Pacientes inconscientes de la UCI pudieron aumentar y disminuir la frecuencia de un pitido con la mente, mediante electrodos de electroencefalograma (EEG) no invasivos que registraron y tradujeron sus ondas cerebrales. Así lo demuestra un nuevo estudio de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), publicado en "Brain", que abre la puerta a interfaces cerebro-computadora no invasivas que podrían permitir a pacientes aparentemente en coma, con conciencia oculta, comunicarse con médicos y familiares.

"Las investigaciones realizadas en la última década por nosotros y otros han demostrado que muchos pacientes con lesión cerebral aguda que parecen estar en coma en realidad conservan cierto grado de conciencia, aunque no puedan hablar ni mover las manos o los ojos para comunicarse", comenta Jan Claassen, profesor de neurología en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia, quien dirigió el estudio recogido por EP.

"Nuestra interfaz cerebro-computadora es solo un primer paso, pero demuestra que, en principio, esperamos poder dar voz a algunos de estos pacientes en el futuro", señala Claassen, quien también es director médico de la unidad de cuidados neurocríticos del NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center. Él ha sido uno de los pioneros en el reconocimiento de la conciencia oculta en pacientes con daño cerebral que se encuentran en un estado similar al coma y no pueden responder a preguntas o directivas de los médicos o sus familiares.

En 2019, su equipo utilizó tecnología EEG estándar e inteligencia artificial para analizar las ondas cerebrales de pacientes inconscientes con daño cerebral y detectó signos de consciencia oculta en el 15% de los pacientes. Esta cifra conmocionó al campo de los cuidados intensivos, que hasta entonces solo había documentado el fenómeno en unos pocos casos.

Aunque estos pacientes no respondían a las órdenes de sus médicos (parpadear, cerrar el puño o mover los dedos de los pies), el análisis de los registros de EEG mostró que intentaban obedecer, pero eran incapaces de mover los músculos.

El equipo de Claassen halló posteriormente evidencia de que esta disociación entre las funciones cognitivas y motoras se debe a una interrupción en la comunicación entre las regiones cerebrales responsables de la cognición superior y las regiones que controlan el movimiento muscular.

En los estudios de Claassen, los pacientes con disociación cognitivo-motora (DCM) tienen más probabilidades de recuperar la consciencia y una cantidad significativa de funcionamiento en la vida diaria. Si bien las técnicas para identificar la DCM aún no están disponibles fuera de los estudios de investigación, podrían ayudar a los médicos en el futuro a identificar a los pacientes con mayores probabilidades de recuperación.

"Hemos demostrado que la detección de la conciencia oculta tiene un enorme potencial para orientar la atención al paciente", cuenta Claassen. Si los pacientes inconscientes poseen consciencia latente, podría desarrollarse tecnología que les permita comunicar necesidades básicas o expresar sus deseos. En los últimos años, los científicos han desarrollado tecnología de interfaz cerebro-computadora para ayudar a pacientes con parálisis por lesiones medulares a controlar dispositivos de movilidad.

Esta técnica también ha demostrado facilitar la comunicación con pacientes que padecen enfermedades neurodegenerativas que afectan el movimiento y el habla, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dichas tecnologías implican la implantación de un chip informático en la superficie del cerebro para traducir los pensamientos del paciente en señales de comando.

¿En qué consiste el estudio?

Pero para un paciente hospitalizado que no responde y que sufre una lesión cerebral aguda grave, este enfoque no es el ideal. En cambio, el equipo de Claassen conectó cables de EEG a las cabezas de los pacientes (una parte rutinaria de la monitorización de pacientes con daño cerebral) y entrenó a los pacientes para controlar la computadora utilizando estas ondas de EEG.

Con este sistema, los investigadores diseñaron un reto sencillo para los pacientes: se reproduce un pitido a través de los auriculares y una voz grabada les pide que ajusten la frecuencia de los pitidos intentando abrir y cerrar las manos. Mientras el paciente intenta realizar la tarea, los impulsos eléctricos del cerebro se transmiten a un ordenador junto a la cama, que analiza las señales en tiempo real. La voz anima a los pacientes cuando modifican la frecuencia de los pitidos y los felicita cuando alcanzan el objetivo.

En el estudio, el equipo de Claassen probó el sistema con 41 pacientes que no respondían al tratamiento y que presentaban una lesión cerebral aguda, pocos días después de su hospitalización.

Tras un breve periodo de entrenamiento, aproximadamente uno de cada tres pacientes logró controlar los pitidos solo con el pensamiento, incluyendo a todos los pacientes con disfunción microvascular cerebral detectada mediante un examen independiente. Sorprendentemente, estos pacientes consiguieron controlar los pitidos a los pocos días de sufrir una lesión cerebral grave.

Aunque un estudio previo ha demostrado que la resonancia magnética funcional (RMf) puede utilizarse para obtener respuestas a preguntas sencillas de sí o no de un solo paciente que no responde, la RMf no es práctica para su uso rutinario.

