El Gobierno de José Antonio Kast, que llegó al poder en marzo con la promesa del cuidado de la familia, de la niñez y, sobre todo, que Chile vuelta a tener seguridad pública, con mano dura, ha rebajado la condena a 56 pederastas que cumplían sus sentencias en diferentes penales del país. Ha hecho lo mismo, además, al menos con dos violadores a los derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Administración no sabe cómo salir de una gran crisis que, nuevamente, se halla en el centro de su razón de ser: el combate contra la delincuencia en todos sus frentes. Ha sido criticada por la oposición, por expertos y también por el propio oficialismo.

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