Romina explica por teléfono que todavía no ha “bajado a tierra del todo” por lo que ha ocurrido. Ella, víctima de violencia machista, llevaba dos años y medio intentando que la justicia declarase su despido como nulo porque la empresa la echó en mitad del proceso contra su pareja por dos agresiones sexuales. Ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que en una sentencia del 29 de septiembre le da la razón. El fallo establece que la empresa pensó que las consecuencias derivadas de la violencia que había sufrido Romina “podrían percibirse como inconvenientes o complicaciones que no está dispuesta a asumir como empleadora”, cuando lo que correspondía era una “justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. Y esta interpretación sienta jurisprudencia.

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El Gobierno ha aprobado este martes el decreto ley que contiene la ampliación del derecho a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que ni se casasen ni se registrasen como parejas de hecho. Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta norma, tanto los futuros supervivientes como los pasados tienen derecho a pedir esta prestación si acreditan dos años de convivencia ininterrumpida mediante el padrón. Para el segundo grupo se abre una ventana de un año para que aporten pruebas del derecho a la misma.

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