Las comunidades de vecinos tendrán que prestar especial atención a una reforma legal que afecta a las obras de accesibilidad de sus edificios. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que entra en vigor este viernes 23 de octubre, refuerza las obligaciones de las comunidades cuando un propietario solicita adaptaciones para una persona con discapacidad o mayor de 70 años.

La notaria María Cristina Clemente ha explicado las principales novedades y ha advertido de que las juntas de propietarios no podrán desentenderse de determinados trámites relacionados con las ayudas públicas.

Entre las actuaciones que pueden verse afectadas figuran la instalación de ascensores, la construcción de rampas y otras adaptaciones necesarias para facilitar el acceso y la movilidad dentro del inmueble. La reforma establece que, cuando las subvenciones públicas efectivamente concedidas alcancen el 70 % del coste de las obras, su ejecución será obligatoria para la comunidad si se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Las comunidades deberán solicitar las ayudas públicas cuando un vecino les informe de las convocatorias disponibles

Una de las principales novedades que destaca Clemente es que el propietario que solicite las obras podrá aportar información sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones disponibles en materia de vivienda. En ese supuesto, la comunidad estará obligada a solicitar las ayudas correspondientes, por lo que la junta no podrá limitarse a rechazar la petición o dejar de tramitar las subvenciones que se le hayan señalado.

La notaria recuerda que esta obligación cobra especial importancia cuando las adaptaciones son necesarias para que una persona con discapacidad o mayor de 70 años pueda utilizar adecuadamente los elementos comunes del edificio. "No puede la junta desentenderse de este trámite", advierte.

Por otro lado, el porcentaje de las subvenciones es otro de los puntos clave de la reforma. Hasta ahora, la Ley de Propiedad Horizontal establecía que las obras de accesibilidad debían realizarse cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pudiera acceder alcanzaran el 75 % de su importe. Con la nueva redacción, el umbral pasa al 70 % de las ayudas efectivamente concedidas.

Esto significa que no basta con que exista una convocatoria abierta o con que la comunidad tenga la posibilidad de solicitar una subvención: para que opere esta obligación específica, las ayudas deben haber sido concedidas y alcanzar el porcentaje establecido. Cuando se cumple ese requisito, la ejecución de las obras resulta obligatoria y no se aplican los límites económicos ordinarios previstos para estas actuaciones.

El vecino podrá acudir a los tribunales si la comunidad se niega a ejecutar las obras de accesibilidad

La reforma también contempla qué puede ocurrir si, pese a cumplirse las condiciones legales, la comunidad no lleva a cabo las adaptaciones solicitadas. En ese caso, el propietario interesado podrá acudir a la autoridad judicial competente para solicitar que se ordene la ejecución de las obras.

Clemente subraya así que la obligación de la comunidad no se limita a estudiar la petición. Si concurren los requisitos establecidos y las obras siguen sin realizarse, el afectado podrá recurrir a la Justicia para reclamar que se cumpla la ley. La norma también mantiene la posibilidad de ejecutar las actuaciones cuando las ayudas no alcancen el 70 % o se supere el límite económico ordinario, siempre que quienes las hayan solicitado asuman el coste que exceda de esos límites.

Perder la capacidad para desempeñar el trabajo habitual ya supone un golpe importante para cualquier trabajador, pero la situación puede complicarse todavía más cuando, además de quedarse sin empleo, la Seguridad Social le deniega la pensión por incapacidad permanente.

Es lo que le ocurrió a un camionero con problemas de visión y pérdida de fuerza y movilidad en una mano, que se encontró sin poder ejercer su profesión y sin la prestación que había solicitado.

Sin embargo, la Seguridad Social ha rectificado su decisión y le reconocerá una incapacidad permanente total sin necesidad de llegar a juicio, como así ha explicado el abogado laboralista Víctor Arpa.

