Con el presidente Javier Milei todavía de viaje en España, la secretaria general, Karina Milei, recibió este martes en la Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para continuar reforzando el vínculo entre ambos países, justo en un momento en el que comienzan a definirse la llegada de importantes inversiones en infraestructura, energía, minería y transporte, mientras caen otras.

La reunión coincidió con el avance del proyecto Corredor Andes-Atlántico, pero también con la decisión de Grupo México de retirarse de la licitación para privatizar el Belgrano Cargas, uno de los procesos que administración libertaria buscaba incorporar al esquema de capitales extranjeros.

Durante el encuentro, la funcionaria y el diplomático analizaron “la sólida relación bilateral“ entre ambas naciones, los “distintos proyectos de desarrollo e inversión que empresas americanas tienen en Argentina” y el “contexto político y económico” local, según informó oficialmente Presidencia.

La hermana del mandatario fue quien invitó al representante de la Casa Blanca, que fue a la cita acompañado por Heidi Gómez Rápalo, su ministra consejera y número dos de la Embajada.

La reunión se produjo mientras el Gobierno busca profundizar los vínculos con Washington y generar condiciones para que compañías estadounidenses participen de las obras previstas en sectores considerados estratégicos.

“Estamos poniendo la plata sobre la mesa”, expresó recientemente Lamelas, durante la cumbre de energía organizada por la Cámara de Comercio Argentina y Texas, en la que precisó que la gestión de Donald Trump ya comprometió 20 mil millones de dólares hasta el 2027, cifra que podría ampliarse dependiendo del desempeño de Milei en las urnas, anticipó.

Uno de esos proyectos es el mencionado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta que contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones durante 2027 para ampliar la infraestructura de energía, minería, transporte y telecomunicaciones.

El programa, que fue anunciado en el marco de la última cumbre de líderes de la ONU, en Nueva York, apunta a conectar el noroeste argentino, donde se concentran recursos vinculados con la minería, y la cuenca de Vaca Muerta, con los puertos del Atlántico.

El esquema incluye obras ferroviarias, oleoductos, gasoductos, redes eléctricas, puertos, vías navegables y proyectos de conectividad digital.

De ese total, unos USD 6.000 millones están vinculados con Argentina LNG, el plan de exportación de gas natural licuado que lidera YPF junto con la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

La iniciativa cuenta con la posibilidad de acceder al respaldo de organismos estadounidenses como la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y el Export-Import Bank (Eximbank).

El acuerdo bilateral también prevé identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar líneas ferroviarias, entre ellas el Belgrano Cargas, cuya privatización fue incluida dentro de los sectores que podrían recibir inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sin embargo, en paralelo con la reunión en Casa Rosada, el Grupo México Transportes comunicó que no avanzará en la licitación para quedarse con la concesión ferroviaria, que tiene como fecha límite para presentar ofertas el 11 de noviembre.

“En relación con el proceso de licitación del Belgrano Cargas, Grupo México informa que ha decidido no avanzar en la contienda”, señaló la compañía, que era el único competidor extranjero que había manifestado públicamente su interés en el proceso y que había comprometido inversiones por hasta USD 3.000 millones.

Fuentes cercanas a la empresa precisaron a Infobae que existió “un interés genuino y prioritario” por el proyecto ferroviario argentino y que en los últimos meses se realizó “un análisis integral de la oportunidad”.

No obstante, sostuvieron que la firma, que contaba con el respaldo de la Secretaría de Estado norteamericana, decidió retirarse al evaluar las condiciones del pliego y advertir la necesidad de mayores precisiones sobre aspectos técnicos que “todavía presentaban incertidumbres“.

Entre los cuestionamientos que planteó la empresa aparecía el funcionamiento del sistema de acceso abierto, conocido como open access. El modelo establece que el futuro concesionario deberá administrar y mantener la infraestructura ferroviaria, pero tendrá que permitir que otros operadores circulen por la red a cambio del pago de un peaje.

La compañía consideraba que la iniciativa no precisaba de qué manera se aplicaría ese mecanismo y advertía que un oferente con una propuesta de peajes bajos y menor nivel de inversión podría resultar más competitivo que otro dispuesto a modernizar las vías. “Son pliegos malos”, resumieron fuentes del sector.

La licitación comprende 7.594 kilómetros de vías a través de esas tres líneas, que recorren 16 provincias y tienen conexión con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

El Gobierno estableció un contrato de concesión por 50 años, sin subsidios estatales ni canon, en el que el adjudicatario obtendría ingresos por el cobro de peajes y por la explotación comercial de los inmuebles cercanos a la traza.

Tras la salida de Grupo México, siguen como posibles interesados el consorcio conformado por Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas, además del Grupo Roggio y de la minera Rio Tinto, que podría participar como socia inversora de algún oferente.

La reunión de Karina Milei con el embajador estadounidense se dio, así, en un momento en el que el Gobierno busca sostener el impulso de los proyectos vinculados con el Corredor Andes-Atlántico y el RIGI, pero deberá resolver las dudas que plantearon potenciales inversores sobre los pliegos y las condiciones de las concesiones de infraestructura.

A partir de las trabas en las negociaciones, los imprevistos en el Congreso y la falta que tiempo, el Gobierno comenzó a pedir de forma más directa y todos los sectores posibles el apoyo para eliminar o, en su defecto, suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque todavía persisten las diferencias internas sobre algunos puntos clave en torno a esta discusión, como los cierres de las alianzas y las concesiones que el oficialismo debe estar dispuesto a hacer para alcanzar los consensos.

