El Gobierno aprobará el martes un real decreto ley que permitirá que las parejas con hijos que no estén registradas también puedan acceder a la pensión de viudedad en determinados casos. Según ha adelantado este lunes El País y ha podido confirmar La Información Económica, el Ejecutivo plantea ampliar esta prestación más allá de los matrimonios, los divorciados o las parejas de hecho, que ya cuentan con este derecho.

Así, las parejas que no hayan formalizado registralmente su situación podrán acceder a la viudedad si tienen hijos y pueden acreditar que han convivido ininterrumpidamente en los dos años anteriores a la solicitud. En este caso, bastará el certificado de empadronamiento de cada miembro de la pareja para demostrar la cohabitación necesaria para acceder a la pensión.

Además, la norma que verá la luz el martes en Consejo de Ministros prevé que las parejas que cumplan los requisitos pero en las que el fallecimiento ya se produjo puedan solicitar la prestación en el plazo de un año. Asimismo, las peticiones que hayan sido denegadas en el pasado, pero que cumplan los requisitos actuales también podrán revisarse en los próximos doce meses. Eso sí, será necesario acreditar los dos años de convivencia.

Desde Moncloa trasladan que con este cambio normativo se logra eliminar barreras burocráticas que dejaban sin protección a personas que el Gobierno considera que deberían estar protegidas.

Para que un viudo o una viuda puedan acceder a esta pensión, la pareja fallecida debe haber cotizado al menos 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Aunque cuando el fallecimiento se debe a un accidente o a enfermedad profesional no es necesario haber cotizado previamente.

En España hay registradas un total de 1.461.769 personas que perciben pensiones contributivas de viudedad, de las cuales el 95,6% corresponden a mujeres. La gran mayoría, viudas mayores de 65 años para quienes esta renta a menudo es su único sustento.

La cuantía de la viudedad es modesta, apenas alcanza los 976,3 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.374 de la pensión media del sistema o los 1.576 que cobran los jubilados. Esto se debe a que la cuantía de la prestación oscila entre el 56 y el 70% de la base reguladora del fallecido (algo parecido al salario que cobró el fallecido). En cambio, en las pensiones de jubilación es frecuente cobrar el 100% de esa base reguladora

Además, también en materia de pensiones, el Gobierno dará luz verde a una subida en las pensiones extraordinarias que cobran víctimas del terrorismo, al considerar que los importes actuales habían quedado desfasados. El Ejecutivo prevé fijar estas prestaciones en un mínimo de 2.442 euros al mes, una cantidad equivalente a dos salarios mínimos y que supera en un 36% el importe actual.

El presidente de la gran patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este lunes que los empresarios impugnarán la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos el próximo 11 de noviembre. "Es una huelga que nosotros impugnaremos porque consideramos que se ha trufado la convocatoria de temas laborales, pero no lo son", ha señalado Garamendi durante su intervención en el acto de clausura de los premios ATA al Autónomo del Año celebrados en la capital.

Pese a que la patronal puede acudir a los tribunales para cuestionar la legalidad de una huelga, su demanda por sí sola no basta para detenerla. El efecto inmediato sobre una convocatoria depende de si se da una resolución judicial antes de la fecha prevista o de si esta llega después, lo que haría que sus consecuencias fuesen posteriores.

"Me preocupa especialmente mi país", ha asegurado el líder de los empresarios, para insistir en que convocar una "huelga electoral" -que ha calificado de "electoral"- no es el camino, sobre todo porque, ha dicho, las empresas no son responsables ni de la subida del precio de la vivienda ni del alza de la inflación. El líder empresarial ha hecho un llamamiento a que "no se incendien las calles" y que se respete el "derecho a trabajar" de quienes no quieran secundar los paros.

Respecto a la cuestión de la vivienda, Garamendi ha reclamado plantear una solución a un problema "complejo" en el que haya un diálogo con los empresarios. "El sector está pidiendo desde hace mucho tiempo que nos sentemos".

Garamendi ha vuelto a poner sobre la mesa una de las quejas recurrentes de los empresarios desde la pandemia: cómo han aumentado a lo largo de este tiempo las cotizaciones a la Seguridad Social al tiempo que el Gobierno se ha negado a deflactar la tarifa del IRPF. Algo que supone un coste de 17.000 millones de euros para los trabajadores, según sus estimaciones.

El presidente de CEOE también se ha mostrado muy crítico con la decisión del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional previsiblemente antes de las elecciones. Garamendi ha vuelto a insistir en que "no toca ahora" porque ya se elevó el SMI en febrero. Desde la patronal todavía no han aclarado si los empresarios presentarán una propuesta como ya hicieran el año pasado o no.

Por lo pronto, el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo ya ha empezado a preparar la propuesta que presentará la vicepresidenta segunda, algo para lo que les ha dado de plazo hasta el puente de Todos los Santos. Es decir, unas dos semanas.

Además, Garamendi ha criticado con dureza la decisión del Ministerio de Trabajo conocida el pasado viernes de renovar el Consejo Económico y Social (CES) con las elecciones ya convocadas. "Consideramos que es una invasión ilegítima de las competencias de las organizaciones empresariales sin fundamentación jurídica", ha dicho el presidente.

Este órgano, en el que están representados sindicatos, empresarios y la sociedad civil, estaba pendiente de renovación desde hace dos años. Según informa El Economista, CEOE y Cepyme, que ostentaban 20 asientos, perderán dos en favor de las patronales alternativas Pimec y Pimeb.

El presidente de ATA (la principal asociación de trabajadores autónomos) Lorenzo Amor, ha cargado este lunes duramente contra el Gobierno y ha tachado de "nefasta" para el colectivo la legislatura recién concluida. "Hay más autónomos, pero son más pobres. Más trabas, más trámites, más obligaciones. Los autónomos dedican 200 horas al año fuera de su negocio a hacer papeles, son 3.000 euros de gasto", ha señalado Amor en su discurso de apertura de los premios Autónomo del Año.

Una gala en la que la asociación ha reconocido a las autonomías de Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha por hacer, en sus palabras, "el trabajo que no está haciendo el gobierno central". En concreto, Amor ha reconocido que estos territorios hayan introducido medidas favorables al colectivo como la cuota cero para los emprendedores o exenciones de cuota a quienes enferman.

Además, en la categoría de prensa los premios han reconocido la labor de la periodista Pilar García de la Granja, directora general adjunta del Área Editorial y de Relaciones Institucionales de Henneo y directora del programa Mediodía Cope. De la Granja ha reconocido en su discurso la labor de más de 3,5 millones de autónomos "que se levantan todas las mañanas para trabajar por ellos mismos, las familias y las personas que tienen a cargo". " Tienen ilusiones sueños pese a la situación económica, la burocracia y los impuestos", ha señalado.

Amor ha dibujado un panorama para los autónomos en el que hay "más impuestos, más inseguridad jurídica" y en la que el colectivo "no se deduce los gastos" por temor al "antojo del que te pueda revisar". En esa línea, ha criticado el aumento en las cotizaciones sociales, que ha disparado sus gastos en un 36%, según el líder empresarial.

El presidente de ATA ha calificado de "insoportable" que todavía no se aplique el IVA franquiciado para quienes facturan menos de 85.000 euros al año, como ya sucede "en el resto de países europeos" o que se mantenga el sistema de declaraciones trimestrales. "El resto hace una declaración al año", ha señalado.

Amor también ha criticado con dureza a los acampados por la vivienda en Madrid. "Hay que decir basta ya para los autónomos de la Puerta del Sol y las calles adyacentes. Los autónomos vivimos de que la gente entre por nuestros negocios no vivimos del sueldo público", ha señalado. Además, ha trasladado su "recuerdo y solidaridad" con los 2.900 autónomos de Ceuta, de los que ha dicho "han perdido más de 65 millones desde que se produjo esta invasión. No lo vamos a olvidar", ha dicho.

Once iniciativas premiadas

Los premios al Autónomo del Año, que celebran en este ejercicio su edición número 25, han reconocido once iniciativas o trayectorias profesionales de autónomos. Entre ellas, se ha premiado a las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias.

El presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, ha pronunciado un discurso en clave preelectoral en el que ha destacado la "valentía" que requiere "gobernar escuchando y pactando". "No concebimos que gobernar signifique gobernar contra nadie", ha agregado. "Le deseo a este país que abandonemos con urgencia el cortoplacismo en el que estamos instalados. Multitud de problemas no se abordan por estar más pendiente del telediario de la noche", ha señalado.

Por su parte, desde la región murciana ha ido a recoger el premio el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, quien ha destacado que los autónomos "también tienen derecho a enfermar". "Si a los autónomos les va bien, a España le irá bien", ha señalado.

Más allá de los reconocimientos a las comunidades autónomas, ATA ha otorgado galardones al Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España; al Consejo General del Notariado; al empresario segoviano Jesús Burgos a la trabajadora del lino; Carmen Riveiro; a las emprendedoras Estefanía Escolano y Erika Vicente y a la periodista María Rey.

Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT , Co.Bas, Intersindical, así como la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han registrado formalmente la huelga general del próximo 11 de noviembre para reivindicar el derecho a la vivienda y unas condiciones de vida dignas. La formalización se ha producido en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, al que han acudido los principales responsables de las organizaciones convocantes. Entre ellos los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez, así como la portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Valeria Racu.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha creado la web de la huelga para impulsar la movilización (https://huelgaporlavivienda.org/) y que reúne toda la agenda relacionada con la convocatoria: programa, actos, encuentros, movilizaciones convocadas por todo el país, afiliación,... Desde esta entidad se destaca que busca ser una forma sencilla de acceder a toda la información y persigue que "la movilización vaya mucho más allá de las organizaciones convocantes y se extienda por todos los territorios".

En un comunicado destacan que la convocatoria tiene por objetivo "paralizar el país durante 24 horas" y "une al sindicalismo laboral y al movimiento por la vivienda en una movilización conjunta contra la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la vida, la privatización de servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo de la calase trabajadora".

Desde una de las principales organizaciones convocantes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, se constata que millones de personas están viendo "cómo sus salarios y pensiones pierden poder adquisitivo" mientras que los precios de la vivienda y lo que denominan como "beneficios de rentistas", especuladores, bancos y grandes empresas siguen aumentando". A todos ellos los culpan de hacer negocios con derechos básicos y exigen "medidas estructurales que garanticen unas condiciones de vida dignas para toda la población".

Un millón de viviendas públicas y alquileres "indefinidos"

Entre las reivindicaciones de esta organización se encuentra la prohibición de los pisos turísticos y la "recuperación de viviendas vacías para el alquiler", así como la "prohibición de la compra especulativa de vivienda". A lo que se suman otras peticiones como "un gran parque público de vivienda financiado por los ricos", a través de impuestos a la riqueza para crear un millón de viviendas públicas den alquiler, así como expropiando viviendas a fondos buitre y bancos.

