El cuarto día de huelga indefinida de los profesores de la Comunidad de Madrid ha arrancado con un menor seguimiento en las aulas, pero ha elevado la tensión en las concentraciones multitudinarias en las calles. Entre ellas, el escrache a Isabel Díaz Ayuso en el centro de la capital y el corte de la A-3 a la altura del distrito de Moratalaz. La presidenta ha permanecido durante varios minutos en el interior del Palacio de Santoña, la sede que la Cámara de Comercio tiene en la calle Huertas de Madrid donde participaba en un foro. Las entradas al edificio han quedado rodeadas por centenares de manifestantes que pedían abrir las negociaciones en educación. Esto ha impedido a la dirigente abandonar el recinto. La situación ha requerido la intervención de la policía que ha cargado contra los concentrados para despejar la salida.

"Ayuso, escucha, la pública está en lucha", "más pupitres y menos fondos buitre", son algunas de las consignas que los docentes han dirigido este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Alrededor de la 13.00 horas, Díaz Ayuso ha asistido a un acto en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Debido a la presencia de la dirigente, el edificio ha quedado rodeado por una marea verde de cientos de profesores. Durante este escrache, los manifestantes han reclamado abrir una negociación en la que abordar las reivindicaciones planteadas para mejorar sus condiciones laborales.

Tras una hora de abucheos y cánticos que se escuchaban desde el interior del edificio, sobre las 14.00 horas se ha ordenado la intervención de la Policía Nacional para despejar los accesos y que la presidenta regional pudiera abandonar el edificio. "Manos arriba estás rodeada", ha coreado la gente que se concentraba en la calle. A los pocos minutos, los agentes han empezado a lanzar salvas de advertencia para alejar a los manifestantes. A estos estruendos les ha sucedido una carga policial. En estas maniobras para despejar la entrada, se ha apartado a los manifestantes hacia uno de los lados de la calle, lo que ha generado un tapón por la aglomeración. En este instante, se ha vivido uno de los momentos más tensos de la jornada debido a la imposibilidad de avanzar y por la embestida de los agentes.

"Al rincón de pensar Policía Nacional", han reprochado los docentes tras las cargas sufridas. Hacia las 14.15 horas, Díaz Ayuso ha abandonado escoltada el edificio para subirse a un coche oficial aparcado a escasos metros de la puerta principal. Alrededor de las 14.35 horas, este punto de la capital se ha ido despejando. El escrache contra Díaz Ayuso se ha producido después de la concentración programada a las 12.00 horas frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en la calle Alcalá. Al concluir esta protesta es cuando los manifestantes han decidido desplazarse de forma espontánea hacia la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

La jornada del lunes ha comenzado con piquetes informativos en los colegios e institutos y con el corte de uno de los accesos a la M-30 desde la A-3, en Moratalaz. Alrededor de 200 personas se han desplegado en uno de los ramales de la autovía y han colocado una barrera de pupitres, que sumada a un cordón de docentes ha impedido el paso de vehículos hasta alrededor de las 9.00 horas, al llegar la Policía al lugar.

Tras esta protesta, los manifestantes se han trasladado hasta el instituto Antonio Palacios, en el distrito de Puente de Vallecas, donde a las 10.00 horas estaba prevista la asistencia de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Sin embargo, la decena de manifestantes apostados a la entrada del centro pidiendo la dimisión de la titular del área ha obligado a suspender el acto. "Arriba todos a luchar, esta huelga la vamos a ganar", ha proclamado el grupo formado por unos 300 docentes.

Desde el Ejecutivo regional han expresado que a primera hora se ha comenzado a "rodear" el centro "impidiendo el normal paso de vehículos a las instalaciones e incluso utilizando bengalas". "La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se ha personado en el centro para tratar de facilitar la celebración del acto, pero ante la actitud y número de los concentrados ha recomendado que no se celebrara", han señalado las citadas fuentes.

Tras cuatro días de huelga, el apoyo de la huelga en la aula se ha reducido. Los sindicatos cifran el seguimiento en un 50%, mientras que la Comunidad de Madrid lo sitúa en un 15,4%. Durante el arranque de los paros el 14 de octubre, los sindicatos contabilizaron que el 70% de los docentes secundaron la huelga, mientras que la Comunidad situó este porcentaje en un 44,6% de la plantilla de los centros públicos. El calendario previsto por los sindicatos para el martes y miércoles centra la actividad en la celebración de asambleas informativas y acciones descentralizadas. Para el jueves, se prepara una concentración en la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el pleno semanal, y la tercera manifestación que empezará a las 18.00 horas en Atocha y finalizará en la calle Alcalá. "Esto no va a parar. La consejera tiene que tomar una decisión, tiene que sentarse y tiene que negociar", ha asegurado durante la mañana de este lunes la secretaria general de la Federación de Educación de CC OO de Madrid, Aída San Millán.

