El Gobierno aprobará el martes un real decreto ley que permitirá que las parejas con hijos que no estén registradas también puedan acceder a la pensión de viudedad en determinados casos. Según ha adelantado este lunes El País y ha podido confirmar La Información Económica, el Ejecutivo plantea ampliar esta prestación más allá de los matrimonios, los divorciados o las parejas de hecho, que ya cuentan con este derecho.

Así, las parejas que no hayan formalizado registralmente su situación podrán acceder a la viudedad si tienen hijos y pueden acreditar que han convivido ininterrumpidamente en los dos años anteriores a la solicitud. En este caso, bastará el certificado de empadronamiento de cada miembro de la pareja para demostrar la cohabitación necesaria para acceder a la pensión.

Además, la norma que verá la luz el martes en Consejo de Ministros prevé que las parejas que cumplan los requisitos pero en las que el fallecimiento ya se produjo puedan solicitar la prestación en el plazo de un año. Asimismo, las peticiones que hayan sido denegadas en el pasado, pero que cumplan los requisitos actuales también podrán revisarse en los próximos doce meses. Eso sí, será necesario acreditar los dos años de convivencia.

Desde Moncloa trasladan que con este cambio normativo se logra eliminar barreras burocráticas que dejaban sin protección a personas que el Gobierno considera que deberían estar protegidas.

Para que un viudo o una viuda puedan acceder a esta pensión, la pareja fallecida debe haber cotizado al menos 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Aunque cuando el fallecimiento se debe a un accidente o a enfermedad profesional no es necesario haber cotizado previamente.

En España hay registradas un total de 1.461.769 personas que perciben pensiones contributivas de viudedad, de las cuales el 95,6% corresponden a mujeres. La gran mayoría, viudas mayores de 65 años para quienes esta renta a menudo es su único sustento.

La cuantía de la viudedad es modesta, apenas alcanza los 976,3 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.374 de la pensión media del sistema o los 1.576 que cobran los jubilados. Esto se debe a que la cuantía de la prestación oscila entre el 56 y el 70% de la base reguladora del fallecido (algo parecido al salario que cobró el fallecido). En cambio, en las pensiones de jubilación es frecuente cobrar el 100% de esa base reguladora

Además, también en materia de pensiones, el Gobierno dará luz verde a una subida en las pensiones extraordinarias que cobran víctimas del terrorismo, al considerar que los importes actuales habían quedado desfasados. El Ejecutivo prevé fijar estas prestaciones en un mínimo de 2.442 euros al mes, una cantidad equivalente a dos salarios mínimos y que supera en un 36% el importe actual.

El presidente de la gran patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este lunes que los empresarios impugnarán la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos el próximo 11 de noviembre. "Es una huelga que nosotros impugnaremos porque consideramos que se ha trufado la convocatoria de temas laborales, pero no lo son", ha señalado Garamendi durante su intervención en el acto de clausura de los premios ATA al Autónomo del Año celebrados en la capital.

Pese a que la patronal puede acudir a los tribunales para cuestionar la legalidad de una huelga, su demanda por sí sola no basta para detenerla. El efecto inmediato sobre una convocatoria depende de si se da una resolución judicial antes de la fecha prevista o de si esta llega después, lo que haría que sus consecuencias fuesen posteriores.

"Me preocupa especialmente mi país", ha asegurado el líder de los empresarios, para insistir en que convocar una "huelga electoral" -que ha calificado de "electoral"- no es el camino, sobre todo porque, ha dicho, las empresas no son responsables ni de la subida del precio de la vivienda ni del alza de la inflación. El líder empresarial ha hecho un llamamiento a que "no se incendien las calles" y que se respete el "derecho a trabajar" de quienes no quieran secundar los paros.

Respecto a la cuestión de la vivienda, Garamendi ha reclamado plantear una solución a un problema "complejo" en el que haya un diálogo con los empresarios. "El sector está pidiendo desde hace mucho tiempo que nos sentemos".

Garamendi ha vuelto a poner sobre la mesa una de las quejas recurrentes de los empresarios desde la pandemia: cómo han aumentado a lo largo de este tiempo las cotizaciones a la Seguridad Social al tiempo que el Gobierno se ha negado a deflactar la tarifa del IRPF. Algo que supone un coste de 17.000 millones de euros para los trabajadores, según sus estimaciones.

El presidente de CEOE también se ha mostrado muy crítico con la decisión del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional previsiblemente antes de las elecciones. Garamendi ha vuelto a insistir en que "no toca ahora" porque ya se elevó el SMI en febrero. Desde la patronal todavía no han aclarado si los empresarios presentarán una propuesta como ya hicieran el año pasado o no.

Por lo pronto, el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo ya ha empezado a preparar la propuesta que presentará la vicepresidenta segunda, algo para lo que les ha dado de plazo hasta el puente de Todos los Santos. Es decir, unas dos semanas.

