El coste de la deuda francesa se dispara aún más este miércoles ante la preocupación de los inversores que ven al país sumido en una crisis fiscal, política y social de la que tiene difícil salir, al menos en el corto plazo. El mercado ha llegado a exigir un interés de más del 5% al Gobierno galo por su bono a 10 años, el más elevado desde 2002, el año en que entró en funcionamiento el euro. Sin embargo, cerca de la apertura de Wall Street ha aflojado ligeramente la tensión para situarse justo por debajo de esta barrera.

Este movimiento de su bono de referencia eleva a la vez la prima de riesgo, el sobrecoste que los inversores le exigen con respecto a Alemania por adquirir su papel, por encima de los 156 puntos básicos, una cota que no se veía desde la crisis financiera y de deuda de 2011. El rendimiento del bono germano a diez años se sitúa en el 3,4% al mismo tiempo que el francés tocaba el 4,963%.

La preocupación es evidente, dado que la segunda mayor economía del euro cerrará este año con un déficit en el entorno del 5,4%, una deuda pública próxima al 120% del PIB, incertidumbre política, disturbios en las calles y serias dificultades para aprobar unos presupuestos creíbles.

Las perspectivas en Francia parecen bastante sombrías, en opinión de Benoit Anne, responsable de la gestora MFS Investment Management. Desde la firma apuntan a un contexto político complicado, escaso margen de maniobra fiscal y una escasa voluntad de llevar a cabo reformas que se deberían haber realizado hace mucho tiempo.

El experto considera, sin embargo, que los riesgos sistémicos han disminuido, gracias, en particular, a unos fundamentos macroeconómicos más sólidos en la zona euro y a un sistema bancario europeo más resiliente. "El BCE dispone de herramientas y podría intervenir mediante declaraciones, compras selectivas de deuda soberana o ralentizando la reducción de su cartera de bonos", sostienen desde la gestora del grupo Lazard en Francia.

En la firma inciden en que las medidas más contundentes son también las más delicadas desde el punto de vista político e implicarían, en la práctica, recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). No obstante, "la ausencia de un contagio visible en los bancos o en los mercados de valores ofrece al BCE la posibilidad de esperar antes de actuar", señalan. Los mercados han revisado recientemente a la baja sus expectativas de endurecimiento monetario, pero la persistencia de los riesgos inflacionistas limita la posibilidad de un ajuste adicional.

Francia se ha convertido en el principal foco de tensión, pero no es el único. El shock energético provocado por la guerra en Irán y la subida de los tipos de interés con la que el Banco Central Europeo (BCE) pretende evitar una crisis de precios han hecho saltar las alarmas en la Eurozona. Las piezas del puzle son difíciles de encajar porque los gobiernos deben hacer frente a unos costes de financiación mucho más altos -tanto para emitir nuevos bonos como para refinanciarlos- con un crecimiento débil en la mayoría de los casos y un nivel de deuda muy elevado.

Más aún cuando se ven obligados a elevar el gasto público para hacer frente a las consecuencias de la crisis, de los fenómenos meteorológicos extremos, a los compromisos en materia de Defensa o a desembolsos estructurales como el gasto en pensiones. De ahí que hayan reaparecido fantasmas del pasado como el de la crisis de deuda pública que azotó a la zona euro (y se cebó con los países del Sur) entre 2011 y 2012.

La situación es especialmente delicada en Francia. La segunda mayor economía del euro cerrará este año con un déficit en el entorno del 5,4%, una deuda pública próxima al 120% del PIB, incertidumbre política, disturbios en las calles y seria dificultades para aprobar unos presupuestos creíbles. Este martes la prima de riesgo gala, el sobrecoste que los mercados le exigen por emitir deuda con respecto a lo que paga Alemania, superó los 150 puntos básicos por primera vez desde 2011 y la rentabilidad de su bono a 10 años rozó el 5%. Los mercados desconfían de que en estos momentos el país siga siendo uno de los emisores más seguros de Europa.

