La Junta Electoral Central (JEC) no ha dejado de planear sobre la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. "Por respeto a la JEC, no puedo responder": esa ha sido la fórmula más repetida por Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, cuando le han preguntado por la oposición, la visita a Madrid del presidente argentino, Javier Milei, o detalles sobre las medidas aprobadas por el Gobierno. La cautela llega una semana después de que este órgano abriera un expediente sancionador a Pedro Sánchez por la comparecencia del 6 de octubre en la que anunció los nuevos decretos de vivienda. El organismo no cuestionó que el Ejecutivo aprobara esas normas, sino que el presidente aprovechara una intervención desde Moncloa para criticar a la oposición, reivindicar los logros del Gobierno o reclamar una mayoría parlamentaria.

La JEC pidió retirar esas manifestaciones valorativas de los canales oficiales e instó a Sánchez a respetar la neutralidad política durante el periodo electoral. El expediente sigue abierto y puede acabar en multa, pero todavía no hay una sanción firme. La distinción es relevante: el reproche es por el uso de una comparecencia desde una institución como La Moncloa para lanzar mensajes de campaña, no a que el Consejo de Ministros aprobara decretos.

En Presidencia calibran ya la fórmula para separar ambas cuestiones sin exponerse a posibles expedientes y multas. El Gobierno admite que está midiendo sus palabras, pero defiende que puede seguir gobernando y aprobando normas durante el periodo electoral. Fuentes gubernamentales aseguran que la Abogacía del Estado avala esa capacidad y que las medidas son perfectamente legales. "Lo seguiremos haciendo", avanzan. De hecho, el Consejo de este martes ha vuelto a aprobar un paquete de medidas sociales, entre ellas, la ampliación de la pensión de viudedad a determinadas parejas con hijos, en la línea de los ya apodados como 'martes sociales'. Pero la propia Saiz ha evidenciado los límites que el Ejecutivo quiere imponerse a la hora de comunicar y sacar pecho de estas medidas.

Preguntada por la ampliación de la pensión de viudedad a parejas con hijos que no formalizaron su relación, la portavoz ha explicado que la medida es fruto de "meses de trabajo" y ha defendido que el rigor fiscal es compatible con "no dar un paso atrás". Después ha cortado su respuesta: "Por respeto a la JEC, aquí me voy a quedar". La frase resume el equilibrio que busca Moncloa: presentar las nuevas medidas y defender que puede aprobarlas, evitando que la explicación derive en una reivindicación política que pueda interpretarse como electoralismo.

La cautela de la sala de prensa, que se ha repetido en varias respuestas, ha contrastado con el tono de varios ministros socialistas en declaraciones recogidas por Europa Press en el Congreso, donde acudían a un acto de homenaje al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Arcadi España, titular de Hacienda, y Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, apelaron al voto "útil" para el PSOE y presentaron al PP y a Vox como dos partidos con planteamientos que coinciden plenamente. España sostuvo que ambos comparten con Milei recetas de "recortar" y "privatizar", y afirmó que esa es la política que aplican cuando gobiernan.

La negociación, sin embargo, aún no se ha traducido en un acuerdo cerrado. Feijóo ha confirmado que PP y Vox están hablando. La estrategia de los socialistas, que evitan parecer preocupados por un posible pacto, es convertir esos contactos en munición electoral: el PSOE presenta un posible entendimiento como una prueba de que no hay una distancia política entre ambos partidos.

Ese argumento sí se ha formulado abiertamente fuera del Consejo, aunque en privado. Fuentes gubernamentales lo expresan en términos aún más tajantes: si el pacto se materializa, sostienen, confirmaría que "no hay distancia" entre PP y Vox. "Tanto monta, monta tanto. La realidad es que el PP es ultraderecha", sentencian. Así, mientras los ministros esquivaban en Moncloa las preguntas que podían llevarles al terreno partidista, otros trasladaban desde el Congreso el mensaje electoral que el Gobierno quiere colocar en el centro de la campaña.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de mejoras de varias prestaciones de la Seguridad Social que perciben algunos colectivos específicos. Entre ellas, una ampliación del acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni registradas como parejas de hecho, para aquellas con hijos que acrediten dos años de convivencia, así como una ampliación de las prestaciones para padres con hijos con enfermedades graves (CUME), para huérfanos y víctimas por violencia de género, algunas bajas derivadas de la menopausia y debidas a catástrofes, entre otras.