Además, Garamendi ha criticado con dureza la decisión del Ministerio de Trabajo conocida el pasado viernes de renovar el Consejo Económico y Social (CES) con las elecciones ya convocadas. "Consideramos que es una invasión ilegítima de las competencias de las organizaciones empresariales sin fundamentación jurídica", ha dicho el presidente.

Este órgano, en el que están representados sindicatos, empresarios y la sociedad civil, estaba pendiente de renovación desde hace dos años. Según informa El Economista, CEOE y Cepyme, que ostentaban 20 asientos, perderán dos en favor de las patronales alternativas Pimec y Pimeb.

El presidente de ATA (la principal asociación de trabajadores autónomos) Lorenzo Amor, ha cargado este lunes duramente contra el Gobierno y ha tachado de "nefasta" para el colectivo la legislatura recién concluida. "Hay más autónomos, pero son más pobres. Más trabas, más trámites, más obligaciones. Los autónomos dedican 200 horas al año fuera de su negocio a hacer papeles, son 3.000 euros de gasto", ha señalado Amor en su discurso de apertura de los premios Autónomo del Año.

Una gala en la que la asociación ha reconocido a las autonomías de Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha por hacer, en sus palabras, "el trabajo que no está haciendo el gobierno central". En concreto, Amor ha reconocido que estos territorios hayan introducido medidas favorables al colectivo como la cuota cero para los emprendedores o exenciones de cuota a quienes enferman.

Además, en la categoría de prensa los premios han reconocido la labor de la periodista Pilar García de la Granja, directora general adjunta del Área Editorial y de Relaciones Institucionales de Henneo y directora del programa Mediodía Cope. De la Granja ha reconocido en su discurso la labor de más de 3,5 millones de autónomos "que se levantan todas las mañanas para trabajar por ellos mismos, las familias y las personas que tienen a cargo". " Tienen ilusiones sueños pese a la situación económica, la burocracia y los impuestos", ha señalado.

Amor ha dibujado un panorama para los autónomos en el que hay "más impuestos, más inseguridad jurídica" y en la que el colectivo "no se deduce los gastos" por temor al "antojo del que te pueda revisar". En esa línea, ha criticado el aumento en las cotizaciones sociales, que ha disparado sus gastos en un 36%, según el líder empresarial.

El presidente de ATA ha calificado de "insoportable" que todavía no se aplique el IVA franquiciado para quienes facturan menos de 85.000 euros al año, como ya sucede "en el resto de países europeos" o que se mantenga el sistema de declaraciones trimestrales. "El resto hace una declaración al año", ha señalado.

Amor también ha criticado con dureza a los acampados por la vivienda en Madrid. "Hay que decir basta ya para los autónomos de la Puerta del Sol y las calles adyacentes. Los autónomos vivimos de que la gente entre por nuestros negocios no vivimos del sueldo público", ha señalado. Además, ha trasladado su "recuerdo y solidaridad" con los 2.900 autónomos de Ceuta, de los que ha dicho "han perdido más de 65 millones desde que se produjo esta invasión. No lo vamos a olvidar", ha dicho.

Once iniciativas premiadas

Los premios al Autónomo del Año, que celebran en este ejercicio su edición número 25, han reconocido once iniciativas o trayectorias profesionales de autónomos. Entre ellas, se ha premiado a las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias.

El presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, ha pronunciado un discurso en clave preelectoral en el que ha destacado la "valentía" que requiere "gobernar escuchando y pactando". "No concebimos que gobernar signifique gobernar contra nadie", ha agregado. "Le deseo a este país que abandonemos con urgencia el cortoplacismo en el que estamos instalados. Multitud de problemas no se abordan por estar más pendiente del telediario de la noche", ha señalado.

Por su parte, desde la región murciana ha ido a recoger el premio el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, quien ha destacado que los autónomos "también tienen derecho a enfermar". "Si a los autónomos les va bien, a España le irá bien", ha señalado.

Más allá de los reconocimientos a las comunidades autónomas, ATA ha otorgado galardones al Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España; al Consejo General del Notariado; al empresario segoviano Jesús Burgos a la trabajadora del lino; Carmen Riveiro; a las emprendedoras Estefanía Escolano y Erika Vicente y a la periodista María Rey.

Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT , Co.Bas, Intersindical, así como la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han registrado formalmente la huelga general del próximo 11 de noviembre para reivindicar el derecho a la vivienda y unas condiciones de vida dignas. La formalización se ha producido en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, al que han acudido los principales responsables de las organizaciones convocantes. Entre ellos los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez, así como la portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Valeria Racu.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha creado la web de la huelga para impulsar la movilización (https://huelgaporlavivienda.org/) y que reúne toda la agenda relacionada con la convocatoria: programa, actos, encuentros, movilizaciones convocadas por todo el país, afiliación,... Desde esta entidad se destaca que busca ser una forma sencilla de acceder a toda la información y persigue que "la movilización vaya mucho más allá de las organizaciones convocantes y se extienda por todos los territorios".

