La gala de inauguración de la 71ª edición de la Seminci, el festival de cine de Valladolid, el segundo en importancia en España, estaba llamada a ser este viernes una celebración en memoria de su director, José Luis Cienfuegos, fallecido repentinamente el pasado 2 de diciembre. Era un momento de lamerse las heridas, acallar el dolor por la ausencia de un gestor cultural inigualable y de apoyar el cine de autor. Hasta que el martes, la publicación del nuevo criterio de las ayudas a la producción audiovisual en la Comunidad de Castilla y León, por el que un comité certificará que no se destinarán “a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”, y los ataques del consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, de Vox, a la Seminci, por ser un certamen “que tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica”, reventaron las intenciones cinematográficas.

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La última Ley del Cine en España llegó poco después de Papá Noel. Era el 28 de diciembre de 2007 cuando la publicación en el BOE regaló al fin una nueva normativa al sector. Quizás el espíritu navideño ayudara a cerrar un recorrido polémico: hubo hasta una huelga de las salas. Se discrepaba sobre la definición de productor independiente, la cuota de pantalla obligatoria para filmes europeos o la financiación de las televisiones privadas al cine nacional. Tanto que a punto estuvo de no aprobarse: faltaban 17 días para el cierre de la legislatura. Y aun así, de alguna forma, porque entonces no se podía intuir, el flamante texto nacía viejo: ese mismo año debutaban el iPhone y la plataforma online de Netflix. Desde entonces, móviles inteligentes y streaming han revolucionado el mundo, y el cine. En dos décadas, el séptimo arte ha visto cómo cambiaban los hábitos de consumo, la producción, la mirada, la creación, los gustos. Básicamente, todo. Excepto la ley.

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