"Por eso nuestro sistema representa un gran avance. El EEG se utiliza a diario en la práctica clínica en la UCI. La única parte sofisticada es el programa informático que desarrollamos, el cual analiza los datos en tiempo real y modula la información que se le proporciona al paciente", comenta Claassen.

Los participantes del estudio y sus familiares afirmaron que contar con una interfaz cerebro-computadora para su ser querido fue útil y ofrecieron consejos sobre cómo mejorar la tecnología, incluyendo la adición de funciones personalizadas, como la voz del ser querido, detalles culturalmente relevantes y funciones para detectar el dolor, el hambre y la consciencia.

Su objetivo es perfeccionar el sistema para que los pacientes puedan comunicar a sus médicos y seres queridos cómo se sienten, si tienen dolor o hambre, por ejemplo, de forma más directa. Los pacientes con conciencia oculta o disociación cognitivo-motora son incapaces de expresarse o comunicarse de ninguna manera. "Creo que ahí es donde nuestro trabajo puede ser fundamentalmente transformador", finaliza Claassen.

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Una jueza estadounidense ha ordenado que el presidente Donald Trump preste declaración en su demanda por difamación contra la BBC, estimada en casi 9.000 millones de dólares, antes del 11 de diciembre, según ha anunciado la propia cadena británica. Trump ha demandado a la radiotelevisión pública por un episodio de Panorama que editó uniendo dos secciones diferentes de un discurso que el presidente pronunció antes de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021.

La BBC ya se disculpó oficialmente ante Trump por el citado contenido, que forzó la dimisión del director general de la cadena británica, Tim Davie. Charles Tobin, abogado que representa a la BBC, argumentó ante el tribunal que había sido imposible tomar declaración al demandante a menos de dos meses para que terminara el periodo de presentación de pruebas. Después de que Trump cancelara por "motivos de importancia nacional" una declaración previa el 16 de octubre, la jueza Enjoliqué Lett ha ordenado que el mandatario comparezca antes de la fecha estipulada.

Además, la magistrada ha avisado de que la demanda podría ser desestimada si el equipo legal de Trump no se esfuerza más por proporcionar la información a la que el medio de comunicación tiene derecho en el caso, incluyendo la comparecencia. "El proceso de obtención de pruebas es engorroso, pero es una carga que asumimos, especialmente si presentamos una demanda", ha avisado la jueza a abogados personales de Trump.

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"Está siendo muy difícil hacer valer mis derechos", ha denunciado el investigador tras ser desalojado Leer

Un juzgado de instrucción de O Porriño (Pontevedra) ha abierto diligencias por la actividad de un chat de Telegram con decenas de agentes policiales, donde supuestamente se compartió durante años información confidencial.

El diario The Objective adelantó que la Fiscalía investigó los hechos tras la denuncia de un inspector de Policía Nacional de Vigo y fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que un juzgado de O Porriño ha abierto diligencias, aunque la causa está declarada secreta y no han trascendido detalles, ni si hay alguna persona investigada.

Antecedentes y documentos

Según The Objective, la Fiscalía vio indicios de delitos como revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.

Así, en el chat se habría compartido información relativa a antecedentes de personas, filiaciones, datos y documentos de consultas policiales, información sobre vehículos o fotografías de personas, todo ello al margen de la supervisión y control de los mandos policiales.

El titular de la Plaza de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha abierto juicio oral contra un policía local de la ciudad por consultar repetidamente y sin autorización el sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género cuya protección no tenía asignada. La Fiscalía solicita para él cuatro años y medio de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por la mujer, reclama tres años. Además, el juez ha declarado al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario.

Según las diligencias practicadas, el agente habría utilizado la información obtenida para dirigirse al policía nacional encargado de proteger a la mujer y pedirle que rebajara de medio a bajo el nivel de riesgo que le había asignado el sistema, al considerar que era "exagerado".

El agente, destinado en la Oficina de Protección de Víctimas (Oprovic), está procesado por un presunto delito contra la intimidad. Anteriormente, fue detenido por una supuesta revelación de secretos al informar al cabecilla de una trama dedicada al tráfico de cocaína en Cantabria.

Este presunto narcotraficante es también el supuesto agresor de la mujer cuyos datos consultó el policía local y, además, el arrendador de la vivienda del agente investigado. El hombre había denunciado a la mujer y tenía reconocida la condición de víctima protegida, por lo que su protección había sido encomendada al policía local. La seguridad de la mujer, por su parte, correspondía a un agente de la Policía Nacional.

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito contra la intimidad y solicita una condena de cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados.

La acusación particular reclama tres años de cárcel, una multa de 8.100 euros, seis años de inhabilitación absoluta y una indemnización de 6.000 euros. Asimismo, el magistrado ha acordado que el agente deposite una fianza de 4.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.