En un comunicado destacan que la convocatoria tiene por objetivo "paralizar el país durante 24 horas" y "une al sindicalismo laboral y al movimiento por la vivienda en una movilización conjunta contra la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la vida, la privatización de servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo de la calase trabajadora".

Desde una de las principales organizaciones convocantes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, se constata que millones de personas están viendo "cómo sus salarios y pensiones pierden poder adquisitivo" mientras que los precios de la vivienda y lo que denominan como "beneficios de rentistas", especuladores, bancos y grandes empresas siguen aumentando". A todos ellos los culpan de hacer negocios con derechos básicos y exigen "medidas estructurales que garanticen unas condiciones de vida dignas para toda la población".

Un millón de viviendas públicas y alquileres "indefinidos"

Entre las reivindicaciones de esta organización se encuentra la prohibición de los pisos turísticos y la "recuperación de viviendas vacías para el alquiler", así como la "prohibición de la compra especulativa de vivienda". A lo que se suman otras peticiones como "un gran parque público de vivienda financiado por los ricos", a través de impuestos a la riqueza para crear un millón de viviendas públicas den alquiler, así como expropiando viviendas a fondos buitre y bancos.

A lo que se añaden otras medidas como "contratos indefinidos de alquiler", la prohibición de los desahucios, bajar un 50% de los alquileres y vinculándolos da los ingresos y lo que denominan como "derechos sindicales de vivienda" (derecho a la negociación colectiva y la huelga de alquileres). A lo que se suma una petición para elevar los salarios y las pensiones "para recuperar poder adquisitivo".

La huelga del 11 de noviembre nace de las reivindicaciones por una vivienda asequible y unos mejores servicios públicos, que comenzó la Confederación de Sindicatos de Inquilinas después del desahucio de Maricarmen Abascal, que falleció 2 semanas después, en una céntrica calle de Madrid y que generó la acampadas en varios puntos del país como la Puerta del Sol. Este desahucio llevo al Gobierno a aprobar dos decretos con medidas en vivienda que fueron tumbados por el Congreso gracias a los votos de PP, Vox y Junts. Lo que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones al 29 de noviembre.

El Ejecutivo ha vuelto a aprobar ambos decretos, con algunas modificaciones, y remitido a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ambos textos para que avale ambos textos. Este organismo representativo asume las funciones de la Cámara Baja en pleno periodo electoral.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Matadepera (Barcelona) son los municipios de más de 2.000 habitantes que tienen la renta más elevada de España, con una media de 32.612 y 28.607 euros por habitante, respectivamente. Las dos cifras triplican la que registra el municipio de menor renta, Iznalloz (Granada), con 9.153 euros.

Así consta en el Atlas de distribución de renta de los hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos correspondientes al año 2024, que sitúa Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros, como el tercer municipio de más renta.

Tras ellos se encuentran Getxo (Vizcaya, 26.472 euros); Sant Just Desvem (Barcelona, 26.434 euros); Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 26.306 euros) y Las Rozas (Madrid, 26.014 euros).

El atlas, que ofrece información sobre la renta de las personas y hogares en función de su distribución geográfica a partir de datos de la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de País Vasco y Navarra, detalla que de los quince municipios de mayor renta media, ocho se encontraban en Barcelona, seis en Madrid y uno en Vizcaya.

Por lo que respecta a los municipios de menor renta media, tras Iznalloz figuran El Palmar de Troya (Sevilla, 9.321 euros), Albuñol (Granada, 9.343 euros), Chozas de Canales (Toledo, 9.547 euros), La Mojonera (Almería, 9.650 euros), Huesa (Jaén, 9.705 euros) y Badolatosa (Sevilla, 9.832 euros). De los quince municipios de menor renta media, once se encuentran en Andalucía, dos en Extremadura y dos en Castilla-La Mancha.

Casi el 90% de municipios vascos están entre los de mayor renta

La estadística revela una gran desproporción geográfica de la renta, ya que el 89,7% de los municipios vascos se encuentran entre el 25% de mayor renta (es decir, que la renta media supera los 17.157 euros), frente al 91,1% de los murcianos que están entre el 25% de menor renta (menos de 13.407 euros).

El INE también analiza la distribución de las denominadas rentas muy altas, aquellas que corresponden al 10% de secciones censales de mayor renta y que para 2024 corresponde a las que superaron los 21.652 euros de media. Las capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones censales con renta neta anual media por habitante muy alta fueron San Sebastián (60,3%), Madrid (39,3%), Bilbao (33,9%) y Barcelona (31,6%).