El tema fue uno de los ejes de la mesa política que se reunió este martes en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que permaneció en Buenos Aires, justamente, para supervisar el avance de la estrategia.

Durante las cerca de dos horas que duró el encuentro, los integrantes del reducido círculo libertario volvieron a debatir sobre los plazos para avanzar con la denominada reforma electoral y las condiciones que deberían aceptar para asegurar los respaldos de las provincias.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich plantearon la necesidad de acelerar los acuerdos, mientras que Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem mantienen una posición más cautelosa.

Mientras tanto, la iniciativa sigue trabada en el Senado, donde Bullrich espera que “El Colo” pueda confirmar qué gobernadores están dispuestos a dar un respaldo explícito, mientras ella comienza a encabezar conversaciones con los jefes de los otros bloques.

En Balcarce 50 saben que si logran desbloquear el tema en ese recinto, todavía tienen chances de que la reforma sea sancionada antes de que finalice el periodo legislativo y así evitarían tener que convocar a extraordinarias.

De hecho, esto fue justamente lo que le planteó el PRO, uno de los principales aliados parlamentarios que tienen los libertarios, cuando se reunieron el mismo martes para dialogar sobre varios asuntos.

Junto cuando finalizó la mesa política, Santilli y los Menem recibieron a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, quienes ya llevaban varios minutos afuera de la oficina del jefe de Gabinete esperando a ser atendidos.

Según pudo saber Infobae, una vez que se sentaron, ”El Colo” les pidió de manera explícita que acompañen la eliminación de las PASO, uno de los temas que el partido fundado por Mauricio Macri venía mirando con reparos.

Los dirigentes amarillos le respondieron que están “dispuestos a acompañar”, pero solamente si primero se consigue un consenso amplio en el Senado y con los gobernadores.

“Empezamos a hablar, fue un acercamiento inicial. Vamos a ver qué texto termina saliendo de la votación en la Cámara alta”, expresaron a este medio en el macrismo.

De esta manera, ahora vuelve a quedar en manos de Bullrich la definición de los detalles del proyecto, que todavía no cuenta con dictamen, ya que cuando La Libertad Avanza lo buscó tuvo que pasar a un cuarto intermedio para evitar que fuera rechazado.

El PRO venía sosteniendo hasta ahora que las primarias debían mantenerse como una instancia optativa para los partidos que necesitaran resolver una competencia interna, aunque no se cerraba a una posible suspensión.

El cronograma, sin embargo, también trajo complicaciones: la visita del Papa León XIV frenará por unos días el resto de las actividades y las elecciones en los Estados Unidos provocará que varios legisladores viajen a Washington y, por lo tanto, también demorará las negociaciones.

En este escenario, en el Gobierno ya piensan en tratar la reforma electoral junto con el Presupuesto 2027, unificando los acuerdos para que ambas medidas sean tratadas en el Congreso en simultáneo.

En la reunión del martes, el macrismo planteó además un reclamo: advirtió que no está de acuerdo con el proyecto de biocombustibles que impulsa el oficialismo y exigió cambios.

“Les dijimos que la ley afecta a los productores de la provincia de Buenos Aires. Beneficia a Córdoba y Santa Fe, pero hay que pensar también en los bonaerenses”, remarcaron.

Ese proyecto en particular, que ya tiene media sanción del Senado, ya comenzó a ser debatido en comisión y está prácticamente definido que se va a votar a mediados de noviembre, junto con el Presupuesto.

La idea del PRO es que a ese temario se sume la eliminación o suspensión de las PASO, pero en la Casa Rosada no tienen una definición y miran con atención los movimientos de los gobernadores.

Hasta el momento, algunos mandatarios provinciales ya expresaron públicamente su apoyo a terminar con las primarias, como es el caso del entrerriano Rogelio Frigerio, que cuestionó los costos de esos comicios y la cantidad de veces que los ciudadanos deben votar.

Por su parte, el sanjuanino Marcelo Orrego sostuvo que esa herramienta dejó de ser útil, y el correntino Juan Pablo Valdés consideró que las candidaturas deben ser resueltas por las agrupaciones políticas y no por los ciudadanos.

También Raúl Jalil, de Catamarca, respaldó la reforma en público después de reunirse con Santilli. En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo habría transmitido en privado que acompañaría la eliminación a nivel nacional, aunque pretende conservar las internas en su provincia.

Por el contrario, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, es uno de los gobernadores cercanos a Milei que se mantiene en contra de modificar el sistema, como también Martín Llaryora, aunque más cauteloso.

Por su parte, aunque con diferentes matices, Carlos Sadir, de Jujuy; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Leandro Zdero, de Chaco, se expresaron a favor de suspender las primarias, pero no de eliminarlas.

Las negociaciones se dan en la previa de la mega sesión que tendrá lugar este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que La Libertad Avanza buscará aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, y las iniciativas oficiales sobre discapacidad y endeudamiento familiar o morosidad.

El oficialismo esperaba que el debate se extendiera durante más de 20 horas y lo considera una prueba para medir el estado de sus alianzas parlamentarias antes de encarar la discusión por la reforma electoral.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la actividad de empresas en las Islas Malvinas, que inicialmente iba a integrar el temario, fue postergada por falta de acuerdos sobre su articulado.