A falta de la letra pequeña del real decreto-ley aprobado, la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha informado de esta “ampliación de la acción protectora” de la Seguridad Social para estos colectivos, que ha justificado por la necesidad de una mejor “cobertura” de estas situaciones.

Acceso a la viudedad sin estar casado ni ser “pareja de hecho”

Entre los principales cambios destaca, por su potencial número de beneficiarios, la ampliación del acceso a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni registradas como parejas de hecho formalmente, una realidad en alza.

Saiz, que había avanzado ya esta medida esta mañana en una entrevista en TVE, ha añadido que se abrirá “una ventana de un año” para que las parejas que cumplan con estos nuevos requisitos puedan pedir su derecho a la pensión de viudedad. “La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud”, indica el Ministerio de la Seguridad Social.

Bajas especiales por menopausia y víctimas de violencia de género

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pasarán a tener la consideración de bajas especialmente protegidas dos nuevas situaciones: las mujeres que sufran “patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia” y las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género y cuyas lesiones “les impidan trabajar”.

Saiz ha señalado que estas tendrán una “protección mayor” que las incapacidades temporales comunes, ya que se cobrará “desde día siguiente a la baja” y no exige periodo de carencia (cotización mínima) y porque la prestación que cobrarán estas trabajadoras se ampliará al 60% de la base reguladora y al 75% a partir del día 20. Entre estas bajas especiales figuran también actualmente las incapacidades temporales por reglas dolorosas o por interrupción voluntaria del embarazo aprobadas en la pasada legislatura.

“Protegemos a una parte importante de la fuerza laboral de nuestro país y damos respuesta a situaciones que estaban invisibilizadas y a brechas que llevaban padeciendo las mujeres y que van a contar con una protección más adecuada”, ha afirmado la ministra.

Pensión de orfandad por asesinatos machistas

Además, el real decreto aprobado este martes contempla otra medida en materia de violencia machista: la ampliación de las pensiones de los hijos e hijas que se quedan huérfanos al ser asesinadas sus madres por esta causa. Según ha detallado la ministra, el importe mínimo pasará a ser el “doble del salario mínimo interprofesional”, que se sitúa a día de hoy en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Actualmente, estas pensiones se calculan en función de la base reguladora y pueden alcanzar del 20 al 75% de la misma. Si hay más de un beneficiario, no puede superar el 118%.

La portavoz ha querido agradecer a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, su “intenso trabajo” desde hace “mucho tiempo” y ha recordado que estas medidas “están contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género” que renovaron todos los partidos excepto Vox. “Estas son políticas responsables frente a los negacionistas de la violencia de género, políticas útiles que mejoran la vida de las personas”, ha añadido.

El Gobierno también ha incorporado una medida para reforzar la protección de los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación. Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales, además de alargar el tiempo durante el que puede percibirse de los 18 meses actuales hasta el momento en que “se extinga” la obligación.

CUME: prestación para cuidar a hijos con enfermedad grave

El Consejo de Ministros también ha aumentado la prestación CUME, destinada a padres y madres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar hijos con cáncer y otras enfermedades graves. Saiz ha afirmado que se permitirá la percepción “alternativa o simultánea”, con lo que tratan de favorecer la “corresponabilidad” que la ministra ha destacado que ahora no se contemplaba.

Además, la prestación podrá recibirse “más allá de los 26 años en el caso de que los hijos e hijas afectadas por esta enfermedad tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3”. Y Saiz ha afirmado que el Gobierno trabaja también en el reglamento que regula la prestación CUME, que “está a punto de ver la luz”.

Prestaciones como “accidente de trabajo” por catástrofes

El real decreto-ley también recoge una mejora de las prestaciones para personas trabajadoras “afectadas por acontecimientos catastróficos”, ha sostenido Elma Saiz, como puede ser el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates.

Así, la ministra ha explicado que se contempla su asimilación a “la situación derivada de accidente de trabajo”, con las mejoras correspondientes en las prestaciones “con motivos de estas catástrofes”, como la incapacidad temporal (baja médica) así como prestaciones por incapacidad permanente o por defunción.

Esta medida “ya se ha probado excepcionalmente” por el Gobierno en catástrofes como la dana de Valencia, ha recordado Saiz, pero se pretende incluir esta ampliación para otros acontecimientos en el futuro. Se aplicará a trabajadores por cuenta ajena y también a trabajadores autónomos, ha explicitado la ministra.