A lo que se añaden otras medidas como "contratos indefinidos de alquiler", la prohibición de los desahucios, bajar un 50% de los alquileres y vinculándolos da los ingresos y lo que denominan como "derechos sindicales de vivienda" (derecho a la negociación colectiva y la huelga de alquileres). A lo que se suma una petición para elevar los salarios y las pensiones "para recuperar poder adquisitivo".

La huelga del 11 de noviembre nace de las reivindicaciones por una vivienda asequible y unos mejores servicios públicos, que comenzó la Confederación de Sindicatos de Inquilinas después del desahucio de Maricarmen Abascal, que falleció 2 semanas después, en una céntrica calle de Madrid y que generó la acampadas en varios puntos del país como la Puerta del Sol. Este desahucio llevo al Gobierno a aprobar dos decretos con medidas en vivienda que fueron tumbados por el Congreso gracias a los votos de PP, Vox y Junts. Lo que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones al 29 de noviembre.

El Ejecutivo ha vuelto a aprobar ambos decretos, con algunas modificaciones, y remitido a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ambos textos para que avale ambos textos. Este organismo representativo asume las funciones de la Cámara Baja en pleno periodo electoral.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Matadepera (Barcelona) son los municipios de más de 2.000 habitantes que tienen la renta más elevada de España, con una media de 32.612 y 28.607 euros por habitante, respectivamente. Las dos cifras triplican la que registra el municipio de menor renta, Iznalloz (Granada), con 9.153 euros.

Así consta en el Atlas de distribución de renta de los hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos correspondientes al año 2024, que sitúa Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros, como el tercer municipio de más renta.

Tras ellos se encuentran Getxo (Vizcaya, 26.472 euros); Sant Just Desvem (Barcelona, 26.434 euros); Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 26.306 euros) y Las Rozas (Madrid, 26.014 euros).

El atlas, que ofrece información sobre la renta de las personas y hogares en función de su distribución geográfica a partir de datos de la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de País Vasco y Navarra, detalla que de los quince municipios de mayor renta media, ocho se encontraban en Barcelona, seis en Madrid y uno en Vizcaya.

Por lo que respecta a los municipios de menor renta media, tras Iznalloz figuran El Palmar de Troya (Sevilla, 9.321 euros), Albuñol (Granada, 9.343 euros), Chozas de Canales (Toledo, 9.547 euros), La Mojonera (Almería, 9.650 euros), Huesa (Jaén, 9.705 euros) y Badolatosa (Sevilla, 9.832 euros). De los quince municipios de menor renta media, once se encuentran en Andalucía, dos en Extremadura y dos en Castilla-La Mancha.

Casi el 90% de municipios vascos están entre los de mayor renta

La estadística revela una gran desproporción geográfica de la renta, ya que el 89,7% de los municipios vascos se encuentran entre el 25% de mayor renta (es decir, que la renta media supera los 17.157 euros), frente al 91,1% de los murcianos que están entre el 25% de menor renta (menos de 13.407 euros).

El INE también analiza la distribución de las denominadas rentas muy altas, aquellas que corresponden al 10% de secciones censales de mayor renta y que para 2024 corresponde a las que superaron los 21.652 euros de media. Las capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones censales con renta neta anual media por habitante muy alta fueron San Sebastián (60,3%), Madrid (39,3%), Bilbao (33,9%) y Barcelona (31,6%).

Por el contrario, los porcentajes más bajos de secciones censales con rentas muy altas fueron Soria y Cuenca, que no tenían ninguna, y Guadalajara, con un 1,7%. Por provincias, Guipúzcoa (20.790 euros), Vizcaya (19.858 euros) y Madrid (19.277 euros) fueron las de mayor renta en 2024, mientras que Almería (12.244 euros), Huelva (12.765 euros) y Jaén (12.835 euros), las de menor renta.

El gestor de la bolsa española, Bolsas y Mercados y Españoles (BME), ve en la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa una palanca para promover la participación del inversor minorista en los mercados, ya que esta iniciativa sentará las bases para el desarrollo del ahorro financiero de las familias y ampliará las alternativas disponibles en España. El sector financiero lleva tiempo pidiendo el fomento de una mayor presencia por parte de los particulares en aras de que se facilite su acceso al mismo mediante instrumentos sencillos y con el foco en el largo plazo.

"Esta prioridad se enmarca en un reto europeo más amplio. Europa necesita movilizar una parte mayor de su abundante ahorro privado para financiar el crecimiento, la innovación y sus prioridades estratégicas. La iniciativa Finance Europe y la Unión de Ahorros e Inversiones persiguen precisamente acercar el ahorro de los ciudadanos a la economía productiva y a los mercados de capitales", exponen desde BME en un informe publicado este lunes. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de septiembre este producto financiero a través del Real Decreto-ley 29/2026, que incorpora varios elementos "alineados" con lo que defienden desde BME.

Entre ellos se encuentra la creación de una cuenta específica de inversión, pero también la orientación hacía la financiación empresarial europea, la inclusión de ETF elegibles o la posibilidad de reorganizar una cartera sin tributación inmediata en cada operación. CAIFE -corresponde a sus siglas- cuenta con ventajas fiscales si las aportaciones se mantienen durante cinco años. A modo de ejemplo, un inversor aporta 10.000 euros y compra acciones elegibles. Dos años después las venden por 12.000 euros y reinvierte todo el importe en otro activo elegible. La ganancia obtenida de 2.000 euros no se integrará todavía en el IRPF porque el dinero permanece dentro de la misma.

Existirán dos modalidades. Por un lado, la ordinaria, que permitirá realizar aportaciones dinerarias e invertirlas en activos por un límite de 150.000 euros. Sin embargo, este umbral no se aplicará cada año ni impedirá que la cartera crezca por encima de esa cifra, ya que lo que se controla es cuánto dinero ha ingresado el titular y todavía no ha recuperado con retiradas. Es decir, si un ahorrador deposita 100.000 euros y su cartera aumenta hasta los 140.000, todavía puede aportar 50.000 euros adicionales.

Por otro lado, la cartera específica de reinversión está destinada exclusivamente a reinvertir determinadas cantidades procedentes de transmisiones de vivienda que cumplan las condiciones establecidas en la norma. En este caso, el límite asciende a 800.000 euros. Dado que está pensada para canalizar la inversión hacia la economía europea, en ambos supuestos solamente admitirá los activos expresamente previstos en la normativa. Además, las aportaciones deberán realizarse exclusivamente en dinero.

Respecto a su entrada en vigor, todavía falta el desarrollo reglamentario y la orden ministerial. Una vez aprobada, la cuenta podrá comercializarse con acciones y otros activos elegibles. Los fondos y ETF se incorporarán más adelante, cuando estén inscritos en el Registro de Instituciones y Fondos de Inversión Colectivas Elegibles de la CNMV. "La educación financiera será igualmente esencial, el inversor deberá comprender qué puede comprar, cuándo tributa, cómo se calcula una retirada y qué condiciones debe cumplir para beneficiarse de los incentivos a largo plazo", señalan.

La oleada de disturbios en Francia, unida a su delicada situación fiscal, amenazan con colocar a la segunda economía europea al borde de la crisis de deuda. La prima de riesgo gala, el sobrecoste que los inversores exigen por adquirir su deuda con respecto a lo que paga Alemania, se ha disparado este lunes por encima de los 140 puntos básicos. Se sitúa muy por encima de los 61 puntos que exigen a España, de los 94 que piden a Grecia o de los 111 de Italia. A la vez, la rentabilidad de su bono a diez años supera el 4,8%.

El hecho de que los mercados exijan más intereses a París implica que perciben más riesgo de que el Estado sea incapaz de hacer frente a sus pagos. Esto, a su vez, obliga al Gobierno debe destinar más recursos a financiarse -ya sea al emitir nueva deuda o al refinanciar la que vence-, lo que aumenta todavía más la presión sobre el presupuesto público y deja menos margen para atender a otras partidas como la Sanidad, la Educación, las pensiones... lo que obliga a reducir los gastos (recortes) o a elevar los ingresos (por ejemplo, vía impuestos).

Un momento delicado para su gobierno

Estos acontecimientos se producen en un momento delicado para el Gobierno, que trata de sacar adelante en la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuestos para 2026, con el objetivo de reducir, aunque de forma limitada, el déficit público del país, explican desde LinkSecurities. Ese agujero apenas se redujo al 5,1% del PIB al cierre del año pasado.

El objetivo del gobierno es reducir ese desequilibrio al 5% del PIB en 2027, desde el 5,4% previsto para este año. Un esfuerzo así implicaría recortes de gasto por valor de 54.000 millones de euros, incluidos 43.000 millones en nuevas medidas. En caso de no haber cambios el déficit se dispararía por encima del 6% del PIB, según el gobierno, dado el mayor desembolso en intereses y la subida del gasto social.

"Sin un ajuste fiscal considerablemente mayor, la deuda de Francia pasará del 116% del PIB en 2025 a alrededor del 129% en 2031", advierte Eiko Sievert de la agencia de calificación europea Scope Ratings. El experto explica que esto sería así incluso en un escenario relativamente favorable, en el que su economía creciese por encima del 1% los próximos cinco años -el PIB del país vecino avanzó un 0,9% el pasado ejercicio-.

Esto refleja, en su opinión, la magnitud del reto fiscal de Francia y la necesidad de un ajuste más ambicioso y sostenido que el previsto actualmente. En este contexto, "el último presupuesto del Gobierno saliente y el rumbo político que marquen las elecciones del próximo año serán decisivos para determinar si se pueden adoptar medidas suficientes y duraderas para estabilizar la deuda en relación con el PIB", añade.

El aumento de los rendimientos amenaza con generar un "círculo vicioso", en el que los mayores costes de financiación deterioren las perspectivas fiscales y exijan ajustes cada vez más importantes, apunta Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management. En su opinión, dada la importancia sistémica de Francia en la zona euro, una mayor ampliación de sus diferenciales podría trasladarse a otros mercados y complicarle la vida al Banco Central Europeo (BCE): "mantener una postura restrictiva para combatir la inflación podría agravar las presiones fiscales, mientras que suavizarla podría socavar la credibilidad de su política monetaria", asevera.

Cientos de millones de euros en daños

Los disturbios registrados durante el fin de semana en Francia han afectado a más de 2.000 comercios y provocado daños por un valor de cientos de millones de euros, estimó este lunes el presidente de la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria (CCI), Alain Di Crescenzo. "Superaremos los 2.000 comercios afectados, eso es prácticamente seguro", afirmó Di Crescenzo, al tiempo que cifró los daños en cientos de millones de euros en una entrevista en RTL de la que se hace eco la Agencia EFE.