El Consistorio deberá comparecer en un plazo de diez días, representado por abogado y procurador, y presentar también un escrito de defensa en esta condición.

"Acceder al fichero no es delito, pero a los datos sí"

En su auto, el magistrado rechazó la petición de sobreseimiento de la defensa y argumentó que "el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí", en referencia a la valoración del riesgo registrada en VioGén.

"Maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori, pues se accede a un dato protegido con la finalidad de perjudicar a su titular sin estar autorizado a ello", sostuvo el juez.

La Audiencia Provincial confirmó posteriormente la decisión del instructor, después de desestimar el recurso de apelación presentado por el policía local contra la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

Una vez firme esa resolución, las acusaciones presentaron sus escritos y el magistrado ha acordado ahora la apertura de juicio oral, el paso previo a que el agente sea juzgado.

La Guardia Civil ha identificado a ocho personas en distintas localidades de España como supuestas autoras de varios delitos de estafa en el marco de un operativo policial iniciado a raíz de una denuncia en Lugo, donde una persona fue víctima de un fraude bancario con un perjuicio económico final de 25.000 euros.

A los ocho identificados se les atribuye la utilización de técnicas de 'smishing' y 'vishing' para la suplantación de la identidad corporativa de bancos, según el instituto armado. La denuncia que activó la investigación fue presentada a principios de año en Lugo, en la que se alertaba de un presunto fraude de este carácter.

Los hechos delictivos comenzaron cuando la víctima recibió un mensaje SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria y en el que se le informaba de una supuesta compra por importe de 5.000 euros.

El mensaje advertía de que, si no reconocía la operación, debía contactar urgentemente con un numero de teléfono facilitado en el propio texto. "Alarmada por el importe, la victima llamó al número indicado, contestándole un supuesto operador, que se identificó como miembro del departamento de seguridad informática de la entidad bancaria, comunicándole que debía actuar con diligencia para anular el cargo y bloquear sus cuentas", relata la Guardia Civil.

Durante aproximadamente una hora, los estafadores mantuvieron a la víctima al teléfono y le indicaron que accediera reiteradamente a su aplicación de banca electrónica para, supuestamente, "revertir la operación", según los agentes. De forma simultánea, le enviaron códigos de verificación y le indicaron como proceder, "consiguiendo que autorizase operaciones fraudulentas creyendo que estaba cancelando una transferencia".

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar que los autores realizaron operaciones en distintos establecimientos comerciales, lo que supuso un perjuicio económico a la víctima de 25.000 euros totales.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias no solicitan por teléfono ni mediante SMS las claves de acceso a la banca electrónica ni los códigos de verificación de un solo uso para autorizar operaciones y recomienda contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales. Además, insiste en la importancia de denunciar los fraudes a la mayor brevedad posible.

Tres testigos que eran menores cuando se originó el bulo del 'caso Bar España' han asegurado este jueves, durante el juicio, que las acusaciones que realizaron sobre supuestas prácticas de pederastia eran "mentira" y que las formularon bajo amenazas de la persona a la que la Fiscalía sitúa como origen de la trama, ya fallecida.

Uno de los testigos ha explicado que hizo aquellas afirmaciones porque el fallecido le amenazaba. "Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos", ha señalado.

Su hermano, que también ha declarado en la vista, ha relatado que denunció esas supuestas prácticas porque esta misma persona le obligaba a hacerlo. Según ha explicado, le amenazaba con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. "Pero todo era mentira", ha recalcado.

Una prima de ambos ha corroborado esta versión y ha afirmado que también recibió amenazas para denunciar unos abusos en el Bar España que, según ha sostenido, nunca ocurrieron.

"Fue duro, muy desagradable y muy ofensivo"

En la sesión de este jueves también ha declarado la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, quien ha recordado las informaciones publicadas sobre una supuesta red de pederastia en la que se señalaba a distintos personajes públicos. A ella se le acusaba de conocer los presuntos delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

"Yo no sabía de dónde podía salir eso. Se me acusaba de que era encubridora de la red de pederastia, es decir, que no hacíamos nada porque lo estábamos encubriendo", ha manifestado.

Bravo ha explicado que las acusaciones le afectaron tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal, especializada en la jurisdicción de menores. "De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera", ha afirmado.

La exconsellera ha relatado que tuvo conocimiento de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y que, al mismo tiempo, se la atacaba por no haber investigado los hechos. A su juicio, "lo que se publicó basándose en ese informe" es lo que considera injurioso.

Por ello, ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales las informaciones relacionadas con estas acusaciones. "Estas afirmaciones injuriosas no pueden seguir estando ahí, pues a veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño", ha subrayado.

"Me han destrozado la vida"

Durante la jornada también han declarado varios empresarios que, según han relatado, fueron vinculados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia con sede en el Bar España. Los testigos han descrito las consecuencias que estas acusaciones tuvieron en su vida personal y profesional. "Me han destrozado la vida", ha asegurado uno de ellos.