Por el contrario, los porcentajes más bajos de secciones censales con rentas muy altas fueron Soria y Cuenca, que no tenían ninguna, y Guadalajara, con un 1,7%. Por provincias, Guipúzcoa (20.790 euros), Vizcaya (19.858 euros) y Madrid (19.277 euros) fueron las de mayor renta en 2024, mientras que Almería (12.244 euros), Huelva (12.765 euros) y Jaén (12.835 euros), las de menor renta.

El gestor de la bolsa española, Bolsas y Mercados y Españoles (BME), ve en la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa una palanca para promover la participación del inversor minorista en los mercados, ya que esta iniciativa sentará las bases para el desarrollo del ahorro financiero de las familias y ampliará las alternativas disponibles en España. El sector financiero lleva tiempo pidiendo el fomento de una mayor presencia por parte de los particulares en aras de que se facilite su acceso al mismo mediante instrumentos sencillos y con el foco en el largo plazo.

"Esta prioridad se enmarca en un reto europeo más amplio. Europa necesita movilizar una parte mayor de su abundante ahorro privado para financiar el crecimiento, la innovación y sus prioridades estratégicas. La iniciativa Finance Europe y la Unión de Ahorros e Inversiones persiguen precisamente acercar el ahorro de los ciudadanos a la economía productiva y a los mercados de capitales", exponen desde BME en un informe publicado este lunes. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de septiembre este producto financiero a través del Real Decreto-ley 29/2026, que incorpora varios elementos "alineados" con lo que defienden desde BME.

Entre ellos se encuentra la creación de una cuenta específica de inversión, pero también la orientación hacía la financiación empresarial europea, la inclusión de ETF elegibles o la posibilidad de reorganizar una cartera sin tributación inmediata en cada operación. CAIFE -corresponde a sus siglas- cuenta con ventajas fiscales si las aportaciones se mantienen durante cinco años. A modo de ejemplo, un inversor aporta 10.000 euros y compra acciones elegibles. Dos años después las venden por 12.000 euros y reinvierte todo el importe en otro activo elegible. La ganancia obtenida de 2.000 euros no se integrará todavía en el IRPF porque el dinero permanece dentro de la misma.

Existirán dos modalidades. Por un lado, la ordinaria, que permitirá realizar aportaciones dinerarias e invertirlas en activos por un límite de 150.000 euros. Sin embargo, este umbral no se aplicará cada año ni impedirá que la cartera crezca por encima de esa cifra, ya que lo que se controla es cuánto dinero ha ingresado el titular y todavía no ha recuperado con retiradas. Es decir, si un ahorrador deposita 100.000 euros y su cartera aumenta hasta los 140.000, todavía puede aportar 50.000 euros adicionales.

Por otro lado, la cartera específica de reinversión está destinada exclusivamente a reinvertir determinadas cantidades procedentes de transmisiones de vivienda que cumplan las condiciones establecidas en la norma. En este caso, el límite asciende a 800.000 euros. Dado que está pensada para canalizar la inversión hacia la economía europea, en ambos supuestos solamente admitirá los activos expresamente previstos en la normativa. Además, las aportaciones deberán realizarse exclusivamente en dinero.

Respecto a su entrada en vigor, todavía falta el desarrollo reglamentario y la orden ministerial. Una vez aprobada, la cuenta podrá comercializarse con acciones y otros activos elegibles. Los fondos y ETF se incorporarán más adelante, cuando estén inscritos en el Registro de Instituciones y Fondos de Inversión Colectivas Elegibles de la CNMV. "La educación financiera será igualmente esencial, el inversor deberá comprender qué puede comprar, cuándo tributa, cómo se calcula una retirada y qué condiciones debe cumplir para beneficiarse de los incentivos a largo plazo", señalan.

La oleada de disturbios en Francia, unida a su delicada situación fiscal, amenazan con colocar a la segunda economía europea al borde de la crisis de deuda. La prima de riesgo gala, el sobrecoste que los inversores exigen por adquirir su deuda con respecto a lo que paga Alemania, se ha disparado este lunes por encima de los 140 puntos básicos. Se sitúa muy por encima de los 61 puntos que exigen a España, de los 94 que piden a Grecia o de los 111 de Italia. A la vez, la rentabilidad de su bono a diez años supera el 4,8%.

El hecho de que los mercados exijan más intereses a París implica que perciben más riesgo de que el Estado sea incapaz de hacer frente a sus pagos. Esto, a su vez, obliga al Gobierno debe destinar más recursos a financiarse -ya sea al emitir nueva deuda o al refinanciar la que vence-, lo que aumenta todavía más la presión sobre el presupuesto público y deja menos margen para atender a otras partidas como la Sanidad, la Educación, las pensiones... lo que obliga a reducir los gastos (recortes) o a elevar los ingresos (por ejemplo, vía impuestos).

Un momento delicado para su gobierno

Estos acontecimientos se producen en un momento delicado para el Gobierno, que trata de sacar adelante en la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuestos para 2026, con el objetivo de reducir, aunque de forma limitada, el déficit público del país, explican desde LinkSecurities. Ese agujero apenas se redujo al 5,1% del PIB al cierre del año pasado.

