Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, entra en una enorme sala de vistas de la Audiencia Nacional sobre las 10.15 de este jueves. La antigua baronesa del PP, que aún mantiene una enorme influencia en las filas conservadoras, camina de seguido hacia los magistrados del tribunal que enjuician a Ignacio González, quien fuera su mano derecha durante años y su sucesor en el cargo. Mientras ella deja el bolso en el banquillo de los acusados (a solo cinco asientos de su exsubordinado) y silencia el móvil, él evita mirarla a la cara y centra la vista en un cuaderno de notas en blanco. Establecen así tantas distancias como las que marcará Aguirre en su breve declaración para desvincularse de las irregularidades atribuidas a González por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II para la puesta en marcha de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública en el centro de la capital (un proyecto impulsado por la propia política popular y desmantelado en 2021 tras una intensa lucha vecinal). La expresidenta regional reivindica esa idea, pero asegura que no sabe nada del desarrollo de las obras.

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La Comunidad de Madrid indemnizará con más de 206.000 euros a la mujer e hijas de un paciente fallecido con cáncer de próstata, según confirma un portavoz de la Consejería de Sanidad, que ya ha gestionado el pago. Un dictamen de la comisión jurídica asesora regional, consultado por EL PAÍS, considera que el retraso en valorar la situación del afectado provocó que tuviera menos opciones de mitigar o evitar la progresión de la enfermedad, una conclusión a la que se llega tras dos informes. Uno, de la Inspección Sanitaria, que determina que haber omitido una “prueba [de sangre] básica, accesible y de bajo coste” fue una oportunidad perdida. Otro, categórico, de una técnico de apoyo del Área de Responsabilidad Patrimonial en el Ámbito Sanitario, licenciada en Medicina y especialista en valoración del daño corporal, que el 4 de febrero de 2026 dejó por escrito una ristra demoledora de preguntas y respuestas sobre el caso.

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Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, ha negado este martes que la constructora Dragados costease el acondicionamiento de un jardín en su vivienda en 2006, después de que esa compañía ganase el proyecto para levantar un campo de golf en el centro de la capital. Pese a que la Fiscalía sospecha que esas obras fueron una contraprestación, la mujer del expolítico ha defendido que las abonaron de su bolsillo. “Pagué en efectivo y paulatinamente a medida que se iba avanzando con las obras”, ha insistido Cavero al declarar como testigo en el primer juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el exdirigente del PP por el caso Lezo.

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La Asamblea de Madrid prevé gastarse un máximo de 23,6 millones de euros en la ampliación del Parlamento regional y la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. “Es un obrón”, resume una fuente parlamentaria, que no es ajena a una particularidad del proyecto: la parcela sobre la que se levantarán los nuevos edificios, con sus párkings y sus oficinas recién hechos, debía estar ocupada desde hace un cuarto de siglo por pisos públicos. Esa fue la intención del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003), cuando le cedió los terrenos al Ivima (actual Agencia de Vivienda Social) en 2000. Sin embargo, durante 25 años no pasó nada relevante. Los terrenos no tenían el uso urbanístico adecuado para construir vivienda y, finalmente, en 2025 eso sirvió para que la Comunidad recuperara la propiedad y cediera la parcela a la Asamblea para un proyecto que encabeza su presidente, Enrique Ossorio, uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La oposición rechaza la operación, que ve innecesaria, y reclama que el terreno se use para servicios públicos accesibles a los ciudadanos.

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