"Desde el punto de vista fiscal, la situación de algunos países es incluso más delicada que durante la anterior crisis". Francia es un claro ejemplo "pese a no encontrarse en una recesión profunda", sostiene a La Información Económica Salvador Jiménez, socio de Afi, Analistas Financieros Internacionales. A esto se suma, según el experto, el coste de financiación más elevado y que el margen para que el Ejecutivo incremente los ingresos públicos es muy reducido.

Sin embargo, Jiménez cree que desde el punto de vista financiero Europa está mejor preparada que entonces. "La arquitectura institucional del euro se ha reforzado, el BCE dispone de nuevos instrumentos y el sistema bancario presenta una posición de capital y liquidez más sólida", explica. Por todo ello, considera que si bien algunos desequilibrios fiscales son mayores, también lo es la capacidad institucional para evitar que una crisis nacional se convierta en sistémica.

Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano, recuerda que los bancos están saneados, hay supervisión única y un mecanismo único de resolución, existe el MEDE y el BCE tiene instrumentos con los que no contaba en la crisis financiera. Arnal reconoce, eso sí, que la deuda pública sobre PIB es hoy más alta que entonces en muchos países, en particular en Francia, Italia y España. Otra gran diferencia está en que en 2010 sobraba ahorro en el mundo. "Hoy los bancos centrales ya no compran deuda y los Estados compiten por el capital con las grandes tecnológicas, que tienen mejor rating que muchos soberanos", añade.

El riesgo de una reacción en cadena con la deuda

En Afi descartan que Europa esté a las puertas de una crisis de deuda comparable a la de hace quince años, aunque sí aprecian señales preocupantes de fragmentación financiera. Pese a que las tensiones en Francia han comenzado a transmitirse a otros países, especialmente a Italia, y pese a la intensidad de los movimientos recientes, "los niveles agregados de fragmentación siguen lejos de los máximos históricos", asegura Salvador Jiménez. Además, los mercados de financiación permanecen abiertos y no se observa un deterioro generalizado del sistema bancario.

"El riesgo es que las dificultades fiscales francesas terminen provocando una pérdida de confianza más amplia en la deuda soberana europea", matiza. También Arnal descarta que la región esté en ese punto. En la crisis de deuda, Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre perdieron el acceso al mercado y tuvieron que financiarse íntegramente con programas europeos y del FMI y España necesitó asistencia europea para recapitalizar parte de su sistema financiero. "Hoy ningún país ha perdido el acceso al mercado. Francia paga más por su deuda, pero la sigue colocando. El problema es que la tendencia es mala y que Francia es demasiado grande para un rescate como aquellos", detalla la investigadora de Elcano.

En la misma línea, Alvise Lennkh-Yunus, responsable de calificaciones soberanas de la agencia de calificación europea Scope Ratings, asegura que el principal riesgo crediticio de Europa es la cohesión política, no la capacidad económica. "La región necesita una mayor unidad y medidas políticas más decisivas para hacer frente a sus retos", apunta. Desde su punto de vista Francia es el país a tener en cuenta durante los próximos doce meses.

Desde la firma entienden que las soluciones a los retos económicos y fiscales de Europa son, ante todo, políticas. Los disturbios que se han producido en toda Francia las últimas semanas ponen de manifiesto cómo "la fragmentación política, el crecimiento moderado y las presiones fiscales pueden combinarse para alimentar el malestar social" y este aviso tiene repercusiones más allá del país vecino.

La inflación escaló el mes pasado hasta el 3,8% en la Eurozona a causa de la subida de los precios energéticos, que se dispararon cerca del 19% con respecto al año anterior por efecto de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania. Sin embargo, el efecto del alza del petróleo o el gas apenas se percibe aún en los precios de los alimentos, que venían de registrar un incremento notable en la crisis anterior. Los economistas del Banco Central Europeo (BCE) advierten, sin embargo, de que es demasiado pronto para dar por sentado que la inflación de los alimentos ha perdido fuerza.