Los problemas de visión y la pérdida de movilidad en una mano impedían al camionero desempeñar su trabajo con seguridad

El caso llegó al despacho de Arpa después de que el trabajador recibiera una primera negativa de la Administración. Sus problemas de salud afectaban directamente a las tareas que debía realizar al volante de un vehículo de gran tonelaje, hasta el punto de que el servicio de prevención de su empresa lo declaró no apto.

La compañía terminó despidiéndolo, pero la denegación de la pensión dejó al trabajador en una situación especialmente delicada, con dificultades para volver a ejercer su profesión y los gastos cotidianos que seguían llegando cada mes.

La reclamación previa permitió que la Seguridad Social revisara la denegación de la incapacidad permanente

El trabajador desarrollaba su actividad profesional conduciendo camiones de gran tonelaje, una labor que exige mantener unas condiciones físicas y visuales adecuadas para circular con seguridad. En su caso, los problemas de visión y la pérdida de fuerza y movilidad en una mano comprometían su capacidad para realizar las funciones propias del puesto. El servicio de prevención valoró su situación y concluyó que no era apto para continuar desempeñando su trabajo.

La empresa acabó despidiéndolo, pero la Seguridad Social también rechazó inicialmente su solicitud de incapacidad permanente. De esta forma, el hombre se encontró sin su empleo y sin la prestación que esperaba recibir ante la imposibilidad de seguir trabajando como camionero.

Arpa resume el impacto de esa situación recordando que, mientras el afectado trataba de resolver su futuro laboral, las facturas seguían llegando y la posibilidad de tener que esperar a un juicio aumentaba la incertidumbre.

El camionero recibirá una incapacidad permanente total sin necesidad de esperar a una sentencia judicial

Ante la negativa inicial, el despacho de Víctor Arpa presentó una reclamación previa para solicitar que se revisara la decisión. La estrategia consistió en explicar cómo afectaban los problemas de salud del trabajador a las tareas concretas de su profesión y por qué esas limitaciones le impedían conducir un camión con las debidas condiciones de seguridad.

El abogado destaca que no basta con describir una enfermedad o una lesión de forma aislada: también es importante relacionar las limitaciones que provoca con las funciones esenciales del trabajo habitual. En este caso, la reclamación permitió que la Administración volviera a examinar la situación del camionero y modificara su criterio antes de que el conflicto llegara a los tribunales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha inició el pago de los anticipos de la Política Agraria Común 2026 en la provincia de Ciudad Real desde el primer día habilitado para ello, el pasado 16 de octubre.

En total, el primer adelanto supera los 100 millones de euros y beneficia a más de 23.500 explotaciones agroganaderas de la provincia.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, subrayó que este adelanto supone "un importante impulso de liquidez para agricultores y ganaderos, que necesitan más que nunca este apoyo para mantener la actividad y garantizar la viabilidad de sus explotaciones".

Cómo se distribuyen los más de 100 millones de euros de los anticipos de la PAC en Ciudad Real

El pago se articula en dos tramos. El primero asciende a 76,7 millones de euros y cubre las ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad, los pagos redistributivos y las ayudas a la incorporación de jóvenes al sector, beneficiando a más de 23.500 perceptores.

El segundo tramo, de 23,3 millones de euros, corresponde al anticipo de los eco regímenes, ordenado esta misma semana, y alcanza a 17.242 beneficiarios.

La delegada destacó que el adelanto de estos pagos es especialmente relevante en un contexto de encarecimiento de los combustibles, los productos fitosanitarios y otros insumos agrarios, y que disponer de esta liquidez desde el inicio de la campaña permite a las explotaciones planificar mejor sus gastos y afrontar con mayor estabilidad la actividad del año.

Un error de apenas unos céntimos puede complicar una gestión con Hacienda y acabar teniendo consecuencias económicas mucho mayores de lo esperado. Pagar una deuda fuera de plazo ya puede acarrear recargos, pero la situación se complica cuando el contribuyente intenta regularizarla por su cuenta y se equivoca al introducir el importe.