Otro de los empresarios ha recordado que se les atribuían abusos a menores e incluso asesinatos. "Se decía que había un tema de abuso de niños, que a algunos los habíamos matado, que era un bar de violaciones y asesinatos", ha declarado.

Una tercera persona ha explicado que, a raíz de las acusaciones relacionadas con el caso, su negocio comenzó a ir mal hasta que finalmente tuvo que cerrarlo.

El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador en la Universitat de València (UV), se ha ejecutado en la mañana de este jueves tras diez años peleando por evitarlo. "No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil intentar hacer valer mis derechos".

Así lo ha expresado el investigador en un audio facilitado a los medios, ya que, aunque en un principio estaba previsto que atendiera a los periodistas poco antes de la hora programada para el lanzamiento --las 09.30--, finalmente la Policía Nacional ha acudido a la vivienda sobre las seis de la madrugada y ha desplegado un dispositivo con ocho furgones.

Ante esta situación, Daniel ha "decidido colaborar", identificándose con DNI y número de teléfono al ser requerido y abandonar el inmueble. Por su parte, el portavoz del Sindicat d'Habitatge de València, Esteban Arellano, en atención a los periodistas, ha incidido en que, tras lo sucedido, Daniel se ha "alejado" del domicilio por necesidad, al sufrir un "cuadro de ansiedad", por el que ha sido atendido en un centro de salud.

En su audio, el propio Daniel explica que se encontraba durmiendo "como se puede dormir la noche anterior a un desahucio", cuando ha escuchado "ruido" en la calle. "Había furgones de antidisturbios cortando la calle, un montón de señores", en ese momento ha comenzado a experimentar síntomas de ansiedad porque "lo que quería precisamente evitar era este tipo de situaciones".

Desde el sindicato han indicado que el despliegue policial se debía a la posibilidad de convocar una concentraran para intentar paralizar el desahucio, pero ha sido el investigador el que "no quería exponer a nadie a esta situación", por lo que no se ha convocado. "Si hubiéramos estado concentrados aquí nos hubiéramos enfrentado a una situación como la que se vivió en el desahucio de Mari Carmen, una represión policial muy importante", ha lamentado Arellano.

Un "ejemplo claro de la crisis de vivienda"

Arellano ha incidido en que el caso de Daniel y lo sucedido este jueves es un "ejemplo claro de la realidad de la crisis de la vivienda que sufren las trabajadoras", al tiempo que ha lamentado que la mayoría de la población está "más cerca de encontrarse en esta situación que de poder tener una casa".

Daniel llegó a la vivienda en 2009 como estudiante con un alquiler compartido de 594 euros. A lo largo de los años, se quedó solo en el piso y a causa de la crisis, el entonces propietario, añadió anexos que rebajaban el precio hasta los 350 euros. Más tarde, se firmó otro nuevo que establecía la opción de compra del piso por un precio de 71.000 euros y el derecho al tanteo y retracto, según relató Daniel anteriormente en declaraciones a Europa Press TV.

Tres años después la empresa entró en concurso de acreedores y Daniel consignó el pago del alquiler en los juzgados. El piso salió a subasta pública en 2017 y Caixabank lo adquirió a través de la sociedad participada, Coral Homes S.L, que demandó a Daniel por ocupar ilegalmente la vivienda. Tras en 2018 ser informado por el administrador concursal de no ingresar más alquileres al juzgado y en 2020, presentar un procedimiento de jurisdicción voluntaria y pagar de nuevo, no pudo efectuar ningún abono por no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023 y en 2025 vendió el piso por mucho más de 71.0000 euros a una propietaria particular. Después de haberle dado la razón en las dos sentencias anteriores, esta última demanda condena a Daniel al desalojo del piso y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas --por la diferencia entre los 494 euros y los 350 euros sin "contar modificación"--. El Sindicat d'Habitatge ha recordado que el desahucio se ha producido mientras "hay un real decreto que en teoría prohíbe los desahucios, frena la especulación y defiende a los inquilinos".

Además, acusa a la inmobiliaria de "engañar y vender la casa, de manera que se han vulnerado los derechos de Daniel, y además, la justicia lo ha permitido". En este sentido, ha manifestado que hay dos recursos en marcha, uno de queja para elevar la situación al Tribunal Supremo y otro de reposición, ya que "no se han aceptado los diez días hábiles que tenía para intentar que los recursos llegaran a máximo término posible".

"Intentamos que se demuestre que hay una falsedad procedimental porque se han negado los derechos de una persona que tiene reconocido su derecho a compra y su contrato de alquiler, por lo que este desahucio no se debería de haber producido", ha reivindicado.

Para el Sindicat d'Habitatge, este procedimiento no ha acabado y esperan que tenga "más recorrido". Sobre la manera en la que se ha realizado, creen que se trata de "estrategias de desgaste a largo plazo" a la que ya se han enfrentado "muchas veces". "Al final, por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa", ha concluido el portavoz.

