El futuro de los helicópteros Pegasus de la DGT, "en el aire" tras quedar varios inoperativos
No es la primera vez que helicópteros de la Dirección General de Tráfico han tenido que dejar de volar. El 1 de septiembre del pasado año todos quedaron inoperativos debido a que no existía un contrato en vigencia con ninguna empresa para el mantenimiento de las aeronaves. La situación se prolongó durante cerca de dos meses, hasta que apareció Eliance para hacerse cargo de esta tarea y de la modernización de los Pegasus.
Ahora, es esta adjudicataria la que está atravesando una situación cercana a la ruina, tras comunicar la activación del preconcurso de acreedores a sus 230 trabajadores al registrar pérdidas de 24 millones de euros en su último ejercicio. Como consecuencia, varios helicópteros de la DGT han tenido que dejar de volar en dos comunidades autónomas.
¿Qué helicópteros de la DGT han dejado de controlar malas prácticas al volante?
Según informa Comisiones Obreras (CCOO), los Pegasus pertenecientes a las patrullas con base en Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela han dejado completamente de volar, de forma que la DGT ha quedado sin este servicio de vigilancia tanto en Andalucía como en Galicia.
La crisis de la adjudicataria choca directamente con los objetivos fijados en el contrato firmado con la DGT por 51,15 millones de euros a finales de 2025. Dicho acuerdo, proyectado para 38 meses, tenía como objetivo principal modernizar la flota e incrementar las horas de vuelo de unas 2.700 a más de 5.500 anuales. Sin embargo, la situación financiera del operador privado ha provocado el efecto contrario.
CCOO pide responsabilidades para garantizar el futuro de las aeronaves
La Sección Sindical de FSC-CCOO en el Ministerio del Interior ha remitido una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska denunciando que la gestión de la DGT ha puesto en riesgo un servicio público esencial para la seguridad vial. El sindicato recuerda que ya advirtió hace más de un año de los antecedentes de incumplimientos contractuales y penalizaciones que arrastraba la adjudicataria Eliance en otras administraciones públicas, como en el transporte sanitario aéreo de Baleares, Madrid y el Sergas en Galicia.
Desde la organización sindical critican la estrategia de la Administración de "abrir las puertas a la privatización" de la Unidad de Medios Aéreos (UMA), un servicio que desde 1989 ha contribuido activamente a reducir la mortalidad en carretera. Además, denuncian que las patrullas sufren un déficit de personal que roza el 50 % de vacantes en plantillas de pilotos y mecánicos debido a la falta de Ofertas de Empleo Público (OEP).
Ante este escenario, Fernando García Castro, secretario general de FSC-CCOO en Interior, insiste en que "la seguridad en la carretera ni se privatiza ni es un negocio". Por ello, desde el sindicato exigen a la DGT y al Ministerio del Interior que asuman responsabilidades y exploren alternativas de gestión directa y pública y proponen que se destine íntegramente la recaudación de las sanciones de tráfico a financiar las infraestructuras públicas de seguridad vial.