Los robotaxis de Google ponen rumbo a España después de iniciar su periplo europeo en Londres. Waymo, la compañía de conducción autónoma de Alphabet, ha anunciado su expansión a la Comunidad de Madrid, donde prevé ofrecer viajes de pasajeros sin conductor en 2027. La región será su primer destino español y el punto de partida de lo que la empresa presenta como “un compromiso a largo plazo” con el país.

El despliegue comenzará antes, aunque con personas al volante. Según ha comunicado Waymo, sus vehículos “ya están de camino” y en las próximas semanas empezarán a recorrer las calles “con especialistas formados”, que recopilarán “los datos necesarios” para preparar las futuras “operaciones totalmente autónomas”. Las pruebas se desarrollarán en entornos urbanos de Madrid capital, Alcobendas y Getafe, según ha confirmado la compañía a El País.

El anuncio concreta unos planes de entrada en España de los que ya había señales: la compañía había creado Waymo Iberia SL, con sede en Madrid. Se suma así a otros proyectos que han situado a la capital española en el mapa de los robotaxis. Uber, la china WeRide y Avomo, del grupo Moove Cars, anunciaron en junio un piloto comercial con viajes que podrán solicitarse desde la aplicación de Uber. En esa alianza, WeRide aporta la tecnología de conducción autónoma y Avomo se encarga de la gestión de la flota.

Las empresas mantienen como objetivo iniciar las operaciones comerciales a finales de 2026, sujeto a completar los preparativos y cumplir los requisitos operativos y regulatorios necesarios, y en septiembre comunicaron que habían obtenido la autorización de la DGT para comenzar las pruebas: una veintena de unidades, todavía con conductor, recopilan información sobre las vías y el tráfico en Alcobendas y el norte de Madrid. Los trabajos de mapeo incluyen Hortaleza y los entornos de la A-1 y la M-40.

Cómo se prepara un coche para conducir solo por Madrid

La tecnología que controla los vehículos se llama Waymo Driver. Combina sensores y software para interpretar lo que ocurre alrededor del coche y decidir cómo avanzar: desde reconocer un semáforo hasta detectar a un ciclista o anticipar el movimiento de otro vehículo.

Según explica la compañía en su documentación técnica, el sistema utiliza cámaras, radares y sensores LiDAR: las cámaras permiten reconocer elementos visuales del entorno, el LiDAR emplea pulsos de luz láser para construir una representación tridimensional de lo que rodea al coche y el radar aporta información sobre la distancia y la velocidad de los objetos.

Esos datos se procesan a bordo para identificar obstáculos y planificar la conducción en tiempo real. Además, antes de comenzar a operar en una nueva zona, Waymo elabora mapas detallados con elementos como carriles, pasos de peatones, bordillos y señales. El vehículo combina esa información con lo que captan sus sensores para situarse en la vía.

Los primeros vehículos de Waymo que circularán por Madrid serán Jaguar I-Pace eléctricos equipados con la quinta generación de su sistema de conducción autónoma. Aunque la compañía ya dispone de nuevas plataformas, como los vehículos de Zeekr, del grupo chino Geely, comenzará el despliegue español con el modelo que ha utilizado en buena parte de su expansión estadounidense.

Más de 20 millones de viajes

La compañía llega a este anuncio con un servicio ya desplegado en Estados Unidos. Según las cifras que incluye en su comunicado, Waymo está disponible para el público en 15 grandes ciudades estadounidenses, acumula más de 20 millones de viajes de pago y realiza más de 500.000 trayectos semanales de este tipo.

La seguridad es otro de los argumentos de la empresa. Waymo sostiene que, en su análisis de más de 400 millones de kilómetros recorridos sin conductor humano y únicamente con pasajeros, su sistema registró un 95 % menos de siniestros con lesiones graves o mortales en comparación con conductores humanos. También comunica reducciones del 93 % en las colisiones con peatones que provocaron lesiones y del 86 % en las colisiones con ciclistas con lesiones, independientemente de la culpabilidad.

En su experiencia madrileña, Waymo operará bajo el marco de pruebas de vehículos autónomos de la DGT: “La Dirección General de Tráfico ha establecido un marco claro para impulsar las pruebas y el despliegue seguro de la movilidad autónoma, y nos comprometemos a respaldar esa visión a través de pruebas rigurosas, transparencia y una estrecha colaboración con los organismos reguladores a todos los niveles”, afirman.