Dani, experto en IRPF, ha explicado el caso de una persona que abonó cuatro céntimos menos de lo que debía y terminó recibiendo una reclamación con un recargo del 20%.

El contribuyente tenía pendiente una deuda de 23.417,47 euros y, al no poder pagarla dentro del plazo establecido, decidió ingresarla voluntariamente antes de recibir un requerimiento de Hacienda. Sin embargo, al realizar el pago escribió 23.417,43 euros, por lo que dejó cuatro céntimos pendientes.

Según relata Dani, la Administración consideró que la deuda no se había abonado por completo y reclamó el importe pendiente junto con un recargo que podía elevar considerablemente la cantidad exigida.

Un pago de 23.417,43 euros dejó cuatro céntimos pendientes y Hacienda reclamó la deuda con un recargo

El experto utiliza este ejemplo para explicar por qué es importante comprobar con precisión las cantidades al realizar pagos tributarios. La intención del contribuyente era saldar la deuda antes de que Hacienda se pusiera en contacto con él, pero el pequeño error en el importe impidió que el pago cubriera la totalidad de lo exigido.

Dani advierte de que, en estos procedimientos, pagar casi toda la deuda no equivale necesariamente a haberla satisfecho por completo. La diferencia entre el importe que se debía y el que finalmente se ingresó fue mínima, pero bastó para que la Administración reclamara el dinero pendiente y aplicara el recargo correspondiente, según explica en su vídeo.

Qué recargos puede aplicar Hacienda cuando una deuda tributaria no se paga dentro del plazo establecido

La normativa tributaria contempla distintos recargos en función del momento en el que se abona una deuda pendiente en periodo ejecutivo. De acuerdo con la Agencia Tributaria, el recargo puede ser del 5 % si se paga la totalidad de la deuda antes de recibir la providencia de apremio, del 10 % si se cumplen los requisitos para el recargo reducido tras esa notificación y del 20 % cuando no se cumplen las condiciones anteriores.

Por otro lado, Dani también relata el caso de un cliente que contactó con él en julio porque no se le había cargado el primer pago fraccionado de la declaración de la renta. A partir de ahí, le recomendó abonar el importe completo antes de recibir una notificación de Hacienda para evitar que la deuda entrara en una fase más avanzada del procedimiento de recaudación.

El cliente siguió su consejo, aunque posteriormente recibió una notificación con un recargo. El experto presentó entonces el correspondiente recurso y consiguió que el recargo quedara reducido al 5 %.

Empezó a trabajar con 16 años en su pueblo de Valladolid y hoy dirige su propia empresa de construcción. Gonzalo Flores Martín, albañil autónomo de 41 años, ha detallado cuánto ingresa cada mes y qué mensaje tiene para los jóvenes, en unas declaraciones que recogió originalmente El Español y que ha difundido en las últimas horas el medio argentino Todo Noticias.

Su historia arranca en Velascálvaro, un pequeño municipio vallisoletano, donde creció en lo que describe como una infancia de pueblo, jugando en la calle y siendo feliz. Su primer empleo fue en una máquina de patatas durante los veranos, y después pasó por una bodega, donde embotellaba vino. Mientras tanto, la albañilería se le fue cruzando en el camino: surgían encargos de fachadas y de enlucidos de yeso en viviendas.

Cuánto gana al mes este albañil autónomo y qué parte de sus ingresos destina a gastos e impuestos

Entre los 30 y los 38 años compaginó la bodega con trabajos de albañil y yesero, hasta que decidió dedicarse por completo a la construcción. En marzo de 2026 dio el paso definitivo y fundó su empresa. "Se cobra bien si trabajas, pero es una profesión dura", concreta.

Él mismo se define como un albañil autónomo que trabaja sobre todo en reformas pequeñas de viviendas, además de revestimientos de mortero monocapa y de yeso.

