Camino Alto de San Isidro es una calle peatonal de Carabanchel con alma de corrala. Por las tardes, los adultos se asoman a los balcones y se sientan en sillas plegables a ver pasar a los niños en edades de primaria volando a 25 kilómetros por hora en patinetes eléctricos. Otros pequeños juegan al fútbol cerca de una pared de ladrillo donde alguien pegó hace tiempo una foto de Jenni Hermoso, la estrella del fútbol femenino que dio aquí sus primeras patadas al balón. Los vecinos hablan de chismes y asuntos serios, entre otros un tema que les duele: el problema de los pisos vacíos, cerrados con puertas de acero. Todo el mundo los ha visto en esta colonia de 28 bloques, una de las principales reservas de vivienda pública de la región, donde no es raro que diez o doce personas compartan un mismo hogar. EL PAÍS ha recorrido los edificios uno a uno y ha contado 18 pisos cerrados.

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Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.

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Manuel Merino, de 33 años, llevaba mucho tiempo acariciando el sueño de una vivienda para poder emanciparse. Pero cuando, por fin, resultó agraciado en el sorteo realizado entre los muchos aspirantes a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Jaén, el sueño se transformó en pesadilla: “Creía que el precio era una broma”, dice el joven jienense, al que pedían 350.000 euros más gastos de gestión por un piso de apenas 90 metros cuadrados.

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