Un 95,7% de las víctimas que han sufrido violencia sexual bajo el efecto de drogas en contextos de ocio no ha comunicado la agresión a los servicios sanitarios, psicológicos, policiales o judiciales, según ha revelado un estudio sobre sumisión química con finalidad sexual (VSFD) liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Alcalá (UAH).

En este sentido, el informe recoge que, entre las 583 personas que declararon haber sufrido VSFD, el 17,5% nunca había contado lo ocurrido a nadie, el 78,2% lo había comunicado exclusivamente a su entorno cercano y el 4,3% lo había hecho a algún servicio sanitario, psicológico, policial o judicial. En concreto, el 1,9% había informado a instituciones policiales o judiciales.

El estudio, publicado en Frontiers in Public Health, también refleja la diferencia en la comunicación a instituciones según la estrategia de agresión sexual empleada por el perpetrador. Mientras que el 34,2% de las víctimas de sumisión química proactiva -aquella en la que el agresor administra de forma encubierta o forzada sustancias a la víctima- había comunicado la agresión a alguno de estos servicios, la proporción desciende hasta el 1,4% cuando el agresor se había aprovechado del consumo voluntario de alcohol por parte de la víctima.

Igualmente, los investigadores proponen un modelo conceptual en el que confluyen diversas barreras que pueden dificultar el reconocimiento de la agresión, su comunicación y la búsqueda de ayuda. Entre ellas destacan los mitos asociados a la sumisión química, las alteraciones de la memoria provocadas por las sustancias, la ausencia de lesiones físicas visibles y los estereotipos sexistas que "pueden favorecer la culpabilización de las víctimas".

Cuestionamiento a las víctimas

"La interacción de estos factores podría contribuir a que las agresiones sexuales oportunistas permanezcan especialmente invisibilizadas. Por ello, resulta fundamental evitar cualquier juicio o cuestionamiento hacia las víctimas, favoreciendo un entorno de comprensión, apoyo y confianza que facilite la comunicación de lo sucedido y la búsqueda de ayuda", ha asegurado el investigador del Departamento de Salud Pública de la UCM, Pablo Prego.

Una investigación anterior del mismo equipo, publicada en Public Health en 2024, encontró que el 48,4% de las mujeres y el 27,0% de los hombres de entre 18 y 35 años declaran haber sufrido al menos un episodio de VSFD mientras estaban de fiesta.

Entre las víctimas con información disponible sobre la modalidad de consumo, el 92,6% declaró que el agresor se había aprovechado de los efectos de sustancias consumidas exclusivamente de forma voluntaria, principalmente alcohol, frente al 7,4% que refirió algún tipo de consumo involuntario de sustancias.

La investigación ha sido desarrollada por un equipo de investigadores vinculados al Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas (ObservaVSFD), una iniciativa de carácter interuniversitario en la que participan investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá.

Reorientar las campañas de prevención

La muestra inicial de este estudio estuvo constituida por 1.601 participantes, seleccionados mediante un procedimiento de muestreo por cuotas según sexo, grupo de edad y comunidad autónoma de residencia, con cobertura de las 17 comunidades autónomas. De ellos, 583 (36,4%) declararon haber experimentado al menos una agresión sexual facilitada por alcohol u otras drogas durante o inmediatamente después de una actividad de fiesta u ocio nocturno.

El cuestionario fue elaborado por un equipo interdisciplinar tomando como referencia instrumentos científicos previamente utilizados en investigaciones sobre violencia sexual. Se analizaron los patrones de comunicación correspondientes a la experiencia de victimización más reciente, así como su relación con diferentes características sociodemográficas y de la agresión, incluyendo su carácter invasivo, el número de agresores, la relación previa entre víctima y agresor y la estrategia utilizada para facilitar la agresión.

Los investigadores destacan la necesidad de reorientar las campañas de prevención hacia una representación más completa de la VSFD, que incorpore la sumisión química oportunista.

"Es muy importante dejar claro que no se debe, en ningún caso, estigmatizar ni responsabilizar a la víctima por la agresión sexual sufrida, aunque el agresor se haya aprovechado del consumo voluntario de sustancias por parte de aquella. La responsabilidad debe recaer únicamente sobre quien perpetra la agresión, no sobre quien la sufre", recuerdan los autores.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este jueves a dos años de prisión a un hombre por violar a una mujer en un hotel de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià.

La Sala ha dictado oralmente una sentencia de conformidad después de que el acusado alcanzara un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para reducir de siete a dos años la petición inicial de cárcel. Para rebajar la condena, se han aplicado como atenuantes el consumo de alcohol y drogas y las dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.

El condenado no ingresará en prisión, siempre que no cometa ningún delito durante los próximos dos años. Además, ha reconocido los hechos y se ha comprometido a abonar a la víctima una indemnización de 6.000 euros en un plazo de seis meses, mediante pagos mensuales de 1.000 euros.

