El tribunal que condenó a los políticos independentistas el 14 de octubre de 2019 acaba de extinguir la responsabilidad penal de los sentenciados en aplicación de la ley de amnistía. Justo siete años después. En este período, y en buena parte a causa de esa norma, se ha ahondado el enfrentamiento entre sectores progresistas y conservadores de la judicatura, con el Constitucional y el Supremo como abanderados. Mientras, en puertas de unas elecciones, los partidos maniobran para garantizarse el control de las altas instancias judiciales. Nunca como ahora se había evidenciado con tanta crudeza la utilización de la judicatura, sea por injerencia de los políticos o por alineamiento ideológico de los propios togados.

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