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Los seis delegados del Gobierno que figuran en las listas del PSOE a las elecciones generales serán cesados en el Consejo de Ministros de este martes de acuerdo con la ley electoral y según confirma Moncloa a 20minutos. Los que figuran en las listas del PSOE ratificadas por el Comité Federal del partido son Pilar Bernabé, en la Comunidad Valenciana; Adriana Lastra, en Asturias; Pedro Fernández, en Andalucía; Carlos Prieto, en Cataluña; Fernando Beltrán, en Aragón, y José Luis Quintana, en Extremadura. El cese de Bernabé coincide con la emergencia de la DANA Adam, que ya se ha saldado con tres muertes y graves inundaciones en la Comunidad Valenciana, por lo que la persona que la sustituya se quedará al frente de esta emergencia.

Las listas del PSOE para el 29-N no solo incorporan a once ministros —que pueden concurrir sin dejar sus carteras—, sino también a trece cargos que hasta ahora representaban al Gobierno en el territorio: seis delegados y siete subdelegados. Sánchez implica así a su equipo de Gobierno ofreciéndoles un puesto de salida en las listas y, al mismo tiempo, lleva a las candidaturas una parte de la estructura territorial del Ejecutivo, como son los delegados y los subdelegados. Eso sí, esta última maniobra obliga a reorganizar esas delegaciones justo cuando el partido entra en campaña.

Los ceses se formalizan este martes porque el plazo para presentar candidaturas ante las juntas electorales comienza este miércoles 21 y termina el lunes 26 de octubre. El siguiente Consejo de Ministros está previsto para el día 27, demasiado tarde para resolverlo dentro del calendario electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) incluye expresamente a delegados y subdelegados entre las causas de inelegibilidad mientras ocupen esos puestos, de ahí que deban dejar sus cargos antes de que se registren las listas.

El cese de Pilar Bernabé es el que puede tener un efecto más inmediato en la gestión territorial del Ejecutivo. La delegada dejará el cargo este martes en plena emergencia por la DANA Adam, que ha anegado varios municipios y ha obligado a activar evacuaciones y rescates. En las últimas horas, Bernabé ha pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas y eviten desplazarse. Su salida fuerza al Gobierno a relevar a una de sus principales interlocutoras sobre el terreno justo cuando siguen las tareas de respuesta al temporal.

El movimiento tiene también una clara lectura electoral. Bernabé encabezará la lista del PSOE al Congreso por Valencia, por delante del ministro Arcadi España y de Rebeca Torró, secretaria de Organización del partido. Y no es una candidatura aislada: el PSPV la ha situado como su apuesta para intentar recuperar la Alcaldía de Valencia en 2027. La proyección de Bernabé se consolidó, precisamente, tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Como delegada, se convirtió en una de las voces más visibles del Gobierno central durante la emergencia. Ahora vuelve a situarse en el centro de otra emergencia, pero esta vez mientras deja el puesto de delegada.

Lastra vuelve a Madrid

Entre los delegados que irán en las listas hay perfiles de distinto peso político. Adriana Lastra, ex vicesecretaria general del PSOE, vuelve a encabezar la lista por Asturias y será sustituida al frente de la Delegación por Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco. El regreso de Lastra al Congreso también tiene una lectura orgánica. La ex vicesecretaria general vuelve a primera línea después de una etapa marcada por las pugnas internas del PSOE, en especial sus choques con el entonces secretario de Organización José Luis Ábalos. Las grabaciones intervenidas a Koldo García sacaron a la luz ese enfrentamiento. Ábalos, exministro de Transportes, está ahora en prisión por el caso de las mascarillas, mientras que Lastra vuelve a la primera línea política.

En el caso de Pedro Fernández, liderará la candidatura al Senado por Granada y Fernando Beltrán, la lista al Congreso por Zaragoza. Carlos Prieto, delegado en Cataluña desde 2023, ocupará el séptimo puesto del PSC por Barcelona. En Extremadura, José Luis Quintana encabezará la lista al Senado por Badajoz: Ferraz lo elevó del tercer al primer puesto, desplazando a Rafael Lemus, que había sido propuesto por la dirección provincial. María Teresa Macías asumirá la Delegación tras su salida.

A la lista de delegados cesados se suman siete subdelegados. Cinco de ellos concurren en Andalucía: José Antonio Montilla, número tres al Senado por Granada; Francisco Curri Toscano, tercero al Congreso por Sevilla; José María Martín, cabeza de lista al Senado por Almería; Javier Salas, tercero al Congreso por Málaga; y Ana López Losilla, número tres al Senado por Córdoba. Los otros dos son los subdelegados gallegos Obdulia Taboadela, por A Coruña, y Abel Losada, por Pontevedra. Con su incorporación, las candidaturas socialistas reúnen a más de una veintena de cargos del Gobierno.