Los servicios de Información de la Guardia Civil seguía los pasos del líder de Jardun, Aratz Bilbao, desde «hace meses», según fuentes conocedoras de los trabajos. El joven, de 34 años, fue enviado a prisión el pasado martes por presuntos delitos relacionados con el terrorismo. Junto a él, fue enviada a la cárcel Malen Grünig, de 23, por motivos similares.

La detención de ambos ha provocado un cisma entre los agentes de la Benemérita desplegados en el País Vasco. Los dos fueron identificados en un control de carretera de la Ertzaintza. Los agentes autonómicos comprobaron sus datos en bases policiales. Vieron que tenían señalamientos en el extranjero, pero se limitaron a tomarles unas fotografías y los dejaron marchar. Junto a ellos iba un exmilitar irlandés, Naoise O’Conarain, ligado al IRA. Los dos españoles pudieron ser detenidos porque, pasados los días, acudieron a la comisaria acompañados de su abogado.

La Ertzaintza se incautó de material electrónico, entre los que aparecían los datos personales de un guardia civil destinado en Eibar y la localización de un supuesto zulo de ETA. A pesar de esto, la policía autonómica no se comunicó ni con el Instituto Armado ni con la Policía Nacional.

Jardun Koordinadora/Jarki es uno de los movimientos abertzales más fuertes en la actualidad, junto con Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), escisiones ambas de EH Bildu. La fuentes consultadas señalan que la organización que dirige el joven de 34 años «reivindica la vuelta a la lucha armada que dejó ETA». En julio, durante la final del Mundial que ganó España, protagonizaron altercados, agrediendo a un menor en Bilbao.

Los guardias civiles aseguran estar «muy preocupados» por estos hechos. Por la falta de comunicación entre cuerpos policiales, pero también por los datos que los detenidos tenían sobre el agente de Eibar, del que no ha trascendido sus datos. «Tememos por nuestra seguridad y la de nuestros familiares», dicen desde Jucil.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que ha asumido la causa, decretó prisión para ambos esta semana, con el apoyo de la Fiscalía. En su auto explica que al ser identificados, los ertzainas percibieron que sobre la mujer pesaba un señalamiento Schengen de Italia "por razones de seguridad nacional", mientras que sobre el segundo detenido pesaba un señalamiento de Francia.

En el interior del vehículo localizaron planos sobre la situación de zulos de ETA y listados de guardias civiles, mientras que en la mochila de uno de ellos hallaron "numerosos dispositivos encriptados" en cuyo interior había fotografías con la bandera de la banda terrorista desarticulada hace ahora 15 años, imágenes de entrenamientos para perpetrar actos violentos y el contenido íntegro del teléfono de un policía.

El magistrado precisa que la mujer detenida viajaba sin teléfono móvil para evitar que pudieran ser localizados, aunque portaba dos walki talkies que permiten enviar mensajes encriptados sin cobertura de móvil ni internet. A preguntas de los agentes la mujer expuso que venían de haber estado en la Sierra de Urbasa (Navarra), ubicación que coincidía con uno de los planos que se incautó al otro detenido.

Piña precisa en su auto que los ahora encarcelados pertenecen a Jardun Koordinadora, organización compuesta por Jarki. Este movimiento se autodefine como una "organización que promueve la lucha ideológica revolucionaria, independentista y socialista". Al hilo recuerda que Jarki es una agrupación que nació de manos de militantes descontentos con el fin de la violencia de ETA que se agruparon en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

Los policías nacionales están viendo y sufriendo en primera persona una «escalada de violencia» en las calles, espoleada por los distintos movimientos sociales que se están manifestando en las últimas semanas. Los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios) y los mandos responsables están «hartos» de los dispositivos desplegados en varias provincias. Ponen el foco en los delegados y subdelegados del Gobierno, de quien dependen las competencias del Cuerpo y de la Guardia Civil

Las fuentes consultadas señalan que, desde el inicio del curso político, los responsables políticos están «dejando hacer» a los convocantes de unas protestas cada vez más violentas. El inicio de estas posturas lo sitúan en la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, en plena crisis por la vivienda y el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana que se convirtió en símbolo de las marchas. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, dio órdenes de no desalojar las primeras tiendas de campaña que se instalaron.

El asentamiento improvisado fue, durante semanas, motivo de trifulca política. Desde la Comunidad de Madrid se acusaba al Gobierno de permitirla a través, precisamente, del delegado, y Martín defendió a capa y espada el espíritu pacífico de la reivindicación. Es cierto que en los primeros compases no hubo denuncias ni detenidos, pero el ADN de la misma ha ido cambiando en los últimos días. Ahora se puede ver a grupos antisistemas conocidos por la Policía e indigentes entre las tiendas.

Cosa distinta es lo ocurrido en La Coruña y en Avilés (Asturias). Allí, Vox ha realizado distintos mítines de cara a la campaña electoral de las elecciones generales. Al mismo tiempo, las delegaciones del Gobierno autorizaron concentraciones de grupos de izquierdas y antifascistas que protestaban por la presencia de los de Santiago Abascal. En ambas ciudades, la UIP tuvo que cargar contra los congregados, que terminaron atacando a los policías. 17 agentes resultaron heridos en Galicia por el lanzamiento de bolardos, adoquines y material pirotécnico.

Los mandos policiales están "cansados" de que se les utilice como un muro. Consideran una "irresponsabilidad" permitir manifestaciones tan cerca de grupos tan opuestos. "Sabíamos cómo iba a terminar la cosa", expresa uno de ellos. Para los policías es evidente que los dispositivos de seguridad no buscaban mantener el orden en las ciudades, si no todo lo contrario.

"Son los delegados del Gobierno los que tienen que darnos órdenes de actuar. Si no las dan, no podemos hacer nada".

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha atribuido a un "grupo muy reducido" de "radicales y antisistema" los altercados registrados eset miércoles en La Coruña. "La actuación policial fue la que tenía que ser a la vista de lo que hay, hay imágenes en las que se les lanzan piedras, acabaron quemando contenedores", ha insistido el delegado del Gobierno con alusión también a los altercados registrados por la tarde, al término ya de una protesta convocada contra la "represión policial".

bascal, denunció este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están "queriendo" que altercados como los vividos ayer en A Coruña y en Avilés contra su partido "ocurran", que entorno a su formación política "se hable de la violencia".

El portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha instado a "todos" los dirigentes políticos de la ciudad herculina a "condenar la violencia" de forma "firme y rotunda" tras los altercados registrados este miércoles.

"No hay que olvidar que estamos en una democracia y la democracia no se defiende con violencia, ni tirando piedras ni quemando contedores", expone en un comunicado en el que recalca que "las ideas en democracia se defienden a través de las urnas".