En un artículo publicado este martes en el blog de la entidad explican que el impacto del aumento de los precios de la energía no se propagará de un modo uniforme en todos los productos alimenticios, que están expuestos por una doble vía: la de los costes energéticos en sí y la de los insumos que requieren mucha energía. "Se espera un fuerte impacto en los productos vinculados a la agricultura intensiva en energía. Esto incluye cereales como el trigo, el maíz y la cebada, y productos derivados como el pan, la pasta y otros productos de panadería", detallan en el artículo, donde puntualizan además que la transmisión se extenderá a los piensos para animales y que el aumento de los precios de los cereales acabará afectando a los productos lácteos y a la carne.

La reciente crisis energética está teniendo un impacto significativo en los precios energéticos que soportan los productores, pero todavía no terminan de apreciarse en las etapas posteriores, en los lineales de los supermercados. El gas se ha encarecido menos que después de la pandemia de coronavirus, si bien lo ha hecho con más fuerza desde este verano. Los expertos del BCE explican que esto repercute en los precios de los alimentos, ya que el gas es un insumo fundamental en la producción alimentaria, especialmente para la fabricación de fertilizantes.

"Unos precios más altos del gas pueden incrementar los costes de producción de cultivos como cereales, oleaginosas, hortalizas frescas y patatas, además de aumentar los costes de calefacción para los productos cultivados en invernaderos", puntualizan. Mientras, el el aumento del precio del petróleo afecta a los precios de los alimentos a través del transporte y otros costes indirectos, aunque no se manifiestan de inmediato y pueden tardar años en repercutir plenamente en los precios de los alimentos.

El efecto del clima extremo en los precios de los alimentos

Otro factor relevante en el coste de los productos de la cesta de la compra es el clima. El calor y la sequía han afectado a los cultivos en una etapa crítica de la temporada de 2026. Las condiciones extremadamente secas y persistentemente calurosas en gran parte de Europa han empeorado "gravemente" las perspectivas de suministro agrícola en la región, por lo que los economistas del emisor ven probable que esto eleve la inflación de los alimentos el próximo año.

En el BCE calculan un efecto de entre 0,3 y 0,8 puntos porcentuales en la inflación de los alimentos en la zona del euro en 2027, si bien el impacto variará según los países y los productos. "Es probable que los efectos climáticos se manifiesten más rápidamente que los efectos energéticos, ya que el clima influye directamente en el suministro de alimentos no procesados", apuntan Elena Bobeica, Gerrit Koester, Friderike Kuik y Christiane Nickel, autores del artículo. Así, estiman que el IPC de estos productos básicos alcance el 3,4% en el tercer trimestre de 2027, para luego descender.

Los alimentos se encarecerán más en 2027

Con todo, la actual crisis energética difiere de la de 2022. Es de menor magnitud y, hasta el momento, está más influenciada por el petróleo y sus derivados que por el gas, lo que respalda la idea de que la inflación alimentaria será más moderada que tras la invasión rusa de Ucrania. "En general, se espera que el pico de la inflación alimentaria sea aproximadamente una quinta parte del registrado tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania", añaden los economistas del BCE.

Eso sí, dejan claro que la trayectoria exacta de los precios de los alimentos dependerá de la evolución de las crisis energéticas y las condiciones climáticas. El hecho de que la Unión Europea produzca parte de los fertilizantes que consume puede servir de atenuante y están las ayudas a los agricultores para que puedan sortear su escalada.

El hecho de que los precios de los alimentos hayan subido más que los de otros productos desde 2022 -la brecha que se abrió entre ese año y 2025 fue "excepcional y persistente"- ha hecho que a estas alturas sigan muy por encima del nivel previo a esa crisis, lo que se refleja en el poder adquisitivo de los hogares. En el conjunto de la zona euro son alrededor de un 30% más elevados que a finales de 2021, si bien la subida varía mucho entre territorios y va desde cerca del 24% en Finlandia hasta cerca del 48% en Estonia.