El primer balance, elaborado la víspera a las 20.00 horas, contabilizaba unos 1.500 establecimientos afectados. Sin embargo, algunas ciudades aún no estaban incluidas en el recuento, por lo que la cifra aumentará al menos entre un 10 y un 20 %, explicó. Los incidentes continuaron durante la noche del domingo al lunes en al menos cuatro ciudades: París, Marsella, Lyon y Nantes.

La presión fiscal es un tema que siempre genera debate y polariza a la sociedad española. Por un lado, hay personas que defienden que pagar altos impuestos es esencial para el funcionamiento de servicios públicos clave del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el pago de pensiones. Por otra parte, hay quienes reclaman rebajas impositivas que sirvan para impulsar la competitividad de las empresas, la creación de empleo y el ahorro familiar.

De lo que no cabe duda es que los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos. Otra debate es el de la magnitud o progresividad de los mismos. Sin embargo, hay un tributo que suele actualizarse (aprobación de subidas o bajadas en tipo impositivo, bonificaciones...) en el periodo otoñal y que siempre ha generado enormes controversias: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Germán Orón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Jaume I, explica en el blog de salud financiera de BBVA que se trata de "un impuesto municipal que existe en toda España y grava los bienes inmuebles en sus distintas categorías (rústicos, urbanos y de características especiales)". Aunque normalmente son los propietarios los que están obligados a abonar el impuesto, hay ocasiones en las que no es así. "Deben pagarlo los que tengan la relación jurídica que la ley contempla sobre el inmueble, pues si hay superficiarios, concesionarios o usufructuarios, son estos los obligados y no el propietario", explica Orón.

De lo que no cabe duda es que este tributo supone una parte muy importante de los ingresos de los ayuntamientos. Según el último informe sobre fiscalidad local del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), presentado en 2024 y que recoge datos de 2023, el contribuyente medio en España pagó 705 euros en impuestos locales y tasas. De esta cantidad, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) representó el 66% de los ingresos por impuestos locales. Es decir: dos de cada tres euros que ingresan los ayuntamiento de tributos locales corresponden al IBI.

Sus detractores argumentan que es un impuesto regresivo y confiscatorio que no mide la capacidad económica real del ciudadano, obligándole así a pagar elevadas sumas anuales por el simple hecho de poseer una vivienda, independientemente de los ingresos de la persona. Otra crítica al IBI es que provoca una doble o triple imposición sobre la riqueza, ya que para adquirir un bien inmueble, el contribuyente ya paga impuestos por sus ingresos (IRPF) y por la compraventa (IVA o ITP), perpetuando de esta forma los pagos por un bien que ya tributó al ser adquirido.

También se cuestiona que al ser un tributo municipal, en función del partido político que en ese momento gobierne se generan grandes diferencias de precio entre municipios porque unos optan por bajar los tipos impositivos y otros por congelarlos o subirlos. Además, el IBI cuenta con un régimen de exenciones que genera tensiones políticas y vecinales. Por ejemplo, están exentos al 100% del pago del recibo los bienes de la Iglesia Católica y otras confesiones, edificios diplomáticos o los terrenos de Renfe.

En cambio, sus defensores destacan que es un ingreso importante y estable que permite a los ayuntamientos saber con precisión cuánto dinero van a recaudar cada año para garantizar que los servicios públicos esenciales se mantengan en buenas condiciones. Otro argumento a favor que es que parte de ese dinero se emplea en mantener las calles limpias, pavimentadas, iluminadas, con seguridad y con acceso a parques o transporte público, lo que eleva el precio de los inmuebles.

El IBI además es uno de los tributos más eficientes del sistema fiscal porque los bienes raíces, al contrario que el dinero en las cuentas bancarias, no se pueden mover ni esconder del control catastral. A su vez, este impuesto desincentiva la especulación inmobiliaria y las casas vacías, ya que tener un piso cerrado o un terreno sin usar conlleva un gasto anual.

¿Cómo se calcula el IBI?

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalan que "el recibo final a pagar depende principalmente de dos factores: el valor que se dé al inmueble, que se calcula a partir del valor catastral, y el tipo impositivo que se aplique en cada municipio".

"El valor catastral es la base de cálculo para la mayor parte de los impuestos ligados a inmuebles: el IBI, la plusvalía municipal, el IRPF, el ITP o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", explican de la OCU, que precisa que este valor "lo determina el Catastro conforme a unas reglas y criterios técnicos complejos y se actualiza cada año aplicando un coeficiente". "Como mínimo cada diez años se deben revisar los valores catastrales para acercarlos al 'valor de mercado'".

En cuanto a los tipos de gravamen, se aplican sobre el valor catastral son competencia del municipio, aunque deben estar siempre en el margen que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: entre el 0,4 y el 1,1% para bienes inmuebles urbanos, y el 0,3 y el 0,9% para los rústicos.

La inflación se ha disparado en España a máximos que no se veían desde hace tres años. Los precios del consumo suben un 4,9% en todo el país en medio de la crisis energética causada por la guerra en Irán, que ha agravado un Índice de precios de consumo (IPC) que ya iba más 'caliente' en España que en el resto de Europa.

Sin embargo, el alza de precios no golpea igual en todo el país. Del 5,5% que subió el IPC en Galicia o Castilla-La Mancha al 4,4% que registraron Canarias o Aragón hay un trecho importante. Las razones que explican estas diferencias son complejas y tienen que ver con cuánto han subido los precios, qué precios han subido, pero también con los patrones de consumo de cada territorio.

Hay comunidades donde el encarecimiento de la luz y las gasolinas ha pegado más fuerte que en otras. Ya sea porque los precios suben más o porque los hogares en esas autonomías dedican más parte de su presupuesto al consumo de energía. En cambio, hay territorios donde el incremento en el precio de los servicios -en particular de la hostelería- tiene un mayor impacto y viceversa.

Entre las comunidades donde los precios suben más que en el resto (Galicia, las dos Castillas, Cantabria, Navarra, Madrid y Extremadura, especialmente) confluyen varios factores. En Galicia (IPC del 5,5%) la contribución de la energía a la subida de los precios es tres décimas mayor que en el conjunto del país y la de la subyacente, otras tres.

En cambio, hay territorios donde esa mayor subida en el coste de la vida se explica exclusivamente por la crisis energética. El caso más llamativo es el de Castilla-La Mancha (IPC del 5,5%) y Castilla y León (5,4%), los dos territorios del país donde más suben los precios de carburantes, combustibles, luz y gas.

A esto, hay que añadirle que estas dos comunidades están entre las que más porcentaje de su consumo destinan a energía, lo que acentúa el efecto. En Castilla-La Mancha, el 52% de la inflación se explica por el componente energético, mientras que en Castilla y León ese porcentajes es del 45%, frente a una media nacional del 39%.

Otros territorios donde la energía es la razón por la que los precios suben más que en el conjunto del país son Madrid (IPC del 5,3%) y Extremadura (también 5,3%). En ambos territorios, los precios de la energía explican tres cuartas partes de la mayor inflación que registran respecto a la media nacional del 4,9%

En este caso, esa brecha se debe más al encarecimiento de las gasolinas para conducción que al resto del componente energético (luz, gas, gasóleo para calefacción). Estas dos comunidades son la segunda y la tercera del país donde mayor porcentaje del consumo se va al uso del vehículo personal, por lo que cualquier subida de precios, pesa más que en el resto del país.

Pero la energía no es el único motivo por el que unos territorios tienen una inflación más elevada que otros. En Cantabria (IPC del 5,4%) , los precios del turismo y la hostelería y de los alimentos explican tres cuartas partes del diferencial de inflación con el conjunto de España. Mientras que en comunidades como en Navarra (5,4% de IPC) es difícil dar con un único motivo. En este caso, los mayores precios de textil y calzado, de la calefacción, luz y agua y de los productos para la conservación de la vivienda son las principales razones.

¿Por qué en otras comunidades suben menos los precios?

Los motivos por los que el coste de la vida se ha encarecido menos en otros territorios se explican en buena medida por los mismos factores, pero en sentido inverso. En Canarias (IPC del 4,4%, el más bajo de España), la contribución de la energía está tres décimas por debajo de la media nacional y la de la inflación subyacente, dos décimas.

En buena medida, la explicación reside en que Canarias es la comunidad donde menor porcentaje del gasto se dedica a productos energéticos, por lo que cualquier subida se amortigua en comparación con otros territorios. Además, pese a ser una comunidad turística, los precios de este sector y del resto de servicios han subido menos que en el conjunto del país.

La segunda autonomía donde menos ha subido la inflación es Aragón (4,4%) y en este caso el motivo principal es el turismo y la hostelería, que contribuyen cuatro décimas menos a elevar la inflación que en el conjunto del país. Aragón es la autonomía donde menos se ha encarecido el turismo y la hostelería (2,7%) y el conjunto de los servicios (2,9%) lo que le ha permitido una inflación más contenida.

Otra comunidad donde el IPC sube menos que la media nacional es Cataluña (4,5%). La menor inflación catalana se explica fundamentalmente por el precio de los carburantes. Cataluña es una de las comunidades del país donde menor proporción del gasto de los hogares se destina a transporte personal y además es la segunda donde menos han subido los precios en este apartado.

En el caso de otro territorios con menor inflación que la media como Andalucía (4,7%), el motivo es mixto. Por un lado, la contribución de la energía es una décima menor a la media nacional, mientras que la de la inflación subyacente también es algo más baja.

Mientras que en territorios como la Comunidad Valenciana (4,8%), la diferencia de una décima respecto al conjunto del país se debe fundamentalmente a los precios de la energía que ha subido menos y pesa menos en el consumo que en la mayoría de comunidades. En sentido contrario, la Comunidad Valenciana es una de las regiones donde más se consume turismo, aunque los precios han subido algo menos que en el conjunto del país.

El error más repetido de los padres al empezar a ahorrar e invertir para los hijos es contratar el producto que sea a nombre del niño sin pensar antes en las implicaciones de hacerlo. En otras palabras, empezar la casa por el tejado porque la primera decisión debería ser a nombre de quién poner esa inversión: ¿al del hijo o al de los padres?

Y es que cualquiera de las dos opciones es válida para empezar a cimentar el futuro de los pequeños, pero también tienen sus consecuencias. Cambia quién es el propietario del dinero, quién puede decidir sobre él y hasta su tratamiento fiscal.

Qué cambia si la inversión está a nombre de tu hijo

Si abres un fondo o una cuenta de inversión a nombre de tu hijo, el dinero pasa a ser suyo desde el momento en que haces la aportación. Aunque seas tú quien ingrese el dinero y gestione la cartera mientras es menor, legalmente ese patrimonio pertenece al niño. Esto es lo primero que debes tener claro.