El Gobierno regional lamenta la "radicalización"

"Responsabilizo a la Delegación de Gobierno, y a Pedro Sánchez en concreto, de toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, coaccionando a los gobiernos y, casualmente, al mío", ha afirmado Ayuso antes de participar en el acto en la Cámara de Comercio del que después ha tenido dificultades para salir. "Quiero saber por qué no hay policía y no hay refuerzos allá donde es evidente que estás cosas están sucediendo. Hoy han hecho un escrache a un director general en la entrada de un instituto en Vallecas, están persiguiendo a mi consejera y quiero saber, por tanto, si esta historia de 'no habrá paz en las calles de Madrid' que está fomentando La Moncloa va a estar durante todas las elecciones", ha añadido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha preguntado si el objetivo de estas protestas es recrear la estampa de otros países europeos, como Francia. "Quisiera saber si lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el no habrá paz, porque se parece bastante a lo que está ocurriendo en otros muchos sitios. Solo quieren la violencia y el acoso, porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas", ha comentado Díaz Ayuso.

Por su parte, la consejera de Educación ha lamentado la cancelación de su visita al instituto y ha resaltado la "radicalización" de las protestas por la pérdida de apoyo en las aulas. "Nos han aconsejado no ir para no provocar mayores problemas de orden público. Estas actuaciones perjudican el normal funcionamiento de las instituciones", ha indicado Zarzalejo. "Es curioso que en la cuarta jornada de esta huelga el seguimiento son más de treinta puntos por debajo del seguimiento del primer día, mientras las concentraciones en las calles son más radicales y con síntomas de mayor agresividad", ha comentado sobre lo sucedido en el día.

Las reivindicaciones del profesorado

El profesorado madrileño se está movilizando para presionar a la Comunidad de Madrid a aprobar mejoras laborales. Las reivindicaciones se articulan a través de dos convocatorias que se desarrollan en paralelo: una organizada por el comité de huelga (en la que participan UGT y CC OO junto a asociaciones de familias, alumnos y otras plataformas) y otra programada por CSIF con paros parciales a lo largo de todo el curso.

Desde el comité de huelga demandan reducir el número de alumnos por aula para establecer ratios de 13 estudiantes en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional. Además, se recoge la necesidad de establecer cupos específicos para los alumnos con necesidades especiales. Dentro de las demandas, también se plantea implantar las 17 horas lectivas en Secundaria (en la actualidad está en marcha un proceso para aminorar la carga hasta las 18 horas semanales) y las 22 horas en Primaria (reduciendo las 25 horas semanales vigentes).

Además, los profesores consideran un agravio comparativo el hecho de que en otras autonomías esta profesión esté mejor retribuida, a pesar de que Madrid tiene la mayor renta per cápita de España y uno de los costes de vida más elevados. En este contexto, consideran necesario incrementar en 600 euros mensuales el salario. A su vez, entre las prioridades, se expone la necesidad de alcanzar una mayor "equidad y recursos para los centros de especial complejidad". En este listado se contemplan otras medidas como eliminar el actual modelo bilingüe o elaborar un plan de climatización de los centros, entre otras.

Por su parte, CSIF sitúa entre las prioridades abordar en la mesa de negociación la reducción de las ratios y las horas lectivas, así como la mejora salarial. En esta línea, una de las principales reclamaciones es crear un complemento de capitalidad para mejorar la retribución de los docentes y compensar las condiciones económicas de la región. Desde la plataforma consideran que esta opción es más adecuada que la propuesta del Ejecutivo autonómico de incluir la carrera profesional. Asimismo, plantean eliminar la carga burocrática del profesorado, reducir a 23 horas lectivas en Infantil y Primaria, reconocer como horas lectivas las funciones de jefatura, tutorías y labores de coordinación, mejorar la atención a la diversidad con más recursos o crear un plan integral de infraestructuras y climatización. Por otro lado, el sindicato ha reclamado que se introduzcan los nuevos permisos y licencias acordados.