El objetivo del gobierno es reducir ese desequilibrio al 5% del PIB en 2027, desde el 5,4% previsto para este año. Un esfuerzo así implicaría recortes de gasto por valor de 54.000 millones de euros, incluidos 43.000 millones en nuevas medidas. En caso de no haber cambios el déficit se dispararía por encima del 6% del PIB, según el gobierno, dado el mayor desembolso en intereses y la subida del gasto social.

"Sin un ajuste fiscal considerablemente mayor, la deuda de Francia pasará del 116% del PIB en 2025 a alrededor del 129% en 2031", advierte Eiko Sievert de la agencia de calificación europea Scope Ratings. El experto explica que esto sería así incluso en un escenario relativamente favorable, en el que su economía creciese por encima del 1% los próximos cinco años -el PIB del país vecino avanzó un 0,9% el pasado ejercicio-.

Esto refleja, en su opinión, la magnitud del reto fiscal de Francia y la necesidad de un ajuste más ambicioso y sostenido que el previsto actualmente. En este contexto, "el último presupuesto del Gobierno saliente y el rumbo político que marquen las elecciones del próximo año serán decisivos para determinar si se pueden adoptar medidas suficientes y duraderas para estabilizar la deuda en relación con el PIB", añade.

El aumento de los rendimientos amenaza con generar un "círculo vicioso", en el que los mayores costes de financiación deterioren las perspectivas fiscales y exijan ajustes cada vez más importantes, apunta Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management. En su opinión, dada la importancia sistémica de Francia en la zona euro, una mayor ampliación de sus diferenciales podría trasladarse a otros mercados y complicarle la vida al Banco Central Europeo (BCE): "mantener una postura restrictiva para combatir la inflación podría agravar las presiones fiscales, mientras que suavizarla podría socavar la credibilidad de su política monetaria", asevera.

Cientos de millones de euros en daños

Los disturbios registrados durante el fin de semana en Francia han afectado a más de 2.000 comercios y provocado daños por un valor de cientos de millones de euros, estimó este lunes el presidente de la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria (CCI), Alain Di Crescenzo. "Superaremos los 2.000 comercios afectados, eso es prácticamente seguro", afirmó Di Crescenzo, al tiempo que cifró los daños en cientos de millones de euros en una entrevista en RTL de la que se hace eco la Agencia EFE.

El primer balance, elaborado la víspera a las 20.00 horas, contabilizaba unos 1.500 establecimientos afectados. Sin embargo, algunas ciudades aún no estaban incluidas en el recuento, por lo que la cifra aumentará al menos entre un 10 y un 20 %, explicó. Los incidentes continuaron durante la noche del domingo al lunes en al menos cuatro ciudades: París, Marsella, Lyon y Nantes.

La presión fiscal es un tema que siempre genera debate y polariza a la sociedad española. Por un lado, hay personas que defienden que pagar altos impuestos es esencial para el funcionamiento de servicios públicos clave del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el pago de pensiones. Por otra parte, hay quienes reclaman rebajas impositivas que sirvan para impulsar la competitividad de las empresas, la creación de empleo y el ahorro familiar.

De lo que no cabe duda es que los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos. Otra debate es el de la magnitud o progresividad de los mismos. Sin embargo, hay un tributo que suele actualizarse (aprobación de subidas o bajadas en tipo impositivo, bonificaciones...) en el periodo otoñal y que siempre ha generado enormes controversias: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Germán Orón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Jaume I, explica en el blog de salud financiera de BBVA que se trata de "un impuesto municipal que existe en toda España y grava los bienes inmuebles en sus distintas categorías (rústicos, urbanos y de características especiales)". Aunque normalmente son los propietarios los que están obligados a abonar el impuesto, hay ocasiones en las que no es así. "Deben pagarlo los que tengan la relación jurídica que la ley contempla sobre el inmueble, pues si hay superficiarios, concesionarios o usufructuarios, son estos los obligados y no el propietario", explica Orón.

De lo que no cabe duda es que este tributo supone una parte muy importante de los ingresos de los ayuntamientos. Según el último informe sobre fiscalidad local del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), presentado en 2024 y que recoge datos de 2023, el contribuyente medio en España pagó 705 euros en impuestos locales y tasas. De esta cantidad, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) representó el 66% de los ingresos por impuestos locales. Es decir: dos de cada tres euros que ingresan los ayuntamiento de tributos locales corresponden al IBI.

Sus detractores argumentan que es un impuesto regresivo y confiscatorio que no mide la capacidad económica real del ciudadano, obligándole así a pagar elevadas sumas anuales por el simple hecho de poseer una vivienda, independientemente de los ingresos de la persona. Otra crítica al IBI es que provoca una doble o triple imposición sobre la riqueza, ya que para adquirir un bien inmueble, el contribuyente ya paga impuestos por sus ingresos (IRPF) y por la compraventa (IVA o ITP), perpetuando de esta forma los pagos por un bien que ya tributó al ser adquirido.