Sobre el dinero es directo. Asegura que ingresa entre 3.000 y 4.000 euros al mes y que sus gastos oscilan entre 800 y 1.000. Lo que más le pesa, dice, es la factura fiscal: cuando llega Hacienda, afirma, se queda con la mitad de lo que gana. Aun así, defiende que en el sector se cobra bien si se trabaja, aunque advierte de que es una profesión dura que exige constancia y esfuerzo. "El lío es cuando viene Hacienda y te quita la mitad de lo que ganas", expresa.

La advertencia de Gonzalo Flores a los jóvenes ante la falta de albañiles y el futuro del oficio

Su otra preocupación es el relevo generacional. Flores expresa que faltan profesionales y, si los jóvenes no se interesan por el oficio, la profesión corre el riesgo de desaparecer. Comenta que muchos veteranos del sector llevan tiempo alertando de la escasez de mano de obra.

Además, comenta que muchos veteranos del sector llevan tiempo alertando de la escasez de mano de obra. "Si trabajas, el futuro es bueno; si esperas a las ayudas, vas a malvivir", sostiene.

Hay quien a los 101 años descansa y quien, tras la cosecha de la aceituna, se pone a limpiar las hojas del fruto. Pierina Canali es de las segundas. Vecina de Casperia, una localidad de la provincia italiana de Rieti, acaba de celebrar su cumpleaños número 101 con la cabeza despejada y ganas de seguir echando una mano en casa. Lo cuenta el diario romano Il Messaggero, que habló con ella por teléfono para felicitarla.

Pierina nació el 19 de octubre de 1925 y es la persona más longeva del municipio. Hace un año, el pueblo entero se volcó para festejar su centenario. Esta vez la celebración fue más íntima, pero no faltó una visita ilustre: el alcalde, Giancarlo Sileri, se acercó hasta su casa, en la pedanía de Santa Maria in Legarano, con un ramo de flores y las felicitaciones de la corporación municipal y de toda la comunidad.

Pierina Canali, la mujer de 101 años que sigue colaborando en las tareas domésticas tras la cosecha de aceitunas

"Me mantengo activa. Hago algo útil y pregunto si hace falta ayuda; de lo contrario, me aburro si estoy sin hacer nada", concreta.

Su rutina desmiente la idea de que a esa edad solo toca reposar. Sus hijos, Maurizio y Marisa, cuentan que sigue colaborando en las tareas domésticas: además de limpiar las hojas de las aceitunas recién recogidas, pela judías verdes y prepara ensaladas.

Ella lo explica de la forma más simple: pregunta si hace falta ayuda porque, si se queda sin hacer nada, se aburre. Además, para moverse por casa usa un andador y, cuando sale al campo, una silla de ruedas.

La memoria y el buen ánimo de la centenaria que se ha convertido en un referente para todo el municipio italiano

Lo que más sorprende es su memoria. Recuerda episodios históricos y anécdotas del pueblo, donde ha conocido a prácticamente todo el mundo a lo largo de más de un siglo, y conserva una letra muy cuidada. Lo demostró hace poco en el Ayuntamiento, al cambiar su viejo carné de identidad en papel, a punto de caducar, por el electrónico.

El alcalde la describe como una testigo valiosa de la historia local y guardiana de recuerdos y valores que, en sus palabras, son un patrimonio para toda la comunidad. Destacó también la agilidad de su mente y su ánimo. Pierina es viuda de Oscar Laureti, recordado como uno de los pioneros del emprendimiento en la zona. Junto a la tarta y las velas posaron sus hijos y sus nietos, Beatrice, Daniele y Roberto, en las fotografías que inmortalizaron la visita.

Muchos trabajadores prefieren guardar silencio cuando su empresa no les paga lo que les corresponde, incumple sus condiciones laborales o les niega un derecho. El temor a sufrir represalias o acabar en la calle puede llevarles a renunciar a una reclamación que, en realidad, podrían plantear legalmente.

Sin embargo, reclamar un derecho laboral no significa que el trabajador quede desprotegido frente a un posible despido.

Así lo recuerda el abogado laboralista Juanma Lorente, que ha querido desmontar una creencia muy extendida entre los empleados.