El hombre ha admitido que el 15 de julio de 2022 invitó a la víctima, a quien había conocido en una fiesta en la piscina, a subir a su habitación del hotel. Una vez allí, aprovechó que la mujer perdió repentinamente el conocimiento tras consumir una gran cantidad de cocaína y vodka para agredirla sexualmente en dos ocasiones.

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha anunciado la convocatoria de una huelga para los días 3 y 4 de noviembre en las refinerías de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona en el contexto de la negociación de varios convenios colectivos de los trabajadores de la multinacional energética.

La convocatoria llega tras el fracaso de la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) de cara a la negociación de los convenios colectivos en Repsol Fuels, Repsol Materials, Repsol Trading y RLESA.

En Fuels, los paros están previstos en las refinerías de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona.

En Materials, abarcarán las plantas químicas de Puertollano y Tarragona, además del personal de sus oficinas y servicios incluido en el ámbito de la huelga.

La huelga anunciada también comprende al personal de Trading en las oficinas de Madrid, cuya actividad incluye el abastecimiento de crudo y materias primas y la comercialización internacional de productos.

Se extiende asimismo a RLESA, dedicada a lubricantes, asfaltos y especialidades, que cuenta, entre sus instalaciones, con la planta de lubricantes de Puertollano y la planta de especialidades de Palencia.

Piden mejoras de salarios, pluses y “medidas reales” de conciliación

El STR, sindicato mayoritario en el negocio industrial de Repsol, considera que las ofertas empresariales siguen muy por debajo de la capacidad económica de la compañía. Reclama mejoras económicas, avances en pluses, plantillas suficientes y medidas reales de conciliación.

“Cuando la empresa ha exigido esfuerzo, responsabilidad y compromiso, la plantilla ha respondido. Ahora le corresponde a la Dirección trasladar los grandes resultados a los convenios. Sus propuestas siguen sin estar a la altura y nos llevan a anunciar estos paros”, ha señalado Jordi Margalef, secretario de Comunicación del Sindicato de Trabajadores.

Desde el sindicato han subrayado que Repsol obtuvo 2.711 millones de euros de resultado neto ajustado en el primer semestre de 2026, por encima de los 2.568 millones de todo 2025.

En la misma línea, han apuntado a las previsiones que sitúan en otros 2.625 millones para el tercer trimestre, lo que elevaría el acumulado hasta septiembre a 5.336 millones, más del doble que en todo el ejercicio anterior, si se confirma la estimación en los resultados oficiales del 29 de octubre.

“La Dirección debe explicar por qué esa capacidad económica no se refleja en propuestas más ambiciosas para quienes la hacen posible. A grandes resultados deben corresponder grandes convenios”, ha afirmado Margalef.

La organización ha advertido de que los paros del 3 y 4 de noviembre serán las primeras jornadas de un proceso de movilización que continuará si no se producen avances suficientes.

“Seguimos abiertos a una negociación seria, con propuestas concretas y acordes con los resultados de Repsol. Nuestro objetivo es conseguir que las trabajadoras y trabajadores reciban una parte justa de la riqueza que generan. Si la Dirección mantiene sus ofertas actuales, mantendremos también la movilización”, ha añadido Margalef.

Un hombre ha fallecido este jueves tras caer desde el tejado de una nave industrial en la que trabajaba en Lucena (Córdoba), desde una altura de entre seis y siete metros, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El accidente se ha producido sobre las 11:10 horas en una nave situada en la calle Mercedes la Partera. A esa hora, el centro de coordinación ha recibido una llamada de socorro que alertaba de la caída de un hombre desde la cubierta de las instalaciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y la Policía Nacional, que han confirmado el fallecimiento del trabajador, de unos 40 años, según los testigos.

La Policía Local ha indicado que el hombre había subido al tejado para comprobar su estado, ya que estaba prevista una reforma de las instalaciones. El 112 ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

La Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia ha alertado sobre la estafa conocida como la "falsa urgencia hospitalaria", en la que los delincuentes recurren al engaño y la presión psicológica para conseguir dinero y objetos de valor de sus víctimas, principalmente personas mayores, haciéndoles creer que un familiar necesita una intervención médica urgente.

Los estafadores se hacen pasar por profesionales sanitarios y comunican una supuesta emergencia que requiere un pago inmediato para recibir tratamiento. A continuación, envían a una persona al domicilio de la víctima para recoger el dinero y las pertenencias de valor. En algunos casos, incluso les piden que introduzcan los objetos en un paquete opaco y lo arrojen por la ventana o el balcón, según ha explicado la Policía Nacional.

Medidas a tomar para evitar la estafa

La Policía Nacional recomienda mantener la calma y evitar decisiones precipitadas, ya que los delincuentes utilizan el miedo y la presión psicológica para impedir que las víctimas comprueben la veracidad de la información. Por ello, aconseja detenerse, verificar lo sucedido y no realizar pagos ni entregar objetos de valor sin confirmar antes la situación.