Mientras sea menor edad, sus representantes legales, que normalmente serán los padres, se encargarán de administrar sus bienes. Es decir, que invertirás por él y podrás gestionar ese dinero, pero sin perder de vista que no es tuyo: es del niño. El Código Civil obliga a administrar los bienes del menor con la misma diligencia que los propios y limita determinados actos de disposición sobre ellos. Por ejemplo, si quieres vender una inversión que está a nombre de tu hijo y sacar el dinero para destinarlo a otra cosa como cubrir un gasto familiar, puede ser necesaria autorización judicial. Esto es especialmente relevante si hablamos de parejas separadas.

El cambio más importante llega cuando el niño cumple los 18 años. Al ser mayor de edad, el hijo adquiere plena capacidad para decidir qué hacer con ese dinero que está a su nombre y es suyo. Si llevas años ahorrando pensando en pagar sus estudios, ayudarle con la entrada de una vivienda o cualquier otro objetivo, ya no podrás imponer ese destino. El hijo mayor de edad podrá dar el uso que quiera a ese dinero.

Por eso, poner la inversión a nombre del menor tiene más sentido cuando quieres que ese dinero sea realmente suyo desde el principio y estás dispuesto a que, llegado el momento, sea él quien decida qué hacer con él.

Esto puede tener una doble lectura cuando los padres están separados. Por un lado, queda claro que ese dinero pertenece al hijo, independientemente de quién haya realizado las aportaciones, lo que puede evitar discusiones sobre su propiedad. Por otro, esa misma titularidad puede complicar la gestión si los progenitores discrepan sobre qué hacer con la inversión. Dependiendo de cómo se ejerza la patria potestad, determinadas decisiones pueden requerir el acuerdo de ambos y, si no lo hay, llegar incluso a necesitar una decisión judicial.

Qué cambia si mantienes la inversión a tu nombre

La otra opción es invertir pensando en tus hijos, pero mantener el fondo o la cartera a tu nombre. En este caso, el dinero sigue siendo legalmente tuyo y eres tú quien decide qué hacer con él en todo momento.

Esta opción te da más flexibilidad para adaptar el objetivo o uso de ese dinero a lo largo de los años. Puedes empezar invirtiendo para pagar los estudios y terminar utilizándolo para ayudarle con la entrada de una casa o cualquier otra cosa. La ventaja de esta fórmula es que tú escoges cuándo entregárselo y qué cantidad darle en cada momento. No tienes por qué traspasarle todo el dinero cuando cumpla 18 años o puedes reservar una parte después de pagar sus estudios.

A cambio, como ese dinero no pertenece al hijo, cuando quieras que pase a su nombre habrá que pagar impuestos, como vamos a ver a continuación.

En ambos casos habrá que pagar impuestos

Uno de los mitos más repetidos es que si el dinero está a nombre del niño no hay que pagar impuestos por la donación. Nada más lejos de la realidad; lo cierto es que con la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la mano, esas entregas cuando es menor de edad también serían donaciones por las que tributar. Incluso si hablamos de 100 euros al mes, porque en España cualquier entrega tributa.

Lo que más cambia según tu decisión es el momento de abonar la donación. Si inviertes a su nombre desde pequeño, habrá que ir tributando a lo largo de toda la vida, mientras que si lo pones a tu nombre y lo traspasas después, se hará más adelante al entregarle el dinero.

En este punto sí hay cuatro matices importantes.

1. La ley exige liquidar cada donación. Si aportas 100 euros al mes a su cartera, habrá que presentar el impuesto cada mes, aunque después la cuota a pagar pueda ser muy reducida o incluso cero según la comunidad autónoma.
2. Este impuesto es progresivo, por lo que se paga más cuanto más se recibe (quien paga es el donatario). Para evitar que se rompa esa progresividad, las donaciones realizadas por un mismo progenitor al mismo hijo durante un periodo de tres años se acumulan para calcular el impuesto. A muy largo plazo, repartir las entregas sí puede producir un resultado diferente porque las donaciones que quedan fuera de esa ventana dejan de acumularse, aunque dependerá también de la normativa de cada comunidad autónoma.
3. Pagar la universidad de los hijos no se considera una donación, sino que forma parte del deber de alimento y educación de los progenitores. Si el objetivo del dinero es pagar los estudios, puedes dejarlo a tu nombre y así no habrá impuestos a pagar por la donación.
4. Si mantienes esa inversión a tu nombre y se lo traspasas después, tendrás que pagar en el IRPF por la ganancia patrimonial obtenida incluso si optas por ponerla a su nombre sin vender Eso es lo que pasa cuando un padre dona una vivienda a su hijo: el hijo paga por la donación y el padre como si hubiese vendido la casa, aunque no haya ganado nada porque es un regalo. La razón es que a efectos de IRPF lo que cuenta es el traspaso de la vivienda.

Con esto claro, la cantidad a pagar por la donación dependerá de la comunidad autónoma y de las reducciones y bonificaciones que tenga previstas. En algunos casos la cuota puede ser muy pequeña o incluso cero, aunque siga existiendo la obligación de liquidar el impuesto.

Qué opción tiene más sentido según el dinero que estés invirtiendo

Ninguna decisión es mejor que otra, todo depende de tus preferencias y visión de futuro. Sin embargo, sí que puede tener más o menos sentido según el uso que quieras hacer de esa inversión. Si hablamos de pequeñas cantidades que quieres que tu hijo aprenda a gestionar, como parte de la paga, regalos de cumpleaños o dinero que recibe de familiares, puede tener sentido que estén a su nombre desde el principio.

En cambio, para las inversiones para pagar sus estudios, ayudarle a comprar una vivienda o darle apoyo cuando sea adulto, mantenerlas a tu nombre te permite decidir más adelante cuánto darle, cuándo hacerlo y para qué utilizar ese dinero.

También puedes combinar las dos opciones: dejar una pequeña cartera a nombre del niño para que aprenda a invertir y mantener el grueso del ahorro a tu nombre. Así separas el dinero que quieres que sea suyo desde pequeño del patrimonio que todavía quieres gestionar como parte de tus propias finanzas.

El economista y analista financiero Pablo Gil advirtió de que el aumento de la deuda pública y el envejecimiento de la población están convirtiendo la sostenibilidad de las pensiones "en uno de los grandes retos económicos de las próximas décadas".

Gil reunirá mañana sábado 17 de octubre en Madrid a expertos en economía, inversión, inteligencia artificial, vivienda, fiscalidad y nuevas formas de inversión en el encuentro 'Invertir en el mañana', que celebra en Kinépolis Madrid con asistencia de más de un millar de personas.

Para Gil, la deuda pública es uno de los principales riesgos que afrontan las economías desarrolladas. "Yo creo que es un problema gordo, pero también soy consciente de que no actúa de catalizador inmediato. Esto es una especie de asfixia lenta", dijo horas antes del evento.

Para el economista, los Estados atraviesan un momento en el que necesitan emitir cada vez más deuda al tiempo que aumenta el coste de financiarla. A su juicio, la cuestión adquiere especial relevancia en España por el incremento previsto del gasto asociado al envejecimiento.

En este sentido, recordó que la AIReF calcula que el gasto neto en pensiones representará de media el 13% del PIB entre 2022 y 2050 y advierte de que el cumplimiento formal de la actual regla de gasto en pensiones no garantiza por sí mismo la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por eso, en un contexto de políticas constantes, el organismo proyecta que la deuda pública podría alcanzar el 123% del PIB en 2050.

Gil lleva meses relacionando ambas cuestiones. En uno de sus episodios de 'Economía en Acción' advertía a los más jóvenes de la necesidad de preparar con antelación su jubilación: "No penséis que los fondos públicos van a estar disponibles para dentro de 30 o 40 años. Ya no están, lo estamos financiando con deuda". Su planteamiento no es que las pensiones públicas vayan a desaparecer, sino que el aumento de la longevidad y la reducción relativa de cotizantes obligarán a buscar nuevas formas de financiar un gasto creciente.

En su opinión, el desequilibrio del sistema de pensiones debido al cambio demográfico es fácil de explicar: "Este modelo estaba creado para que usted muriese a los 75 y ahora resulta que viven hasta los 85, 90". Ahora, la mayor esperanza de vida, el aumento del gasto sanitario y una menor natalidad están obligando al Estado a complementar los recursos del sistema mediante transferencias presupuestarias.

El economista insistió en que el problema no puede analizarse únicamente desde el gasto en pensiones, pues actualmente defensa, sanidad, transición energética, infraestructuras y nuevas inversiones tecnológicas compiten por una capacidad de financiación limitada. "La forma de salir de este endeudamiento económico pasa por aumentar la productividad", señaló apuntando a la inteligencia artificial como una de las posibles vías para elevar el crecimiento potencial.

A falta de un fuerte aumento de la productividad, Gil contempla la posibilidad de que las economías convivan durante más tiempo con una inflación superior a la de las décadas anteriores. "Dejar que la inflación se mueva en cotas del 3-4% durante más tiempo y deflactar la deuda. Deprecias el valor del dinero y también del endeudamiento", dijo. Esa solución, según indicó, tiene un coste para los ahorradores y para quienes mantienen buena parte de su patrimonio en efectivo, depósitos o rentas que no evolucionan al mismo ritmo que los precios.

Gil sintetiza este efecto: "Cuando el Estado devuelve su deuda con una moneda que compra menos, la pérdida de poder adquisitivo no desaparece. Se traslada hacia quienes mantienen efectivo, depósitos, salarios o pensiones que no avanzan al mismo ritmo que los precios".

Su recomendación a los ciudadanos pasa por no esperar a los últimos años de la vida laboral para construir patrimonio. Sostiene que lo adecuado es empezar pronto, ahorrar de forma sistemática, invertir periódicamente y aprovechar el interés compuesto como complemento a la futura pensión pública. "No tengas miedo de que no haya dinero, porque ya no lo hay y se siguen pagando las pensiones", incidió en otra intervención reciente para subrayar que el debate debe centrarse en cómo se financiarán y qué capacidad adquisitiva ofrecerán en el futuro.

Durante la sesión del sábado, que arrancará a las 10.00 horas, Gil analizará el nuevo escenario económico y dedicará uno de los bloques a explicar cómo traslada su visión macroeconómica a inversiones reales, qué papel concede a cada activo y cómo gestiona el riesgo y la diversificación. El programa incluye asimismo debates sobre oro y plata, capital privado, vivienda, inteligencia artificial, fiscalidad, tokenización y nuevas infraestructuras financieras.

Gil considera que la dificultad actual no reside tanto en acceder a información como en identificar qué cambios tienen consecuencias duraderas. De ahí una de las ideas que vertebran el encuentro: no intentar adivinar el siguiente acontecimiento, sino comprender las fuerzas que ya están transformando la economía para tomar mejores decisiones antes de que sus efectos lleguen al patrimonio personal.