La oleada de disturbios en Francia, unida a su delicada situación fiscal, amenazan con colocar a la segunda economía europea al borde de la crisis de deuda. La prima de riesgo gala, el sobrecoste que los inversores exigen por adquirir su deuda con respecto a lo que paga Alemania, se ha disparado este lunes por encima de los 140 puntos básicos. Se sitúa muy por encima de los 61 puntos que exigen a España, de los 94 que piden a Grecia o de los 111 de Italia. A la vez, la rentabilidad de su bono a diez años supera el 4,8%.

El hecho de que los mercados exijan más intereses a París implica que perciben más riesgo de que el Estado sea incapaz de hacer frente a sus pagos. Esto, a su vez, obliga al Gobierno debe destinar más recursos a financiarse -ya sea al emitir nueva deuda o al refinanciar la que vence-, lo que aumenta todavía más la presión sobre el presupuesto público y deja menos margen para atender a otras partidas como la Sanidad, la Educación, las pensiones... lo que obliga a reducir los gastos (recortes) o a elevar los ingresos (por ejemplo, vía impuestos).

Un momento delicado para su gobierno

Estos acontecimientos se producen en un momento delicado para el Gobierno, que trata de sacar adelante en la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuestos para 2026, con el objetivo de reducir, aunque de forma limitada, el déficit público del país, explican desde LinkSecurities. Ese agujero apenas se redujo al 5,1% del PIB al cierre del año pasado.

El objetivo del gobierno es reducir ese desequilibrio al 5% del PIB en 2027, desde el 5,4% previsto para este año. Un esfuerzo así implicaría recortes de gasto por valor de 54.000 millones de euros, incluidos 43.000 millones en nuevas medidas. En caso de no haber cambios el déficit se dispararía por encima del 6% del PIB, según el gobierno, dado el mayor desembolso en intereses y la subida del gasto social.

"Sin un ajuste fiscal considerablemente mayor, la deuda de Francia pasará del 116% del PIB en 2025 a alrededor del 129% en 2031", advierte Eiko Sievert de la agencia de calificación europea Scope Ratings. El experto explica que esto sería así incluso en un escenario relativamente favorable, en el que su economía creciese por encima del 1% los próximos cinco años -el PIB del país vecino avanzó un 0,9% el pasado ejercicio-.

Esto refleja, en su opinión, la magnitud del reto fiscal de Francia y la necesidad de un ajuste más ambicioso y sostenido que el previsto actualmente. En este contexto, "el último presupuesto del Gobierno saliente y el rumbo político que marquen las elecciones del próximo año serán decisivos para determinar si se pueden adoptar medidas suficientes y duraderas para estabilizar la deuda en relación con el PIB", añade.

El aumento de los rendimientos amenaza con generar un "círculo vicioso", en el que los mayores costes de financiación deterioren las perspectivas fiscales y exijan ajustes cada vez más importantes, apunta Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management. En su opinión, dada la importancia sistémica de Francia en la zona euro, una mayor ampliación de sus diferenciales podría trasladarse a otros mercados y complicarle la vida al Banco Central Europeo (BCE): "mantener una postura restrictiva para combatir la inflación podría agravar las presiones fiscales, mientras que suavizarla podría socavar la credibilidad de su política monetaria", asevera.

Cientos de millones de euros en daños

Los disturbios registrados durante el fin de semana en Francia han afectado a más de 2.000 comercios y provocado daños por un valor de cientos de millones de euros, estimó este lunes el presidente de la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria (CCI), Alain Di Crescenzo. "Superaremos los 2.000 comercios afectados, eso es prácticamente seguro", afirmó Di Crescenzo, al tiempo que cifró los daños en cientos de millones de euros en una entrevista en RTL de la que se hace eco la Agencia EFE.

El primer balance, elaborado la víspera a las 20.00 horas, contabilizaba unos 1.500 establecimientos afectados. Sin embargo, algunas ciudades aún no estaban incluidas en el recuento, por lo que la cifra aumentará al menos entre un 10 y un 20 %, explicó. Los incidentes continuaron durante la noche del domingo al lunes en al menos cuatro ciudades: París, Marsella, Lyon y Nantes.