También se cuestiona que al ser un tributo municipal, en función del partido político que en ese momento gobierne se generan grandes diferencias de precio entre municipios porque unos optan por bajar los tipos impositivos y otros por congelarlos o subirlos. Además, el IBI cuenta con un régimen de exenciones que genera tensiones políticas y vecinales. Por ejemplo, están exentos al 100% del pago del recibo los bienes de la Iglesia Católica y otras confesiones, edificios diplomáticos o los terrenos de Renfe.

En cambio, sus defensores destacan que es un ingreso importante y estable que permite a los ayuntamientos saber con precisión cuánto dinero van a recaudar cada año para garantizar que los servicios públicos esenciales se mantengan en buenas condiciones. Otro argumento a favor que es que parte de ese dinero se emplea en mantener las calles limpias, pavimentadas, iluminadas, con seguridad y con acceso a parques o transporte público, lo que eleva el precio de los inmuebles.

El IBI además es uno de los tributos más eficientes del sistema fiscal porque los bienes raíces, al contrario que el dinero en las cuentas bancarias, no se pueden mover ni esconder del control catastral. A su vez, este impuesto desincentiva la especulación inmobiliaria y las casas vacías, ya que tener un piso cerrado o un terreno sin usar conlleva un gasto anual.

¿Cómo se calcula el IBI?

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalan que "el recibo final a pagar depende principalmente de dos factores: el valor que se dé al inmueble, que se calcula a partir del valor catastral, y el tipo impositivo que se aplique en cada municipio".

"El valor catastral es la base de cálculo para la mayor parte de los impuestos ligados a inmuebles: el IBI, la plusvalía municipal, el IRPF, el ITP o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", explican de la OCU, que precisa que este valor "lo determina el Catastro conforme a unas reglas y criterios técnicos complejos y se actualiza cada año aplicando un coeficiente". "Como mínimo cada diez años se deben revisar los valores catastrales para acercarlos al 'valor de mercado'".

En cuanto a los tipos de gravamen, se aplican sobre el valor catastral son competencia del municipio, aunque deben estar siempre en el margen que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: entre el 0,4 y el 1,1% para bienes inmuebles urbanos, y el 0,3 y el 0,9% para los rústicos.

La inflación se ha disparado en España a máximos que no se veían desde hace tres años. Los precios del consumo suben un 4,9% en todo el país en medio de la crisis energética causada por la guerra en Irán, que ha agravado un Índice de precios de consumo (IPC) que ya iba más 'caliente' en España que en el resto de Europa.

Sin embargo, el alza de precios no golpea igual en todo el país. Del 5,5% que subió el IPC en Galicia o Castilla-La Mancha al 4,4% que registraron Canarias o Aragón hay un trecho importante. Las razones que explican estas diferencias son complejas y tienen que ver con cuánto han subido los precios, qué precios han subido, pero también con los patrones de consumo de cada territorio.

Hay comunidades donde el encarecimiento de la luz y las gasolinas ha pegado más fuerte que en otras. Ya sea porque los precios suben más o porque los hogares en esas autonomías dedican más parte de su presupuesto al consumo de energía. En cambio, hay territorios donde el incremento en el precio de los servicios -en particular de la hostelería- tiene un mayor impacto y viceversa.

Entre las comunidades donde los precios suben más que en el resto (Galicia, las dos Castillas, Cantabria, Navarra, Madrid y Extremadura, especialmente) confluyen varios factores. En Galicia (IPC del 5,5%) la contribución de la energía a la subida de los precios es tres décimas mayor que en el conjunto del país y la de la subyacente, otras tres.

En cambio, hay territorios donde esa mayor subida en el coste de la vida se explica exclusivamente por la crisis energética. El caso más llamativo es el de Castilla-La Mancha (IPC del 5,5%) y Castilla y León (5,4%), los dos territorios del país donde más suben los precios de carburantes, combustibles, luz y gas.

A esto, hay que añadirle que estas dos comunidades están entre las que más porcentaje de su consumo destinan a energía, lo que acentúa el efecto. En Castilla-La Mancha, el 52% de la inflación se explica por el componente energético, mientras que en Castilla y León ese porcentajes es del 45%, frente a una media nacional del 39%.

Otros territorios donde la energía es la razón por la que los precios suben más que en el conjunto del país son Madrid (IPC del 5,3%) y Extremadura (también 5,3%). En ambos territorios, los precios de la energía explican tres cuartas partes de la mayor inflación que registran respecto a la media nacional del 4,9%

En este caso, esa brecha se debe más al encarecimiento de las gasolinas para conducción que al resto del componente energético (luz, gas, gasóleo para calefacción). Estas dos comunidades son la segunda y la tercera del país donde mayor porcentaje del consumo se va al uso del vehículo personal, por lo que cualquier subida de precios, pesa más que en el resto del país.

