En junio de 2025, en plena ola de peticiones de la prohibición de móviles en los institutos, Cataluña optó por ir a la vanguardia con una normativa que restringía teléfonos, relojes e incluso pedía retirar las pantallas en educación infantil. Unas flamantes pantallas que no hacía ni un año que se habían colgado en las clases de todas las escuelas catalanas –se compraron 32.000 pantallas interactivas de última generación, con un coste de 88 millones de euros, que pagaron los fondos Next Generation-, incluso en la etapa de infantil. Finalmente, Educación da marcha atrás y admite que estas pantallas no se pueden retirar, porque se perdería esta financiación europea, pero sí apuesta por limitar su uso y que tengan un acceso restringido a internet.

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