La oleada de disturbios en Francia, unida a su delicada situación fiscal, amenazan con colocar a la segunda economía europea al borde de la crisis de deuda. La prima de riesgo gala, el sobrecoste que los inversores exigen por adquirir su deuda con respecto a lo que paga Alemania, se ha disparado este lunes por encima de los 140 puntos básicos. Se sitúa muy por encima de los 61 puntos que exigen a España, de los 94 que piden a Grecia o de los 111 de Italia. A la vez, la rentabilidad de su bono a diez años supera el 4,8%.

El hecho de que los mercados exijan más intereses a París implica que perciben más riesgo de que el Estado sea incapaz de hacer frente a sus pagos. Esto, a su vez, obliga al Gobierno debe destinar más recursos a financiarse -ya sea al emitir nueva deuda o al refinanciar la que vence-, lo que aumenta todavía más la presión sobre el presupuesto público y deja menos margen para atender a otras partidas como la Sanidad, la Educación, las pensiones... lo que obliga a reducir los gastos (recortes) o a elevar los ingresos (por ejemplo, vía impuestos).

Un momento delicado para su gobierno

Estos acontecimientos se producen en un momento delicado para el Gobierno, que trata de sacar adelante en la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuestos para 2026, con el objetivo de reducir, aunque de forma limitada, el déficit público del país, explican desde LinkSecurities. Ese agujero apenas se redujo al 5,1% del PIB al cierre del año pasado.

El objetivo del gobierno es reducir ese desequilibrio al 5% del PIB en 2027, desde el 5,4% previsto para este año. Un esfuerzo así implicaría recortes de gasto por valor de 54.000 millones de euros, incluidos 43.000 millones en nuevas medidas. En caso de no haber cambios el déficit se dispararía por encima del 6% del PIB, según el gobierno, dado el mayor desembolso en intereses y la subida del gasto social.

"Sin un ajuste fiscal considerablemente mayor, la deuda de Francia pasará del 116% del PIB en 2025 a alrededor del 129% en 2031", advierte Eiko Sievert de la agencia de calificación europea Scope Ratings. El experto explica que esto sería así incluso en un escenario relativamente favorable, en el que su economía creciese por encima del 1% los próximos cinco años -el PIB del país vecino avanzó un 0,9% el pasado ejercicio-.

Esto refleja, en su opinión, la magnitud del reto fiscal de Francia y la necesidad de un ajuste más ambicioso y sostenido que el previsto actualmente. En este contexto, "el último presupuesto del Gobierno saliente y el rumbo político que marquen las elecciones del próximo año serán decisivos para determinar si se pueden adoptar medidas suficientes y duraderas para estabilizar la deuda en relación con el PIB", añade.

El aumento de los rendimientos amenaza con generar un "círculo vicioso", en el que los mayores costes de financiación deterioren las perspectivas fiscales y exijan ajustes cada vez más importantes, apunta Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management. En su opinión, dada la importancia sistémica de Francia en la zona euro, una mayor ampliación de sus diferenciales podría trasladarse a otros mercados y complicarle la vida al Banco Central Europeo (BCE): "mantener una postura restrictiva para combatir la inflación podría agravar las presiones fiscales, mientras que suavizarla podría socavar la credibilidad de su política monetaria", asevera.

Cientos de millones de euros en daños

Los disturbios registrados durante el fin de semana en Francia han afectado a más de 2.000 comercios y provocado daños por un valor de cientos de millones de euros, estimó este lunes el presidente de la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria (CCI), Alain Di Crescenzo. "Superaremos los 2.000 comercios afectados, eso es prácticamente seguro", afirmó Di Crescenzo, al tiempo que cifró los daños en cientos de millones de euros en una entrevista en RTL de la que se hace eco la Agencia EFE.

El primer balance, elaborado la víspera a las 20.00 horas, contabilizaba unos 1.500 establecimientos afectados. Sin embargo, algunas ciudades aún no estaban incluidas en el recuento, por lo que la cifra aumentará al menos entre un 10 y un 20 %, explicó. Los incidentes continuaron durante la noche del domingo al lunes en al menos cuatro ciudades: París, Marsella, Lyon y Nantes.