La campaña de Navidad se adelanta cada año más en los supermercados españoles, que exhiben turrones, mantecados y panettones desde hace semanas; los operadores reconocen que esta estrategia ayuda a la planificación de las tiendas y que permite a algunos consumidores dosificar sus gastos.

La patronal de distribución alimentaria Asedas ha señalado que la presencia "paulatina" de productos navideños en los lineales a partir responde tanto a factores de consumo como de planificación logística.

Fuentes de la patronal muchos consumidores buscan adelantar sus compras para dosificar el gasto, organizar sus menús festivos y evitar las prisas de última hora.

Además, la ampliación del calendario "optimiza la operativa interna" de la distribución alimentaria.

Para los supermercados la cita navideña implica incorporar "hasta 300 referencias adicionales", por lo que su "despliegue progresivo" permite que las tiendas del sector funcionen "sin saturación y con la máxima eficiencia", han añadido desde Asedas.

Esta "entrada progresiva" de surtido convive con las puntas de afluencia de consumidores, concentrada en los dos fines de semana previos a Nochebuena y Nochevieja, según esperan desde Asedas.

Un 6,2% más en dulces navideños ya en septiembre

Las ventas de estos alimentos ya en septiembre han subido respecto al año anterior debido al alza de los precios, pese a la bajada en demanda.

Circana, empresa que analiza los datos de consumo, a fecha de septiembre 2026 el mercado de dulces navideños ha crecido un 6,2% en valor respecto a 2025, hasta alcanzar los 506,5 millones de euros en distribución moderna.

No obstante, este avance está impulsado principalmente por el incremento de los precios (+10%), mientras que la demanda retrocede un 3,8%. Los turrones, que concentran más de la mitad de las ventas, han crecido un 9,7% en facturación, pero también registran una caída del volumen (3,8%).

Dentro de ellos, el turrón de chocolate ha avanzado un 7,7% en valor, mientras que el tradicional retrocede un 2,1%, reflejando una "evolución desigual" entre variedades, ha explicado Circana.

Por otro lado, las otras especialidades de turrón han experimentado un gran auge, ya que crecen un 34,3% en valor y un 27% en demanda, por lo que, aunque representan alrededor del 23% de las ventas de turrones, generan cerca de dos tercios de su crecimiento en euros.

El protagonismo de los "panettones"

Según fuentes de supermercados Dia consultadas, los artículos con mayor demanda siguen siendo los dulces navideños clásicos, aunque dentro de esta categoría los "panettones" son los que cada año adquieren un mayor peso.

De hecho, estos dulces de origen italiano se han introducido antes en los lineales este año debido al aumento de demanda.

Según DIA, al inicio de campaña, la demanda es, sobre todo, de artículos dulces y chocolates, mientras que a partir de finales de noviembre, los clientes realizan las compras de otros artículos de fresco y congelado más orientados a las comidas de las fiestas.

Estrategias de ahorro del consumidor

El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García, ha trasladado a Agro su temor ante una más que anticipada subida de precios para esta campaña, ya que cada año "nos encontramos ante la Navidad más cara".

García ha explicado que, aunque pueda "parecer de perogrullo" todos los años se repite el mismo patrón; una elevación "intensa" de los precios en la semana previa a las fiestas.

Ante este panorama las recomendaciones de la OCU para ahorrar no son nuevas y pasan principalmente por la "compra anticipada" y la "congelación" de productos cuya compra sale mucho más cara a medida que se acercan las fechas clave.

Otra recomendación que ha sugerido García es la adopción de productos "no tan tradicionales" como el cordero y el marisco, los que más crecen en precio, por otros que mantienen el requisito de ser "productos especiales" para una ocasión señalada, aunque a menor costo.

Elegir cuándo jubilarse puede marcar una diferencia en la pensión que se cobra cada mes. El abogado Ignacio Solsona, conocido en YouTube por su canal Laboroteca, explica que no existe una fecha perfecta para todo el mundo, pero sí hay varios factores que conviene tener en cuenta para evitar pérdidas económicas y, en algunos casos, aumentar la prestación.

Una de las claves está en elegir correctamente el día de la jubilación. Según Solsona, lo habitual es hacerlo en la fecha en la que se cumplen los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria. En el caso de la jubilación anticipada, también es importante calcular con precisión los meses que se adelanta el retiro, ya que de ello depende la penalización que se aplica a la pensión.

El día de la jubilación puede marcar la diferencia

Solsona recomienda no adelantar la fecha prevista por unos pocos días sin comprobar antes sus consecuencias. En la jubilación anticipada, los coeficientes reductores varían en función del tiempo que se adelanta la pensión. El abogado pone como ejemplo a una persona cuya fecha de jubilación ordinaria es el 25 de marzo de 2028. Si quiere jubilarse 18 meses antes, la fecha que le correspondería sería el 25 de septiembre de 2026.

En este supuesto, la penalización sería del 8,8%. Sin embargo, si se jubilara un día antes, el 24 de septiembre, la reducción subiría al 9,78%, según los cálculos que muestra en su vídeo. Por eso, el especialista aconseja ajustar la fecha a los requisitos que correspondan a cada trabajador y no esperar al último día del mes por la creencia de que resultará más beneficioso.

Jubilarse el día 1 del mes siguiente puede ser más rentable

En determinadas circunstancias, esperar al comienzo del mes siguiente sí puede compensar. La razón está en cómo se actualizan las bases de cotización que se utilizan para calcular la pensión. Estas bases se actualizan teniendo en cuenta la evolución del índice de precios de consumo (IPC), con la excepción de los dos años anteriores a la jubilación. Como el porcentaje de actualización puede variar según el mes, retrasar unos días el retiro puede mejorar ligeramente el resultado.

Solsona explica el caso de una persona que tenía previsto jubilarse en mayo de 2027, pero que podría esperar hasta el 1 de junio. Según el ejemplo del abogado, ese cambio permitiría pasar de una pensión mensual de 1.311 euros a otra de 1.321 euros. La diferencia sería de unos 9,82 euros al mes, lo que equivale a aproximadamente 137 euros más al año si se cobran 14 pagas.

¿Es diciembre el mejor mes para jubilarse?

Diciembre también puede ser una fecha interesante, ya que permite beneficiarse de la revalorización de las pensiones que se aplica desde el 1 de enero de cada año. El abogado plantea el ejemplo de una persona que está valorando jubilarse de forma anticipada entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Si espera a enero, su pensión inicial podría ser mayor porque la penalización por adelantar el retiro sería inferior. Sin embargo, si se jubila en diciembre, podría beneficiarse de la subida anual de las pensiones desde el comienzo del año siguiente.

En el supuesto que expone, la pensión inicial sería de unos 1.353 euros mensuales si se jubilara en diciembre, frente a 1.368 euros si lo hiciera en enero. No obstante, una revalorización posterior podría alterar la comparación.

Por ello, jubilarse en diciembre no siempre es la mejor opción. Hay que comparar la penalización que corresponda en cada fecha con la subida prevista y comprobar qué alternativa resulta más favorable a largo plazo.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de elegir la fecha?

Para saber cuándo conviene jubilarse, Solsona señala que es necesario estudiar la situación personal y económica de cada trabajador. Entre los factores que pueden influir están:

• La modalidad de jubilación: no es lo mismo acceder a la jubilación ordinaria que anticiparla, ya que esta última puede conllevar una reducción de la pensión.
• La situación laboral: es importante valorar si se sigue trabajando y cobrando un salario o si se percibe una prestación o un subsidio por desempleo.
• La evolución del IPC: las variaciones en la actualización de las bases de cotización pueden influir en el cálculo de la pensión.
• Las revalorizaciones anuales: jubilarse en diciembre o esperar a enero puede dar lugar a resultados diferentes, según las circunstancias.

El economista Marc Vidal, que tiene su propia sección en el programa Herrera en Cope, que presenta Carlos Herrera en la cadena Cope, ha advertido en su última intervención el problema al que se va a enfrentar Europa ante la llegada del invierno y el suministro de gas.

En su sección Salida de Emergencia, Vidal recuerda que Europa afronta los próximos meses con las reservas de gas en sus niveles más bajos desde 2011, motivo por el que se ha solicitado una reducción del consumo del 7%.

Según Vidal, a principios de octubre, los depósitos de gas europeos se han situado al 72% de su capacidad. Esto implica que el combustible saldrá con mayor lentitud, lo que puede provocar problemas de suministro ante una eventual ola de frío.

El problema es que la alternativa, comprar gas del exterior, supondría un coste de 3.000 millones de euros, un 12% más caro que hace un año, en el contexto del conflicto de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del gas licuado mundial.

Vidal recuerda que los depósitos no se encuentran en esta situación por descuido, sino porque el negocio de almacenar "se ha roto". El motivo es que el gas estival ha cotizado más caro que el invernal.

Ante esta distorsión en el mercado, las administraciones han intervenido para asumir el almacenamiento, provocando que "el contribuyente se ha convertido ahora mismo en una especie de trader de invierno".

Frente a esta situación, Países Bajos ha destinado casi 1.000 millones de euros a través del Gobierno para su empresa pública, Alemania ha impuesto plazos obligatorios de almacenamiento a sus compañías y España ha incrementado más de un 25% el gas guardado en las plantas regasificadoras.

Del mismo modo, Ursula von der Leyen ha admitido que la energía importada ha supuesto un gasto extra de 100.000 millones de euros desde febrero sin haber adquirido una sola molécula adicional.

Según Vidal, el recorte drástico de consumo aplicado tras 2022 pierde eficacia ante el próximo veto total al gas licuado ruso previsto para enero y ha advertido de que "Europa no ha dejado de depender, solo ha cambiado de quién depende", sustituyendo la servidumbre de un gasoducto por la inestabilidad de un estrecho.

Invertir y acumular capital para después poder vivir de las rentas en la jubilación. Esa es la hoja de ruta de millones de españoles para su retiro con una misma pregunta al final del camino: ¿cuánto dinero es posible retirar cada año sin correr el riesgo de agotarlo demasiado pronto? Ahí es donde surgen mecanismos como la conocida regla del 4%, que no deja de ser una referencia que puede no encajar con todo el mundo.

En este punto, Morningstar ha analizado distintas estrategias para convertir el patrimonio acumulado en ingresos durante la jubilación. Entre las opciones, algunos métodos flexibles permiten empezar retirando más dinero que con una pauta fija, pero que a cambio exigen ajustes en el gasto según evolucione la cartera.

Cuánto dinero puedes retirar de tu cartera según Morningstar

El punto de partida es el mismo que el de la regla del 4%, solo que Morningstar hace su propio cálculo y llega a una tasa inicial de retirada del 3,9% para una jubilación con una duración estimada de 30 años y un 90% de probabilidades de terminar ese periodo en positivo (en un 10% el dinero se agotaría antes).

