Unas 300 personas han cortado la Gran Vía de Madrid a las 11.00 de este jueves en una manifestación para reclamar soluciones para las personas sin hogar. La protesta, organizada por la red FACIAM, ha reunido a representantes de entidades sociales, colectivos deportivos y personas que viven en la calle, muchas de ellas preocupadas por la llegada del frío y la falta de alternativas habitacionales.

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La Coordinadora en defensa de la Universidad Pública ―que aúna a la mayoría de sindicatos y muchas asociaciones de estudiantes― ha convocado este jueves una nueva huelga en contra de los recortes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los seis campus de Madrid. Los trabajadores (docentes investigadores y de administración y servicios) y los estudiantes están llamados a parar el 4 y el 5 de noviembre contra “la infrafinanciación de la Universidad Pública, que propicia la privatización y la mercantilización de nuestra formación universitaria, y la reivindicación de los derechos políticos de trabajadoras y estudiantes”.

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La marea verde de profesores y profesoras, en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre, ha trasladado su malestar este jueves hasta las puertas de la Asamblea de Madrid. Desde las nueve de la mañana, miles de docentes —3.000 según la Delegación del Gobierno— se han acercado y cortado la avenida de Pablo Neruda. Frente a ellos, decenas de policías custodian el paso hacia la acera de enfrente, donde se encuentra el edificio en el que los diputados madrileños asisten al pleno.

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El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha abierto una investigación penal por imprudencia en el caso de los trasteros incendiados el pasado junio en el distrito madrileño de Villaverde. “No he visto una cosa igual en 20 años de profesión de abogado”, confiesa a este diario Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, director del bufete especializado en herencias y divorcios Vacelar Abogados, que fue quien el pasado martes 13 presentó una denuncia penal al detectar posibles indicios de delito en un suceso del que fue, dolorosamente, víctima. Rodríguez perdió todo el legado de tres generaciones de su familia, por el que reclama a la empresa 49.000 euros, 30.000 de ellos en concepto de daños morales. Es una de las 800 personas que vieron cómo las llamas consumían todo lo que tenían guardado en la nave y que quieren saber qué fue lo que ocurrió.

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Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, entra en una enorme sala de vistas de la Audiencia Nacional sobre las 10.15 de este jueves. La antigua baronesa del PP, que aún mantiene una enorme influencia en las filas conservadoras, camina de seguido hacia los magistrados del tribunal que enjuician a Ignacio González, quien fuera su mano derecha durante años y su sucesor en el cargo. Mientras ella deja el bolso en el banquillo de los acusados (a solo cinco asientos de su exsubordinado) y silencia el móvil, él evita mirarla a la cara y centra la vista en un cuaderno de notas en blanco. Establecen así tantas distancias como las que marcará Aguirre en su breve declaración para desvincularse de las irregularidades atribuidas a González por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II para la puesta en marcha de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública en el centro de la capital (un proyecto impulsado por la propia política popular y desmantelado en 2021 tras una intensa lucha vecinal). La expresidenta regional reivindica esa idea, pero asegura que no sabe nada del desarrollo de las obras.

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Javier Milei ha sembrado la discordia a su paso por Madrid. La izquierda le ha recriminado hoy a Isabel Díaz Ayuso que se abrazase efusivamente con el presidente argentino, al que ha llamado “lunático” y “tarado”. La presidenta de Madrid no ha hecho una defensa personal del histriónico mandatario, pero ha señalado que la economía argentina es la que más crece de toda Hispanoamérica, según ella. Milei llegó a España, exageró la situación política y se subió de vuelta al avión. El país quedó envenenado.

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Camino Alto de San Isidro es una calle peatonal de Carabanchel con alma de corrala. Por las tardes, los adultos se asoman a los balcones y se sientan en sillas plegables a ver pasar a los niños en edades de primaria volando a 25 kilómetros por hora en patinetes eléctricos. Otros pequeños juegan al fútbol cerca de una pared de ladrillo donde alguien pegó hace tiempo una foto de Jenni Hermoso, la estrella del fútbol femenino que dio aquí sus primeras patadas al balón. Los vecinos hablan de chismes y asuntos serios, entre otros un tema que les duele: el problema de los pisos vacíos, cerrados con puertas de acero. Todo el mundo los ha visto en esta colonia de 28 bloques, una de las principales reservas de vivienda pública de la región, donde no es raro que diez o doce personas compartan un mismo hogar. EL PAÍS ha recorrido los edificios uno a uno y ha contado 18 pisos cerrados.

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La Comunidad de Madrid cuenta con un equipo de comunicación de primer nivel que informa de todos los pasos que da Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid habla prácticamente a diario y se somete a las preguntas de los periodistas de una forma que solo hacen algunos mandatarios latinoamericanos y Donald Trump. No hay ningún tema de relevancia nacional sobre el que no opine. Su agenda funciona como un reloj y se conoce siempre la tarde de antes. Puede anunciar una visita a la feria del melón o un discurso inaugural en un simposio del colegio de notarios. Sin embargo, su encuentro con todo un jefe de Estado se ha celebrado sin mucha pompa institucional y, de hecho, ha permanecido oculto hasta última hora.

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El jurado popular ha dictaminado que Agustín Romero y Erika Carbonell son culpables de matar a tiros en plena calle a Natalia Silva el 8 de diciembre de 2024. El origen del crimen estuvo en una riña familiar sin importancia en la noche de Reyes de 2024 que desembocó en una discusión telefónica entre la víctima y Agustín, el autor material de los disparos. La ejecución se produjo cuando Natalia iba en su furgoneta y él la persiguió en un coche conducido por Erika, su amante en ese momento. Después, ambos huyeron fuera de Madrid.

