Es muy difícil demostrar que eres descendiente de exiliados del franquismo. Y si tu bisabuelo se marchó de España a finales del siglo XIX a Uruguay, sería casi imposible demostrar que puedes optar a la nacionalidad española según una vía pensada para descendientes de exiliados del franquismo sin la instrucción de Sofía Puente, que modificaba ilegalmente lo que habían decidido los representantes de la soberanía nacional. La ciudadanía, la jerarquía normativa y el censo son cuestiones serias en una democracia. Pero nuestro Estado se respeta poco a sí mismo y quienes lo dirigen no respetan casi nada a los demás.

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El voto de 160.000 españoles en las próximas elecciones generales sigue en el aire; y, en concreto, en el tejado del Tribunal Supremo que había ratificado su suspensión el 12 de octubre pasado y a donde lo ha devuelto este miércoles el Tribunal Constitucional al rechazar de plano el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra esa suspensión cautelar del sufragio. El pleno del tribunal de garantías, por diez votos a dos, ha inadmitido el recurso del Defensor del Pueblo que pedía restablecer el derecho al voto de los 160.000 nacionalizados a quienes el Tribunal Supremo se lo había retirado el día de la Hispanidad.

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El Tribunal Constitucional ha rechazado intervenir en el debate jurídico que se mantiene en el Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de 163.000 nacionalizados por la ya conocida como ley de nietos que viven en el extranjero. Los magistrados han desestimado la petición del Defensor del Pueblo de levantar la suspensión cautelar del sufragio de estos españoles de cara a las elecciones generales del 29-N. El tribunal de garantías ha adoptado esta decisión al considerar prematuro el movimiento impulsado por la institución encabezada por Ángel Gabilondo porque no se ha agotado todavía la vía abierta en el Supremo.

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El Tribunal Supremo ha abocado a los responsables de los registros consulares a una misión imposible: la de expedir, “bajo su responsabilidad”, certificación acreditativa de que los 163.020 incorporados al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), al amparo de la llamada ley de nietos, son descendientes de españoles que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual. De momento, 32 de los 157 consulados españoles repartidos por el mundo han aportado hasta este lunes información “total o parcial” sobre los afectados que podrán votar o no en las elecciones del 29-N, según fuentes de Exteriores. La cifra supone solo el 20,4% del total de la red consular, cuando quedan menos de tres días para que, este jueves 22 de octubre, se cierre de forma definitiva el censo electoral.

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