En la práctica, con una cartera de 100.000 euros se podrían retirar 3.900 euros el primer año. Después, esa cantidad se actualizaría con la inflación para intentar mantener el mismo poder adquisitivo. Este sistema permite ingresos más estables, pero también obliga a empezar con una tasa de retirada más prudente. Morningstar utiliza ese 3,9% como referencia para comparar las estrategias flexibles. Todas permiten comenzar retirando más, a cambio de aceptar que el dinero disponible pueda subir o bajar según evolucione la cartera.

Retirar siempre el mismo porcentaje

La primera estrategia consiste en retirar cada año el mismo porcentaje sin importar cuánto haya en ese momento. Morningstar calcula que este sistema permitiría partir de una tasa del 5,7%. Con 100.000 euros serían 5.700 euros el primer año, pero la cantidad del siguiente dependería de cómo haya evolucionado la inversión.

Si la cartera sube, recibirás más euros, mientras que si baja recibirás menos. ¿Y qué pasa si con eso no es suficiente? Para limitar esos recortes, Morningstar establece un suelo que impide que el gasto anual baje del 90% de la retirada inicial. Es decir, que como poco cobrarás 5.130 euros con el ejemplo anterior. A cambio de esa flexibilidad, este método no actualiza automáticamente las cantidades con la inflación: cualquier aumento del dinero que recibas depende de que también crezca el valor de la cartera.

Utilizar el valor medio para suavizar los cambios

La segunda fórmula busca corregir uno de los principales problemas del método anterior: que las retiradas pueden cambiar mucho de un año a otro. En lugar de aplicar el porcentaje sobre el valor de la cartera en ese momento, el método endowment utiliza el valor medio de la inversión durante varios años. Morningstar toma como referencia una media de hasta 10 años y también calcula una tasa inicial del 5,7%.

Al principio, cuando todavía no existen 10 años de historial, el cálculo se realiza con los años disponibles. A medida que pasa el tiempo, se van incorporando nuevos valores hasta utilizar la media de la última década. Así se suaviza el efecto de una subida o una caída puntual de los mercados sobre el dinero que puedes retirar. Morningstar mantiene además el mismo suelo del método anterior: la retirada no puede bajar del 90% de la cantidad inicial.

Ajustar las retiradas según suba o baje tu cartera

A diferencia de las dos estrategias anteriores, el método de los guardarraíles o de bandas de seguridad establece unos límites para decidir cuándo hay que subir o bajar el porcentaje de retiradas. En otras palabras, que hay un máximo y un mínimo a recuperar y cobrar cada año. Morningstar parte de una tasa inicial del 5,2% Por ejemplo, con una cartera de 100.000 euros empezarías retirando 5.200 euros al año. A partir de ahí, cada año se compara esa cantidad con el valor que tenga entonces la cartera.

Los guardarraíles se activan cuando esa tasa se desvía más de un 20% respecto al 5,2% inicial. Simplificando y sin entrar en el ajuste por inflación, si la cartera cayese hasta 80.000 euros, retirar 5.200 euros supondría sacar un 6,5%, por encima del límite del 6,24% del guardarraíl superior. En ese caso, la retirada se reduciría un 10% a solo 4.680 euros. Si la cartera subiese lo suficiente como para que esos 5.200 euros representasen menos del 4,16%, ocurriría lo contrario y la retirada aumentaría un 10% a 5.720 euros..

Cambiar el gasto según las probabilidades de que el dinero aguante

La cuarta estrategia también utiliza bandas, pero en lugar de fijarse en el porcentaje de dinero a retirar, revisa cada año la probabilidad de que el dinero vaya a durar suficiente (los 30 años previstos). Morningstar vuelve a calcular esa probabilidad al final de cada ejercicio y ajusta el gasto cuando se aleja demasiado del objetivo.

Si la probabilidad de éxito cae hasta el 75%, la retirada prevista para ese año se reduce un 10%. Si, por el contrario, sube hasta el 95%, la cantidad aumenta un 10%, igual que en el método anterior. Para evitar que varios años buenos disparen demasiado el gasto, Morningstar establece además un límite: la retirada anual no puede superar el 120% de la cantidad inicial, ajustada por la inflación. La tasa inicial de retirada que calcula el estudio para esta fórmula es del 5,1%.

Poner un límite a cuánto puede subir o bajar tu gasto

La quinta estrategia es el método de suelo y techo de Vanguard, que limita cuánto puede cambiar la retirada de un año a otro. Morningstar calcula una tasa de retiro inicial del 5,1%. Después, la cantidad puede subir como máximo un 5% y bajar como máximo un 2,5% respecto al año anterior, una vez ajustada por la inflación.

Con 100.000 euros, la primera retirada sería de 5.100 euros. Simplificando y sin inflación, aunque la evolución de la cartera permitiera subirla hasta 5.600 euros al año siguiente, el límite del 5% la dejaría en 5.355 euros. Si la caída de la cartera llevase la retirada hasta 4.500 euros, el suelo impediría reducirla por debajo de 4.972,50 euros. Así se consigue aumentar el poder adquisitivo los años buenos sin tener que sufrir tanto los malos.

El estudio de Morningstar muestra que retirar más dinero al principio de la jubilación es posible, pero a cambio hay que aceptar más cambios en las cantidades que se cobran cada año. Al final, hay varias posibilidades. La elección final dependerá de cuánto margen tengas para ajustar tus gastos y de la estabilidad que necesites en tus ingresos.

El final de la guerra en Oriente Medio debería traer un alivio para los precios del petróleo, después de meses de interrupciones del suministro y una intervención sin precedentes de los gobiernos para evitar una crisis todavía mayor. Sin embargo, la normalización del mercado podría encontrarse con un obstáculo inesperado. Los países que llevan meses vendiendo cientos de millones de barriles de sus reservas estratégicas tendrán que decidir cuándo recuperarlos, y una oleada de compras simultáneas podría volver a tensionar los precios justo cuando consumidores y empresas esperan que empiecen a bajar.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acaba de confirmar que la operación será todavía mayor de lo previsto. Sus 32 países miembros acordaron liberar 400 millones de barriles en marzo, la mayor intervención coordinada de su historia, pero varios gobiernos han aumentado sus compromisos. Ya han salido al mercado unos 330 millones y ahora se acelerará la entrega de otros 100 millones, incluidos más de 20 millones de gasóleo.

Y ni siquiera semejante esfuerzo ha impedido que el mundo siga perdiendo petróleo almacenado. Desde finales de febrero, los inventarios observados han disminuido en 509 millones de barriles y las existencias se encuentran en sus niveles más bajos desde al menos 2016.

En medio de esta caída de las reservas mundiales, España acaba de anunciar que pondrá en circulación otros 4,4 millones de barriles durante octubre, después de liberar 3,75 millones en una primera operación. Su compromiso inicial asciende a 11,5 millones, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional, que saldrían de las reservas de emergencia que mantienen las empresas petroleras para hacer frente a posibles problemas de suministro.

El movimiento español se suma a las nuevas liberaciones anunciadas por otros países europeos, entre ellos Alemania, que prevé liberar hasta 15 millones de barriles adicionales, mientras Francia ha planteado una operación que podría alcanzar los 100 millones, repartidos entre crudo y gasóleo.

Europa y el efecto bumerán

Washington lleva semanas presionando a los gobiernos europeos para que saquen más combustible de sus almacenes, una medida que podría terminar encareciendo el petróleo que ahora intenta abaratar. La Administración estadounidense ha llegado a advertir a Francia y Alemania de posibles restricciones a las exportaciones de diésel estadounidense si Europa no contribuía a aliviar la escasez.

La presión llega cuando el gasóleo se ha convertido en uno de los mayores problemas del mercado energético. Sus exportaciones mundiales cayeron en septiembre unos 700.000 barriles diarios respecto al año anterior y los precios mayoristas llegaron a alcanzar los 220 dólares por barril en Europa y Estados Unidos. La AIE advierte de que las dificultades para recuperar las existencias podrían prolongarse hasta la segunda mitad de 2027.

Y precisamente Francia y Alemania concentran alrededor del 35% de las reservas de gasóleo y diésel de la Unión Europea, el combustible que Washington quiere que pongan en circulación. Las nuevas liberaciones reducirían unas existencias que ambos países podrían necesitar si la crisis energética se prolonga.

Reponer una cantidad equivalente a los 400 millones de barriles inicialmente comprometidos por la AIE, a un precio de 100 dólares por barril, supondría movilizar 40.000 millones de dólares.

Concentrar esas compras en solo doce meses supondría añadir una demanda equivalente a cerca de 1,1 millones de barriles diarios, frente a unos 550.000 si se repartieran durante dos años. Si para entonces la producción mundial todavía no se ha recuperado, los gobiernos tendrían que competir con refinerías y otros compradores por un suministro limitado, aumentando la presión sobre los precios. Y cuanto más suba el petróleo durante ese proceso, más dinero tendrán que desembolsar para recuperar los barriles utilizados durante la emergencia.

Estados Unidos bajo mínimos

Una parte importante de esa demanda podría proceder de Estados Unidos, que lleva años recurriendo a sus reservas para afrontar las crisis energéticas. Washington autorizó una liberación extraordinaria de 180 millones de barriles en 2022 y otra de 172 millones el pasado marzo, después de que la guerra con Irán provocara nuevas interrupciones del suministro.

Sus depósitos estratégicos contienen ahora unos 283 millones de barriles, el nivel más bajo desde 1982. Estados Unidos dispone de una capacidad autorizada de almacenamiento de 714 millones, por lo que mantiene ocupada menos del 40%. Y todavía quedan entregas comprometidas que podrían reducir aún las existencias.

Sin embargo, disponer de tanto espacio vacío tampoco garantiza que Washington pueda volver a llenarlo rápidamente. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el organismo fiscalizador del Congreso, ha advertido de que las instalaciones acumulan problemas de mantenimiento y envejecimiento que están limitando su funcionamiento.

A finales de 2025, la capacidad efectiva para introducir petróleo en esos depósitos apenas alcanzaba el 56% de su tasa de diseño, mientras que la de extracción se situaba en el 61%.

La incógnita de 2027

La evolución prevista de la producción mundial podría facilitar la reconstrucción de unas reservas que, al menos en Estados Unidos, también dependen de solucionar esas limitaciones operativas. La AIE calcula que la demanda mundial de petróleo disminuirá en 2,6 millones de barriles diarios durante 2026, mientras que la producción podría aumentar en 7,7 millones en 2027. Si se cumplen ambas previsiones, el mercado dispondría de más petróleo para absorber las compras públicas sin provocar necesariamente otra escalada de precios.

Sin embargo, esa recuperación depende de que las interrupciones del suministro en Oriente Medio vayan quedando atrás. Los daños en las instalaciones energéticas, las dificultades del transporte marítimo y la incertidumbre sobre cuándo volverán a operar a plena capacidad algunos productores podrían retrasar la llegada de esos barriles adicionales.

