Más de 1,4 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa, afectando de manera desproporcionada a la infancia y a los adultos mayores.

Durante la fase de alegatos de cierre, la representación legal solicitó penas de cárcel e inhabilitación profesional para el equipo médico por homicidio simple con dolo eventual y homicidio culposo.

La masiva movilización coincide con la decisión judicial de aplicar multas al jefe de Gabinete por incumplir fallos sobre salarios y presupuestos.

La represión y los operativos policiales se han ensañado particularmente con los jóvenes: 6.773 de los aprehendidos son menores de 18 años.