La huelga indefinida de los profesores de la Comunidad de Madrid arranca su segunda semana. Los colegios e institutos de la región iniciaron el 14 de octubre movilizaciones para reclamar mejoras salariales, una reducción del número de alumnos por aula o la bajada de horas lectivas para los docentes. Este lunes empieza una nueva jornada de protestas para presionar al Gobierno regional a abrir una nueva vía de negociación en la que abordar las demandas planteadas. Sin embargo, por ahora, hay un gran distanciamiento entre los sindicatos y la Administración autonómica. El calendario de movilizaciones para esta semana arranca esta misma mañana con una concentración frente a la Consejería de Educación. Para el jueves, está prevista una protesta en la Asamblea de Madrid y una nueva manifestación entre Atocha y la calle Alcalá.

"No vamos a parar hasta conseguir lo que es justo. Defendiendo a la pública, defendemos el futuro", exponían los profesores la semana pasada. Los paros en colegios e institutos de la región comenzaron el pasado miércoles con un gran seguimiento y apoyo de los docentes. En la primera jornada, más de la mitad de los profesores secundaron la huelga y, aunque este porcentaje se redujo en las siguientes días, se mantuvo más elevado que en otras convocatorias y se calificó de "éxito". Para esta semana, el comité de huelga mantiene los paros indefinidos, mientras que CSIF ha convocado parciales en horario de mañana y tarde para los días 20, 22, 26 y 30 de octubre.

Junto a los paros, se ha fijado un nuevo calendario de movilizaciones y se mantendrán los piquetes informativos en los centros. Sobre las 12.00 horas de este lunes, está programada una protesta frente a la Consejería de Educación. El martes y miércoles la actividad se centrará en desarrollar las asambleas informativas de zona y realizar acciones descentralizadas. Para el jueves, se prepara una concentración en la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el pleno semanal, y la tercera manifestación que empezará a las 18.00 horas en Atocha y finalizará en la calle Alcalá.

El inicio de la huelga indefinida augura que las movilizaciones se extenderán en el tiempo debido a los posicionamientos adoptados por los sindicatos y la Administración autonómica. En apariencia, la posibilidad de llegar a un entendimiento parece complicada por ahora. "No vamos a aplicar ninguna medida por la huelga política y revolucionaria, salvo la de garantizar que se cumplan los servicios mínimos, denunciar cualquier acto de agresión y velar por el respeto al derecho a la educación de los alumnos y al derecho al trabajo", manifestó la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, sobre las movilizaciones y demandas, que tacha de imposibles.

Desde la Comunidad de Madrid mantienen su postura de no abrir una nuevo canal de negociaciones y remarcan que continuarán cumpliendo con las medidas acordadas con los sindicatos en el último Acuerdo Sectorial, así como avanzar en la implantación de la carrera profesional para introducir nuevos pluses para los docentes en función de sus méritos. "Queremos rechazar la pérdida de tiempo que se está invirtiendo en esta supuesta negociación cuando hay asuntos más urgentes", comentó CSIF sobre esta iniciativa. Hasta ahora, solo la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), el único sindicato que no se ha sumado a la huelga indefinida, apoya este mecanismo para introducir pluses por los méritos de cada docente.

Reivindicaciones del profesorados

Estas movilizaciones se han convocado para presionar a la Comunidad de Madrid a aprobar mejoras laborales. Las reivindicaciones se articulan a través de dos convocatorias que se desarrollan en paralelo: una organizada por el comité de huelga (en la que participan UGT y CC OO junto a asociaciones de familias, alumnos y otras plataformas) y otra programada por CSIF con paros parciales a lo largo de todo el curso.

Desde el comité de huelga demandan reducir el número de alumnos por aula para establecer ratios de 13 estudiantes en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional. Además, se recoge la necesidad de establecer cupos específicos para los alumnos con necesidades especiales. Dentro de las demandas, también se plantea implantar las 17 horas lectivas en Secundaria (en la actualidad está en marcha un proceso para aminorar la carga hasta las 18 horas semanales) y las 22 horas en Primaria (reduciendo las 25 horas semanales vigentes).

Además, los profesores consideran un agravio comparativo el hecho de que en otras autonomías esta profesión esté mejor retribuida, a pesar de que Madrid tiene la mayor renta per cápita de España y uno de los costes de vida más elevados. En este contexto, consideran necesario incrementar en 600 euros mensuales el salario. A su vez, entre las prioridades, se expone la necesidad de alcanzar una mayor "equidad y recursos para los centros de especial complejidad". En este listado se contemplan otras medidas como eliminar el actual modelo bilingüe o elaborar un plan de climatización de los centros, entre otras.