Pero la energía no es el único motivo por el que unos territorios tienen una inflación más elevada que otros. En Cantabria (IPC del 5,4%) , los precios del turismo y la hostelería y de los alimentos explican tres cuartas partes del diferencial de inflación con el conjunto de España. Mientras que en comunidades como en Navarra (5,4% de IPC) es difícil dar con un único motivo. En este caso, los mayores precios de textil y calzado, de la calefacción, luz y agua y de los productos para la conservación de la vivienda son las principales razones.

¿Por qué en otras comunidades suben menos los precios?

Los motivos por los que el coste de la vida se ha encarecido menos en otros territorios se explican en buena medida por los mismos factores, pero en sentido inverso. En Canarias (IPC del 4,4%, el más bajo de España), la contribución de la energía está tres décimas por debajo de la media nacional y la de la inflación subyacente, dos décimas.

En buena medida, la explicación reside en que Canarias es la comunidad donde menor porcentaje del gasto se dedica a productos energéticos, por lo que cualquier subida se amortigua en comparación con otros territorios. Además, pese a ser una comunidad turística, los precios de este sector y del resto de servicios han subido menos que en el conjunto del país.

La segunda autonomía donde menos ha subido la inflación es Aragón (4,4%) y en este caso el motivo principal es el turismo y la hostelería, que contribuyen cuatro décimas menos a elevar la inflación que en el conjunto del país. Aragón es la autonomía donde menos se ha encarecido el turismo y la hostelería (2,7%) y el conjunto de los servicios (2,9%) lo que le ha permitido una inflación más contenida.

Otra comunidad donde el IPC sube menos que la media nacional es Cataluña (4,5%). La menor inflación catalana se explica fundamentalmente por el precio de los carburantes. Cataluña es una de las comunidades del país donde menor proporción del gasto de los hogares se destina a transporte personal y además es la segunda donde menos han subido los precios en este apartado.

En el caso de otro territorios con menor inflación que la media como Andalucía (4,7%), el motivo es mixto. Por un lado, la contribución de la energía es una décima menor a la media nacional, mientras que la de la inflación subyacente también es algo más baja.

Mientras que en territorios como la Comunidad Valenciana (4,8%), la diferencia de una décima respecto al conjunto del país se debe fundamentalmente a los precios de la energía que ha subido menos y pesa menos en el consumo que en la mayoría de comunidades. En sentido contrario, la Comunidad Valenciana es una de las regiones donde más se consume turismo, aunque los precios han subido algo menos que en el conjunto del país.

El error más repetido de los padres al empezar a ahorrar e invertir para los hijos es contratar el producto que sea a nombre del niño sin pensar antes en las implicaciones de hacerlo. En otras palabras, empezar la casa por el tejado porque la primera decisión debería ser a nombre de quién poner esa inversión: ¿al del hijo o al de los padres?

Y es que cualquiera de las dos opciones es válida para empezar a cimentar el futuro de los pequeños, pero también tienen sus consecuencias. Cambia quién es el propietario del dinero, quién puede decidir sobre él y hasta su tratamiento fiscal.

Qué cambia si la inversión está a nombre de tu hijo

Si abres un fondo o una cuenta de inversión a nombre de tu hijo, el dinero pasa a ser suyo desde el momento en que haces la aportación. Aunque seas tú quien ingrese el dinero y gestione la cartera mientras es menor, legalmente ese patrimonio pertenece al niño. Esto es lo primero que debes tener claro.

Mientras sea menor edad, sus representantes legales, que normalmente serán los padres, se encargarán de administrar sus bienes. Es decir, que invertirás por él y podrás gestionar ese dinero, pero sin perder de vista que no es tuyo: es del niño. El Código Civil obliga a administrar los bienes del menor con la misma diligencia que los propios y limita determinados actos de disposición sobre ellos. Por ejemplo, si quieres vender una inversión que está a nombre de tu hijo y sacar el dinero para destinarlo a otra cosa como cubrir un gasto familiar, puede ser necesaria autorización judicial. Esto es especialmente relevante si hablamos de parejas separadas.

El cambio más importante llega cuando el niño cumple los 18 años. Al ser mayor de edad, el hijo adquiere plena capacidad para decidir qué hacer con ese dinero que está a su nombre y es suyo. Si llevas años ahorrando pensando en pagar sus estudios, ayudarle con la entrada de una vivienda o cualquier otro objetivo, ya no podrás imponer ese destino. El hijo mayor de edad podrá dar el uso que quiera a ese dinero.

Por eso, poner la inversión a nombre del menor tiene más sentido cuando quieres que ese dinero sea realmente suyo desde el principio y estás dispuesto a que, llegado el momento, sea él quien decida qué hacer con él.

