Los cambios experimentados en los últimos años en la tributación de las grandes empresas se han quedado muy lejos de la revolución que prometían. La euforia de 2021, cuando cerca de 140 países acordaron establecer un tipo mínimo del 15% a las mayores multinacionales, se desinfló a medida que el compromiso político se trasladaba a la legislación y afloraban las dificultades para concretarlo. Valga como muestra el caso español. El nuevo impuesto complementario, aprobado en virtud de una directiva europea para garantizar que las grandes multinacionales tributen al menos un 15% de sus beneficios, solo ha brindado 46 millones de euros hasta agosto de 2026 —cuando se dispone de la mayor parte de la recaudación que se tendrá en el conjunto del año—, frente a la previsión milmillonaria elaborada a partir de las cifras que manejaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y antes de que el alcance del proyecto internacional perdiera ambición.

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