Por su parte, CSIF sitúa entre las prioridades abordar en la mesa de negociación la reducción de las ratios y las horas lectivas, así como la mejora salarial. En esta línea, una de las principales reclamaciones es crear un complemento de capitalidad para mejorar la retribución de los docentes y compensar las condiciones económicas de la región. Desde la plataforma consideran que esta opción es más adecuada que la propuesta del Ejecutivo autonómico de incluir la carrera profesional. Asimismo, plantean eliminar la carga burocrática del profesorado, reducir a 23 horas lectivas en Infantil y Primaria, reconocer como horas lectivas las funciones de jefatura, tutorías y labores de coordinación, mejorar la atención a la diversidad con más recursos o crear un plan integral de infraestructuras y climatización. Por otro lado, el sindicato ha reclamado que se introduzcan los nuevos permisos y licencias acordados.

Balón de oxígeno para Lula da Silva en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El Senado aprobó el jueves una histórica reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Tras la aprobación del fin de la escala 6x1 (seis días trabajados por semana y uno libre) todos los trabajadores con contrato tendrán a partir de diciembre derecho a dos días libres semanales. Además, la jornada laboral se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas a la semana, según el Ministerio de Trabajo.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida”, aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal (PL) del candidato Flávio Bolsonaro votó a favor, para evitar un castigo electoral (el 73% de los brasileños apoyan la medida). Sin embargo, Flávio Bolsonaro ya ha señalado al empresariado que revisará la medida en caso de que gane las elecciones.

Inicialmente, el fin de la escala 6x1 no estaba en los planes del Gobierno Lula. El detonante llegó de la mano de Rick Azevedo, un trabajador de una farmacia de Río de Janeiro, que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un vídeo en TikTok para desahogarse, tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: “Quiero saber cuando nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6×1. Es una esclavitud moderna”. El vídeo se viralizó, propiciando el nacimiento Movimento Vida Além do Trabalho (vida más allá del trabajo). La diputada Erika Hilton, que el pasado día 4 obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1. El Gobierno Lula abrazó la propuesta. La presión de Lula fue clave para su aprobación en el congreso en mayo por una amplísima mayoría.

Durante meses, Flávio ha criticado el fin de la escala 6x1 y ha defendido una ley alternativa para una “jornada flexible”, la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. “La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contradirección de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo (OIT)”, asegura a elDiario.es, Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.

Visiones opuestas

La postura de Lula y de Flávio Bolsonaro frente a la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representa la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas públicas de expansión del gasto público. 

Tijeretazo al estilo Milei. Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro anunció un “tesouraço” (“tijeretazo”) del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa de gobierno prevé la eliminación de al menos diez ministerios, reforma tributaria, bajada de impuestos y retoma de la privatización de empresas públicas. Daniella Marques, asesora de economía de Flávio Bolsonaro, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, “usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina”.

Al final del mandato de Jair Bolsonaro la deuda pública se redujo a un 72,9% del PIB. Una parte vino de la privatización de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado: se privatizaron 83 empresas públicas (el número cayó de 213 a 130). Flávio Bolsonaro ha reiterado en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno Lula, la deuda pública ha aumentado hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere abrir mano del gasto social. “Mucho dinero en mano de pocos es pobreza”, argumentó Lula en la entrevista en vivo el pasado jueves.

Programas y gastos sociales. Lula aseguró hace unos días que el tijeretazo anunciado por Flávio Bolsonaro afectará a los gastos sociales, algo refrendado por la mayoría de economistas. Maria Lourdes Mollo, profesora de economía da Universidade de Brasília (UnB), declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer cortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando “políticas como 'Farmácia Popular', 'Minha Casa, Minha Vida' y 'Mais Médicos' perdieron recursos o fueron reducidos”.

El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generaliza en el gasto social del gobierno de Jair Bolsonaro. El programa 'Casa Verde Amarela', que substituyó al histórico 'Minha Casa, Minha Vida', redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales (13,8 millones de euros) a 29,7. La inversión en el 'Farmácia Popular', que facilita medicamentos gratuitos para las rentas más bajas, cayó un 59%. El Bolsa Familia, el programa social lanzado por Lula en 2003, renombrado como Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor. Sin embargo, fue debido a una medida legislativa del congreso durante la pandemia. Lula acaba de aumentar un 15% el Bolsa Familia, que afecta a 19,28 millones de familias. Cada una de ellas, pasará a recibir 691 reales (121 euros), en lugar de 600 (105 euros). 

