La Junta de Castilla y León ha reformado la fiscalidad regional en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 y ha decidido incluir una nueva figura que recuerda al conocido como impuesto al sol. Concretamente, se trata de extender el impuesto sobre la afección medioambiental, la única figura impositiva propia vigente en la Comunidad desde la supresión del tributo sobre vertederos. La normativa amplía este gravamen —que hasta ahora recaía en exclusiva sobre centrales eólicas, embalses hidroeléctricos y líneas de alta tensión— a los grandes parques fotovoltaicos y a las redes fijas de telecomunicaciones. El Ejecutivo autonómico de PP y Vox que lidera Alfonso Fernández Mañueco justifica esta actualización sosteniendo que la trayectoria del tributo aconseja adaptarlo a la realidad actual de la región ante “actividades para las que resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales, como son los parques fotovoltaicos”.

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Antes del día 15 de cada mes las generadoras eléctricas deben comunicar al operador del sistema (Red Eléctrica de España) las “indisponibilidades” previstas en sus instalaciones térmicas (nucleares y centrales de ciclo combinado de gas) e hidráulicas, con el detalle de las fechas de inicio y fin de las paradas y la potencia afectada. Se trata de las plantas que dan energía firme al sistema, esto es, proporcionan control dinámico de tensión (en mayor medida, los ciclos combinados) y facilitan la tarea del operador para garantizar la seguridad del suministro eléctrico y evitar incidentes. De hecho, tras analizar la información que le proporcionan las empresas, que actualizan cada mes a través de la plataforma del operador, Esios, y se refiere a todo el año móvil, este publica el resultado de dicho análisis en los 10 primeros días del mes siguiente.

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