Asimismo, insta a contactar directamente con el familiar supuestamente afectado para comprobar si existe una emergencia real y a desconfiar de quienes soliciten dinero en efectivo o joyas para sufragar una intervención médica urgente, especialmente si anuncian que enviarán a alguien al domicilio para recogerlos.

También aconseja desconfiar de las llamadas procedentes de números ocultos, no facilitar información personal y establecer una pregunta o clave de seguridad compartida entre familiares y personas de confianza, cuya respuesta solo conozcan los miembros de ese círculo cercano.

En caso de sufrir una estafa o sospechar de un intento de fraude, la Policía Nacional recomienda llamar inmediatamente al 091 o acudir a una comisaría para denunciar los hechos.

Si la víctima ya ha entregado dinero o joyas, las autoridades aconsejan denunciar lo antes posible, proporcionar una descripción detallada de la persona que recogió los objetos y aportar cualquier información que pueda contribuir a la investigación.

Miembros del cuerpo de bomberos han rescatado a un perro que había quedado atrapado en el desagüe de una vivienda en la localidad valenciana de Sollana.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Valencia (CPBV), el incidente movilizó a los efectivos de emergencias tras recibir el aviso de los propietarios del animal, al observar que la mascota no podía salir por sus propios medios del conducto.

Para localizar al animal, los efectivos realizaron pequeñas excavaciones. Gracias a estas labores de precisión, la dotación logró ubicar el punto exacto en el que se encontraba encajado el perro y proceder a su liberación.

En el operativo participó una dotación del parque de Silla, según ha informado el propio Consorcio, y en el vídeo del rescate, difundido por el organismo en sus redes sociales, se observa cómo los bomberos sacan al perro del desagüe en buen estado.

La decisión "irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen" Leer

Patrimonio Nacional ha abierto al público el nuevo Centro de Interpretación de las Fuentes de La Granja de San Ildefonso (Segovia), con el Rey como primer visitante de este espacio de investigación, conservación y divulgación del histórico complejo hidráulico y monumental. En la inauguración, el Rey ha visitado las instalaciones para conocer el proyecto estratégico, en una visita que ha realizado tras haber presidido en este mismo Real Sitio la reunión anual del Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española.

El nuevo centro es el punto final a una profunda transformación de los jardines históricos de La Granja y del Real Sitio de Aranjuez, que ha convertido ambos recintos paisajísticos en museos al aire libre, mediante la instalación de nuevos puntos de información y el uso de recursos tecnológicos interactivos.

El conjunto global de estas actuaciones ha contado con una inversión presupuestaria total de 1.127.169 euros, financiada íntegramente a través de fondos procedentes de la Unión Europea. En cuanto al desglose de los presupuestos asignados, la creación y acondicionamiento del Centro de Interpretación de las Fuentes ha absorbido una partida de 481.653 euros, mientras que la musealización de los espacios ajardinados del recinto de La Granja ha dispuesto de un montante de 283.092 euros.

Por su parte, la intervención desarrollada en los célebres jardines del Real Sitio de Aranjuez ha supuesto un desembolso económico de 362.424 euros, destinado a la implantación de una infraestructura informativa homologable.

El origen de los jardines

Ubicado dentro del propio recinto del Palacio Real de La Granja, el Centro de Interpretación combina en su diseño expositivo paneles divulgativos, maquetas táctiles, instalaciones interactivas y audiovisuales de carácter inmersivo.

El espacio ha sido ideado para explicar minuciosamente el origen de los jardines impulsados por el monarca Felipe V durante el siglo XVIII, detallando la historia individual de las fuentes y el significado iconográfico de sus esculturas, inspiradas en dioses y héroes de la mitología clásica.

Mediante la exhibición de maquetas y proyecciones, la instalación desvela el entramado de depósitos, conducciones y mecanismos que componen una red hidráulica ideada en el siglo XVIII, que ha continuado funcionando hasta la actualidad bajo los mismos principios técnicos con los que fue concebida.

Estas proyecciones permiten además contemplar los surtidores en funcionamiento a lo largo de todo el año, superando la limitación temporal de los encendidos reales, los cuales permanecen supeditados a la disponibilidad hídrica. De manera paralela, la intervención paisajística en La Granja y Aranjuez ha incorporado un total de 215 puntos informativos distribuidos a lo largo de los itinerarios de ambos conjuntos arquitectónicos. Estos soportes permiten identificar las etapas artísticas, las especies botánicas, el trazado del agua y la huella dejada por monarcas, arquitectos y jardineros a lo largo de los siglos.

Para articular el recorrido, los paseos disponen de códigos QR enlazados a una aplicación web que permite a los usuarios seleccionar rutas guiadas predeterminadas, circular libremente o diseñar visitas a medida en función de intereses específicos como la botánica, la mitología o los puntos imprescindibles.

