El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha respaldado al proyecto de su socio, Vox, de supeditar las ayudas a la creación audiovisual a que no haya contenido “ideológico”. Carriedo ha aludido a la “libertad y la calidad” para que los fondos autonómicos lleguen a los proyectos que lo soliciten y no ha explicado exactamente en qué criterios se apoyará el “comité” de funcionarios que según el consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, de Vox, evaluará si procede o no asignarles subvenciones. Este alto cargo también criticó al festival de cine Seminci de Valladolid, que este viernes inicia su 72 edición, porque “tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica”. El alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero (PP), ha respondido con que el certamen “es un espacio de libertad” y ha negado que haya “cine ideologizado”, como proclama su socio en la Junta y en el Consistorio.

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La Junta de Castilla y León ha reformado la fiscalidad regional en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 y ha decidido incluir una nueva figura que recuerda al conocido como impuesto al sol. Concretamente, se trata de extender el impuesto sobre la afección medioambiental, la única figura impositiva propia vigente en la Comunidad desde la supresión del tributo sobre vertederos. La normativa amplía este gravamen —que hasta ahora recaía en exclusiva sobre centrales eólicas, embalses hidroeléctricos y líneas de alta tensión— a los grandes parques fotovoltaicos y a las redes fijas de telecomunicaciones. El Ejecutivo autonómico de PP y Vox que lidera Alfonso Fernández Mañueco justifica esta actualización sosteniendo que la trayectoria del tributo aconseja adaptarlo a la realidad actual de la región ante “actividades para las que resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales, como son los parques fotovoltaicos”.

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La Policía Nacional ha detenido en total a seis varones, dos de ellos menores de edad, por robar y provocar la muerte de una anciana en Burgos el pasado 13 de octubre, en cuya casa entraron dos de ellos, los dos menores. La mujer, de 83 años, fue hallada maniatada y amordazada y falleció porque necesitaba un aparato de oxígeno que no le dieron. Los supuestos autores han sido arrestados en los últimos días. Según el subdelegado del Gobierno en la provincia, Pedro de la Fuente, no se trata de un “grupo criminal organizado”, sino que en ciertas ocasiones se coordinan para cometer distintos delitos.

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La consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, de alianza entre PP y Vox, ha incluido una cláusula en las subvenciones a la creación cinematográfica por la cual no se financiarán “actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El departamento, dirigido por Vox, ha publicado este criterio en las “subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión” para el año 2026, si bien no aclara cómo analizará si las obras incluyen esos elementos. De momento, la Consejería no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cómo se realizará esa evaluación.

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El tribunal Contencioso-Administrativo 1 de Valladolid ha dictado sentencia en contra del fondo inversor Testa Residencial Socimi, que provocaba que 351 usuarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Junta de Castilla y León (PP y Vox) lleven meses pagando de más a este fondo de inversión, poseedor de viviendas protegidas en Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La Justicia ratifica que sus contratos tienen sobreprecio, por lo que ha marcado unas consecuencias claras: el fondo debe devolver con intereses la cantidad de más que uno de los usuarios, de capacidad económica baja, pagaba por su piso hasta que lo llevó a los tribunales. Esto, según fuentes cercanas al caso, sienta el antecedente para que los demás agraviados puedan reclamar la restitución de ese exceso. Muchos abonaban hasta 140 euros más al mes, un incremento de en torno al 33% respecto al precio prefijado para los adjudicatarios de estas casas, muchas de ellas además en mal estado de conservación.

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