El abogado explica por qué conviene dejar constancia de las reclamaciones que se hacen en el trabajo

"Esta es la mentira que la empresa está empeñada en que te la creas", comienza diciendo el abogado en su vídeo, en el que cuestiona la idea de que reclamar algo a la empresa convierta automáticamente al trabajador en un objetivo para un futuro despido.

En base a lo que ha explicado Lorente, si un empleado reclama algo que realmente le corresponde y la empresa toma represalias por ello, esa decisión puede tener consecuencias legales para el empleador.

Por eso, Juanma insiste en la importancia de poder demostrar que el trabajador ha reclamado sus derechos. Para ello, recomienda hacerlo por escrito o conservar pruebas de la conversación en la que se plantea la petición. El objetivo es disponer de elementos que permitan acreditar la reclamación si, posteriormente, la empresa adopta alguna medida perjudicial contra el empleado.

"Si tú tienes prueba de que has reclamado algo en tu empresa, si la empresa te represalia por ello, te despide, te sanciona o hace cualquier cosa, automáticamente te está vulnerando tus derechos fundamentales en el despido", afirma. No obstante, la existencia de una reclamación previa no convierte cualquier despido posterior en nulo inmediatamente.

Un despido como represalia puede declararse nulo y obligar a la empresa a readmitir al trabajador

Por otra parte, este abogado laboralista centra parte de su relato en las consecuencias que puede tener un despido que vulnere los derechos fundamentales del empleado. Si la Justicia declara su nulidad, la empresa debe readmitir al trabajador y abonarle los salarios dejados de percibir en los términos legalmente previstos. Además, cuando se acredita una vulneración de derechos fundamentales, puede reconocerse una indemnización adicional por los daños y perjuicios ocasionados.

"Si el despido es nulo, la empresa te tiene que volver a contratar, pagarte todos los salarios desde que te despidió hasta que vuelves a la empresa y, por último, también tendrá que pagarte una indemnización de daños y perjuicios", explica.

"No te creas eso de: 'Claro, si reclamo me van a despedir y no puedo hacer nada'. Eso es mentira. Estás muy protegido porque, si la empresa te despide, se tira un tiro en el pie", sentencia.

Mantener el coche en buen estado no depende únicamente de revisar el aceite o comprobar la presión de los neumáticos. También es importante prestar atención a los líquidos que se utilizan para cuidar el motor, ya que una elección aparentemente insignificante puede acabar provocando averías y reparaciones costosas.

Esa ha sido la cuestión que ha tratado Juan José Ebenezer en sus redes sociales. Conviene recordar que se trata de un prestigioso mecánico dedicado a compartir consejos y que, en este caso, ha mostrado las consecuencias que puede tener utilizar agua del grifo en el circuito de refrigeración.

El profesional comienza su explicación recurriendo a la ironía para desmontar una creencia que considera equivocada: "No uses refrigerante, usa siempre agua de grifo, es mucho más barato y te va a dar el mismo resultado". Sin embargo, esa afirmación es falsa.

El agua del grifo puede provocar daños en el circuito de refrigeración que terminan saliendo caros

Ebenezer enseña un coche en el que se ha producido una avería y señala una zona de la que está saliendo líquido. Durante la grabación, explica que se trata de uno de los tapones de bloque, unas pequeñas piezas metálicas que forman parte del motor. El mecánico utiliza este ejemplo para mostrar cómo una reparación aparentemente sencilla puede complicarse cuando es necesario acceder a componentes situados en zonas de difícil alcance.

El problema es que sustituir una pieza de apenas unos euros puede exigir desmontar numerosos elementos del vehículo. En el caso que enseña, menciona el colector de escape, un soporte del bloque motor, el compresor y un rodillo entre los componentes que hay que retirar para llegar al tapón afectado. De este modo, una avería que afecta a una pieza pequeña puede convertirse en una intervención laboriosa.

