La Comunidad de Madrid indemnizará con más de 206.000 euros a la mujer e hijas de un paciente fallecido con cáncer de próstata, según confirma un portavoz de la Consejería de Sanidad, que ya ha gestionado el pago. Un dictamen de la comisión jurídica asesora regional, consultado por EL PAÍS, considera que el retraso en valorar la situación del afectado provocó que tuviera menos opciones de mitigar o evitar la progresión de la enfermedad, una conclusión a la que se llega tras dos informes. Uno, de la Inspección Sanitaria, que determina que haber omitido una “prueba [de sangre] básica, accesible y de bajo coste” fue una oportunidad perdida. Otro, categórico, de una técnico de apoyo del Área de Responsabilidad Patrimonial en el Ámbito Sanitario, licenciada en Medicina y especialista en valoración del daño corporal, que el 4 de febrero de 2026 dejó por escrito una ristra demoledora de preguntas y respuestas sobre el caso.

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La emisión de tarjetas de transporte del Consorcio Regional de Madrid (CRTM) se derrumbó un 23,5% en 2026 con respecto a la media de los veranos de 2023, 2024 y 2025 tras endurecerse el criterio de residencia para su obtención. Así lo reflejan los datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, ceñidos al periodo 15 de junio-1 de septiembre para cada año. Aunque la Administración autonómica niega a ese balance capacidad para “establecer una relación causal” entre el descenso y la decisión de condicionar la obtención del título de transporte a la acreditación de la residencia en la región, el cambio, en vigor desde el 15 de junio, ha generado críticas de la oposición por su impacto potencial sobre estudiantes y trabajadores de otras regiones y migrantes no empadronados. La Administración, según un portavoz, calcula que los usuarios no residentes son unos 200.000 (3,4% del total).

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La Asamblea de Madrid prevé gastarse un máximo de 23,6 millones de euros en la ampliación del Parlamento regional y la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. “Es un obrón”, resume una fuente parlamentaria, que no es ajena a una particularidad del proyecto: la parcela sobre la que se levantarán los nuevos edificios, con sus párkings y sus oficinas recién hechos, debía estar ocupada desde hace un cuarto de siglo por pisos públicos. Esa fue la intención del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003), cuando le cedió los terrenos al Ivima (actual Agencia de Vivienda Social) en 2000. Sin embargo, durante 25 años no pasó nada relevante. Los terrenos no tenían el uso urbanístico adecuado para construir vivienda y, finalmente, en 2025 eso sirvió para que la Comunidad recuperara la propiedad y cediera la parcela a la Asamblea para un proyecto que encabeza su presidente, Enrique Ossorio, uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La oposición rechaza la operación, que ve innecesaria, y reclama que el terreno se use para servicios públicos accesibles a los ciudadanos.

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