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro apuestan por mantener el Bolsa Familia. Aun así, Flávio ha criticado el programa y quiere vincularlo a la creación de empleo.

Salarios y pensiones. Durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó a un círculo de empresario su plan sobre pensiones. La propuesta, que acabó filtrándose a la prensa, propone aumentar a 67 años la edad de jubilación (actualmente está en 65 para hombres y 62 para mujeres). Al mismo tiempo, la economista Laura Carvalho, autora del ensayo Valsa brasileira. Do boom ao caos econômico, denunció en el podcast Calma Urgente que Flávio Bolsonaro quiere desvincular el aumento de las pensiones al aumento del salario mínimo. La medida evitaría el ajuste automático del salario mínimo gracias a la Política de Valorização Permanente do Salário Mínimo, creada por Lula en 2003 y retomada en 2023. Aunque Jair Bolsonaro aumentó tanto el salario mínimo como las pensiones de acuerdo a la inflación, abandonó la política su revalorización que, además de la inflación, aplica también el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.

Por este motivo, el salario mínimo en Brasil se ha revalorizado proporcionalmente más durante el gobierno Lula. El salario mínimo en Brasil ha pasado de 1.212 reales (212,2 euros) al final del mandato de Jair Bolsonaro a 1.621 reales (283,8 euros) en 2026. El salario medio es de 3.777 reales.

Inflación y economía cotidiana. El gobierno Lula sale mejor parado que el gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a control de la inflación. El aumento de los precios acumulado durante el gobierno Lula, hasta septiembre, fue de un 17,9%, según el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En los últimos doce meses, la inflación de Brasil se sitúa en el 4,58%. Durante el gobierno de Bolsonaro, hasta septiembre de 2022, la inflación acumulada fue del 25,26%. El peor año fue 2021, cuando la inflación escaló a un 10,16% anual. Sin embargo, con el alza del precio de la gasolina por la guerra de Irán y de algunos productos agrícolas por el cambio climático y la demanda global (por ejemplo, el café) la sensación de que la vida está cara está generalizada. En agosto, durante los primeros días de la campaña electoral, el equipo de Flávio Bolsonaro viralizó muchos vídeos a pie de supermercado denunciando el alto precio de los productos. 

Patricia Costa, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), aseguró a TVT News, que la insatisfacción tiene su raíz en el fuerte aumento de los alimentos durante el gobierno de Jair Bolsonaro: “En la pandemia, el precio del aceite de soja se duplicó. Llegó a unos 6 reales (1,04 euros) y nunca más bajó. El conjunto de la cesta básica aumentó el 68% entre 2019 y 2022 en la ciudad de São Paulo y 14% durante el gobierno Lula”. Durante el gobierno Bolsonaro (entre enero de 2019 y agosto de 2022), los alimentos y las bebidas aumentaron un 44,2%, frente a un 17,1% del gobierno Lula hasta el pasado agosto. El boletín de Dieese revela que algunos productos como el arroz han disminuido su precio durante el gobierno Lula. El kilo de arroz, que llegó a costar en agosto de 2024, 5,88 reales (1,02 euros), cayó a 4,45 (0,77) en agosto de este año gracias a la Política Nacional de Abastecimiento Alimentar (PNAAB) puesta en marcha por Lula en diciembre de 2023 mediante decreto presidencial. El decreto facilita que el gobierno acumule reservas de alimentos básicos, para lanzarlos al mercado en tiempos de escasez. 

Endeudamiento familiar y apuestas online. En agosto, Brasil batió el récord de endeudamiento familiar. El 81,7% de las familias tiene algún tipo de deuda, según la Pesquisa de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic). “El gran villano continúa siendo la tarjeta de crédito. Muchas personas reciben límites de crédito mayores del que consiguen soportar”, aseguró la economista Carla Beni, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a G1.

