna necesidad inesperada. De hecho, también han colaborado con museos para la gestión del inventario de ciertas exposiciones. Entre sus espacios destaca la cámara acorazada de unos 400 metros cuadrados. Otras salas como las dedicadas al arte o al vino, cuentan con un preciso sistema de control de temperatura y humedad, que garantiza la adecuada conservación de los artículos incluso ante la amenaza de un posible «apagón».
Brian matiza que, a veces, guardan objetos cuyo valor económico no es realmente elevado: «La definición de valor al final es muy personal. Tú mismo das un valor a las cosas de tu día a día, que pueden tener un valor muy alto emocional y para otra persona ser irrisorio. Los casos más habituales suelen ser una foto o un regalo de una persona que ya no está, que monetariamente no vale el seguro de una caja, pero para una persona vale una vida».
En Centro de Valores trabajan bajo estándares internacionales que refuerzan la seguridad, la calidad, la trazabilidad y la responsabilidad ambiental de cada uno de los procesos. Cuenta con las máximas certificaciones, todas ellas auditadas por entidades independientes. Estos marcos certifican que los procedimientos están documentados, controlados y revisados de forma periódica, con el objetivo de proteger los bienes de sus clientes mediante procesos rigurosos, seguros y verificables. El alcance incluye la recepción, el almacenamiento en cámara acorazada, los controles de acceso, la monitorización ambiental, la entrega y la gestión segura de la información asociada a cada operación. Además, siguen aplicando medidas de mejora continua, formación interna, control de impactos ambientales y protección de la información, reforzando de esta forma su compromiso con «la seguridad patrimonial, la confidencialidad, la sostenibilidad y la excelencia operativa».
Guardar oro físico de forma adecuada requiere tomar decisiones distintas a las que se plantean con otros bienes de valor. Un lingote, varias monedas de inversión o una colección de metales preciosos pueden concentrar un patrimonio considerable en un espacio muy reducido, lo que facilita su almacenamiento pero también hace especialmente importante elegir bien el lugar, la cobertura aseguradora y la documentación que se conserva junto a cada pieza.
Entre las opciones habituales para guardar oro se encuentran el domicilio, las cajas de seguridad bancarias y los centros privados de alta seguridad. No existe una solución idéntica para todos los propietarios, sino que la elección depende del valor y volumen de los metales, la frecuencia con la que se necesite acceder a ellos, el nivel de protección requerido, las condiciones del seguro y el grado de privacidad que se busque dentro del marco legal aplicable.
También conviene distinguir entre tipos de bienes. «No se gestiona necesariamente igual un lingote adquirido recientemente y acompañado de su factura que una colección de monedas heredada, piezas numismáticas con valor adicional o metales preciosos cuya documentación histórica está incompleta», aclaran desde Centro de Valores. En todos los casos, una custodia bien organizada debería permitir proteger físicamente los bienes y mantener suficientemente acreditadas su identificación, procedencia y valoración. En este edificio, los metales preciosos se encuentran entre los bienes compatibles con el servicio de cajas de seguridad privadas en Madrid. Las cajas cuentan actualmente con una cobertura inicial a partir de 25.000 euros, ampliable conforme a las condiciones aplicables, diferentes formatos, visitas ilimitadas y posibilidad de incorporar personas autorizadas sin recargo.
Durante las vacaciones de verano cada año sigue aumentando la preocupación relacionada con los robos en viviendas y la protección de objetos de valor durante ausencias prolongadas. Aunque la tecnología de seguridad doméstica ha evolucionado enormemente durante los últimos años, los robos en casas y viviendas siguen siendo una de las principales inquietudes, especialmente entre personas que conservan en casa joyas, relojes, documentación sensible, obras de arte, vino de colección o bienes patrimoniales de alto valor económico y emocional.
Cada vez más especialistas coinciden en una idea de que el problema no es únicamente el robo, sino seguir concentrando patrimonio sensible dentro de la vivienda habitual. Según distintos informes de seguridad, estos periodos continúan siendo uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para viviendas vacías con objetos de valor. Para ellos, el principal objetivo ya no es únicamente evitar una intrusión, sino reducir el nivel de exposición, mejorar la conservación y limitar riesgos asociados a pérdidas, deterioro o accesos no autorizados. Las viviendas unifamiliares, chalets y propiedades con menor ocupación durante vacaciones suelen concentrar parte de esta preocupación, especialmente cuando existen bienes patrimoniales de valor dentro del domicilio.
Por todos estos motivos, Brian y su equipo llevan más de dos años volcados en lanzar este proyecto, recurriendo a empresas con experiencia para garantizarse los máximos certificados de seguridad. También, su experiencia en el sector de los relojes le ha permitido conocer bien el perfil de cliente que requiere este servicio, conociendo sus principales preocupaciones, intereses así como la forma de tratar con él.
© PHOTOGRAPHERS
Login