El PSOE ha respondido al magistrado Santiago Pedraz que no puede aportar la información que le ha requerido hasta en dos ocasiones (la última de urgencia) amparándose en la campaña electoral. Los servicios jurídicos del partido explican que la capacidad de respuesta "inmediata" se ha visto "mermada" por las circunstancias actuales a la par que avanzan que, entregar el listado de abogados contratados desde 2021 supondría vulnerar el derecho a la intimidad de las personas afectadas.

El responsable de la asesoría jurídica, Alberto Cachinero, argumenta que son tres los motivos por los que no han respondido al magistrado que investiga a las cloacas del partido. En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, indica que se tiene que centralizar toda la documentación solicitada, que la capacidad de respuesta inmediata en periodo electoral se ve mermada y que la información solicitada "afecta a muchas personas ajenas al partido" cuyos derechos se pueden lesionar si se publica su identidad.

De esta forma el partido elude responder a Pedraz quien, el 6 de octubre, le requirió la relación completa de despachos o abogados que haya contratado la formación entre 2021 y 2025, copia del expediente que permita comprobar los servicios a prestar y los documentos que justifiquen los servicios prestados. Ante la ausencia de respuesta, el magistrado de la Audiencia Nacional reiteró su petición el lunes. En su providencia, advirtió que les daba 48 horas de plazo para responder a la autoridad judicial.

"El secreto profesional"

El partido -cuya imputación ha pedido el Partido Popular- responde en plazo que sí contestó al primer requerimiento, aunque lo hizo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y no al juez que dirige el procedimiento. "Fue comunicado el día 19 a esta unidad que se estaba recopilando la documentación de los territorios y al coincidir con la campaña electoral estaba siendo complicada la recopilación", indica.

La formación que lidera Pedro Sánchez coge el guante del juez, que precisó en su solicitud que tenía derecho a no aportar la información que pudiera incriminarles en esta causa. Al respecto, precisan que remitir al juzgado el listado completo de despachos de abogacía y de consultoría contratados por Ferraz revelaría la existencia de "actuaciones profesionales" y, además, permitiría inferir en su objeto.

"Las hojas de encargo y contratos describen los asuntos encomendados, revelando con facilidad la estrategia de defensa sobre la base de las actuaciones a minutar. La documentación justificativa de los servicios constituye el propio trabajo profesional, epicentro del secreto profesional", incide. De hecho, matizan que revelar la información requerida por la Audiencia Nacional no solo afecta a los abogados externos contratados, sino también "a los cargos públicos, representantes orgánicos o militantes", en aquellos casos relativos al asesoramiento político.

Consulta a la Abogacía

El PSOE expone en su respuesta que tampoco puede aportar toda esta información sin consultar primero con los abogados afectados. Por ello ha solicitado al Consejo General de la Abogacía para que se pronuncie sobre el alcance de la petición del magistrado Pedraz. De hecho, la respuesta al juzgado adjunta la consulta del PSOE a la Abogacía en la que explican que el asunto afecta a "muy diversos colegios del territorio nacional".

En relación con la petición de las hojas de encargo, los contratos y los expedientes de estas contrataciones, el PSOE indica que revelarían la estrategia de defensa y permitiría inferir en las actuaciones a tenor de lo recogido en la minuta. "No se trata de simples datos contables. La dimensión estrictamente económica de la actividad del partido y el correcto uso de sus fondos está sometida a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas", matizan.

El magistrado que investiga la supuesta trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez para neutralizar causa judiciales requirió esta documentación a tenor de lo manifestado en sede judicial por la gerente del partido, Ana Fuentes Pachecho que, en su comparecencia, apuntó a Cerdán como el responsable de los pagos que desvió la fontanera desde Ferraz. Los mismos se derivaron a la fontanera a través de una sociedad vinculada a Gaspar Zarrías y de otra de Ismael Oliver; abogado que llevó la defensa de Koldo García.

Denuncian una estrategia de dilación

El alegato del jefe de los servicios jurídicos no convence a las acusaciones populares personadas en el procedimiento. Desde Hazte Oír denuncian que el partido socialista pudo haber planteado la consulta sobre la afectación al derecho profesional a principios de mes cuando recibió la petición. "¿Por qué no promovió esa consulta al recibir el requerimiento? Desde Hazte Oír consideramos que esta forma de proceder no refleja una colaboración diligente con la Justicia: dilata los tiempos de la investigación", rezan fuentes de la asociación.