Sin embargo, el verdadero aumento del endeudamiento se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si a comienzos de 2019, el porcentaje de familias endeudadas estaba en un 59,8%, a finales de 2022 alcanzó el 79,3%. Detrás de la relativa estabilidad del porcentaje de familias endeudadas durante el gobierno Lula están algunas políticas públicas del gobierno Lula, como el programa Desenrola 2, que disponibilizó dinero público del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para reducir deudas. Por otro lado, la gran apuesta para acabar con el endeudamiento de Lula ha sido la prohibición de las apuestas online. Las bets, como se conocen popularmente, representan el mayor motor del endeudamiento familiar en Brasil. Por otro lado, durante la campaña electoral, Lula consiguió presionar al Congreso y al Senado para la aprobación de un proyecto complementario de la ley de autónomos (Microemprendedor Individual en Brasil, MEI) que perdona parte de las deudas con los bancos públicos. La elevada tasa oficial de tipos de interés durante el gobierno Lula, establecida de forma independiente por el Banco Central, ha sido un impedimento para la reducción del endeudamiento familiar. En la actualidad es de un 13,75%. Jair Bolsonaro comenzó su mandato en 2019 con un 4,50% de tipos de interés. 

Por su parte, Flávio Bolsonaro se opone a la prohibición de las bets. Su propuesta para reducir el endeudamiento de las familias va en la dirección de Lula: comprar deudas y refinanciarlas con tipos de interés menor con dinero público. 

Poder adquisitivo, desigualdad y empleo. La renta domiciliar per cápita de Brasil alcanzó los 2.316 reales (405,4 euros), según el Instituto Brasileño Geoestadístico (IBGE). La cifra, un récord histórico, representa un aumento significativo (en 2022 era de 1.625). El aumento fue más acentuado en quienes ganan menos. A pesar de ello, el 10% más rico de la población aumentó un 8,7% su renta.

El aumento de la renta domiciliar per cápita, además de estar vinculado a los programas sociales, está directamente relacionado con a caída del desempleo. Lula ha conseguido el pleno empleo, situando la tasa de paro al 5,3% en agosto, según la Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). Jair Bolsonaro, cuyo gobierno registró un 14,2% de desempleo en 2020, acabó su mandato con un 8,4%. Además, durante el gobierno Lula el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%). Por otro lado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro Brasil entró en el mapa del hambre de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entre 2019 y 2021. Brasil volvió a salir del mapa del hambre en el trienio 2022-2024, cuando el porcentaje de la población que sufre con malnutrición o falta de acceso a la alimentación cayó a menos del 2,5%. 

La economista Juliane Furno, destaca en un artículo en Le Monde Diplomatique, la importancia de la exención de impuestos aprobada por el gobierno Lula a finales de 2025 para quien gana hasta 5.000 reales al mes (874,6 euros): “La exención del impuesto de la renta financiada por una tributación mínima sobre las altas renda representa el primer movimiento histórico concreto en décadas para volver menos regresiva la estructura tributaria brasileña”. Por otro lado, la reciente aprobación de la ley complementaria de autónomos aumenta el techo de facturación de 80.000 a 110.00 en 20227 y 140.000 en 2028.

PIB, bolsa y economía global. Cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, el país ocupada el noveno lugar en el ranking de economías del mundo. El decrecimiento de 3,3% en 2020 arrastró a Brasil hasta la decimotercera posición. A pesar de que Brasil creció en 2021 (4,8%) y 2022 (2,9%), no volvió a figurar entre las diez economías más grandes del mundo hasta el gobierno Lula. En 2023, Brasil volvió a ocupar la novena posición. Desde 2024 hasta la actualidad, Brasil ocupa el décimo puesto. Durante el gobierno Lula, el PIB de Brasil creció moderadamente: 3,2% en 2023, 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025 . En 2026, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento será de un 2,2%. El FMI prevé que sea la octava economía del mundo en 2027, con un PIB proyectado de 2,65 mil millones de dólares, muy cerca de Italia (2,7 mil millones) y de Rusia (2,83).

En comercio, externo, Lula sale mejor parado que Jair Bolsonaro. La balanza comercial durante el gobierno de Jair Bolsonaro acumuló un superávit de 208,5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Secretaría de Comercio Exterior. El gobierno Lula, hasta el mes de agosto, acumula un superávit de 365,9 mil millones. 

Por si fuera poco, Lula también ha conseguido atraer más capital extranjero que Jair Bolsonaro.

La bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). De enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026, el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño aumentó un 69,8%. Bajo la gestión de Bolsonaro, el índice subió apenas un 24,86%. De cualquier forma, el aumento de inversión extranjera está relacionado a los elevados tipos de interés. “Nuestros tipos de interés está algo por problemas fiscales. Si reduces un poco la tasa, el capital extranjero, se va”, aseguró Marx Gabriel, CEO de MB Consultoria, a UOL.