Si la producción tarda más de lo previsto en recuperarse, los gobiernos podrían verse obligados a aplazar durante más tiempo la reconstrucción de sus reservas, incluso después de que termine la guerra. Y cualquier nueva interrupción del suministro encontraría a países como Estados Unidos con menos petróleo almacenado y mayores dificultades para responder con otra liberación extraordinaria.

Tras años viendo cómo el coche chino se ha convertido en protagonista del motor europeo, los grandes del automóvil continental han decidido tomar cartas en el asunto. En el Salón del Automóvil de París celebrado esta misma semana, baluartes como Stellantis, Volkswagen o Renault han dado una nueva muestra de que combatir al gigante asiático pasa, en cierta medida, por ampliar la oferta de modelos eléctricos asequibles. Un ingrediente más de un caldo de cultivo aderezado también por Francia y Alemania, que este mismo viernes, mientras se descubrían algunos de estos modelos, han anunciado un acuerdo para proteger y potenciar la industria local, dejando claro que están decididos a revertir la deriva actual.

La feria más importante del automóvil ha recuperado así la etiqueta de gran escaparate del motor con la presencia de hasta 35 enseñas, después de que en el evento celebrado en Ginebra en 2024 apenas se presentaran ocho. Entre sus telones y pabellones, las diferentes marcas han librado un nuevo capítulo del pulso que mantienen Europa y China. Mientras el gigante asiático ha seguido poniendo en el mercado una infinidad de nuevos modelos, el Viejo Continente trata de recuperar la iniciativa con una estrategia muy clara: vehículos eléctricos con los que consumar la transición, pero a un precio razonable para el comprador. Una de las muestras más claras que han visto la luz en suelo galo ha sido el nuevo Citroën 2CV, el mítico modelo que inicialmente se presentó como un concept, pero que llegará a Europa en 2028 por unos 15.000 euros.

Modelos asequibles... e históricos

Algo parecido ha querido hacer Leapmotor con su nuevo B03. El modelo, que ya se comercializa en China, se ha presentado por primera vez en suelo europeo y, aunque todavía no se sabe cuál será su precio de partida, el segmento de utilitario al que pertenece hace pensar que no superará los 20.000 euros. Lo mejor de todo es que, a pesar de ser fruto de la joint venture entre Stellantis y Leapmotor, se fabricará en Italia, aunque también tiene papeletas para hacerlo en la planta con la que el conglomerado cuenta en Madrid. Una tesitura perfecta para seguir apostando por el producto made in Europe que los fabricantes han venido pidiendo en los últimos tiempos.

Tampoco ha querido quedarse atrás Fiat. La firma transalpina también llegó cargada de novedades a Francia en una auténtica declaración de intenciones. Una idea que se pudo comprobar en su nuevo Fiat Grizzly, un vehículo familiar que llegará en enero de 2027 con una amplia gama de motorizaciones, entre las que también figuran propulsores eléctricos. Ideas que siguen saliendo del tintero de marcas que tantos éxitos tuvieron y que se unen también a la apuesta por la nostalgia de algunos fabricantes.

Una línea que ha seguido especialmente Renault, que en los últimos tiempos no solo ha lanzado modelos asequibles, sino que ha recurrido directamente al pasado, con grandes exponentes como el Renault 5 o el mítico 'cuatro latas' (Renault 4), incluso el deportivo Renault 8 Gordini, también presentes en París. También Peugeot, que recientemente afirmó apelar a la historia y herencia de su marca como atractivo para los compradores, una baza con la que las firmas del gigante asiático aún no cuentan, y que se puede apreciar en la edición especial de su e-208 GTI, entre otros. A ellos se suman también otros modelos del grupo Volkswagen que han visto la luz recientemente y que están siendo un éxito de ventas, como el Cupra Raval made in Spain, u otros como el ID Polo, el nuevo Skoda Epiq o el ID Cross, 100% eléctricos que rondan los 25.000 euros.

Francia y Alemania quieren presionar a la UE

Con el mismo objetivo de remar para fortalecer la industria Europea, Francia y Alemania han alcanzado este viernes un acuerdo para "garantizar el futuro de la industria automovilística europea", tal y como ha confirmado la Oficina Federal de Prensa e Información alemana (BPA). El objetivo del pacto, tal y como se había anunciado previamente, es proteger a la industria europea, apelando a una flexibilidad regulatoria con la que presionan a la UE a mantener vehículos de combustión más allá de 2035.

Ambas naciones han apuntado directamente a la meta propuesta por la Comisión Europea en 2025, cuando se afirmó que las emisiones de coches nuevos debían reducirse un 90% respecto a 2021. A pesar de la rebaja del porcentaje inicial, el 10% de las mismas debía ser compensado por acero verde, un aspecto que el plan franco-alemán ha desestimado. Bajo estas premisas, ambas naciones van a trabajar para que la UE recule y ya no tengan que acometer ningún tipo de medida compensatoria adicional, lo que abre un pequeño reducto a los vehículos de combustión.

Para poder dar cabida a este nuevo plan, desde París y Berlín también han querido poner el foco en la inversión, la investigación y el desarrollo made in Europe, por lo que a partir de ahora ofrecerán "incentivos" a quien cumpla con ello. "Europa debe ser un continente que innova, invierte y produce, protegiendo el clima y garantizando el empleo. Este es el objetivo de nuestro compromiso y el principio rector de nuestro enfoque conjunto", remarca el comunicado.

Europa intenta frenar la entrada de productos chinos con aranceles y nuevas restricciones comerciales, pero Pekín acaba de disparar sus exportaciones al mercado europeo un 25,3% en septiembre. La ofensiva coincide con una creciente presión sobre los fabricantes europeos y ha puesto bajo sospecha una ventaja que ninguna aduana puede controlar directamente. Según algunos economistas, el yuan está infravalorado hasta un 30%, una diferencia que podría estar ayudando a China a vender sus productos a precios difíciles de igualar mientras Bruselas busca cómo proteger su industria.

El desequilibrio equivale a casi 1.000 millones de euros diarios. China vendió a la Unión Europea mercancías por 559.400 millones en 2025, mientras que apenas compró productos europeos por 199.600, según Eurostat. La diferencia, cercana a los 360.000 millones, se ha multiplicado por más de dos en una década y ha llevado a Bruselas a endurecer su posición comercial.

El último movimiento llegó el 9 de octubre, cuando la UE alcanzó un entendimiento con Pekín para limitar las exportaciones de vehículos híbridos, después de haber impuesto aranceles adicionales a determinados coches eléctricos. Francia y Alemania reclaman ahora medidas de protección más amplias, preocupadas por una competencia que ya alcanza a sectores tradicionalmente dominados por sus fabricantes. Pero mientras Europa intenta encarecer los productos chinos al cruzar la frontera, el precio de la moneda de Pekín podría estar jugando en sentido contrario.

La ventaja del 30%

El Fondo Monetario Internacional estimó este año que el yuan estaba infravalorado un 16,4%, una cifra que investigadores de la Reserva Federal estadounidense elevaron posteriormente al 24,3% tras revisar las estadísticas comerciales chinas. Brad Setser, economista del Council on Foreign Relations y antiguo responsable del Tesoro de Estados Unidos, va todavía más lejos y sitúa esa infravaloración alrededor del 30%, con cálculos que pueden alcanzar el 35%. Detrás de esas diferencias hay una discusión sobre cuánto dinero gana realmente China vendiendo al extranjero. Setser considera que las estadísticas oficiales reflejan un superávit exterior inferior al real y que, por tanto, también se está subestimando la debilidad de su moneda.

Para un fabricante chino, cobrar en euros y convertir después esos ingresos a una moneda más barata puede dejar un margen adicional para reducir precios. No significa que todos los coches eléctricos, paneles solares o componentes industriales lleguen con una rebaja automática del 30%, pero sí que una ventaja cambiaria puede hacer todavía más difícil competir con fábricas que ya producen a gran escala.

La utilización del yuan como instrumento comercial tiene un antecedente que todavía recuerdan los mercados. En agosto de 2015, el Banco Popular de China sorprendió con una devaluación inicial cercana al 2% frente al dólar, en medio de una desaceleración económica que había empezado a castigar sus exportaciones. Aquella decisión desató temores a una guerra de divisas.

Once años después, China se encuentra en una situación distinta. Sus exportaciones crecen con fuerza y el superávit comercial mundial alcanzó los 938.110 millones de dólares entre enero y septiembre. Pero detrás de esas cifras hay una economía que sigue teniendo dificultades para conseguir que sus ciudadanos consuman lo suficiente como para absorber una mayor parte de lo que fabrican sus empresas.

China culpa a Europa

Pekín rechaza que esté utilizando deliberadamente su moneda para conquistar mercados. El Banco Popular de China respondió el 8 de octubre a las acusaciones europeas asegurando que no busca una depreciación competitiva y que tampoco persigue una cotización concreta del yuan a largo plazo. Según el banco central chino, responsabilizar a las monedas extranjeras de la pérdida de competitividad industrial, los problemas fiscales y las dificultades económicas propias equivale a eludir los ajustes que cada país debería afrontar. Dicho de otra manera, Pekín sostiene que Europa está buscando fuera la explicación de problemas que también tiene dentro.

Y la acusación llega cuando los fabricantes chinos han conseguido importantes avances tecnológicos y productivos. Desde los vehículos eléctricos hasta las baterías y la maquinaria industrial, numerosas empresas compiten ahora en sectores donde Europa había mantenido una posición fuerte durante décadas. Setser considera que el yuan barato ha contribuido decisivamente a esa expansión, pero otros economistas dan mayor importancia a la debilidad del consumo chino y a la necesidad de colocar fuera una producción cada vez mayor. Y hay un dato reciente que complica todavía más la tesis de una devaluación china como respuesta a los aranceles.

Un yuan al alza

Lejos de haber sufrido una nueva depreciación masiva, el yuan se ha apreciado más de un 9% frente al dólar desde comienzos de 2025, y actualmente cotiza alrededor de 6,69 unidades por dólar, su nivel más fuerte desde enero de 2023. Una moneda puede fortalecerse en el mercado y seguir infravalorada respecto a su valor de equilibrio, pero esa evolución impide interpretar el supuesto descuento del 30% como una devaluación reciente provocada por Pekín. Esta evolución tampoco invalida las estimaciones de infravaloración, pero sí cuestiona que el éxito exportador chino pueda explicarse únicamente por una devaluación deliberada y reciente.