Al hilo precisan que el secreto profesional es una garantía esencial pero no constituye una "inmunidad general" ante una investigación penal. Al respecto precisan que, en consonancia con el contenido del artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía, la presencia de un abogado o la celebración de una reunión en su despacho no convierte automáticamente todo su contenido en confidencial. Además, añaden que corresponde al magistrado instructor delimitar qué está afectado por el secreto profesional y no a la parte requerida; en este caso el PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción descarta devolver el teléfono a Juan Manuel Serrano. Las fiscales al frente del caso de las cloacas del PSOE se oponen a que el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez recupere el terminal incautado tras su imputación porque "constituye una fuente original de información potencialmente relevante para la causa" en el marco de la cual se investigan supuestas irregularidades en adjudicaciones de Correos durante su mandato.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, las fiscales del caso precisan que su móvil -en el que la Guardia Civil localizó abundantes mensajes intercambiados con Leire Díez- presenta una "conexión objetiva" con los hechos investigados y que, por lo tanto, no procede devolvérselo. Cabe precisar que Pedraz ya le denegó la entrega del terminal en septiembre, si bien su defensa recurrió la decisión del magistrado, al considerar que es una medida restrictiva que vulnera sus derechos.

Serrano, que todavía no ha declarado en la causa, expuso que la medida carece de justificación y que no concurren los requisitos de "especialidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad" que exige la Ley. De hecho, denuncia que se produce una "custodia indefinida" de su móvil, por lo que solicita que el juzgado se lo devuelva. Sin embargo, Anticorrupción precisa que no se le puede hacer entrega del dispositivo porque "podría constituir una prueba material de la perpetración de varios delitos".

Presunto tráfico de influencias

En concreto, apuntan a un tráfico de influencias cometido "en el seno de la organización criminal" que se investiga en este procedimiento. Se trataría de la trama liderada por Leire Díez, el exvicepresidente de la Sepi Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso y que habría amañado al menos cinco contratos en organismos públicos por valor de 133 millones de euros. En concreto, se investigan adjudicaciones públicas de entes como Mercasa, Enusa, Forestalia o la propia Sepi.

El magistrado imputó en julio al amigo íntimo de Sánchez a tenor de un informe de la Guardia Civil que vinculó a Serrano con los presuntos negocios ilícitos de Leire Díez, toda vez que la "fontanera" fue directora de Relaciones Institucionales de Correos bajo el mandato de Serrano. Entonces, Pedraz autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a clonar el teléfono del amigo íntimo de Pedro Sánchez.

Su defensa consideró que, tras el correspondiente volcado, podría recuperar el dispositivo. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opone a devolvérselo. Según indica, se mantiene el interés en el objeto una vez realizado el primer volcado de su información. A su juicio, puede constituir una fuente material de prueba susceptible de posteriores comprobaciones, análisis periciales o diligencias complementarias.

"Los pagos de Correos a la trama"

Además, avanzan que preservar el objeto original les permite mantener la fuente originaria de la que proceden los datos digitales y blindarse en caso de que se realicen periciales que pongan en duda el trabajo de la Policía Judicial. "Por ello, constatada indiciariamente la vinculación del terminal con los hechos investigados y subsistiendo la posibilidad de que constituya fuente de prueba, efecto o instrumento relacionado con el delito, existen razones legalmente suficientes para mantenerlo a disposición judicial", precisan.

Por su parte, la Guardia Civil determinó en un informe aportado en julio al juzgado, que Serrano habría actuado "en la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o del Gobierno". Además, identificó mensajes con Leire Díez previos al "enchufe" de esta última en Correos, que atribuyen igualmente a Serrano. Se trataron, dice la UCO, de manifestaciones que se produjeron "con asiduidad" que reflejaron el vínculo entre ambos.

Al hilo, la Policía Judicial determinó que Serrano habría facilitado adjudicaciones públicas por un valor superior a los 200.000 euros a Carrillo Abogados S.L.P, firma vinculada a Vicente Fernández. Los agentes sospechan de que estos contratos encubrirían una financiación encubierta a la presunta organización criminal la cual se dedicó, entre sus cometidos, a boicotear todos los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.