En el Real Sitio de La Granja se han configurado dos rutas principales por los jardines históricos, con duraciones estimadas de una hora y de hora y media, complementadas por tres senderos adaptados que se adentran en las áreas forestales. En Aranjuez, la propuesta incluye un itinerario de hora y media por los jardines del Parterre y de la Isla, junto a un recorrido de unas tres horas por el Jardín del Príncipe.

La herramienta digital ha sumado también una ruta orientada a familias y centros escolares basada en acertijos y retos, accesible a través de los códigos instalados sobre el terreno, las páginas oficiales de Patrimonio Nacional y el portal especializado jardines.patrimonionacion

Un fallo técnico en la última adjudicación de plazas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) a través del Distrito Único Andaluz ha provocado la adjudicación de más plazas de las autorizadas en el grado en Análisis Económico y en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, en concreto de 41 plazas. El fallo en el proceso de adjudicación ha conllevado que algunos estudiantes fuesen erróneamente admitidos.

No obstante, a los estudiantes se les ofrecerá desde el DUA acceso a los grados que cuentan con plazas libres en las universidades públicas que conforman el Distrito Único Andaluz, lo que implica que tal vez podrán acceder a estos grados, pero en otros campus, según han concretado fuentes de la UPO.

Al detalle, cada titulación tiene establecido previamente un número máximo de plazas, si bien, a consecuencia de esta incidencia, se superó ese límite. Por tanto, ha sido necesario dejar sin efecto algunas de las admisiones realizadas, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a esta agencia fuentes de la institución académica.

La UPO ha querido aclarar que a pesar "de la gravedad de los hechos y del perjuicio que supone para el estudiantado afectado", la Universidad "no puede decidir por sí sola aumentar el número de plazas de estas titulaciones, ya que legalmente está condicionada por la oferta oficial aprobada anualmente por su Consejo de Gobierno".

Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles 21 de octubre en Valencia a un hombre de 46 años tras presuntamente incendiar su domicilio y atrincherarse con un soplete, según ha adelantado Las Provincias, y han confirmado fuentes policiales.

Sobre las 15.00 horas se ha recibido un aviso alertando de un incendio en el interior de una vivienda. En concreto, el domicilio está ubicado en la sexta planta de un edificio de la avenida Burjassot.

Han acudido efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. Rápidamente, el edificio ha sido desalojado. Tras ello, los bomberos han accedido al interior del edificio para rescatar al presunto autor de los hechos.

El arrestado se negaba a abrir la puerta de su vivienda y mostraba una actitud agresiva, por lo que ha tenido que ser reducido y detenido por la Policía Nacional, según las mismas fuentes. Además, al detenido se le ha localizado un soplete en un bolsillo.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que se ha movilizado una unidad del SAMU que ha trasladado al hombre al Hospital General de Valencia por inhalación de humo.

Un varón de unos 40 años ha perdido la vida tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora en una bodega cooperativa de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido a las 15.05 horas del miércoles 21 de octubre, en una bodega cooperativa de Aranda de Duero donde, según los alertantes, un varón de unos 40 años había quedado inconsciente tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora.

El 112 dio aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil. Las mismas fuentes han confirmado que el trabajador ha fallecido.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias concretas del accidente.

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables por unanimidad a un teniente general retirado de la Guardia Civil y a un empresario por un delito de cohecho en el denominado caso Cuarteles en relación a irregularidades en la adjudicación de obras de mejora en instalaciones del Instituto Armado, han informado fuentes jurídicas.

El veredicto considera acreditado que el alto mando favoreció al empresario en la contratación de trabajos en distintos acuartelamientos a cambio de dádivas y beneficios. Se trata de un fallo sin precedentes por el rango del principal acusado, que se ha convertido en el primer teniente general de la Guardia Civil juzgado y declarado culpable por corrupción.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ha valorado muy positivamente el veredicto unánime del jurado, que declara culpable de cohecho a Vázquez Jarava.

La asociación subraya que es la primera vez en la historia de la Guardia Civil que un mando de este rango es juzgado y declarado culpable por corrupción. Los hechos enjuiciados se remontan a 2016 y 2017, cuando el teniente coronel ocupaba la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil y tenía competencias sobre la gestión de recursos económicos del cuerpo.

Según las acusaciones, el teniente general recomendó a distintas comandancias contratar al empresario para realizar obras de impermeabilización y mejora de fachadas mediante corcho proyectado. Las empresas administradas por el condenado obtuvieron contratos por cerca de 1,4 millones de euros en 2016.

A cambio, el empresario habría agasajado al mando con viajes, estancias hoteleras y entregas de dinero en efectivo. Entre los beneficios investigados figuran desplazamientos para asistir a las finales de la Champions League de 2016 y 2017, además de cantidades en metálico que, según la información publicada sobre el veredicto, superaron los 39.000 euros.

La Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por la AUGC y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) habían solicitado un año de prisión para cada acusado por cohecho, mientras que las defensas reclamaban su absolución