La financiación con apoyo oficial a la internacionalización es un concepto poco conocido fuera de los círculos especializados. Para entender mejor su funcionamiento, imaginemos el siguiente caso:

Eres un/a desarrollador/a de negocio en una pyme española que no tiene experiencia —o tiene experiencia limitada— en proyectos de exportación e inversión internacional. Supongamos que hablamos de una empresa que fabrica tuberías destinadas a la obra civil. Tras años de aprovechar las oportunidades que surgen en España, un cliente portugués —por proximidad, pero bien podría ser sueco, japonés o egipcio— muestra interés en tu producto. Tú sabes que tu producto es de calidad y las cantidades pactadas son razonables. Todo avanza bien hasta que el cliente, público o privado, te pide un pago aplazado para poder acometer la operación. Tú eres consciente de la importancia de formalizar el contrato, pero no tienes el músculo financiero para aceptar esas condiciones.

Acto seguido te diriges a una entidad financiera convencional, pero esta rechaza la financiación del proyecto al tratarse de un importe muy bajo. Además, en caso de aceptarla, sabes que harías frente a tipos de interés elevados, puesto que esta entidad, que no tiene un historial de financiación con este cliente, percibe la financiación como arriesgada y repercute de ese modo esa prima de riesgo.

Muchas empresas verían frustrada su ambición exportadora en este punto. Por suerte, tú has escuchado que existe una vía de financiación complementaria que te puede ser de utilidad. Tras recibir asesoramiento, descubres un conjunto de instrumentos financieros con apoyo oficial —es decir, donde los fondos provienen directa o indirectamente del Estado— y que, generalmente, provienen de la Secretaría de Estado de Comercio para el caso español. En este punto, el esquema que más te convence es el de crédito comprador.

¿En qué consiste este esquema? En lugar de que tu cliente portugués te realice el pago al completo de la exportación tras cumplir los hitos de pago, este adelantará una parte, al menos el 15%, como pago anticipado. En lo que respecta al 85% restante, el Estado español se encargará de abonártelo, al tiempo que firma un convenio de crédito con el cliente portugués. El convenio definirá los detalles por los cuales el cliente devolverá ese importe adelantado por el Estado, con unos intereses pactados, en un plazo de vencimiento determinado, de manera que tú no asumes el riesgo de impago de tu cliente siempre que las condiciones de la exportación sean las convenidas.

Esta modalidad es la financiación directa. No obstante, si en lugar de recibir el adelanto del importe por parte del Estado se encargara de ello una entidad financiera a la que el Estado asegura ante impagos del cliente, entonces hablaríamos de financiación indirecta, lo que comúnmente se conocen como seguros.

Además de esto, dentro de unos años, tu empresa puede querer abrir una fábrica en Colombia u ofrecer avales técnicos para que tus clientes estadounidenses puedan reclamar un reembolso en caso de incumplir las condiciones técnicas del contrato. Para estos y otros fines, existe un conjunto de instrumentos que se adaptan a cada necesidad específica de las empresas españolas en el ámbito financiero internacional.

Abstraigámonos ahora de este caso concreto y pensemos en el apoyo que suponen estos instrumentos para el conjunto de la economía. No solo las pymes se benefician de estas herramientas, sino que empresas de múltiples sectores y tamaños hacen uso de ellas. El potencial es, sin duda, prometedor: más de 46.000 empresas fueron exportadoras regulares en 2025 —esto es, exportando al menos 1.000 euros en los últimos cuatro años— por lo que la ayuda que pueden brindar es una palanca clave para la internacionalización española.

Este conjunto de instrumentos, presente de uno u otro modo en la mayoría de las economías desarrolladas, no se considera, sin embargo, ayudas de Estado. Para ello existe un marco definido a finales de los años 70 —el conocido como Consenso de la OCDE— que acota los términos de financiación con el fin de que el apoyo financiero no se imponga a la competitividad técnica y de precios. La gran mayoría de los países exportadores desarrollados, con la gran ausencia de China, acatan en la actualidad estas limitaciones.

Por último, tras llegar a este punto, el lector podría pensar que estos financiadores generan pérdidas al contribuyente, pero estaría equivocado. La capacidad que tiene el Estado de obtener recursos financieros baratos —por la seguridad que aporta—, sumado a la diversificación que hace en sus inversiones y a la buena gestión de estas herramientas, propicia que el conjunto de los instrumentos sea históricamente superavitario.

En conclusión, para empresas pequeñas, medianas y grandes, y para proyectos de exportación e inversión, en España contamos con una herramienta que puede permitir complementar las capacidades técnicas de nuestras empresas con una oferta financiera más competitiva. Y este aumento de competitividad, como hemos visto, contribuye a potenciar los efectos positivos de la internacionalización sobre la actividad económica y el empleo.

Los armadores y tripulantes de las flotas de arrastre y de palangre de fondo del Mediterráneo, formada por más de 600 buques, tienen señalado en el calendario el 14 y 15 de diciembre. Las fechas del último Consejo Europeo de Pesa del año. Una cita en la que los Veintisiete deciden las cuotas pesqueras para 2027. A falta de que la Comisión Europea presente su propuesta, temen otro recorte en los días de pesca como los que se vienen repitiendo desde la entrada en vigor del 'Plan Plurianual de Pesca del Mediterráneo Occidental' en 2020. Fuentes consultadas apuntan, incluso, a diferencias dentro de la Comisión y recuerdan que la negociación llega con España en plena resaca electoral.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunciaba esta semana que no concurriría como candidato del PSOE y advertía que "las próximas semanas son claves para las negociaciones y la definición de la política agrícola y pesquera del periodo 2028-2034" en referencia a la nueva Política Agraria Común (PAC) o el sudoku pesquero de las cuotas. Planas reconocía también que agricultores, ganaderos y pescadores "merecen un buen resultado de las mismas".

"Las próximas semanas son claves para las negociaciones y la definición de la política agrícola y pesquera del periodo 2028-2034", ha reconocido esta semana el ministro de Agricultura Luis Planas que no será candidato el 29-N

Negociar 'en funciones' un reglamento cuestionado

Sin embargo, el titular de Agricultura más longevo de la democracia tendrá que negociar como ministro en funciones - las nuevas Cortes no se constituyen hasta el 23 de diciembre - y sobre un reglamento cuya reforma exigen desde hace años actores tan relevantes como la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y, desde este miércoles, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) que aprobó un informe en esta línea a instancias de su presidenta la eurodiputada 'popular' Carmen Crespo.

El documento, que será sometido al pleno del Parlamento Europeo en las próximas semanas, se habla de reducciones en el número de días de pesca - 'esfuerzo pesquero' - por encima del 44% en segmentos de la flota española como la de los buques de arrastre. Además, el informe aprobado por los eurodiputados, insta al Ejecutivo de Von der Leyen a presentar una propuesta legislativa el 1 de diciembre y a limitar los recortes en el esfuerzo al 20% considerando el impacto socioeconómico, entre otras cuestiones.

La interinidad de Planas es vista con preocupación por representantes de la flota como Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana (CPV) y su homólogo de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP), Domingo Bonín. "Este año es mucho peor por el tema de la representación del Gobierno, ya que hay elecciones y tendrán que ir al Consejo de Ministros europeo en funciones", opina Carmona. Bonín reconoce que "lo complica todo más".

"Este año es mucho peor por el tema de la representación del Gobierno, ya que hay elecciones y tendrán que ir al Consejo de Ministros europeo en funciones", Pedro Carmona (Federación de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana)

Sin visos de un 'nuevo' Reglamento

La Comisión Europea, según coinciden diferentes fuentes consultadas, no ha presentado hasta el momento una propuesta para modificar el citado Reglamento del Mediterráneo y se ha limitado a realizar una consulta pública previa, que se cerró el pasado 23 de junio. Lo que, añaden, hará difícil que haya una nueva legislación y obligará a negociar con las mismas reglas. Tanto el Ministerio de Agricultura como Cepesca, Europêche o Cofradías realizaron sus propias aportaciones.

El secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, Javier Garat, reconoce que ,"si se modificara antes el Reglamento, el comisario de Pesca Costas Kadis tendrá más margen para negociar, sin embargo, con el vigente es una incógnita" y fija el punto de partida de la negociación para diciembre en "los 143 días de pesca de media por embarcación" fijados en 2025.

Una compleja toma de decisiones

El también máximo representante de la patronal pesquera europea introduce otras 2 variables: Lo que, desde la flota pesquera y sus representantes, perciben como "diferencias" entre el comisario Costas y la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), así como los resultados de los informes científicos de órganos consultivos como el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF, en inglés) que se publicarán durante el mes de noviembre.

El presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP), Domingo Bonín, reconoce "una diferencia abismal de trato" con Kadis y lamenta que el actual comisario "no tenga políticamente más fuerza" frente a otros estamentos. El representante de Cofradías confía en que el Parlamento Europeo tenga "un peso importante" en el proceso

"El comisario y la DG MARE parecen entidades diferentes", lamenta Garat quien pide que se valore el esfuerzo de la flota. Bonín, de Cofradías, critica que "el actual comisario no tenga políticamente más fuerza"

"El comisario y la DG MARE parecen entidades diferentes", sostiene por su parte Garat quien pondera las medidas adoptadas en los últimos años por la flota pesquera para mejorar la selectividad de peces como la instalación de puertas voladoras en las embarcaciones, que según Carmona, cuesta alrededor de 60.000 euros. Para el secretario general de Cepesca "el problema es que esta mayor selectividad no se va a ver sobre el papel, ya que se usan datos de hace 2 años" en referencia al STECF.

Garat critica que no se estén teniendo en cuenta los datos mandados por España. La Comisión de Pesca de la Eurocámara insta en su informe a "mejorar la coordinación de la investigación científica en pesca usando los datos más actualizados a nivel europeo, nacional y regional". Los eurodiputados también piden "incrementar la interoperabilidad y el intercambio entre la bases de datos europeas de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y los institutos técnicos nacionales".

"Una situación tensa"

Pero, ¿cómo llega la flota pesquera del Mediterráneo a este punto? El también presidente de Europêche menciona otra realidad, que impacta en toda la actividad pesquera: el elevado precio del gasóleo por el conflicto en Oriente Próximo y que, según el último boletín energético del Ministerio de Agricultura publicado esta semana, se encuentra en un promedio de 1,298 euros. Esto es un 5,63% más que hace 7 días. A lo que se suma "unos precios en primera venta del pescado que no suben".

La Flota del Mediterráneo, como el resto del sector, se enfrenta a una dificultad adicional: el elevado precio del gasóleo de uso pesquero, que en solo una semana ha subido un 5,63%

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana (CPV) describe la situación de la flota como "tensa" por el elevado precio del gasóleo y señala que "muchos no saben qué hacer". Carmona cita los ejemplos de las embarcaciones de Santa Pola y Villajollosa "que están agobiados", y Bonín se queja de que un barco arrastrero de Palma tenía 230 días de pesca en 2019 de promedio, ahora solo 150 días.