Algo más de 160.000 descendientes de exiliados del franquismo y nacionalizados españoles no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, había tratado de abrir la puerta para concederles el sufragio, pero ayer el Tribunal Constitucional la cerró.

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