Una pieza de hierro de dos euros puede obligar a desmontar numerosos componentes del motor

"Tenemos cuatro tapones de bloque", explica el mecánico mientras muestra la zona afectada. Aunque la pieza que necesita sustituirse es de hierro y tiene un tamaño reducido, acceder a ella requiere una cantidad considerable de trabajo. Ebenezer señala que su precio ronda los dos euros, una cifra que contrasta con el esfuerzo necesario para desmontar y volver a montar los elementos que impiden llegar hasta ella.

La comparación le sirve para insistir en que utilizar agua del grifo para ahorrar en el mantenimiento no es una buena decisión. El coste de una pieza puede ser muy bajo, pero la mano de obra y la complejidad de la reparación pueden elevar considerablemente la factura.

Una trabajadora de un hotel de cuatro estrellas de San Sebastián ha conseguido que la Justicia declare improcedente su despido por utilizar constantemente el teléfono móvil durante la jornada laboral, a pesar de que la empresa había documentado varias advertencias y sanciones por su comportamiento.

El caso lo ha explicado la abogada Ariadna Arbulu, quien se ha detenido unos pocos segundos en revelar el detalle que terminó siendo decisivo; no es otro que la forma en la que el establecimiento tramitó el procedimiento disciplinario.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) obliga a la empresa a optar entre readmitir a la empleada en las mismas condiciones laborales o abonarle una indemnización de 2.978,92 euros. Lo cierto es que el tribunal no considera que las acusaciones sobre su comportamiento fueran falsas, ya que aprecia un defecto en el trámite previo al despido que impidió a la trabajadora defenderse adecuadamente.

Las advertencias del hotel no consiguieron que la trabajadora dejara de utilizar el teléfono durante la limpieza

La empleada trabajaba como camarera de piso y utilizaba el móvil de manera reiterada mientras limpiaba las habitaciones. En ocasiones, incluso lo sujetaba con la cabeza, lo cual dificultaba sus tareas y afectaba al resultado de la limpieza. La dirección del establecimiento le llamó la atención en varias ocasiones y le recordó que no podía utilizar el teléfono para asuntos personales durante su jornada, ni en las habitaciones ni en los pasillos.

La empresa también dejó constancia de advertencias por escrito y de una amonestación. El conflicto se agravó en marzo de 2025, después de que la trabajadora regresara de una baja médica. El hotel le pidió que atendiera urgentemente varias habitaciones ante la llegada de clientes, pero, según los hechos probados, no cumplió la instrucción. Tras una nueva advertencia, la dirección abrió un expediente disciplinario y le concedió 72 horas para presentar alegaciones, aunque ella no respondió.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco detecta un fallo en el procedimiento de despido disciplinario

Días después, la empleada recibió la carta de despido, en la que la empresa alegaba falta de atención a sus tareas y una disminución voluntaria y reiterada de su rendimiento. La trabajadora impugnó la decisión y solicitó que el despido se declarase nulo o, de manera subsidiaria, improcedente, al considerar que podía estar relacionado con su baja médica.

En primera instancia, el juzgado dio la razón al hotel y consideró válido el despido. Sin embargo, la empleada recurrió la sentencia y el TSJPV estimó parcialmente su recurso: rechazó que existiera una causa para declarar nulo el despido por discriminación relacionada con la baja médica, pero sí apreció un defecto formal que impedía considerarlo procedente.

La diferencia entre el expediente disciplinario y la carta de despido resultó determinante para la sentencia

El problema estuvo en el contenido de la audiencia previa. Aunque la empresa ofreció a la trabajadora la posibilidad de presentar alegaciones, la comunicación inicial describía las conductas que se le reprochaban, pero no las calificaba en los mismos términos que la carta de despido posterior, en la que se incluyó la disminución voluntaria y continuada del rendimiento.

Para el tribunal, esa diferencia fue suficiente para considerar que la empleada no había contado con una oportunidad efectiva de defenderse frente a los motivos concretos que terminaron justificando su despido.