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El sindicato CSIF alerta del “riesgo para la seguridad” de los funcionarios que supone la falta de médicos en las siete prisiones madrileñas, donde el 76% de las plazas de profesionales sanitarios y de atención psiquiátrica están sin cubrir. “Una situación que dificulta la prevención de situaciones de riesgo y puede favorecer un aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios”, según denuncia este miércoles en un comunicado el CSIF.

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Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei, el presidente argentino, finalmente se encontrarán este miércoles a las cinco de la tarde. La reunión no ha sido anunciada por la Comunidad de Madrid hasta última hora y en un ambiente de secretismo. Será a puerta cerrada y sin rueda de prensa. Ni siquiera se ha informado en un primer momento sobre dónde se va a celebrar.

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La Comunidad de Madrid indemnizará con más de 206.000 euros a la mujer e hijas de un paciente fallecido con cáncer de próstata, según confirma un portavoz de la Consejería de Sanidad, que ya ha gestionado el pago. Un dictamen de la comisión jurídica asesora regional, consultado por EL PAÍS, considera que el retraso en valorar la situación del afectado provocó que tuviera menos opciones de mitigar o evitar la progresión de la enfermedad, una conclusión a la que se llega tras dos informes. Uno, de la Inspección Sanitaria, que determina que haber omitido una “prueba [de sangre] básica, accesible y de bajo coste” fue una oportunidad perdida. Otro, categórico, de una técnico de apoyo del Área de Responsabilidad Patrimonial en el Ámbito Sanitario, licenciada en Medicina y especialista en valoración del daño corporal, que el 4 de febrero de 2026 dejó por escrito una ristra demoledora de preguntas y respuestas sobre el caso.

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En los últimos días, Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, ha cuestionado la legitimidad de las protestas de los docentes de la educación pública madrileña que hemos ejercido nuestro derecho a la huelga. Considera que hacemos política. Vengo, de algún modo, a darle la razón. Sí, nuestra huelga es política. Pero no, no es la política que ella practica e imagina: es mucho más.

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El presunto asesino de Gloria, la mujer de 52 años apuñalada mortalmente el martes en una urbanización del distrito de Carabanchel de Madrid ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de homicidio. La detención se produjo anoche en el distrito de Usera, por donde circulaba con su coche, y era pareja de la asesinada. Se trata de un hombre español de 59 años. La víctima es una mujer de 52 años originaria de Guatemala que no residía en la urbanización. La encontró tendida en el suelo y ensangrentada un viandante, que avisó a los servicios de emergencias. Murió en el hospital.

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Una semana después de que comenzara la huelga educativa en Madrid, los planes de la Consejería de Educación no pasan por reunirse con los docentes. No importa que miles de profesores y profesoras de la educación pública no universitaria hayan secundado la movilización con elevados porcentajes de seguimiento según los sindicatos, ni que se hayan manifestado diariamente para insistir en que al otro lado del tablero —el que encabeza la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo— se dé un paso hacia el diálogo. Zarzalejo no quiere oír hablar de la huelga, ni de los huelguistas, menos aún de sentarse frente a frente con el Comité de Huelga, al que no reconoce como interlocutor legítimo. “Las reivindicaciones de esta huelga son reivindicaciones que no están al alcance de la gestión educativa de la Comunidad de Madrid”, aseguró la consejera en unas declaraciones el lunes, sus últimas palabras sobre las protestas y a las que remiten desde la Comunidad cuando se les pregunta por la postura del Gobierno madrileño y si tienen previsto sentarse a negociar.

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En junio del 2024, un joven se preocupó porque su hermano menor de edad estaba tardando demasiado en regresar a casa. Como el adolescente tenía un sistema de geolocalización en su móvil que permitía a su familia saber dónde estaba, el hermano mayor lo revisó y comprobó que estaba en un barrio a las afueras de Madrid. Extrañado y preocupado, el chico acudió a esa dirección y se encontró a su hermano, que tenía en aquel momento menos de 16 años, con un profesor de su colegio, las Mercedarias de Don Juan Alarcón, ubicado en el centro de Madrid. La familia puso una denuncia, el docente fue detenido, se ordenó su alejamiento del chico y el colegio lo despidió. Pero esa solo era la punta del iceberg de lo que la policía no duda en definir como un “depredador” sexual de menores. Dos años después de aquello, desde el pasado viernes, ese hombre está en prisión, acusado de haber agredido al menos a una decena de estudiantes más.

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La emisión de tarjetas de transporte del Consorcio Regional de Madrid (CRTM) se derrumbó un 23,5% en 2026 con respecto a la media de los veranos de 2023, 2024 y 2025 tras endurecerse el criterio de residencia para su obtención. Así lo reflejan los datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, ceñidos al periodo 15 de junio-1 de septiembre para cada año. Aunque la Administración autonómica niega a ese balance capacidad para “establecer una relación causal” entre el descenso y la decisión de condicionar la obtención del título de transporte a la acreditación de la residencia en la región, el cambio, en vigor desde el 15 de junio, ha generado críticas de la oposición por su impacto potencial sobre estudiantes y trabajadores de otras regiones y migrantes no empadronados. La Administración, según un portavoz, calcula que los usuarios no residentes son unos 200.000 (3,4% del total).

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