Esto puede tener una doble lectura cuando los padres están separados. Por un lado, queda claro que ese dinero pertenece al hijo, independientemente de quién haya realizado las aportaciones, lo que puede evitar discusiones sobre su propiedad. Por otro, esa misma titularidad puede complicar la gestión si los progenitores discrepan sobre qué hacer con la inversión. Dependiendo de cómo se ejerza la patria potestad, determinadas decisiones pueden requerir el acuerdo de ambos y, si no lo hay, llegar incluso a necesitar una decisión judicial.

Qué cambia si mantienes la inversión a tu nombre

La otra opción es invertir pensando en tus hijos, pero mantener el fondo o la cartera a tu nombre. En este caso, el dinero sigue siendo legalmente tuyo y eres tú quien decide qué hacer con él en todo momento.

Esta opción te da más flexibilidad para adaptar el objetivo o uso de ese dinero a lo largo de los años. Puedes empezar invirtiendo para pagar los estudios y terminar utilizándolo para ayudarle con la entrada de una casa o cualquier otra cosa. La ventaja de esta fórmula es que tú escoges cuándo entregárselo y qué cantidad darle en cada momento. No tienes por qué traspasarle todo el dinero cuando cumpla 18 años o puedes reservar una parte después de pagar sus estudios.

A cambio, como ese dinero no pertenece al hijo, cuando quieras que pase a su nombre habrá que pagar impuestos, como vamos a ver a continuación.

En ambos casos habrá que pagar impuestos

Uno de los mitos más repetidos es que si el dinero está a nombre del niño no hay que pagar impuestos por la donación. Nada más lejos de la realidad; lo cierto es que con la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la mano, esas entregas cuando es menor de edad también serían donaciones por las que tributar. Incluso si hablamos de 100 euros al mes, porque en España cualquier entrega tributa.

Lo que más cambia según tu decisión es el momento de abonar la donación. Si inviertes a su nombre desde pequeño, habrá que ir tributando a lo largo de toda la vida, mientras que si lo pones a tu nombre y lo traspasas después, se hará más adelante al entregarle el dinero.

En este punto sí hay cuatro matices importantes.

1. La ley exige liquidar cada donación. Si aportas 100 euros al mes a su cartera, habrá que presentar el impuesto cada mes, aunque después la cuota a pagar pueda ser muy reducida o incluso cero según la comunidad autónoma.
2. Este impuesto es progresivo, por lo que se paga más cuanto más se recibe (quien paga es el donatario). Para evitar que se rompa esa progresividad, las donaciones realizadas por un mismo progenitor al mismo hijo durante un periodo de tres años se acumulan para calcular el impuesto. A muy largo plazo, repartir las entregas sí puede producir un resultado diferente porque las donaciones que quedan fuera de esa ventana dejan de acumularse, aunque dependerá también de la normativa de cada comunidad autónoma.
3. Pagar la universidad de los hijos no se considera una donación, sino que forma parte del deber de alimento y educación de los progenitores. Si el objetivo del dinero es pagar los estudios, puedes dejarlo a tu nombre y así no habrá impuestos a pagar por la donación.
4. Si mantienes esa inversión a tu nombre y se lo traspasas después, tendrás que pagar en el IRPF por la ganancia patrimonial obtenida incluso si optas por ponerla a su nombre sin vender Eso es lo que pasa cuando un padre dona una vivienda a su hijo: el hijo paga por la donación y el padre como si hubiese vendido la casa, aunque no haya ganado nada porque es un regalo. La razón es que a efectos de IRPF lo que cuenta es el traspaso de la vivienda.

Con esto claro, la cantidad a pagar por la donación dependerá de la comunidad autónoma y de las reducciones y bonificaciones que tenga previstas. En algunos casos la cuota puede ser muy pequeña o incluso cero, aunque siga existiendo la obligación de liquidar el impuesto.

Qué opción tiene más sentido según el dinero que estés invirtiendo

Ninguna decisión es mejor que otra, todo depende de tus preferencias y visión de futuro. Sin embargo, sí que puede tener más o menos sentido según el uso que quieras hacer de esa inversión. Si hablamos de pequeñas cantidades que quieres que tu hijo aprenda a gestionar, como parte de la paga, regalos de cumpleaños o dinero que recibe de familiares, puede tener sentido que estén a su nombre desde el principio.

En cambio, para las inversiones para pagar sus estudios, ayudarle a comprar una vivienda o darle apoyo cuando sea adulto, mantenerlas a tu nombre te permite decidir más adelante cuánto darle, cuándo hacerlo y para qué utilizar ese dinero.

También puedes combinar las dos opciones: dejar una pequeña cartera a nombre del niño para que aprenda a invertir y mantener el grueso del ahorro a tu nombre. Así separas el dinero que quieres que sea suyo desde pequeño del patrimonio que todavía quieres gestionar como parte de tus propias finanzas.